La Sala no solo resuelve sobre temas electorales

El magistrado Sidney Blanco expone una decena de sentencias sobre variados ámbitos que afectan a derechos de los ciudadanos  

Por Fernando de Dios 

SAN SALVADOR – Entre el mucho ruido mediático que ha causado el famoso decreto 743 y con la inestimable ayuda de los partidos políticos, en especial el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), se ha hecho parecer que la labor de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se circunscribe al ámbito electoral. 

No obstante, este tribunal conoce recursos de ciudadanos que abarcan todo tipo de cuestiones. Muchas de éstas tienen que ver con situaciones diarias de las personas, con sus derechos fundamentales, otras con derechos colectivos que han sido invariablemente violados durante décadas. 

La desigualdad consignada en disposiciones de algunas leyes y reglamentos, los decretos a la carta para algunos sectores, el manejo turbio de fondos públicos, la falta de garantías para los privados de libertad, son algunos temas sobre los que la Sala ha resuelto en total apego a la Constitución y los tratados internacionales firmados por El Salvador, salvaguardando una legalidad históricamente maltratada y pisoteada. 

Pero además, el quehacer de la actual Sala, como muchos han señalado, destila por primera vez en la historia del tribunal algo indispensable para que cumpla su función: la independencia. 

Se les ha tachado de seguir la agenda de la derecha, pero el modo de gobernar de ésta es parte de lo que han venido a desmontar los magistrados con algunas de sus sentencias, la inmensa mayoría de las cuales no tienen nada que ver con la forma de votar, con si se marca una bandera o la cara de un candidato. 

El pasado jueves, 7 de julio, Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sidney Blanco acudieron a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) para hablar de alcances y límites de la justicia constitucional. 

Entre las muchas cosas que dijeron, defendiendo su trabajo apegado a la Constitución de la República, que es lo que juraron al tomar posesión de sus cargos, hemos querido destacar la ponencia de Sidney Blanco, en la que expone algunas consideraciones previas y explica diez sentencias representativas que ha pronunciado la Sala relativas a otros tantos ámbitos. 

En ellas se ve que, contrariamente a lo que se vende cada vez más por parte de políticos y algunos medios, la labor de esta sala sí afecta directamente a la vida diaria de toda la ciudadanía, no solo a las cuotas de poder de las cúpulas partidarias. 

Son sentencias que afectan a instituciones, a la Asamblea, al Ejecutivo, a los tribunales ordinarios, a la Fiscalía General de la República… pero también recogen demandas de ciudadanos de a pie a los que se les estaban conculcando sus derechos. 

Ésta es la ponencia íntegra que el magistrado Sidney Blanco pronunció en la UCA, trascrita seguramente con algún error u omisión por dificultades técnicas:
 

“Quiero comenzar diciendo que la sala de lo Constitucional y sus magistrados no se han arrepentido de ninguna de las sentencias que han pronunciado. 

Quiero hacer un breve recuento de las acciones de otros órganos del Estado y recordar también los comportamientos de las instituciones en otras épocas. 

La aprobación de leyes inconsultas e incluso sin deliberación en la Asamblea Legislativa; los acuerdos de reforma constitucional cocinados por casi todos los partidos políticos, basadas en una información extraoficial, a medianoche y con urgencia; el arrebatamiento de los derechos políticos de un sector importante de los ciudadanos, por medio de la limitación para el ejercicio de los mismos; las decisiones impuestas a los demás órganos por parte de anteriores presidentes del órgano Ejecutivo; y la tradicional subordinación que hemos tenido en la Corte Suprema de Justicia y las anteriores Salas de lo Constitucional, han creado en las últimas dos décadas una verdadera perversión    y fomentado el desprecio a la Constitución y a las leyes. 

Se ha fortalecido la corrupción en todos los niveles y se ha enseñado desde las altas esferas del poder que el sistema permite luchar por beneficios personales o sectoriales, incluso acudiendo a la trampa y al engaño. Se han perdido valores, principios, y también se ha perdido la capacidad de ruborizarnos ante fuertes señalamientos de corrupción y mediocridad.  

Se puede percibir desde hace muchos años que los más reacios a alcanzar un verdadero Estado de derecho seguían al frente de las instituciones encargadas de construirlo. Estado de derecho es el que respeta la Constitución, los derechos fundamentales y la separación de poderes. El ciudadano humilde, el trabajador, el que paga sus impuestos, el funcionario o empleado público honesto e incapaz de apoderarse de bienes ajenos; el que respeta los derechos fundamentales y guarda reverencia a las instituciones, contribuye más a la construcción del Estado de derecho que aquel funcionario corrupto e irresponsable que para beneficios propios o de sectores que representa engaña a la población con discursos confusos. 

El Estado ha garantizado la impunidad a demasiados delincuentes de cuello blanco. La oficina del fiscal está saturada de señalamientos de muchos funcionarios por actuaciones poco transparentes en el ejercicio de sus cargos. Las instituciones encargadas del control y la fiscalización del patrimonio de los funcionarios públicos no hacen mucho para evidenciar los enriquecimientos injustificados. El sistema judicial tampoco ha puesto sus mejores esfuerzos para contribuir a contrarrestar la corrupción. Al contrario, tradicionalmente el sistema judicial también ha participado de la fiesta. 

Nuestro sistema judicial ha frustrado avances sólidos a la democracia, cuando se ha visto sometido a los otros poderes del Estado y los poderes fácticos, cuando las cúpulas judiciales han permitido intromisiones indebidas o cuando han servido de instrumento para la configuración de una falsa democracia, tejida con las fragilidades que en estos días atenazan al sistema.  

La Sala de lo Constitucional ha cursado demandas concretas, presentadas por ciudadanos de toda condición social y económica, hombres y mujeres, que reclaman a otros poderes el ejercicio abusivo de sus funciones. No tenemos agendas políticas ni estamos pronunciando las sentencias en función de favorecer ni perjudicar corrientes ideológicas de izquierdas, derechas o de centros. La Sala de lo Constitucional no confronta con ningún poder, sino que resuelve demandas presentadas por los ciudadanos que reclaman al poder violaciones constitucionales. Los constituyentes de 1983 han comisionado a este tribunal y a ningún otro como su máximo defensor, al decir en su artículo 183 que la Sala de lo Constitucional será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano. 

