Por: Dr. Victor M. Valle
El 2 de diciembre de 2011 se cumplen ochenta años del golpe militar que derrocó al Presidente Constitucional de El Salvador, Arturo Araujo, quien ganó las elecciones presidenciales de 1931 acompañado por el escritor Alberto Masferrer e implícitamente apoyado por el recién fundado Partido Comunista.
En ese 2 de diciembre de 1931 comenzó la larga dictadura militar de El Salvador que, como un todo y salvo honrosas excepciones en sus filas, fue cruel y represiva con los pequeños y débiles; pero supo ser suave y servil con los grandes intereses económicos.
En 1961, los izquierdistas lanzamos una campaña de “Treinta años de dictadura militar bastan” y, como parte de esa campaña, los militantes del FUAR (el Frente Unido de Acción Revolucionaria”) nos dedicamos a pintar por todo lados, con procedimientos artesanales y primitivos, números 30. Paredes, cunetas y bancos de parques tenían su treinta bien pintado. Esos 30 resumían la consigna: Treinta Años de Dictadura Militar Bastan.
Andábamos por Santa Anita, un día de 1961, en una de esas pintas nocturnas, cuando un compañero chusco –obviamente nada optimista con la inminencia del triunfo popular- comentó en voz alta: pinten bien el número 30 porque dentro de 50 años solo le completamos al 30 un par de pancitas para que se lea 80.
Confieso que la broma me consternó, pues a mis cerca de 20 años de edad y desde mi uso de razón solamente había conocido un régimen militar arbitrario, con patronos bien puestos y con cortes de civiles aduladores y serviles. Y me conmovía prever que 50 años después de aquellas acciones juveniles seguiríamos padeciendo la dictadura militar. Por supuesto, yo no preveía estar vivo, pues a los 20 años, 70 años se ven bien lejos
Vino lo que vino: ascenso del movimiento popular, fallido golpe de estado tardío en su propósito de prevención de la guerra, organización y despliegue de la insurgencia armada, guerra civil, negociación y Acuerdos de Paz. Gracias a los acuerdos de paz, los militares fueron depurados y reducidos en número de efectivos, volvieron a sus cuarteles y, como en todo estado moderno y civilizado, dejaron de ser deliberantes y decisores en asuntos públicos. En 1992 se creó un Consejo Académico de la Escuela Militar, compuesto por cuatro militares y cuatro académicos civiles, nombrados con un sentido de amplia representación ideológica y, algo muy importante, los asuntos policiales fueron claramente separados de los asuntos militares.
El asunto militar fue esencial y crucial en la negociación que llevó a los Acuerdos de Paz. Y es que los militares fueron parte de las raíces del conflicto armado. Su represión contra los sectores populares y su instrumentación, al servicio de los poderes reales internos y externos, los acostumbró a ser un factor de poder fundamental para someter a un pueblo y violentar sus libertades y derechos.
Por eso la agenda de la negociación incluyó prioritariamente ese “nudo gordiano”, como alguien dijo por ahí en las deliberaciones.
La negociación creó jurisprudencia y legitimó innovaciones institucionales. De eso se trataba, pues si se hubiese continuado en la torpe lectura de las leyes emitidas por la derecha, o se hubiese invocado apegos estrictos a la letra de la Constitución, no se hubiesen creado las condiciones sociológicas y políticas para hacer fructificar una negociación política que le diera fin a un conflicto y enrumbara al país en una nueva senda de transformaciones políticas.
Si se lee y acepta debidamente lo que está en los Acuerdos de Paz, debe recordarse que hay en ellos una nueva institucionalidad y concepción de los asuntos públicos de interés nacional.
La idea central era trabajar por la desmilitarización de la cultura para, posteriormente, desmontar la cultura de violencia que hemos construido por más de un siglo. En eso consintió el compromiso de organizar un Acuerdo que, entre otras cosas, comenzara la democratización de la sociedad salvadoreña.
Por eso se suprimieron la Guardia Nacional, la Policía Nacional y la Policía de Hacienda, como instrumentos de los militares, y se previó que la cabeza de la Seguridad Pública fuese un profesional y político de raíz y vocación civilista.
Los Acuerdos de Paz son y fueron de acatamiento obligatorio para las dos partes. En algunos casos los efectos transformadores de los Acuerdos fueron adulterados o morigerados, si no burlados. Pero era una obligación moral y política cumplirlos.
Resulta que las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son de cumplimento obligado por parte de los estados, so pena de exponerse a sanciones. Por eso el Gobierno y el FMLN se obligaron a trabajar por cumplir los Acuerdos.
Cuando el Gobierno de Cristiani aceptó, en abril de 1990, sentarse a negociar con el FMLN, estaba reconociendo y validando la beligerancia del Frente como parte legítima en la negociación.
La obligatoriedad de cumplir las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la inclusión de una insurgencia en una negociación estatal hacían que cumplir los acuerdos en su plenitud adquirieran el carácter de una obligación del Estado salvadoreño para cumplirlos, también, plenamente.
Es una coincidencia histórica que, a pesar de la génesis y efectos reales de los Acuerdos de Paz, ochenta años después de iniciada la dictadura militar, se haya vuelto a entregar el mando de la seguridad pública a un militar, precisamente por un gobierno que contiene al FMLN, una de las partes –quizá la fundamental en establecer la agenda de los cambios- que construyeron los Acuerdos de Paz y se comprometieron a desmilitarizar la cultura.
Quizá el chusco del cuento tenía razón y la dictadura militar no fue desmontada, sino que solamente ha estado en receso histórico, o para decirlo en el nombre de la famosa película de 1980, quizá El Imperio Contraataca o mejor, “in English: The Empire Strikes Back”.
Es interesante que los presidentes Calderón Sol, Flores y Saca nombraron civiles en el Ministerio de Seguridad Pública.
