Dagoberto Gutiérrez
En una primera mirada, ligera y superficial, puede parecer una victoria de los diarios ante el aparato estatal; pero viendo bien las cosas, se trata de una derrota ante el aparato del mercado, toda vez que siendo El Salvador un Estado de Mercado, todas las empresas ideológicas: prensa, radio, televisión, revistas, etc., saben muy bien que ninguna de ellas goza de ninguna libertad de expresión ante el poder del mercado, porque aquel diario o televisora que difunda una información o posición que disguste a sus clientes anunciantes, es sancionado con el retiro de la publicidad, y este es, en realidad, la amenaza real que sujeta al mercado de la información.
En este terreno, el mercado controla al mercado, encadenando a las empresas a la voluntad del cliente poderoso que castiga las impertinencias con el retiro de la publicidad, no es raro que frente a este monstruo real, las empresas, que también son mercado, guarden silencio y se traguen su impotencia para enfilar su dignidad informativa frente al Estado que no es, al menos en El Salvador, el real poder real, sino el real siervo real del mercado real.
Cuando se decide sancionar con multas los delitos cometidos contra el honor de las personas, se está dando un vuelco abarcante, en concordancia con la realidad humana del país, en cuanto a la estimativa de lo que vale el honor de los seres humanos en El Salvador.El honor es lo que la persona piensa de sí misma en términos de dignidad y valía y el prestigio es lo que los otros y las otras piensan de una persona. Ambos recursos, honor y prestigio resultan fundamentales para la vida en comunidad y casi siempre en un mundo pobre y empobrecido como el salvadoreño constituyen los únicos recursos con que los humanos contamos para ser personas.
Pues bien, de ahora en adelante, el honor es medido monetariamente y esto quiere decir que para el derecho y la ley carece de valor, pero tiene, sin embargo, precio, como toda mercancía, como un par de zapatos o una cartera.
Bien vistas las cosas, esto está conforme con la sociedad de mercado total, construida en el país durante la post guerra, y sin embargo, pese a ser una conducta consecuente, al coincidir con el reducido valor del ser humano en la actual guerra social, se convierte en una pieza maestra de esta misma guerra, porque cuando las personas pierden su valor y se cotizan por su precio, la humanidad se convierte en cosa.
Para las empresas ideológicas, la decisión resulta también funesta porque se trata de una renuncia a la profesionalidad y a la capacidad de hacer periodismo limpio y elegante, confiable y profesional, calificado por lo que dice y por la forma que dice lo que dice.
La reforma legal significa una especie de carta blanca para que diarios, radios y revistas puedan decir lo que quieran y cualquier cosa sobre cualquier persona, siempre y cuando tengan el dinero para pagar la multa.
Y la cosa se simplificará porque entonces, como se trata de dinero, la empresa haré sus cuentas antes de destruir la porcelana fina de cualquier ser humano. Esta figura es parecida a aquella del derecho ambiental en donde el que contamina paga, de modo que la clave resulta ser siempre la capacidad económica y no tu capacidad profesional como empresa.
Estoy seguro que los sectores inteligentes y sensibles de los aparatos ideológicos entienden muy bien que la carta blanca que les ha sido otorgada es como la Patente de Corso que la corona británica otorgaba a los piratas que servían a los intereses del reino, pero no los libraba de su calidad de piratas.
Al ocurrir esta decisión, las empresas arrastran en la avalancha a los periodistas que trabajan en ella y que dentro de las empresas carecen de libertad de expresión, toda vez que sus artículos siempre son decididos por la empresa. Pero, cuando tienen carta blanca, periodistas y empresarios, se encuentran en diferentes situaciones, porque unos son trabajadores y otros son los propietarios.
Unos no deciden, y los otros deciden todo. Toda esta maraña de intereses en desencuentro expresa la amalgama que existe entre la libertad de empresa, la libertad de expresión, la libertad de información, y hasta la libertad de respuesta.
Para una empresa calificada, dedicada al trabajo ideológico de la información y al trabajo mercantil de la publicidad, como un diario, una televisora o una radio, su calidad profesional y hasta su dignidad no debería exigir el presupuesto de borrar las fronteras entre la información y la denigración, entre la licitud de lo que se dice y el honor de la persona inferida.
Y siendo esto lo ocurrido con las reformas jurídicas aprobadas, es fácil entender la perdida que para un diario o una televisora significa sacar del Estado, carta blanca para decir, insinuar, escribir, todo lo que se pueda pagar, en lugar de decir todo lo que se pueda probar, salvaguardando el honor de los seres humanos.
Para la parte noble de las empresas es fácil entender que están de pésame. Para sus trabajadores periodistas es fácil saber que pese a que sus empleadores hayan ganado una gigantesca luz verde, en realidad han perdido la confiabilidad y el respeto que toda empresa mercantil necesita, y que, en todo caso, los periodistas, como trabajadores pueden y tienen, pese al golpe recibido, construir su profesionalidad y su calidad de periodistas que construyen historias, que comunican información y que transmiten ideas con frescura literaria y con humanidad.
Los partidos políticos que concedieron la mercantilización del honor hicieron un movimiento electoral y un mal negocio político, y las empresas que negociaron esta extraña victoria, aunque sean consecuentes con el mercado total en el que navegan, han perdido posición como empresas serias; pero, tarde o temprano, toda esta mercantilización será superada por un ajuste de cuentas al mercado y, en ese momento, podrá el comercio liberarse de la coyunda del mercado, el honor podrá sacudirse el grillete de las mercancías, los periodistas recuperarán su calidad de trabajadores intelectuales, y los mismos empresarios serán ciudadanos en igualdad de condiciones legales con todas las personas.