Quiero hacer un rápido recorrido de algunas manifestaciones concretas, de casos puntuales, en los cuales la actual Sala de lo Constitucional ha reconocido los derechos de los demandantes. Dicho recorrido lo hago con el propósito de evidenciar que los temas electorales son uno de los tantos temas que la Sala de lo Constitucional ha abordado.  

Voy a mencionar diez sentencias donde se reconocen distintos derechos fundamentales y que lo hemos estudiado y deliberado con igual preocupación y responsabilidad que lo hemos hecho también con los temas electorales. 

1. El primer tema tiene que ver con la libertad y los casos de desaparición forzada. En un proceso de Habeas Corpus a favor de una niña menor de edad desaparecida durante el conflicto armado, la Sala declaró oficialmente desaparecimiento forzado por parte de agentes del Estado. Se estableció que el Batallón Atlacatl realizó un operativo militar en la zona el día del desaparecimiento y se ordenó a la Fiscalía investigar e individualizar a los autores. Esta sentencia constituye un importante precedente que permite traer al presente el tema de los desaparecidos durante la guerra.

 

2. Obligación de discutir leyes antes de su aprobación. Declaramos inconstitucional una ley aprobada por la Asamblea Legislativa en el gobierno anterior por no haberse permitido la discusión por parte de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, a pesar de la solicitud e insistencia de algunos diputados, entonces de la oposición, para provocar el debate sobre la conveniencia o no de dicha ley. Atendiendo al texto constitucional toda ley, antes de ser aprobada, debe ser previamente discutida, y por lo tanto sentamos el precedente de que las leyes tienen que ser discutidas por la Asamblea Legislativa.

 

3. Prohibición de perdonar deudas a favor del Estado. Declaramos inconstitucional un decreto legislativo aprobado en el año 2003, destinado a perdonar las multas de tránsito impuestas a empresarios de autobuses y a particulares por un monto de cerca de 30 millones de dólares. A pesar de existir una disposición expresa que prohíbe dispensar del pago las deudas a favor del Estado, la Asamblea Legislativa desconoció dicha disposición constitucional. Ese mismo año 2003 fue presentada una demanda y resuelta hasta el año 2009 que nosotros tomamos posesión.

 

4. Ley General del Presupuesto. Declaramos inconstitucional dos artículos de la Ley General del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2010 por cuanto autorizaban al órgano ejecutivo a realizar transferencias de fondos de un ministerio a otro sin control de la Asamblea Legislativa. En la sentencia también se dijo que ningún dinero público debe estar exento de control y por ende se determinó no respetar la existencia de las denominadas partidas secretas.

 

5. Derecho a la libertad de expresión y honor. Declaramos inconstitucional el artículo 191, inciso tercero, del Código Penal vinculado al derecho de libertad de expresión, por cuanto excluía de toda clase de responsabilidad a los dueños de medios de comunicación, gerentes, editores o locutores de programas aun cuando ellos mismos contribuían a la comisión de delitos contra el honor. En esta sentencia se delimita con claridad el papel de los periodistas y se contrastan dos derechos constitucionales enfrentados; el de libertad de expresión y el derecho al honor. Se determinó que los periodistas están obligados a informar la verdad, y que deben fundarse en fuentes verificables, porque se consideró que de lo contrario, al informar con desprecio a la verdad o sin fuentes sustentables, se perjudica a la opinión pública y coloca al ciudadano en riesgo de tomar decisiones erróneas.

 

6. Pena máxima de prisión. La Sala de lo Constitución declaró inconstitucional la pena máxima de 75 años de prisión porque supera el promedio de vida de un salvadoreño, que son 72 años, y convierte 75 años en una verdadera pena perpetua. Además porque no se atiende al principio resocializador de la pena previsto en el artículo 27 de nuestra Constitución. Por otro lado, con esta sentencia, como producto de diferente reclamación, se sostiene que la Fiscalía General de la República no tiene el monopolio de la acción penal. La consideración tradicional de que la Fiscalía tiene el monopolio de la acción penal no tiene asidero ni constitucional ni legal. Esto significa que ante la negativa del fiscal de presentar un caso ante un juez, puede la víctima prescindir incluso de la persecución fiscal acudiendo directamente a los tribunales de justicia. En este tema se exhorta a la Asamblea Legislativa para que regule los mecanismos procesales que habiliten a las víctimas a acudir directamente a la justicia frente a la renuncia del fiscal general de la República. Aquí, en esta misma sentencia, se dijo que los criterios de oportunidad, es decir aquellos privilegios que le son otorgados a un delincuente porque presta una colaboración, son privilegios que dependen del fiscal, pero también es cierto según la sentencia que la víctima no está obligada a aceptar esa atribución del fiscal y que por lo tanto la víctima puede acudir directamente a los tribunales aun frente a personas que el fiscal ha decidido rescindir su persecución penal. De ahí que la sentencia ordena que toda vez que el fiscal decida darle un criterio de oportunidad a un delincuente, tiene que contar con la autorización de la víctima. Si la víctima no está de acuerdo, el fiscal está obligado a autorizar la persecución privada porque la víctima tiene interés en ello.

 

7. Comisión especial investigadora de la Inspectoría de la PNC. Declaramos inconstitucional un acuerdo legislativo de nombramiento de una comisión especial investigadora sobre posibles abusos en la Inspectoría de la PNC contra algunos de sus miembros. Las razones por las que declaramos inconstitucional dicho acuerdo fueron dos; la primera que se vulneró el carácter extraordinario que deben tener las comisiones especiales, pues no se determinó los asuntos concretos de investigación y se auto atribuyó un mecanismo de control que compete a otros entes administrativos y jurisdiccionales; y el otro motivo es porque la justificación de crear una comisión de esta naturaleza, en este caso concreto no es el interés nacional, sino que tenía como objeto indagar ciertos expedientes disciplinarios abiertos contra un grupo determinado de miembros de la PNC.

 

8. Derecho de igualdad. La Sala de lo Constitucional ha amparado a varios hombres que han reclamado violación al principio de igualdad mediante la aplicación de una disposición contenida en la Ley del IPEP por cuanto fija entre los requisitos para poder    acceder a una pensión, para las mujeres la simple comprobación del fallecimiento de su cónyuge, y para los hombres, además de la comprobación del fallecimiento de su cónyuge, le exigen que demuestre que está inválido.

