Conchabanza con Washington ¿Gobierna la izquierda en El Salvador?

Hernando Calvo Ospina

Representante del izquierdista Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, ha estrechado, desde su elección en 2009, sus relaciones con Estados Unidos mientras rechazaba adherirse a la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) y se distanciaba del Socialismo XXI. En un gesto aún más significativo no asistió a la primera Cumbre del CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos) en Caracas los días 2 y 3 de diciembre de 2011. De ahí la pregunta: ¿está realmente gobernando la izquierda en El Salvador?

(Este artículo ha sido publicado originalmente en la edición española de Le Monde Diplomatique, de abril 2012)

En octubre de 1980, ante la crisis social, la represión generalizada y la intransigencia política del gobierno de extrema derecha, cinco organizaciones guerrilleras y sus frentes de masas optaron por la vía armada. Así nació, en El Salvador, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) (1). Dos meses después esta guerrilla ya quiso buscar una salida política al conflicto: propuso un diálogo al gobierno estadounidense del presidente Jimmy Carter. Este no lo rechazó. Entonces llegó el asesinato de cuatro religiosas estadounidenses a manos de militares, el 2 de diciembre de 1980. La Casa Blanca se vio obligada a cortar las ayudas a la Junta gobernante, mientras funcionarios del Departamento de Estado se aproximaron al FMLN. Hasta que, el 21 de enero de 1981, Ronald Reagan tomó posesión como presidente de Estados Unidos. Dos días después ordenó redoblar el apoyo militar al gobierno derechista de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

La Internacional Socialista se ofreció como mediadora en el conflicto. El FMLN aceptó la propuesta. Washington presionó a la Junta para que no aceptase. Y el 28 de agosto de 1981 se produjo un imprevisto sin precedentes, que le dio otra connotación al conflicto: los gobiernos de Francia y México reconocieron al FMLN como “fuerza política representativa”. Washington no se inmutó, procediendo a lanzar una campaña de desprestigio contra los del FMLN. Se trató a sus miembros de “narcoterroristas”. El Departamento de Estado advirtió que si la guerrilla triunfaba El Salvador sería otra Camboya, pues sus dirigentes eran “polpotianos”.

En 1986 el gobierno de Reagan tambaleó al estallar el asunto “irangate” y el “contragate” (2). El asesinato de seis sacerdotes jesuitas a manos del ejército, el 16 noviembre de 1989, provocó una condena internacional unánime. La Casa Blanca, cuestionada a lo interno y con aliados desacreditados, aceptó la propuesta de Moscú: pidió al Secretario General de la ONU de involucrarse en la solución del conflicto. Entre tanto la oligarquía salvadoreña comprendió que las Fuerzas Armadas no derrotarían al FMLN. A su vez, la guerrilla constató que no podría vencer militarmente mientras Estados Unidos pertrechara y asesora al ejército. Ambas partes comprobaron, además, que la población civil empezaba a agotarse de la guerra. Y el nuevo escenario geopolítico internacional, surgido después del derrumbe de la Unión Soviética en diciembre de 1991, influyó sustancialmente. Todas estas circunstancias favorecieron la firma de los acuerdos de paz, el 16 de enero de 1992 en Chapultepec, México.

El número de víctimas de la larga guerra civil (1980 – 1992) se estima en unos 75 000 muertos y de 8 000 desaparecidos. No hay culpables porque una ley de amnistía, exigida por el ejército, permitió la impunidad. No existió reparación para las víctimas.

Reconvertido en partido político, el FMLN consiguió en las elecciones de marzo de 1994, victorias locales importantes (alcaldías) y amplia representación en la Asamblea Legislativa, convirtiéndose en la primera fuerza de oposición. En marzo de 2009, Mauricio Funes, un periodista de la CNN en español, simpatizante del FMLN -pero no combatiente- es elegido presidente. Toma posesión del cargo en junio. El FMLN hereda de ese modo los inmensos problemas sociales y económicos no resueltos por los gobiernos de derecha. Porque, aunque se hicieron importantes reformas políticas y militares, la justicia social, principal motivo de la guerra civil, se volvió letra mojada.

