Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”
El 30 de mayo fue girado por el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional de España, el auto de procesamiento contra veinte militares de la Fuerza Armada de El Salvador, acusados de ser los responsables de la masacre perpetrada en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, en la que murieron 6 sacerdotes jesuitas y dos mujeres laicas. Esta acción del juez español y la posterior difusión de la nota roja girada por la Interpol han desatado una multitud de comentarios y posiciones que hacen necesario que la UCA se pronuncie ante este acontecimiento y su impacto en la realidad salvadoreña.
La sociedad salvadoreña ha recibido una información muy sesgada sobre el caso; los grandes medios de comunicación social han favorecido en su cobertura las opiniones y argumentos que afirman que el hecho ya ha sido juzgado, que ya prescribió, que la ley de amnistía impide cualquier juicio, que la Audiencia Nacional no tiene competencia, que el caso supone abrir las heridas del pasado y que la paz está por encima de la justicia. La mayor parte de estas opiniones no responden a la realidad, sino a la defensa de intereses particulares, en especial de los intereses de los que en los años de la guerra decidieron y planificaron masacres contra el pueblo salvadoreño —cuando su deber era defenderlo— y que hasta la fecha han sido protegidos por el Estado. Estas posiciones están contribuyendo a mantener la impunidad por encima de la verdad y de la justicia.
La principal objeción que se le hace al juicio es que la Audiencia Nacional no tiene jurisdicción internacional y que con sus acciones está atentando contra la soberanía jurídica nacional. Los que esto afirman desconocen la existencia del principio de justicia universal, el cual ha sido aceptado por El Salvador. La legislación salvadoreña reconoce este principio de universalidad en el artículo 10 del Código Penal. Según dicho artículo, El Salvador puede promover un juicio contra los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, incluso si los crímenes sucedieron fuera de nuestras fronteras y con independencia de la nacionalidad de los autores. De igual manera, amparada en dicho principio, la Audiencia Nacional de España ha promovido un juicio contra aquellas personas que cometieron un crimen de lesa humanidad fuera del territorio español. Es importante tener en cuenta que la Audiencia no hubiera podido abrir el juicio si el caso se hubiera resuelto en El Salvador.
La UCA ni ha promovido ni es parte del proceso que sigue la Audiencia Nacional de España, pues nuestro principal interés es que el sistema judicial salvadoreño funcione y sea capaz de impartir verdadera justicia. Respetamos profundamente el derecho de las víctimas a buscar justicia donde se les escuche y puedan obtenerla. Derecho por el cual las instituciones de El Salvador tienen la obligación de actuar de acuerdo a los tratados internacionales suscritos, apegándose al derecho internacional y no protegiendo a los acusados. En el auto de procesamiento, el juez Velasco confirma la teoría de que se conspiró e instigó para asesinar a ocho personas no combatientes e indefensas, y las razonables sospechas de que esas ejecuciones fueron parte de una operación militar ordenada y dirigida desde el más alto nivel castrense, junto con la colaboración civil para su encubrimiento. Esto no puede ser obviado por las autoridades salvadoreñas si quieren ser respetuosas del Estado de derecho.
Tampoco es verdadero que el caso ya ha sido juzgado. Solo fueron juzgados los hechores materiales de la masacre, y en condiciones nada favorables para establecer justicia, producto de lo cual varios de ellos fueron absueltos y los que fueron declarados culpables recibieron una condena que no se correspondía con la gravedad del crimen. A pesar de ello, en aquel momento, la UCA y la Compañía de Jesús, como un acto de buena voluntad, aceptaron dicho juicio. Sin embargo, el juez Eloy Velasco considera que el proceso fue fraudulento y que, en consecuencia, no es válido. Además, los autores intelectuales, las más altas autoridades de las Fuerza Armada de aquel momento, los que planificaron y ordenaron la masacre, los que en su momento fueron señalados por la Comisión de la verdad como responsables de aquel horrendo crimen, nunca han sido sentados en el banquillo de los acusados. Ciertamente, hubo un intento de iniciar un juicio contra ellos, pero la jueza del Tercer Juzgado de Paz decidió que no era procedente bajo el argumento de que el crimen ya había prescrito, contraviniendo así el artículo 37 del Código Procesal Penal, que afirma que este tipo de crímenes no prescriben si no han existido las condiciones para promover la acción penal.