 

9. Derecho a la protección de datos personales. Amparamos a una asociación dedicada a exigir la protección de datos personales que demandó a otra asociación que tiene una base de datos policiales, judiciales, personales, bancarios, patrimoniales de más de cuatro millones de salvadoreños. Una empresa privada realizaba la comercialización de los datos, con la banca y con otras instituciones que ofrecen productos a crédito. En esta sentencia se ordenó a esta empresa que se abstuviera de continuar comercializando los datos personales de los ciudadanos salvo que cuente con la autorización expresa del titular.

 

10. Declaramos inaplicable la interpretación auténtica del decreto legislativo que interpretaba auténticamente el artículo 6 y 307 del Código Procesal Penal por cuanto estipulaba una forma de contabilizar los plazos de la detención provisional de manera diferente a la jurisprudencia constitucional. La Asamblea realizó una interpretación auténtica que contabiliza, en caso de detención provisional, hasta la sentencia de primera instancia, insinuando que una persona detenida puede pasar indefinidamente mientras se tramita un recurso de casación. Esto es importante porque la Sala de lo Constitucional tenía el precedente que el plazo de la detención se contabiliza desde que la sentencia condenatoria está firme. Y esto es importante también porque haber declarado inaplicable esta interpretación auténtica impide a la Asamblea Legislativa que evada la justicia constitucional por la vía de una interpretación auténtica.

 

Integramos una Sala de lo Constitucional imparcial e independiente. Este principio, el de independencia, debe verse como un derecho de los ciudadanos a ser juzgados con parámetros jurídicos exentos de influencias reales o aparentes, directas o indirectas, de ningún otro poder político, público o privado, consecuentemente el juez debe evitar en lo posible las interrelaciones con los grupos de poder, especialmente abstenerse de participar en cualquier actividad de política partidaria.  

El principio de independencia no implica que el juez esté exento de censura, por   en los comportamientos que demuestre en el ejercicio de su cargo. La sociedad y en general los grupos de poder pueden también convertirse en verdaderos mecanismos de control social sobre los administradores de justicia, toda vez que ese control se haga respetando los criterios jurídicos del funcionario, bajo las instituciones y sin ingerencias inapropiadas. Hemos sostenido en una sentencia que las críticas fuertes contra un funcionario público en el ejercicio de su cargo son válidas, pero que tienen como límite el honor y la vida privada. 

El derecho cambia, y consecuentemente el juez cambia. En las democracias modernas ya no se concibe al juez simplemente como la boca de la ley. La función del juez actual no se limita a mirar la literalidad de la ley. Estamos invadidos de regalamientos nacionales e internacionales. El juez de hoy hace un cuestionamiento crítico de los actos del legislativo, creadores de la ley, y del acto del Ejecutivo, que la promulga. Porque le corresponde vigilar la legislación secundaria, que se ajuste a la Constitución y al derecho internacional. El juez se convierte en el último fiscalizador de los actos del poder evitando arbitrariedades. Un juez que no es independiente y que cumple a ciegas los mandatos de los otros poderes corre el riesgo convertirse en cómplice de la violación de los principios constitucional o del derecho internacional, pero sobre todo, desatiende este principio de independencia. 

Desde la Sala de lo Constitucional estamos interesados en garantizar los derechos de los ciudadanos frente a los poderes públicos, en promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas, en manejar con austeridad lo recursos asignados al Poder Judicial, en combatir la corrupción en el sistema judicial, en volver eficiente el sistema judicial, convertirlo en una oficina que contribuya a la persecución del funcionarios corruptos o que se hayan enriquecido injustificadamente en los cargos públicos.  

Se terminaron las injerencias indebidas, los telefonazos y las órdenes provenientes de sectores políticos o económicos. Estas son razones poderosas para afirmar que el Estado de derecho no solo tiene enemigos dentro del propio sistema, como dije antes, sino también muchos hombres y mujeres comprometidos en ejercer correctamente sus competencias. 

Muchas gracias”. 

“La Constitución no es cosa de sabios, es cosa del pueblo”: Norma Guevara

 

Gabriela Castellón Fajardo
Redacción Diario Co Latino

La jefa de la fracción legislativa del FMLN, Norma Guevara, habla sobre la manifestación realizada por su partido, el miércoles pasado, frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Hace énfasis en que si bien es cierto que debe continuar el diálogo entre el Órgano Legislativo y el Presidente de la Sala de lo Constitucional, también se debe mantener informada a la población. Además, asegura que dicha Sala debe tener “cuidado”, en temas electorales, porque se podría afectar al “soberano”. 
 
¿Qué les ha motivado a alzar la voz, frente a la Corte Suprema de Justicia?
Ya, usted lo sabe, la derecha, el 2 de junio, votó un decreto para amarrarle las manos a la Sala de lo Constitucional. Sin duda, esto expresa la existencia de problemas. Esa solución no es compartida por el FMLN y lo expresamos no votando. Pero vemos, en este momento, una oportunidad de abordar en público, como no se ha hecho antes, el problema de la constitucionalidad; especialmente, lo referido a las sentencias en materia electoral, que han sido emitidas. Pero, también, como no lo hicimos antes, anticiparnos a las que pueden ser emitidas próximamente. Entonces, esta es una expresión política, pacífica, que muestra a un partido unido en una posición. Nuestro Secretario General lo expresó ayer (miércoles) con claridad. No hay una posición de los dirigentes distinta de sus militantes, unas 15 ó 20 mil personas que vinieron, de distintos lugares del país. No es toda la militancia, pero es una muestra muy grande de nuestro partido.
 
- ¿Por qué hubo esta necesidad, si actualmente hay reuniones bilaterales entre ambos órganos?
Justamente, la Sala de lo Constitucional ha suspendido, en dos ocasiones, las reuniones pactadas entre el Presidente de la Asamblea y el Presidente de la Sala. Cuando nos disponíamos a proponer un decreto, que reformara la Ley Orgánica Judicial, para resolver esa diferencia, como una contribución, en ese momento ocurrieron dos hechos que vinieron de la Sala de lo Constitucional: la suspensión de la reunión y una nueva sentencia de carácter electoral. Entonces, hemos querido, con esto, reiterar que es conveniente dar a los problemas una solución política y una solución legislativa. Ambas deben estar enmarcadas en el bien, y hemos acogido muy bien el llamamiento que el domingo hizo el señor Arzobispo de San Salvador, haciendo ver que no está la solución en quitar un decreto; sino en resolver los problemas que motivaron ese decreto, aunque nosotros no fuimos parte.
 