En ese conflicto Estados Unidos invirtió un millón de dólares diarios, pero para alimentar la paz ha dado limosnas. Si la guerra dejó al país cercano de la quiebra, las medidas neoliberales exigidas después por Washington multiplicaron la pobreza, aunque las cifras macroeconómicas sean positivas. En 2001, El Salvador adoptó el dólar como moneda oficial, y en 2003 firmó un tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Este ha ido acabando con las medianas y pequeñas empresas, en especial las dedicadas al sector agrícola, al no tener posibilidad de competir con las producciones estadounidenses, cuyos productos de exportación están subvencionados.

Con apenas 6,5 millones de habitantes, el país tiene un 60% de sus habitantes en la pobreza. Y otro triste record: es uno de los países con mayor violencia, al tener más de 60 homicidios por cada 100 000 habitantes. Miles de armas quedaron en manos de la población, que ante la pobreza propiciaron las pandillas denominadas “Maras”, dedicadas a la delincuencia, criminalidad y el tráfico de drogas. Excluida socialmente, parte importante de la niñez y la juventud es fuente inagotable para las Maras.

La situación podría ser peor sin las “remesas familiares”. La guerra, pero en especial la miseria, han hecho que unas 2,5 millones de personas hayan emigrado. El 95% a Estados Unidos, considerado como el “Departamento 15” de El Salvador. El dinero enviado a los familiares constituye el 18% del Producto Interior Bruto (PIB), superando en captación de divisas a la exportación de café y a las fábricas de manufacturas, conocidas como ’maquiladoras’. Cada año, esas remesas representan unos 3 500 millones de dólares. Según datos de la organización Intervida, un 70% de las familias salvadoreñas reciben giros mensuales que oscilan entre 210 y 425 euros, cantidades que alcanza apenas para subsistir.

“La pobreza en El Salvador tanto rural como urbana, no ha aparecido en un año, y lamentablemente tampoco desaparecerá en ese período”, expresó el presidente Funes. Es cierto. Pero lo que viene realizando este gobierno son acciones más parecidas a la beneficencia, olvidando lo que ofreció durante las elecciones. No se crean vías alternas que permitan el desarrollo productivo de la economía. Además de ser un “colchón amortiguador” de más tensiones sociales, las remesas tienen un efecto estratégico en la política exterior salvadoreña: Para seguir contando con ellas no debe contrariar a Washington.

Según la información filtrada por WikiLeaks, la embajada estadounidense en San Salvador desarrolló una estrategia de seducción a Mauricio Funes. La primera acción fue una llamada que recibió del presidente Barack Obama, el 15 de marzo 2009, a pocas horas de ser elegido. En cables “secretos”, la embajada mencionó al Departamento de Estado la emoción, el éxtasis, que esto había producido en Funes. La segunda maniobra fue la presencia de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, a la investidura presidencial, el primero de junio. Ocho meses después, Funes fue recibido por Obama en la Casa Blanca, y en marzo 2011 el presidente estadounidense le devolvió la visita. Pocos entendieron qué tenía de importante El Salvador para que Obama lo incluyera en su primer viaje por América Latina, junto a Brasil y Chile. Altos mandos del Comando Sur, y el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, Arturo Valenzuela, también visitaron a Funes.

Ha ido quedando claro que el coqueteo estadounidense busca, en lo interno, el rompimiento de Funes con los lineamientos del FMLN. En lo externo, alejarlo de la influencia política de Cuba, del presidente sandinista de Nicaragua, Daniel Ortega, pero en particular del venezolano Hugo Chávez y sus proyectos regionales. No se debe olvidar que justo el día de su posesión, el presidente salvadoreño anunció que restablecería las relaciones con Cuba, rotas medio siglo atrás. Por los cables de WikiLeaks se conoce que, durante su visita, Hillary Clinton dio a entender a Funes que en Washington no se vería bien que tomara ese camino.

