Licda. Norma Guevara de Ramirios
A la sombra de la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre la demanda del ciudadano Félix Ulloa, declarando que además de los partidos, los ciudadanos sin partido y los movimientos ciudadanos pueden optar a la elección de diputaciones; se han hecho una serie de comentarios, muchos bastante alejados de la verdad histórica sobre el papel del FMLN que es necesario aclarar para evitar confusiones.
En primer lugar, es obligado recordar que el FMLN recoge el legado de los luchadores revolucionarios del siglo pasado, empezando por Farabundo Martí, quien era líder del Partido Comunista inscrito legalmente para participar en elecciones legislativas y municipales en 1931, como se sabe en medio de una crisis económica internacional de grandes dimensiones, el pueblo sufrió los efectos que los gobernantes dejaron caer principalmente en la población rural, indígena y de menos recursos; el PCS acompañó las luchas reivindicativas que demandaban tierra, leyes moratorias y otras demandas que fueron negadas; la gente se alzó, el PCS acompañó su voluntad, la revolución fue aplastada militarmente, el partido fue perseguido e ilegalizado para siempre.
Los comunistas, se levantaron de aquella derrota de la revolución del 32 y apoyaron la lucha social y democrática a lo largo del tiempo; procuraron hacer uso de las elecciones y los partidos que propusieran aspectos similares a su visión política, fueron ilegalizados, el poder de la derecha estableció en las Constituciones de 1939, de 1950, de 1962 y de 1983, restricciones para que participaran asociados en partidos políticos, aquellas fuerzas, que el poder de turno calificara como “detentador de ideas contrarias a la democracia”, las leyes electorales recogían ese estribillo que fue por décadas el cierre a las opciones populares de izquierda en el campo electoral y de mantener el gobierno prisionero de las derechas.
Aún en el marco de esas restricciones, los revolucionarios comunistas participaron en partidos creados por otros, como el PAR que postuló a Fabio Castillo en los años 60, el UDN creado por Don Francisco Lima con el cual se conformó la Unión Nacional Opositora (unidad de democristianos, socialdemócratas y comunistas); y a pesar del respaldo popular mayoritario, los fraudes electorales impusieron a militares de derecha que respondían a la preferencia de las oligarquías en cada tiempo. La última participación electoral fue en 1977, después de la represión de entonces, el PCS que era la única organización de izquierda empeñada en participar en elecciones se convenció que era necesario buscar el poder gubernamental por otros medios, y más tarde esto facilitó la unificación de todas las fuerzas revolucionarias en la creación del FMLN el 10 de Octubre de 1980.
A diez años de conflicto armado se abrió la negociación con la intermediación de la Organización de Naciones Unidas el 4 de Abril de 1990, y entre las primeras cosas se estableció una agenda de siete puntos, el séptimo se refería a la verificación del cumplimiento de lo que se pactara en los otros seis puntos. Uno de esos seis puntos de la agenda negociadora era EL SISTEMA ELECTORAL. Era lógico que así fuera, la izquierda era y es consciente que su visión de sociedad, que nace de la lucha y de la historia nacional, requiere ser compartida por el pueblo y ejecutada desde el gobierno.
En el resultado de la negociación del tema electoral, se obtuvieron varios acuerdos que debían impactar el sistema político de entonces; esos acuerdos se expresaron en puntos precisos de la Reforma a la Constitución de la República y en los actos precisos del calendario de cumplimiento de los Acuerdos.
En la segunda parte de este artículo me referiré a las reformas puntuales en la Constitución que se tomaron como acuerdo legislativo el 29 y 30 de Abril de 1992, nueve meses antes de la firma de la paz y debían ser también ratificados antes de la firma de la paz el 16 de Enero de 1992.
Aquél acuerdo de reforma constitucional, se debió cumplir por el gobierno de entonces que incluía al ejecutivo presidido por Félix Cristiani; a la Asamblea Legislativa integrada entonces con representación de varios partidos incluyendo a la llamada Convergencia Democrática que reunía a partidos aliados del FMLN, al Movimiento Popular Social Cristiano, al Movimiento Nacional Revolucionario, al entonces Partido Social Demócrata y, separado de ellos, pero con un diputado al Partido Unión Democrática Nacionalista.
Es lógico, que debía desaparecer de la Constitución y las leyes la perenne sentencia de dejar a tres fulanos que califiquen a los nuevos partidos como partidos con ideas contrarias a la democracia, esta sería la base fundacional de la nueva comprensión del pluralismo político.