- Pero, en ese sentido, la Sala de lo Constitucional resuelve sobre peticiones de ciudadanos, que solicitan o que apelan sobre inconstitucionalidades. Ellos nada más resuelven sobre si, en efecto, es o no inconstitucional. ¿El llamado sería entonces a la sociedad, para que ya no presente este tipo de peticiones sobre inconstitucionalidad sobre temas electorales? Porque, es decir, la Sala no es ella la que inventa. Es a partir de una petición de…
En eso radica la diferencia de fondo entre el FMLN, que no vota por decretos para amarrarle las manos; sino, en expresarle al pueblo lo que, a nuestro entender, la Sala ha hecho y tiene el riesgo de hacer, al margen de la Constitución. Porque hemos sostenido que la forma de resolver, especialmente en materias electoral, los abogados le llaman “extra petita”. O sea, resolver además de lo pedido, y resolver lindando con artículos expresos y claros de la Constitución; tanto en la Constitución, su texto expreso, como con la exposición de motivos de los constituyentes que lo dejaron como criterio para su interpretación. Cada poder o cada órgano de estado interpreta la Constitución, porque todos juramos cumplirla y fue aprobada en una Asamblea Constituyente. Las Asambleas Legislativas tienen una parte de poder constituyente, en este período hemos aprobado tres o cuatro reformas importantes de la Constitución. La Asamblea, en dos períodos, tiene un poder constituyente. Pero ese poder no se lo dio ni el pueblo, ni la Constitución, a la Sala, y se corre el riesgo de que si se diera, por ejemplo, en próximos días, como está previsto, una sentencia que responda a unas ciudadanas el evitar el método de cocientes y residuos, la Sala debe conocer, porque la Sala no es experta en elecciones, debe saber que las consecuencias prácticas de una aceptación de esa demanda, y una solución favorable a ella, representará violación al artículo 79 de la Constitución, que manda a que la elección de diputados debe ser mediante un sistema proporcional. Entonces, si como antes no nos pronunciamos por las listas incompletas, y tenemos opinión sobre que no es eso inconstitucional, pero lo dio, quiere decir que la Sala se pronuncia por aspectos que no son estrictamente constitucionales.

- Pero, en este caso, estamos hablando de constitucionalistas, que se supone deben apegarse a la Constitución, ¿estarían ustedes viendo en esta Sala…?
Estamos hablando seriamente, nosotros no somos ignorantes de la Constitución. Estamos obligados a respetarla. Estamos en la potestad de reformarla, de ratificar. No es que los únicos que conocen la Constitución sean los magistrados. Y, además, de lo que sí conocemos es de la materia electoral. A punto tal, que en el 2000 nosotros pedimos, y allí está en los archivos, para cualquiera que tenga duda de que si esta es una reacción momentánea, porque afecta, no. Pedimos la reforma del artículo 85, para facilitar las candidaturas no partidarias. Entonces, si nosotros pedimos eso, en el año 2000, significa que la comprensión y la lectura del artículo 85 que hemos hecho a lo largo de la historia es la misma que estamos haciendo ahora; y que no hemos estado en contra de la participación de personas, fuera de los partidos, porque lo hemos pedido nosotros. Pero, por el camino recto, que es la reforma electoral. Ahora, en julio del año pasado, se emite algo y el racionamiento de esa sentencia es la línea de actuación en todas las otras sentencias. Por eso hay que volver a recordar que no fue observado a plenitud el artículo 85 en la primera sentencia. Pero, volvamos al punto de por qué la manifestación. Primero, para mostrar que la posición del partido, de su dirección y sus militantes, es una sola. Que toda la campaña que se hace para decir o provocar una separación de militantes y dirigentes, en el caso del FMLN, no tiene razón. Segundo, para llevar estos temas al debate, y a la consideración, y a la reflexión, de la amplia mayoría de salvadoreños. Que reflexionemos. Este no es un asunto de estar con los diputados o con los magistrados. Es un asunto de cómo afectará la calidad de la democracia, del pluralismo y la gobernabilidad en el futuro. Todo eso está amenazado, si se mantiene la visión política con la cual la Sala ha venido resolviendo las sentencias electorales. 

- Luego del apoyo de ayer, de los militantes, cómo ve el partido el proceso a seguir luego de las reformas…
Más que el apoyo de los militantes, es la expresión de ellos ante la Sala y ante el pueblo. Porque la dirección, que es electa y recién tomó posesión en diciembre, es obvio que tiene apoyo de la militancia. Entonces, no es tan así. Lo que esperamos es que venga la reflexión de los magistrados. No les estamos diciendo cómo sentencien; sino, ‘tengan cuidado, no nos lleven al bipartidismo’. El FMLN, que es partido de Gobierno, y sería matemáticamente favorecido por una fórmula, en vez de tener 35 diputados tendría 40; podríamos decir, coyunturalmente, aplaudimos eso. Pero eso viola la Constitución; porque la asamblea es representativa y su sistema es proporcional. Entonces, nosotros estamos advirtiendo a los magistrados, cosa que no hicimos en el pasado; más bien, debimos hacerlo siempre.