Mauricio Funes no llevaba un mes como presidente, cuando el 28 de junio 2009 se produjo, en Honduras, el golpe de Estado contra su vecino, el presidente Manuel Zelaya. Sorprendentemente, el mandatario hondureño había decidido unirse a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), liderada por Venezuela y Cuba. Funes, entendiendo que podría correr la misma suerte, dejó en claro, pocos meses después, quiénes eran sus aliados estratégicos, manifestando que su gobierno no daría ni un solo paso hacia el ALBA, ni hacia el socialismo del siglo XXI (3). También empezó a repetir que una cosa es el FMLN y otra su gobierno.

Entre agosto 2003 y febrero 2009, El Salvador tuvo tropas en Iraq a pedido de Washington. Funes fue un acérrimo crítico de ello. Ahora el presidente salvadoreño ha decidido enviarlas a Afganistán… Al comienzo dijo que era en el marco de la resolución de la ONU, de octubre 2010. Pero cables de la embajada estadounidense, revelados por WikiLeaks, señalan que, tres meses después de haber asumido la presidencia, Funes ya lo había decidido junto a su ministro de Defensa, general David Munguía Payés. Entonces explicó que la OTAN quiso que algunos países colaboraran en la creación de una fuerza estabilizadora, y que Hillary Clinton le canalizó esa pedido. “Es una alianza estratégica la que tenemos con Estados Unidos y nos colaboramos mutuamente. De la misma manera en que Estados Unidos van a colaborar en el plan de seguridad” (4). Dentro de esa colaboración en seguridad, el 10 de diciembre 2010 ambos países firmaron un acuerdo para programas de seguridad fronteriza, operaciones y estrategia antinarcóticos, pandillas, etc.

Y esta colaboración trajo la renuncia de Manuel Melgar, ministro de Seguridad Pública. Fue sustituido por el ministro de Defensa, Munguía Payés, lo que provocó una serie de protestas de dirigentes del FMLN y de organizaciones de derechos humanos. Sostienen que ese nombramiento se hizo por presión de Washington y que viola la Constitución y los acuerdos de paz de 1992, porque lleva a la “militarización” del ministerio y de la Policía Nacional Civil. Funes respondió que “algunos sectores en la izquierda no han evolucionado lo suficiente y viven con telarañas ideológicas”. Pero días después, el 24 de noviembre de 2011, reconoció que Melgar no era del agrado de “algunos sectores políticos” en Washington. El ex ministro, cuando era comandante guerrillero, supuestamente participó en una acción donde murieron cuatro “marines” estadounidenses en un restaurante de San Salvador, en 1985. Por ello, Estados Unidos le tiene negado el visado. Fue notoria la ausencia de Melgar durante la visita del presidente Obama, y en la ceremonia de firma del programa de cooperación de seguridad pública con Estados Unidos, el 3 de noviembre de 2011.

Con Munguía Payés, ahora Estados Unidos tiene a alguien de confianza en un cargo estratégico, que debe llevar las relaciones con las numerosas agencias oficiales que funcionan en El Salvador. De ahí, a tener el control del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), es un paso. El OIE es la institución –creada por los acuerdos de paz- encargada de informar al presidente Funes en materia política, económica, social y seguridad.

Aunque el FMLN sigue apoyando al presidente Funes, es evidente que importante sectores adelantan sus propios programas independientes del gobierno. El trabajo de organización con las bases va llevando a la implementación de proyectos sociales y económicos estructurales, no caritativos.

El más importante es la planta de almacenamiento de combustibles “Schafik Hándal”. Situada en el puerto de Acajutla, 85 kilómetros al suroeste de San Salvador, tiene el nombre del extinto líder del FMLN, quién iba a ser el candidato a la presidencia en las elecciones de 2009. En 2006, una veintena de municipios con alcaldías del FMLN sumaron capital y se asociaron a la estatal petrolera de Venezuela, PDVSA, creando la empresa “Alba Petróleo de El Salvador”. El propósito es vender combustible y lubricantes más baratos.

Éste es el primer acuerdo de cooperación energética no suscrito entre estados, dada la negativa del gobierno salvadoreño a integrarse en el ALBA. La planta es la más importante de Centroamérica, con capacidad para 350 000 barriles de combustible y 5 000 de gas licuado, por lo tanto podrá abastecer a otras naciones de la región. Se inauguró el 19 de mayo de 201. A pesar de su importancia estratégica, el presidente Mauricio Funes no asistió.