Otro de los argumentos esgrimidos para evitar la justicia ha sido que la ley de amnistía libra a los hechores de toda responsabilidad. Esta afirmación es falsa, pues ya la Sala de lo Constitucional sentenció, el 26 de septiembre de 2000, que dicha ley no cubre crímenes cometidos por funcionarios del mismo Gobierno que la emitió. De acuerdo al artículo 244 de la Constitución, “la violación, la infracción o la alteración de las disposiciones constitucionales serán especialmente penadas por la ley, y las responsabilidades civiles o penales en que incurran los funcionarios públicos, civiles o militares, con tal motivo, no admitirán amnistía, conmutación o indulto, durante el período presidencial dentro del cual se cometieron”.
Por otra parte, se ha dicho que el juicio a los autores intelectuales de la masacre en la UCA implica reabrir las heridas del pasado. Es lamentable y absurdo que quienes afirman esto no sean las víctimas del conflicto armado, sino sus principales actores, los que impulsaron la guerra y la defendieron como la única solución posible al conflicto nacional. No se puede olvidar que el partido Arena, el entonces presidente Cristiani y el Ejército solo aceptaron el diálogo y la negociación como la solución al conflicto hasta que la presión internacional —especialmente, el cese de la ayuda militar de Estados Unidos— les obligó a ello. Contrariamente, el P. Ellacuría fue uno de los principales promotores del diálogo por la paz y de la necesidad de buscar una solución no militar al conflicto.
Las heridas de las víctimas y sus familiares siguen abiertas porque la sociedad salvadoreña no ha hecho nada para curarlas y cerrarlas. No se han pensado ni buscado caminos de reconciliación. La amnistía, que fue precipitada en el tiempo y en su enfoque, no hizo desaparecer la cultura de la impunidad, sino que la reforzó. Durante siglos, esta perniciosa cultura ha hecho intocables a los poderosos y les ha facilitado seguir acumulando riqueza y poder. El Nuevo Testamento dice que “la raíz de todos los males es la ambición del dinero” (1 Tim 6,10). Junto a la codicia, la impunidad es hoy raíz muy principal de la violencia, la injusticia, la mentira y la corrupción que el país padece.
Es preciso reconocer sin ambages que la guerra fue provocada por la búsqueda popular de un país más justo y la represión despiadada por parte de la oligarquía, el Gobierno, los cuerpos de seguridad y los escuadrones de la muerte. Que los principales responsables reconozcan con humildad sus delitos y pidan perdón por ellos a las víctimas y a la sociedad entera serían pasos trascendentales para iniciar el proceso de cerrar las heridas que siguen sangrando en miles de salvadoreños y salvadoreñas. Sin reconocer la verdad sobre hechos tan bárbaros, no es posible avanzar hacia una reconciliación profunda y verdadera.
Por ello, es del todo falso también que la verdad y la justicia puedan conducir al caos. Por el contrario, al tratarse este de un caso símbolo de los innumerables asesinatos de los años ochenta y noventa, con el que se identifican además muchas de las víctimas, su esclarecimiento y la aplicación de justicia ayudarían a cerrar heridas y encontrar caminos de reconciliación. Muchas víctimas y familiares de víctimas se han manifestado en este sentido. Conocer la verdad y que al menos una vez sean tenidos por culpables los que desde el Estado impusieron el terror y la violencia, puede ser auténticamente reparador para una sociedad en la que ha prevalecido la impunidad.
La UCA está plenamente dispuesta al perdón. Pero siguiendo la tradición cristiana y católica, el proceso de reconciliación implica tres fases sin las cuales no es posible el perdón. Se requiere, en primer lugar, la verdad; en segundo lugar, la justicia; y posteriormente viene el perdón. Es decir, es necesario saber no solo qué, sino también a quién se está perdonando. Por ello, en el caso de que se reconozca el crimen ante la justicia, estamos dispuestos, en nombre de la reconciliación, a solicitar un inmediato indulto de cualquier pena que fuera aplicada.