- Estaría sobre la misma línea del diputado Roberto Lorenzana, que manifiesta que, al momento de dar resoluciones, la Sala debe tomar en cuenta el contexto social y cultural
Primero, la Constitución misma; segundo, la historia; tercero, la realidad, las condiciones concretas. Por ejemplo, hay 17% de personas analfabetas en el país y una parte de ella serán ciudadanos, quizá la mitad o más, de ese 17%; y, cuando se ven los modelos electorales sólo teóricos y en el escritorio, y sin pensar en la forma operativa, sencilla y transparente, se puede llegar a emitir sentencias que mandan a expulsar artículos, a modificarlos, sin pensar en que las consecuencias de eso afectarán a los que dicen ellos que quieren favorecer: al soberano, que son las mujeres y los hombres del pueblo. Voy a decirle sólo uno de los criterios de la sentencia de julio. Cuando analizan por qué a veces los partidos, y cómo se pueden beneficiar con las listas cerradas y desbloqueadas, para favorecer a las minorías; por ejemplo, las mujeres. Resulta que ese juicio y esa visión política de la Sala la deben revisar. Primero, porque ya con la legislación que dimos, forzados por la sentencia, las cuotas (de participación) están sacrificadas: las de mujeres y las de los jóvenes. Que, ante el vacío constitucional, las políticas de un partido como el nuestro busca corregir. Y en esa sentencia y en la ley ya le decimos a nuestra militancia: hoy no está garantizada la cuota, porque el electorado va a poder, con su voto, alterar la prelación propuesta por un partido. Y es en esa donde nuestro estatuto nos manda garantizar las cuotas de los jóvenes y mujeres. No se trata de que nuestros diputados jóvenes, como Guillermo Olivo y Álvaro Mena no representen a la ciudadanía, la representan, pero doblemente, lo hacen por la juventud. 

Lorena Peña y Karina Sosa representan a las mujeres y dignifican la participación política de los sectores. Esto es porque el partido es un sujeto, no solo un carro para llevar caras a una elección. Estamos defendiendo el derecho a tener proyectos colectivos, ideologías y programas. Queremos decir: reconozcan que somos parte relevante de esta sociedad; el FMLN es parte relevante de esta sociedad, tiene esta visión política. Somos el único partido que tiene Tribunal de Ética, Contraloría, Política de Género, Ambiental, de Juventud. Tenemos Organismo Electoral, independiente de los organismos de dirección. Nuestros estatutos tienen derechos bien delimitados de la militancia y los ejercemos. Entonces, no nos sentimos mal. No somos un partido tradicional, somos un partido diferente, con posición y visión. Ayer hemos venido a decirles: señores magistrados, si quieren que cambie el sistema político, fuera de los marcos de la Constitución, el FMLN está dispuesto a discutir reformas de la Constitución e, incluso, lo dijo nuestro Secretario, si para eso fuera necesario una constituyente, pues estaríamos dispuestos. Pero veamos más, cualquier reforma debe facilitar la democracia participativa, porque todas las reformas que motiva la Sala se mantienen en el esquema de la democracia representativa. Por eso hablamos del referéndum, consulta popular, de la ley de participación ciudadana. Si vamos a abrir el debate de las reformas al sistema político, incluyamos figuras que estimulen la democracia participativa.

 -¿Haría usted el llamado para que se reanuden las reuniones entre ambos Órganos del Estado?
Ese es el llamado de nuestro secretario General. Nosotros tenemos puntos de vista, no estamos dispuesto a que esto se mantenga en los corrillos y los pasillos, queremos que el pueblo los conozca. Posiblemente, en el principio los cuestione o no los entienda, pero tenemos la convicción de que si los difundimos y argumentamos, se entenderán. Es una manera de decir que la constitución no es cosa de sabios, es cosa del pueblo. No es solo de 10 ó 15 expertos, de un gobierno de 100. 84 diputados, un presidente y 15 magistrados. Somos 6 millones, verdad. Estás tú, estamos todos con derechos, necesidades y deberes. Nuestro llamado es a reiterar que el diálogo y la solución política y legislativa son una necesidad. Ese es nuestro llamado. Es una expresión policía fuerte, pacífica, clara, que reitera lo que nuestra Comisión Política ha venido sosteniendo a lo largo de este mes, desde el 2 de junio, cuando aquí expresamos por qué nosotros no votamos por esas reformas. Pero reconocemos que hay diferencias que deben explicarse, analizarse y resolverse.

Los nueve términos propagandísticos orwellianos que definen el Estado de Guerra de EE.UU.

Fuente : Rebelión

Por Tom Engelhardt

Ahora que Washington se encuentra ante seis guerras, por lo menos (Iraq, Afganistán, Pakistán, Libia, Yemen, y de modo más general, la guerra global contra el terror), los estadounidenses viven en un nuevo mundo bélico. Aunque no se hayan alistado en las fuerzas armadas compuestas solo de voluntarios, en ninguno de nuestros 17 órganos de inteligencia, el Pentágono, los fabricantes de armas y corporaciones de pistoleros a sueldo asociadas con él, o con alguna otra parte del Complejo Nacional de Seguridad, las guerras distantes de EE.UU. siguen en gran parte sin su participación (por lo menos hasta que venzan las cuentas).

La guerra de alguna forma pone casi todo al revés, incluido el lenguaje. Pero con la pérdida de puestos de trabajo, casas embargadas, una infraestructura que se desmorona y un clima extraño ¿quién llega a darse cuenta? Esto significa indudablemente que estáis usando un conjunto de palabras de guerra antediluvianas o definiciones de los días de vuestros padres. Es hora de ponerse al día.

Presentamos, por lo tanto, lo último en palabras de guerra: que está adentro, que está afuera, que está al revés. A continuación hay nueve términos comunes asociados con nuestras actuales guerras que probablemente no significan lo que pensáis. Ya que vivimos en un Estado de guerra del Siglo XXI, más vale que os acostumbréis a utilizarlos.

Victoria: Lo mismo que derrota, es una palabra “tendenciosa” y en lugar de definirla, los estadounidenses deberían simplemente evitarla.

En su última rueda de prensa antes de su retirada, preguntaron al secretario de Defensa, Robert Gates, si EE.UU. estaba “ganando en Afganistán”. Respondió: “He aprendido un par de cosas en cuatro años y medio, y una de ellas es tratar de mantenerme lejos de palabras tendenciosas como ‘ganar’ y ‘perder’. Lo que diré es que creo que estamos teniendo éxito en la implementación de la estrategia del presidente, y creo que nuestras operaciones militares están teniendo éxito en quitar a los talibanes el control de las áreas pobladas, en degradar sus capacidades y en mejorar las de las fuerzas nacionales de seguridad afganas.”