NOTAS:

1) El FMLN tomó su nombre del dirigente comunista Agustín Farabundo Martí (1893 - 1932), delegado del Socorro Rojo Internacional, y uno de los organizadores de la insurrección campesina e indígena de 1932. Ese mismo año fue fusilado por el ejército, sin juicio.

2) Se descubrió que buena parte de las operaciones militares contra el FMLN y el gobierno revolucionario Sandinista de Nicaragua se financiaban con dinero proveniente de la venta ilegal de armas al gobierno “enemigo” de Irán.

3) Léase: ¿Influye el golpe de Honduras en El Salvador? La Jornada, México, 1 de febrero 2010.

4) El Faro, San Salvador, 22 de agosto 2011.

Carta abierta a la Cumbre de las Américas en Cartagena

Pedro José Madrigal Reyes

CSS / SV


Señoras y Señores Presidentes y Jefes de Estado de América:


Como lo recordarán sin duda muchos de los presentes, en la primera cumbre de la CELAC celebrada en Caracas, un conjunto respetable de voces expresó al primer mandatario colombiano su voluntad de colaborar en la búsqueda de alguna salida política a la confrontación que sufre nuestro país. La respuesta directa del Presidente Santos apuntó a que era mejor no hacer nada, la resolución del conflicto debía quedar exclusivamente en manos colombianas.

Pese a ello, el gobierno de Colombia no oculta haber recibido de los Estados Unidos más de diez mil millones de dólares para la guerra en los últimos doce años, clama por su intervención directa, pone a su disposición la totalidad del territorio para su operación aérea, acrecienta el número de asesores, personal militar y paramilitar norteamericanos, recibe apoyo tecnológico de última generación, sujeta sus planes contrainsurgentes a lo estipulado en el Pentágono. Y presiona a sus vecinos a combatir conjuntamente la guerrilla colombiana, a la que describe con los más abominables adjetivos.

Para la guerra sí está dispuesto a recibir toda la participación posible. Como reitera con frecuencia el Presidente Santos, su propósito es el de conseguir la paz, por las buenas o las malas. Entendiendo desde luego que las buenas equivalen únicamente a rendición y entrega. Tras la última década de gigantescas operaciones militares de exterminio, refulge la verdad sobre la imposibilidad de una salida militar al conflicto. En un término semejante, los Estados Unidos concluyeron que lo mejor era salir de Afganistán e Irak. Tras media centuria de cruento enfrentamiento fratricida, el régimen colombiano aún insiste en la incierta victoria militar.

Las FARC-EP estamos muy lejos de ser el monstruo que describe la oligarquía colombiana. Somos miles de mujeres y de hombres que soñamos con hacer realidad la ilusión que quedó trunca con la muerte de nuestro Libertador Simón Bolívar. Nos unen con el pueblo de nuestro país las más legítimas aspiraciones políticas y sociales. Jamás podrán separarnos de él las inmensas patrullas del Ejército regular, las flotillas de aviones bombarderos y helicópteros artillados, las fuerzas de Policía y de Seguridad, los grupos paramilitares o los sicarios de todo orden que acribillan las esperanzas de un mejor vivir en Colombia.

Nuestro alzamiento armado responde a una situación nacional de violencia estatal. Son mayores los asesinatos políticos, de dirigentes sindicales, indígenas, afrodescendientes y campesinos, que los cumplidos en cualquiera de las nefastas dictaduras latinoamericanas del pasado. Pese a las elecciones periódicas y la fachada institucional, los crímenes de Estado y los índices de desigualdad social configuran en nuestro país una situación explosiva. Cada uno de los poderosos grupos económicos controla un amplísimo monopolio mediático, y las casi 200.000 víctimas del paramilitarismo en los últimos veinte años, certificadas por la propia Fiscalía General de la Nación, son apenas una anécdota vieja para esa prensa que no cesa de infamarnos. Un décimo de la población se halla en situación de desplazamiento forzado. Las cárceles rebosan de luchadores sociales.

