Dagoberto Gutiérrez.
Crisis histórica es la que sufre El Salvador, caracterizada por el agotamiento de un Estado oligárquico, de un modelo económico, de un determinado poder político y de una clase dominante. No es muy frecuente que esta conjunción de quiebres se presente en un país, a menos que las soluciones o los abordajes se posterguen o se impidan una y otra vez, como ha ocurrido en nuestra historia.
La guerra de 20 años fue una respuesta a esta crisis y resultó fundamental para terminar con la dictadura militar de derecha establecida en el marco de los acontecimientos ocurridos en 1932. De resultas de esta guerra es que el Artículo 212 de la Constitución estableció que “la Fuerza Armada tiene por misión la defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio”. En este texto está concentrado el fin de la Fuerza Armada como clase gobernante, siendo ésta la función que desempeñó la institución desde los años 32 del siglo pasado. Termina su papel histórico cuando, al no ganar la guerra, la pierde, en tanto que la guerrilla del FMLN, al no perder la guerra, la gana.
Los acuerdos de paz dejaron una nueva conformación del poder político al separar la fusión de la defensa y la seguridad pública, y al otorgar dos misiones específicas a la Fuerza Armada: defensa de la soberanía y de la integridad territorial; en tanto que la seguridad pública es otorgada a la Policía Nacional Civil. El énfasis puesto en la separación de estas dos instituciones expresa el afán de superar el momento histórico en que Policía y Fuerza Armada se fundieron en un solo cuerpo represivo para ahogar en sangre cualquier tipo de protesta. Dicha separación es, probablemente, la conquista más trascendental lograda con la guerra de 20 años y contenida en los acuerdos políticos.
La crisis que propició el estallido de la guerra no fue superada durante los 20 años que han seguido al gran enfrentamiento. Es más, en estos momentos el país vive una crisis mayor que aquella que generó la guerra, toda vez que hoy contiene la crisis planetaria del capitalismo planetario y las consecuencias del brutal neoliberalismo aplicado en El Salvador en estos 20 años. Así, de nuevo nos enfrentamos a una situación donde hay varios caminos establecidos para afrontar lo que hemos llamado crisis histórica.
Como siempre ocurre, es en los momentos de crisis cuando aparecen consabidas soluciones militares que buscan beneficiarse de los desajustes críticos de la realidad, y son precisamente estos momentos en los que, casi invariablemente, se usan a las Fuerzas Armadas como fuerzas de choque y de primera línea para imponer una determinada solución. Aquí no estamos descubriendo nada nuevo porque las Fuerzas Armadas se establecen precisamente para garantizar que un determinado orden continúe inalterable, o para impedir que el desorden amenace el orden y establezca uno nuevo. Para eso sirven, precisamente, las Fuerzas Armadas. No conviene olvidar que soberanía es, justamente, el poder absoluto, permanente, ilimitado, del Estado. Este es el poder que las Fuerzas Armadas tienen la misión de defender.
El Artículo 159 de la Constitución establece que defensa nacional y seguridad pública estarán adscritas a ministerios diferentes y que la PNC será un cuerpo profesional e independiente de la Fuerza Armada. Esto quiere decir que no dependerá de las Fuerzas Armadas en ninguna de sus actividades para no repetir le nefasta experiencia ya conocida. Pese a la total claridad del texto constitucional, ya se inició el proceso político que en el marco de la actual crisis lleva un retorno al pasado y, de nuevo, con ceguera total y con una impresionante necedad histórica, el actual Presidente Funes asume, impertérrito, la responsabilidad de la militarización de la crisis del país. Observemos que el proceso ha empezado en el terreno de la seguridad pública y esto facilita la comprensión porque se trata de una especie de abrazo institucional en donde la Fuerza Armada pasa a controlar, por vía legal, una función que no le corresponde. Aparentemente, el nuevo ministro, y solo aparentemente, aparece desligado de la FAES, pero este hecho sería en realidad una decisión suicida para el General Munguía Payés, porque es la Fuerza Armada lo único con lo que él cuenta para hacer un trabajo eficiente en la seguridad. Por esto mismo, el nuevo ministro de seguridad significa el control de la FAES sobre la seguridad pública y sobre la PNC. Cualquier observador medianamente agudo se dará cuenta que en ninguna circunstancia puede entenderse al nuevo ministro sin la Fuerza Armada. Por eso mismo, el proceso de reversión histórica luce iniciado en el país, y una vez más, nos encontramos ante una Fuerza Armada controlando la seguridad pública.
Aquel gobierno que se levantó despertando las mayores esperanzas de las mayorías, y con las banderas de ser de izquierda, ha resultado ser el encargado de impulsar el país hacia un pasado que se suponía superado. Todo el proceso político salvadoreño debe registrar este hecho y debe incorporarlo en su reflexión para asumir, entre otras cosas, las responsabilidades históricas correspondientes.