En 2005, George W. Bush, a quien también sirvió Gates, utilizó la palabra “victoria” 15 veces en un solo discurso (“Estrategia nacional para la victoria en Iraq”). Hay que recordar, sin embargo, que nuestro anterior presidente aprendió sobre la guerra en los cines de su infancia, cuando los marines siempre avanzaban y los estadounidenses realmente ganaban. Hay que pensar en su obsesión por la victoria como el equivalente de una resaca de mediados del Siglo XX.

En 2011, a pesar de las quejas de unos pocos residuos neoconservadores que sueñan con glorias pasadas, se puede buscar la “victoria” por todas partes en Washington. No la encontraréis. Es el equivalente verbal de un Yeti. Tener “éxito en la implementación de la estrategia del presidente” ¿qué más se puede pedir? Mantener al enemigo “a la defensiva”: ¡eh!, ¿a 10.000 millones mensuales, si eso no es “éxito”, que me digan qué lo es?

Hay que admitir que el asesinato de Osama bin Laden se trató como si fuera el Día de la Victoria [VJ] que terminó con la Segunda Guerra Mundial, ¿pero ganar realmente una guerra? ¡No hagáis reír al secretario de Defensa Gates!

Tal vez, si todo sale a la perfección, dentro de algún año en el futuro cercano podremos celebrar el Día DE (Degradar al Enemigo).

Enemigo: Cualquier pobre diablo supermaligno a cuyas costas podamos reunir por lo menos 1,2 billones (millones de millones) de dólares al año para el Complejo Nacional de Seguridad.

“Realmente considero a al-Qaida en la Península Arábiga con Al-Awlaki, líder de la organización como el riesgo más importante para nuestra patria”. Lo dijo Michael Leiter, consejero presidencial y director del Centro Nacional de Contraterrorismo, en febrero pasado, meses antes de que eliminasen a Osama bin Laden (y de la renuncia del propio Leiter). Desde la muerte de bin Laden, la evaluación de Leiter en la práctica se ha secundado en Washington. Por ejemplo, el periodista del New York Times, Mark Mazzetti, escribió recientemente: “La CIA considera que la filial de al-Qaida en Yemen plantea la mayor amenaza inmediata para EE.UU., más incluso que la dirigencia superior de al-Qaida que supuestamente se oculta en Pakistán”.

Ahora bien, esto es lo extraño. Hubo una época en la que este tipo de declaraciones podía haber sido equivalente a anuncios de victoria: ¿Es todo lo que les quedó?

Por cierto, hubo una época en la que cuando le preguntabas a un estadounidense quién era el hombre más peligroso del planeta te podría haber dicho Adolfo Hitler, José Stalin o Mao Zedong. En la actualidad no hay que pensar en términos de enemigo para nada: pensad en el archimalo Lex Luthor o en Doctor Doom, cualquiera, de hecho, capaz de sustituir al Mal todopoderoso.

Ahora mismo, después de bin-Laden, el supermalo preferido es Anwar al-Awlaki, un enemigo con poderes aparentemente casi sobrehumanos para molestar a Washington, pero ningún ejército, ningún Estado y ningunas finanzas de importancia. El “clérigo radical” nacido en EE.UU. vive como semi fugitivo en Yemen, un país menesteroso del cual hasta ahora pocos estadounidenses habían oído hablar. Al-Awlaki está considerado, por lo menos parcialmente, responsable de dos conspiraciones de alto perfil contra EE.UU.: el atacante con la bomba en su ropa interior y los paquetes con bombas enviados por avión a algunas sinagogas en Chicago.

Ambas fracasaron miserablemente, a pesar de que ni Superman ni los Cuatro Fantásticos corrieron al rescate.

Como Mal Uno, al-Awlaki es un enemigo vudú, un guerrero de YouTube (“el bin Laden de Internet”) con poco más que su ingenio y cualquier superpotencia que pueda encontrar para que le ayuden. Se dice que fue responsable de ayudar a envenenar la mente del psiquiatra del ejército, el mayor Nidal Hassan, antes de que hiciera volar a 13 personas en Fort Hood, Texas. Una cosa es indudable: se ha metido profundamente en la cabeza de la guerra contra el terror de Washington. Como resultado, el gobierno de Obama intensifica significativamente la guerra contra él y el grupo variopinto de miembros de las tribus con los que anda y que usan el nombre de Al-Qaida en la Península Arábiga.

Guerra clandestina: Significaba guerra secreta, una guerra “en las sombras” y por lo tanto alejada de la vista del público. Ahora, significa una guerra con publicidad total de la que todos saben, pero nadie puede hacer nada al respecto. Pensad: está en las noticias, pero no es oficial.

Imaginad: en la actualidad nuestras guerras “clandestinas” producen noticias en primera plana. En la semana en que tuvo lugar la operación de máximo secreto para asesinar a Osama bin Laden obtuvo un 69% sin precedentes en el espacio dedicado a las noticias en los medios de EE.UU. y un 90% de cobertura en la televisión por cable. Y los más secretos guerreros clandestinos de EE.UU., el Team 6 de elite de los SEAL, provocaron una “SEAL-manía” en todo el país.

Además, no dejan de publicar ni el más mínimo ataque de un drone en la guerra aérea clandestina dirigida por la CIA en las áreas tribales fronterizas de Pakistán. De hecho, como en el caso de Yemen en la actualidad, ahora discuten, debaten y elogian futuros planes para lanzar o intensificar guerras clandestinas al estilo paquistaní e informan ampliamente al respecto. En cierto momento el director de la CIA, Leon Panetta, llegó a alardear de que, cuando tenía que ver con al-Qaida, la guerra aérea clandestina de la Agencia en Pakistán era “el único juego aceptado por todos”.

Hay que pensar en la guerra clandestina actual como el equivalente de un misil guiado por calor apuntado directamente a ese espacio noticioso en los medios dominantes. Las “sombras” que otrora cubrían operaciones enteras ahora solo cubren a los responsables de ellas.

Bases permanentes: En el modo estadounidense de guerra, las bases militares construidas en suelo extranjero son algo parecido a la heroína. El Pentágono no puede dejar de construirlas y no puede vivir sin ellas, pero las “bases permanentes” no existen, no para los estadounidenses. Nunca.