Sólo un irrestricto apoyo a los intereses norteamericanos en el continente y el mundo explica la benevolencia de Washington con la dirigencia colombiana. En nuestro país se aplican al dedillo las imposiciones de los organismos multilaterales de crédito, se privatiza cuanto sea posible, se llena de privilegios a la inversión transnacional, se desmejoran las condiciones laborales y se recortan las garantías sociales, se destruye la economía campesina, se entregan al saqueo de sus riquezas inmensos territorios y se persigue con saña a la producción artesanal y comunitaria. El crecimiento del PIB favorece a un reducido grupo de inversionistas que no son Colombia.

Y se cuecen las condiciones para una futura agresión contra los pueblos que no se muestran dispuestos a admitir un similar modelo de cosas. La paz en Colombia, siempre que implique un contenido democrático de participación popular en las decisiones de Estado, resulta un presupuesto básico para el tranquilo devenir de las demás naciones del continente. Nos hemos opuesto siempre a una paz que equivalga a la mera reincorporación a la institucionalidad pervertida que genera este alzamiento. Insistimos en la necesidad de un diálogo que se encargue, de cara al pueblo colombiano y con su activa injerencia, de recrear las condiciones para hacer posible la convivencia democrática. Medio siglo de sangre colombiana lo reclama.

En plena crisis mundial del capital, una exitosa cumbre de las Américas debiera ocuparse de mucho más que el crecimiento económico afín a las reglas del mercado. Abordar el respeto a la soberanía e independencia de sus naciones, un modelo de desarrollo alternativo, la proscripción de la guerra como forma de afrontar conflictos. El fin del irracional embargo, así como la valiente exigencia del Presidente Correa de integrar libre y plenamente a Cuba, los legítimos reclamos argentinos sobre las Malvinas y la solución política al largo conflicto colombiano son temas prioritarios en una Agenda continental.

Quizás haya llegado el momento de tratar la inviabilidad de la guerra contra las drogas. Como planteamos en carta abierta al Congreso y el pueblo de los Estados Unidos en abril del año 2000: “…si lo que se busca es una solución de raíz al flagelo de las drogas, el mundo debe prepararse para la más grande discusión en torno a la conveniencia de la legalización de su consumo, tal como sucedió en el pasado con otros flagelos como el alcohol y el tabaco”. Se trata en todo caso de un grave problema social que no puede ser tratado por vía militar, que requiere acuerdos con la participación de la comunidad nacional e internacional y el compromiso de las grandes potencias como principales fuentes de la demanda mundial de los estupefacientes.

Fraternalmente,

SECRETARIADO DEL ESTADO MAYOR CENTRAL FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA – EJERCITO DEL PUEBLO FARC-EP

Montañas de Colombia, abril de 2012.

La crisis politica de los partidos

Dagoberto Gutiérrez

La palabra crisis parece apuntalar a la contemporaneidad y se configura como la más vigorosa expresión de la realidad, y así, cuando nos referimos a los partidos políticos, estamos entrando por la puerta ancha en el territorio de los Estados. Estos –los partidos- son instrumentos del Estado para asegurar la participación electoral de la ciudadanía.

El Estado necesita que el ciudadano concurra a votar pero sin llegar a elegir, y más bien se trata de resolver la necesidad del aparato estatal de remozar periódicamente su composición e integración, y para esto necesita la legitimación del pueblo mediante la votación. Por supuesto que esta votación no decide nada sobre la economía, la educación, o sobre el rumbo del país, y tampoco decide nada sobre lo que los así llamados representantes han de hacer en el desempeño de los cargos públicos. En otras palabras, el voto de la gente sirve para afianzar una democracia representativa en donde conviven representantes sin representados y representados sin representantes.

Los partidos políticos son, en este contexto de brasas encendidas, los instrumentos que canalizan los votos de la gente y los que, en definitiva, se distribuyen el botín de la administración de la cosa pública. Con esta figura no solo nos referimos a los aspectos financieros del tema sino a la distribución partidaria de los diferentes cargos públicos, que son entregados al control y al usufructo de los partidos políticos. Con lo dicho queda de manifiesto la enorme importancia de los partidos políticos para el Estado y la enorme importancia que tienen los aparatos del Estado para estos partidos políticos.