(Continuará)
A la sombra de la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre la demanda del ciudadano Félix Ulloa, declarando que además de los partidos, los ciudadanos sin partido y los movimientos ciudadanos pueden optar a la elección de diputaciones; se han hecho una serie de comentarios, muchos bastante alejados de la verdad histórica sobre el papel del FMLN que es necesario aclarar para evitar confusiones.
En primer lugar, es obligado recordar que el FMLN recoge el legado de los luchadores revolucionarios del siglo pasado, empezando por Farabundo Martí, quien era líder del Partido Comunista inscrito legalmente para participar en elecciones legislativas y municipales en 1931, como se sabe en medio de una crisis económica internacional de grandes dimensiones, el pueblo sufrió los efectos que los gobernantes dejaron caer principalmente en la población rural, indígena y de menos recursos; el PCS acompañó las luchas reivindicativas que demandaban tierra, leyes moratorias y otras demandas que fueron negadas; la gente se alzó, el PCS acompañó su voluntad, la revolución fue aplastada militarmente, el partido fue perseguido e ilegalizado para siempre.
Los comunistas, se levantaron de aquella derrota de la revolución del 32 y apoyaron la lucha social y democrática a lo largo del tiempo; procuraron hacer uso de las elecciones y los partidos que propusieran aspectos similares a su visión política, fueron ilegalizados, el poder de la derecha estableció en las Constituciones de 1939, de 1950, de 1962 y de 1983, restricciones para que participaran asociados en partidos políticos, aquellas fuerzas, que el poder de turno calificara como “detentador de ideas contrarias a la democracia”, las leyes electorales recogían ese estribillo que fue por décadas el cierre a las opciones populares de izquierda en el campo electoral y de mantener el gobierno prisionero de las derechas.
Aún en el marco de esas restricciones, los revolucionarios comunistas participaron en partidos creados por otros, como el PAR que postuló a Fabio Castillo en los años 60, el UDN creado por Don Francisco Lima con el cual se conformó la Unión Nacional Opositora (unidad de democristianos, socialdemócratas y comunistas); y a pesar del respaldo popular mayoritario, los fraudes electorales impusieron a militares de derecha que respondían a la preferencia de las oligarquías en cada tiempo. La última participación electoral fue en 1977, después de la represión de entonces, el PCS que era la única organización de izquierda empeñada en participar en elecciones se convenció que era necesario buscar el poder gubernamental por otros medios, y más tarde esto facilitó la unificación de todas las fuerzas revolucionarias en la creación del FMLN el 10 de Octubre de 1980.
A diez años de conflicto armado se abrió la negociación con la intermediación de la Organización de Naciones Unidas el 4 de Abril de 1990, y entre las primeras cosas se estableció una agenda de siete puntos, el séptimo se refería a la verificación del cumplimiento de lo que se pactara en los otros seis puntos. Uno de esos seis puntos de la agenda negociadora era EL SISTEMA ELECTORAL. Era lógico que así fuera, la izquierda era y es consciente que su visión de sociedad, que nace de la lucha y de la historia nacional, requiere ser compartida por el pueblo y ejecutada desde el gobierno.
En el resultado de la negociación del tema electoral, se obtuvieron varios acuerdos que debían impactar el sistema político de entonces; esos acuerdos se expresaron en puntos precisos de la Reforma a la Constitución de la República y en los actos precisos del calendario de cumplimiento de los Acuerdos.
En la segunda parte de este artículo me referiré a las reformas puntuales en la Constitución que se tomaron como acuerdo legislativo el 29 y 30 de Abril de 1992, nueve meses antes de la firma de la paz y debían ser también ratificados antes de la firma de la paz el 16 de Enero de 1992.
Aquél acuerdo de reforma constitucional, se debió cumplir por el gobierno de entonces que incluía al ejecutivo presidido por Félix Cristiani; a la Asamblea Legislativa integrada entonces con representación de varios partidos incluyendo a la llamada Convergencia Democrática que reunía a partidos aliados del FMLN, al Movimiento Popular Social Cristiano, al Movimiento Nacional Revolucionario, al entonces Partido Social Demócrata y, separado de ellos, pero con un diputado al Partido Unión Democrática Nacionalista.
Es lógico, que debía desaparecer de la Constitución y las leyes la perenne sentencia de dejar a tres fulanos que califiquen a los nuevos partidos como partidos con ideas contrarias a la democracia, esta sería la base fundacional de la nueva comprensión del pluralismo político.
(Continuará)