Es bastante simple, pero permitidme que a pesar de todo sea absolutamente claro. Los estadounidenses podrán tener por lo menos 865 bases en todo el mundo (sin incluir las que están en zonas de guerra), pero no tenemos ningún deseo de ocupar otros países. Y dondequiera tenemos guarniciones (¿Dónde no las tenemos?), no queremos quedarnos, no permanentemente, en todo caso.

A fin de cuentas, para un planeta que tiene más de cuatro mil millones de años, nuestras 90 bases en Japón, que solo tienen unos 60 años de existencia, o nuestras 227 bases en Alemania, algunas de unos 60 años, o las que están en Corea, de unos 50, cuentan poco. Además, sabemos de buena fuente que las bases permanentes no corresponden al buen espíritu estadounidense. El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld lo dijo en 2003, cuando las primeras mega-bases iraquíes planificadas por el Pentágono ya estaban en los tableros de dibujo. Hillary Clinton volvió a decirlo el otro día, sobre Afganistán, y un funcionario estadounidense anónimo agregó para que quedara claro: “Hay tropas de EE.UU. en diversos países durante un tiempo considerable, que no están allí permanentemente”. ¿Estará hablando de Corea? Por lo tanto, entendedlo bien, los estadounidenses no quieren bases permanentes. Punto final.

Y es sorprendente cuando se piensa en ello, ya que los estadounidenses están constantemente construyendo y actualizando bases militares en todo el globo. El Pentágono es un adicto. En Afganistán, se ha vuelto totalmente loco, ¡más de 400 bases y sigue construyendo! No solo eso, Washington ahora está profundamente involucrado en negociaciones con el gobierno afgano para transformar algunas de ellas en “bases conjuntas” para quedarse en ellas a menos que el infierno se congele, por lo menos hasta que los soldados afganos consigan ser a la fuerza un ejército al estilo estadounidense. ¿El mejor cálculo estimado reciente para eso? 2017 sin pretender aproximarse.

Por suerte tenemos intenciones de entregar a los afganos esas numerosas bases que construimos utilizando miles de millones de dólares, incluyendo los gigantescos establecimientos en Bagram y Kandahar, y quedarnos solo un poco, tal vez “décadas” en calidad de –y la palabra no podría ser más delicada y juiciosa– “inquilinos”.

Y, a propósito, hay noticias que acompañan los recientes informes de que la CIA se prepara para dar a los militares de EE.UU. una importante mano encubierta en su campaña en Yemen, que señalan que la Agencia está construyendo apresuradamente una base propia en un país no identificado del Golfo Pérsico. Solo una base. Pero no hay que esperar que baste con eso. Después de todo, es como comenzar a comer papas fritas.

Repliegue: Nos vamos, nos vamos… ¡Pero no ahora mismo y basta de presiones!

Si nuestras bases son inyecciones de heroína, entonces el hecho de que los militares de EE.UU. se vayan de alguna parte representa una forma de “abstinencia”, lo que implica convulsiones. Como en el caso de las drogas, es condenadamente fácil meterse en lo que Washington no puede dejar de hacer. Salirse es lo terrible. ¿Quién puede culparlos si no quieren irse?

En Iraq, por ejemplo, Washington ha estado con un terrible síndrome de abstinencia desde 2008, cuando el gobierno de Bush decidió que todas las tropas de EE.UU. debían irse antes de finales de este año. Uno puede oír todavía todas esas botas de combate que se arrastran en la arena. Por ahora, los altos responsables del gobierno y de las fuerzas armadas casi imploran a los iraquíes que permitan que nos quedemos en unas pocas de nuestras monstruosas bases, como el mal llamado Campo Victoria o la Base Aérea Balad, que en su apogeo tenía un tráfico aéreo que según dicen rivalizaba con el del Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago. Pero de eso se trata: incluso si los militares estadounidenses se fueran oficialmente, Washington todavía no se propone partir en realidad.

En los últimos años, EE.UU. ha construido “embajadas” por importe de casi mil millones de dólares que son en realidad puestos de comando regionales parecidos a ciudadelas en el Gran Medio Oriente. La semana pasada cuatro ex embajadores de EE.UU. en Iraq suplicaron al Congreso que suelte los 5.200 millones de dólares solicitados por el gobierno de Obama para que el Departamento de Estado pueda convertir su embajada de Bagdad en una misión militar masiva con 5.100 mercenarios y una pequeña fuerza aérea mercenaria.

En resumen: “Adiós. Fue un placer conocerlo” no es una canción que le guste cantar a Washington.

Guerra de drones (Vea también Guerra Clandestina): Una campaña aérea permanente que utiliza aviones sin tripulación armados con misiles que envían tanto el repliegue como la victoria a la escombrera de la historia.

¿Se trata siquiera de una “guerra” cuando sólo un bando aparece realmente y sólo un bando sufre daños? Los drones de EE.UU. son frecuentemente dirigidos desde miles de kilómetros de distancia por “pilotos” que, al abandonar sus bases estadounidenses después de un turno de trabajo “en” una zona de guerra, pasan letreros que les advierten de que conduzcan con cuidado porque puede ser “la parte más peligrosa de tu día”. Es algo nuevo en la historia de la guerra.

Los drones son el armamento clandestino preferido en nuestras guerras encubiertas, lo que significa, claro está, que los militares ya no resisten las ganas de escoltar a los periodistas afines a sus laboratorios secretos y sus terrenos de pruebas experimentales para revelar visiones deslumbrantes de futura destrucción.

Para que los drones parezcan lógicos, probablemente debemos dejar de pensar en la “guerra” y comenzar a imaginar otros modelos, por ejemplo, el del verdugo que lleva a cabo una condena a muerte contra otro ser humano sin ningún peligro para sí mismo. Si el drone sin piloto es realmente el arma de un verdugo, una versión moderna aerotransportada de la guillotina, el dogal del verdugo, o la silla eléctrica, la condena a muerte que conlleva no es dictaminada por un juez y ciertamente no por un jurado de sus pares.

Es combinada por agentes de inteligencia basados en evidencia fragmentaria (y a menudo justificada por intereses propios), organizada por especialistas en objetivos y aprobada por una señal de los militares o abogados de la CIA. Todos están a algunos, cientos o miles de kilómetros de distancia de sus víctimas, gente que no conocen, y que no comprenden ni siquiera vagamente, y cuya cultura no comparten. Además, los delitos capitales a menudo no se comprueban, no se han cometido, nunca se ejecutarán o no existen. El hecho de que los drones, a pesar de su armamento de “precisión”, eliminan regularmente a civiles inocentes así como a posibles o reales terroristas nos recuerda que, si éste es nuestro modelo, Washington es un verdugo borracho.