Queremos dejar bien claro que el llamado Caso Jesuitas, en el que siempre han estado presentes e incluidas Julia Elba y su hija Celina, no es para nosotros una cuestión de honor. Mucho menos asumimos que tenga más importancia y/o prioridad que otros casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades del Estado salvadoreño. La UCA quiere que se conozca la verdad y se haga justicia en todos los casos en que sea posible, independientemente de la ideología y el color político de sus hechores. El caso de los jesuitas, Julia Elba y Celina es solamente el que está a nuestro alcance, el que nos corresponde como parte doliente, aunque cierto es que de esclarecerse allanaría el camino para la solución de otros muchos.
Nos preocupa que en este debate algunas voces hayan opuesto la justicia y la paz, o la verdad y la paz. No compartimos esta posición, porque ambas realidades van estrechamente unidas: no puede haber paz sin justicia y la justicia conduce a la paz. La sagrada escritura lo confirma plenamente. Hablando de la restauración después de una catástrofe (como catástrofe fue la guerra y restauración la que seguimos necesitando luego del cese del conflicto armado), el profeta Isaías dijo: “Sobre nosotros se derramará el espíritu desde arriba. Entonces el desierto se transformará en vergel, y lo que ahora es llamado vergel será tenido por terreno baldío. En el desierto acampará el derecho, en el jardín descansará la justicia. La obra de la justicia será la paz y los frutos de la justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Mi pueblo vivirá en habitaciones buenas, en barrios seguros, en lugares tranquilos” (Is 32, 15-18). Para el pueblo de Dios, nunca ha existido contradicción entre justicia y paz, ni entre verdad y paz.
En la misma dirección, el Concilio Vaticano II afirma en Gaudium et Spes: “La paz no es la mera ausencia de la guerra, ni se reduce al solo equilibrio de las fuerzas adversarias, ni surge de una hegemonía despótica, sino que con toda exactitud y propiedad se llama ‘obra de la justicia’” (GS 78). También la doctrina social de la Iglesia recoge la misma posición: Pablo VI, en su encíclica Populorum Progressio, retomando el Concilio afirma: “La paz se construye día a día, en la instauración de un orden querido por Dios, que comporta una justicia más perfecta entre los hombres” (PP 76).
Estamos convencidos, pues, de que la paz solo se puede construir desde la justicia y el amor. La UCA no puede aceptar moralmente la resolución del pleno de la Corte Suprema de Justicia que obliga a dejar libres a los militares inculpados en el caso. Y no puede hacerlo porque es una decisión política que no está apegada a derecho. Es una decisión que irrespeta el derecho vigente en El Salvador y el derecho internacional. Es una decisión que está fundamentada en la mentira. No podemos aceptar de ningún modo que se manipule la ley y que en la aplicación de la misma se hagan acepción de personas. Esta resolución del pleno de la Corte Suprema de Justicia no solo ha desacreditado al más alto tribunal del país; ha dado patente de corso a la impunidad y ha puesto en tela de juicio su capacidad para impartir justicia. Que el Presidente de la República se sienta satisfecho por esta resolución del pleno de la Corte nos produce mucha tristeza, pues con esa posición se pone del lado de aquellos que están dispuestos a impedir que resplandezca la verdad y la justicia, frustrando las esperanzas de cambio que prometió al país
Si buscar justicia es un problema en una sociedad, algo anda mal en la misma, pues son los tribunales el lugar apropiado para ventilar las injusticias. Si presentar una demanda resulta inadmisible porque abre heridas en la parte acusada, entonces habría que prescindir del sistema judicial, puesto que todo proceso es doloroso para las partes enfrentadas. La justicia se administra en los tribunales, no en las calles, ni a gritos, ni con balas. Por eso, toda aquella persona que se considere víctima de una injusticia debiera poder presentar su demanda ante un juez. La administración de justicia independiente no representa ninguna amenaza, excepto para sus transgresores y para quienes todavía están dispuestos a utilizar la fuerza para imponer su ley. Los que en estos días han alertado del peligro de volver a una guerra desconocen la voluntad de paz de la mayoría del pueblo salvadoreño e insisten neciamente en vivir fuera de época.
En este marco, es oportuno recordar a Monseñor Romero, cuyo asesinato también debe ser esclarecido. En pleno conflicto, nuestro arzobispo mártir invitaba a toda la sociedad salvadoreña a ser constructora de la paz, “una paz que se construye en la justicia, en el amor y en la bondad” (homilía del 31 de diciembre de 1977).
