Manuel E. Yepe (especial para ARGENPRESS.info)
La
violencia generada por la delincuencia común y el crimen organizado
deja cada año en Centroamérica casi 14.000 asesinatos y pérdidas
económicas superiores a los 6.500 millones de dólares, equivalentes al
7,7% del PIB de la región, según estudio elaborado por expertos para el
Consejo Nacional de Seguridad Pública de El Salvador con datos aportados
por autoridades de policía y fiscalías de Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
La tasa media
anual de homicidios es superior a 36 por cada 100.000 habitantes con
elevados índices de otras expresiones de violencia tales como lesiones,
robos, hurtos, extorsiones y violencia de género e intrafamiliar,
subraya el estudio.
Recientemente, David
Johnson, Secretario de Estado Adjunto a la cargo de la Oficina de
Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Justicia de
Estados Unidos, visitó Tegucigalpa para tratar con el presidente
Porfirio Lobo y su ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, asuntos
relativos a la ayuda militar y policial que presta Washington al régimen
de facto de Honduras.
Según un comunicado de
prensa del Departamento de Estado, Johnston, Lobo y Álvarez habían
convenido en convocar al Grupo de Trabajo para la implementación de la
Iniciativa Mérida, que es el mecanismo creado por Estados Unidos para
financiar, equipar y entrenar a las fuerzas policiales y militares en
México, América Central, la República Dominicana y Haití para el combate
contra el tráfico de drogas.
El hecho de que
el Departamento de Estado hubiera escogido a Honduras para anunciar
desde allí su intención de promover las primeras estructuras
institucionalizadas de apoyo a la Iniciativa Mérida, causó grave
preocupación en las organizaciones que se proclaman defensoras de los
derechos humanos de ese país, dada la intensidad que ha alcanzado allí
la represión política tras el golpe de Estado contra el presidente
Manuel Zelaya, el exagerado papel que desempeñan los militares en el
gobierno civil de facto y el control que ejerce actualmente el crimen
organizado sobre de las fuerzas de seguridad del Estado en Honduras.
Según
el discurso público estadounidense, la Iniciativa Mérida promueve la
coordinación interinstitucional y acciones conjuntas de seguridad
nacional, particularmente entre la policía y los militares.
La
Iniciativa Mérida surgió en 2008, siendo John Negroponte Secretario de
Estado Adjunto para el Hemisferio Occidental. Poco después de su inicio,
en junio de ese año, se agregaron al proyecto El Salvador, Guatemala,
Honduras, Costa Rica, Dominicana y Haití, aunque posteriormente se
desgajaron del programa conjunto la Iniciativa Regional de Seguridad de
Centro América (CARSI) y la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del
Caribe (CBSI), quedando la Iniciativa Mérida solo para México aunque se
sigue hablando de ella como un programa imperialista único para toda el
área.
Los presupuestos asignados por el
Congreso de EE.UU. para 2008, 2009 y 2010, eran de 258 millones de
dólares para América Central, 1.322 millones para México y 32 millones
para el Caribe.
Los niveles de violencia en
Guatemala, Honduras y El Salvador han crecido en los últimos diez años a
tal punto que las estadísticas de las Naciones Unidas muestran que, en
la región, el número de asesinatos es más elevado que en los años 1970 y
1980, décadas de caracterizadas por violentos conflictos armados
internos con tasas de homicidios consideradas entre las más altas del
mundo.
A raíz de los actos de genocidio y
violatorios de los derechos humanos por los militares centroamericanos
asesorados por el Pentágono, tan extendidos en la década de los años 80
del pasado siglo, los movimientos populares de América Central han
incluido entre sus objetivos más importantes el de lograr que se excluya
a los militares de las funciones relativas a la seguridad interna.
Es
notable que, luego de desmantelar el gobierno sandinista durante la
década de los 1980 a las corruptas fuerzas de seguridad, la tasa de
homicidios en Nicaragua ha descendido tanto que es hoy la más baja en la
región. En otros países de América Central, donde esto no ha ocurrido,
los índices de violencia se mantienen o crecen. En El Salvador y
Guatemala se crearon nuevas fuerzas de policía civil después de los
procesos de paz pero, al no ser desmanteladas estructuras paralelas como
las de los escuadrones de la muerte y ser incorporados en los cuerpos
policiales recién constituidos muchos soldados y corruptos policías, el
efecto ha sido nulo.
Varias organizaciones pro
derechos humanos hondureñas se hicieron representar en una delegación
conjunta que recientemente viajó a Washington para recabar del Consejo
Nacional de Seguridad y el Congreso de los EEUU el cese de la ayuda a la
policía y de la asistencia militar a su país.
El
reclamo se extiende a toda América Central: no más ayuda militar ni
asesoramiento para la represión, porque terminan siendo agravantes de la
inseguridad y propagantes de la violencia.