En cierto sentido, la guerra contra el terror de Bush sacó a los drones de la profundidad de su subconsciente para satisfacer sus deseos más básicos: ser interminable y llegar a cualquier sitio en la Tierra con un sentido de venganza al estilo del Viejo Testamento. El drone hace picadillo de la victoria (que involucra un punto final), del repliegue (hay que haber estado presente para comenzar) y de la soberanía nacional (vea a continuación).

Corrupción: Algo inherente en la naturaleza de iraquíes y afganos desgarrados por la guerra, de la cual solo los estadounidenses, con y sin uniforme, pueden salvarlos.

No nos deben distraer los 6.600 millones de dólares, que en forma de billetes de 100 dólares empaquetados al vacío, cargados por el gobierno de Bush en aviones de transporte C-130, enviados a Iraq liberado en 2003 para propósitos de “reconstrucción”, y de alguna manera traspapelados. El inspector general especial de EE.UU. para la reconstrucción de Iraq sugirió recientemente que podría ser “el mayor robo de fondos en la historia nacional”; por otra parte, tal vez simplemente se traspapelaron… para siempre.

El presidente del parlamento de Iraq afirma ahora que hasta 18.700 millones de dólares se perdieron-en- acción, pero los iraquíes, como sabéis, son corruptos y volubles. De modo que no prestéis atención. En todo caso, no os preocupéis, no era nuestro dinero. Todos esos billetitos frescos procedieron de ingresos del petróleo iraquí, que por casualidad estaban retenidos en bancos de EE.UU. Y en zonas de guerra, ¿qué se le va a hacer? ¡A los pobres billetes de 100 dólares les pasan a veces cosas terribles!

En todo caso, la corrupción es endémica en las sociedades del Gran Medio Oriente, que carecen de los fundamentos institucionales de las sociedades democráticas. No es sorprendente, por lo tanto, que en el empobrecido y narcotizado Afganistán esté fuera de control. Por suerte Washington ha luchado noblemente contra sus estragos durante años. Una y otra vez, los responsables estadounidenses han persuadido, amenazado, e incluso intimidado al presidente afgano Hamid Karzai y a sus compatriotas para lograr que tomen medidas enérgicas contra las prácticas corruptas y realicen elecciones honradas para crear apoyo al gobierno respaldado por EE.UU. en Kabul.

Sin embargo hay algo extraño: un informe sobre la reconstrucción afgana recientemente publicado por el personal de la mayoría demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU. sugiere que los fondos “de desarrollo” militar y extranjero que se han prodigado al país, y que representan un 97% de su producto interno bruto, han tenido un papel importante en el fomento de la corrupción. Para encontrar un equivalente en tiempos de paz, imaginemos que los bomberos se apresuran a llegar a un incendio solo para lanzar gasolina encima y luego atacar a los habitantes del edificio por incendiarios.

Soberanía nacional: 1. Algo que los estadounidenses llevan en el corazón y que no permitirían que fuera violado por ningún otro país; 2. Algo a lo que se aferran irracionalmente los extranjeros, una señal de falta de fiabilidad o de inestabilidad mental.

Lo que sigue es el credo del Estado de guerra estadounidense en el Siglo XXI. Por favor memorizadlo: El mundo está a nuestros pies. No lloraremos. Podemos enviar misiles [bombardear, atacar de noche, invadir] a quién nos dé la gana, cuándo nos dé la gana, dónde nos dé la gana. Es lo que se debe llamar “seguridad estadounidense”.

Los que estén en otro sitio, con una reverencia desubicada por su propia seguridad, o un sentido exagerado de orgullo y de dignidad, los que se ponen en peligro, ¡tengan cuidado! Después de todo, en una frase: Soberanos somos nosotros.

Nota: Como todavía vivimos en un planeta imperial en sentido único, no tratéis de invertir nada de lo mencionado, ni siquiera como experimento mental. No podéis imaginar drones iraníes persiguiendo terroristas en el sur de California o a fuerzas de operaciones especiales paquistaníes que lancen incursiones nocturnas contra pequeñas ciudades del medio oeste de EE.UU. No si sabéis lo que os conviene.

Guerra: Un concepto totalmente dúctil que depende enteramente del punto de vista del observador.

Es indudablemente el motivo por el cual el gobierno de Obama decidió recientemente no volver al Congreso para que apruebe su intervención en Libia, como lo requiere la Resolución de Poderes de la Guerra de 1973. En vez de eso, el gobierno publicó un informe en el que declara esencialmente que la de Libia no es en absoluto una “guerra” y por lo tanto no cae bajo las provisiones de esa resolución. Como explica ese informe: “Las operaciones de EE.UU. [en Libia] no involucran [1] combates permanentes o [2] intercambios activos de fuego con fuerzas hostiles, ni involucran [3] la presencia de tropas terrestres de EE.UU., víctimas estadounidenses, o una amenaza seria de que ocurran o [4] alguna probabilidad significativa de escalada hacia un conflicto caracterizado por esos factores”.

Esto, por cierto, abre la posibilidad de un futuro bastante nuevo y asoleado de EE.UU. en el planeta Tierra, en el cual ya no será descabelladamente utópico imaginar que no haya más guerras. Después de todo, el gobierno de Obama se orienta a intensificar y expandir su [ponga lo que quiera] en Yemen, que cumplirá con todos los criterios mencionados, como ya lo hace su [ponga lo que quiera] en las tierras tribales fronterizas de Pakistán. Algún día, Washington podría garantizar la seguridad de EE.UU. en todo el globo en lo que sería, milagrosamente, un mundo absolutamente libre de guerras.

Tom Engelhardt, es cofundador del American Empire Project, dirige el Nation Institute’s TomDispatch.com. Es autor de “The End of Victory Culture”, una historia sobre la Guerra Fría y otros aspectos, así como una novela: “The Last Days of Publishing”. Su último libro es: “The American Way of War: How Bush’s Wars Became Obama’s” (Haymarket Books).