En la actual coyuntura, la sociedad tiene abierta la matricula escolar para aprender, en carne viva, la expresión practica de lo que estamos afirmando. Todo parece indicar que los partidos políticos que conforman la actual legislatura procederán a elegir a un nuevo fiscal general y a magistrados de la CSJ antes de que asuma el próximo primero de mayo, la nueva legislatura. Esto significa que la actual Asamblea Legislativa elegirá fiscal y magistrados de la CSJ por segunda vez.

En una primera mirada, la coyuntura no parece tener problemas jurídicos porque, como dicen los partidos interesados, y los más interesados son el FMLN y GANA, no hay ninguna ley que les prohíba tomar esa decisión, y en consecuencia, razonan, no hay razón para no tomarla.

Este escenario nos permite resolver un significado político y otro jurídico, porque esta misma decisión la tomó el partido ARENA en el pasado, y en estos momentos presentes, es el FMLN quien actúa de la misma manera, y ARENA aparece aconsejando no hacer lo que ellos hicieron anteriormente porque “será un error”.

Resulta que esta situación nos resuelve abundantemente la naturaleza de la cúpula del Partido FMLN, porque siendo cierto que las personas y las instituciones resultan ser lo que hacen y no lo que dicen, entonces, al preguntarnos por qué el partido FMLN hace lo mismo que hace ARENA en situaciones similares y ante temas similares. La única respuesta inteligente es aquella que establece que hacen lo mismo porque son, precisamente, lo mismo. De modo que la coyuntura aclara la identificación de ambos partidos.

En el área jurídica resulta que es cierto, tal como argumentan los partidos, que no hay ninguna disposición que les prohíba tomar las decisiones en referencia, y elegir nuevo fiscal, aun cuando el actual finalice su periodo hasta en septiembre próximo. Siendo esto cierto, también lo es el hecho de que los funcionarios son delegados del pueblo y no tienen más atribuciones que las que expresamente les da la ley, y esta ley no les autoriza, por ningún lado, tomar la decisión en que están empeñados.

De elegirse un nuevo fiscal nos encontraríamos con dos fiscales: uno electo y otro en el desempeño del cargo, en una situación sui generis. Y por otro lado, la Asamblea Legislativa, estando facultada para elegir a los magistrados de la CSJ y para designar a los miembros de la Sala de lo Constitucional, debe elegir cada 3 años al presidente de esta Sala, que es al mismo tiempo, presidente de la CSJ y del poder Judicial, pero no tiene atribuciones para designar cada 3 años, a nuevos miembros de la Sala de lo Constitucional, aunque sí puede destituir a los magistrados de la CSJ por causas legales previamente establecidas. Además, la integración de las otras salas de la CSJ es atribución de la Corte misma. De este modo, resulta que también en el terreno legal se presenta una situación litigiosa que puede dar pie a recursos de inconstitucionalidad.

Por supuesto que necesitando los partidos políticos tomar estas decisiones, sin duda lo harán, y estaremos en una situación parecida a la que se delineó en ocasión del decreto 743, y una vez aparecerá un abismo grande entre partidos políticos y ciudadanía.

Argentina: exdictador Videla dice que los empresarios le pidieron que matara a 10 mil personas más

 Dictador Jorge Rafael Videla y su junta militar. Durante el régimen de facto de 1976 a 1983, según denuncian grupos de derechos humanos, desaparecieron unas 30.000 personas. (Archivo)

Red Roja/ La Radio del Sur

El dictador argentina reconoció que decidió desaparecer a militantes políticos, gremiales y sociales para “disciplinar a la sociedad” e imponer la “economía de mercado y liberal”. Negó que existan listas y dijo que no necesitaban el golpe para matar.

“Los empresarios se lavaron las manos y nos dieron con todo. ¡Cuántas veces me dijeron: ‘Se quedaron cortos, tendrían que haber matado a mil, a diez mil más!’”

