Jorge Vargas Méndez*
jvargasmendez@yahoo.com
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Precisamente en este mes de enero se cumplen 80 años del oprobioso
etnocidio cometido contra comunidades indígenas y campesinas en el
occidente del territorio nacional, uno de los crímenes más abominables
que se registran en la Historia salvadoreña y que en aquella ocasión
fuera ejecutado por órdenes directas del general Maximiliano Hernández
Martínez, el dictador que se hiciera del poder mediante un golpe de
Estado en diciembre de 1931, es decir, apenas un mes antes.
En cuatro departamentos se ubican los municipios y comunidades que fueron mayormente afectadas por las espeluznantes masacres: La Libertad, Sonsonate, Ahuachapán y sur de Santa Ana.
El siguiente telegrama indica cómo debió ser la magnitud de la represión y la violencia de Estado al cierre de aquellos días: “El jefe de Operación de la Zona Occidental de la República, general de división José Tomás Calderón, saluda atentamente, en nombre del gobierno del general Martínez y en el suyo propio, al almirante Smith y comandante Brandeur, de los barcos de guerra Rochester, Skeena y Wancouver, y se complace (en) comunicarles que declaramos situación absolutamente dominada (por las) fuerzas (del) gobierno (de) El Salvador. Garantizadas vidas, propiedades, ciudadanos extranjeros acogidos (que sean) respetuosos (de las) leyes de la República. La paz está establecida en El Salvador. Ofensiva comunista desechada y sus formidables núcleos dispersos. Hasta hoy cuarto día de operaciones están liquidados cuatro mil ochocientos bolcheviques. General José Tomás Calderón”. (Los paréntesis y énfasis son nuestros).
El pueblo que amaba Ama
En el departamento de Sonsonate hubo varios municipios que vieron morir a centenares de sus habitantes, entre mujeres y hombres, siendo uno de ellos Izalco. En esta población las fuerzas gubernamentales fusilaron a varias personas y las hordas reaccionarias locales capturaron y ajusticiaron al recordado líder indígena Feliciano Ama, cuyo cuerpo pendiendo de la rama de un ceibo que estaba frente al templo de La Asunción, fue exhibido y fotografiado por la prensa de la época como ejemplo de castigo para quienes osaran reclamar sus derechos.
Ama, siguiendo el ejemplo de su difunto suegro, reclamaba la devolución de las tierras comunales a la población indígena. Ese sería la verdadera causa de su óbito, aunque la historia oficial y el conservadurismo se encargaron de mistificar los motivos y hechos con el supuesto de que Ama era un delincuente y comunista, como si con eso quedara justificado el crimen.
“(…) Cuando Feliciano Ama fue ahorcado en su pueblo de Izalco, sus ejecutores creían que estaban salvando el país del comunismo; ese era en cambio el punto final de una lucha larga y desigual, que habían iniciado los conquistadores españoles en el siglo XVI (…)”. Así lo consigna Héctor Pérez Brignoli, en La rebelión campesina de 1932 en El Salvador (Ver El Salvador, 1932, de Thomas R. Anderson, Dirección de Publicaciones e Impresos, CONCULTURA, El Salvador, 2001).
En el mismo sentido, el Diario del Pueblo, de Santa Ana, publicó en esos días una nota que un medio impreso capitalino retomó, y que entre otras cosas señalaba: “(…) es necesario que se estudie la situación social del país, pues últimamente se ha hablado de levantamientos comunistas y choques armados, pero a la vez se sabe que los salarios son bajos en las fincas y que por eso no hay braceros. Se habla asimismo de agitadores, cosa que debe ser investigada para buscar la justicia” (La Prensa, miércoles 11 de enero de 1932).
Así pues, documentos de la época y algunos análisis históricos posteriores no viciados, indican claramente que el levantamiento indígena-campesino tuvo sus propias causas: la injusticia histórica y el hambre que campeaban entre la mayoría de la población, algo que el Estado y los sectores económicamente influyentes procuraron ocultarle a las sucesivas generaciones.
Un partido de derecha rememora aquel etnocidio al iniciar su campaña electoral Ochenta años después aún existen grupos políticos y económicos que parecen celebrar la forma brutal y totalmente desigual con que fue aplastado aquel levantamiento que en definitiva diezmó a la población indígena del país. Esa actitud que, dicho sea de paso, sugiere la persistencia de actitudes racistas en algunos grupos sociales, parece emerger cada vez que el otrora partido oficial inaugura su campaña electoral.
Al respecto, un prominente líder político declaró recientemente a un importante rotativo local: “Siempre hemos considerado Izalco un lugar simbólico para las campañas de ARENA y es por eso que nuevamente daremos el banderazo de salida desde ese lugar” (EDH, 3 de enero, 2012, p. 4).
En tal sentido, al leer ese tipo de declaraciones toda la ciudadanía debe preguntarse: ¿Es aceptable que un partido festeje el derramamiento de sangre de 1932? ¿Se puede aplaudir una actitud prepotente y belicista como esa? Claro que no. Por el contrario, la población en general, y la de Izalco en particular, debe exigir el cese inmediato de ese tipo de actos por respeto a la memoria de todas aquellas personas que fueron víctimas de aquel oprobio. Es inadmisible que un partido quiera demostrar su fuerza a los oponentes mancillando la sangre derramada. Celebrar algo semejante es, sin duda, un insulto a nuestra dignidad. Así de sencillo, y hay que señalarlo sin tapujos.
* Poeta, escritor, miembro del Foro de Intelectuales de El Salvador.