El represor Jorge Rafael Videla admitió que la última dictadura militar hizo desaparecer a “siete u ocho mil personas” y para justificar los crímenes aseguró que “no había otra solución”. Además el genocida aceptó la complicidad civil de “empresarios”, aunque les reprochó su actitud posterior. “Los empresarios se lavaron las manos. Nos dijeron: ‘Hagan lo que tengan que hacer’, y luego nos dieron con todo. ¡Cuántas veces me dijeron: ‘Se quedaron cortos, tendrían que haber matado a mil, a diez mil más!’”, y aclaró que uno de los objetivos de su gobierno era “ir a una economía de mercado, liberal”.

Jorge Rafael Videla, una de las cabezas del régimen más sangriento que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, aceptó lo que nunca antes había admitido en tribunales. “Pongamos que eran siete mil u ocho mil las personas que debían morir para ganar la guerra contra la subversión”, declaró el dictador a Ceferino Reato, autor del libro Disposición Final, de próxima publicación.

“Cada desaparición puede ser entendida ciertamente como el enmascaramiento, el disimulo, de una muerte. No había otra solución; (en la cúpula militar) estábamos de acuerdo en que era el precio a pagar para ganar la guerra contra la subversión y necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta. Había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la justicia ni tampoco fusiladas”, señaló el genocida.

En febrero y marzo pasado el represor había generado el rechazo de todo el arco político cuando otorgó una entrevista a la revista española Cambio 16 y, entre otras cosas, aseveró que “en el año 1978 el Proceso había cumplido plenamente con sus objetivos” (ver aparte).

“Nuestro objetivo era disciplinar a una sociedad anarquizada. Con respecto al peronismo, salir de una visión populista, demagógica; con relación a la economía, ir a una economía de mercado, liberal. Queríamos también disciplinar al sindicalismo y al capitalismo prebendario”, aseveró.

Videla justificó el uso de la tortura y explicó el destino del cuerpo de uno de los líderes guerrilleros más importantes de los años de plomo, Mario Santucho, máximo jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). “Era una persona que generaba expectativas; la aparición de ese cuerpo iba a dar lugar a homenajes, a celebraciones. Era una figura que había que opacar”, dijo el represor sobre uno de los protagonistas de la fuga del penal de máxima seguridad de Trelew en 1972, muerto por once disparos en Villa Martelli cuatro años más tarde.

“La frase ‘Solución Final’ nunca se usó. ‘Disposición Final’ fue una frase más utilizada; son dos palabras muy militares y significan sacar de servicio una cosa por inservible. Cuando, por ejemplo, se habla de una ropa que ya no se usa o no sirve porque está gastada, pasa a Disposición Final”, confesó el torturador y teniente general del Ejército. Según se reseña, antes del golpe del 24 de marzo de 1976, la Argentina fue dividida en cinco “zonas”, cada una a cargo de un jefe militar, los cuáles elaboraron listas –integradas por “líderes sociales” y “subversivos”– de las personas que debían ser detenidas inmediatamente después del derrocamiento de María Estela Martínez de Perón. Además de los agentes de inteligencia, fueron empresarios, sindicalistas, profesores, dirigentes estudiantiles y políticos quienes aportaron los nombres que luego pasaron a engrosar las nóminas de muertos y desaparecidos, aunque Videla negó que existan “listas con el destino final de los desaparecidos”.

El represor también admitió equivocaciones en una frase limitante con el cinismo. “Las de-sapariciones se dan luego de los decretos del presidente interino Ítalo Luder (casi seis meses antes del golpe), que nos dan licencia para matar. Desde el punto de vista estrictamente militar, no necesitábamos el golpe; fue un error”, aseguró.

El genocida, que purga una condena a cadena perpetua, también se permitió analizar a los dos mayores ejércitos guerrilleros de la época. “Por su preparación militar e ideológica, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) era más enemigo que Montoneros; era algo ajeno, otra cosa. Montoneros guardaba algo del nacionalismo, del catolicismo, del peronismo con el que había nacido”, sentenció.

El abogado Rodolfo Yanzón duda que los dichos del ex dictador puedan empeorar su situación judicial. “Las declaraciones de Videla no cambian nada el panorama. Ya está condenado a la pena mayor que puede recibir y en términos judiciales no aporta nada. Lo único que hay que pedirle a Videla y a los suyos es que brinden la información que tienen. Todo lo otro es absolutamente insustancial, es la palabra del verdugo”, analizó.