Pueden existir los golpes de Estado constitucionales. El que ha tenido lugar contra Fernando Lugo es, desde luego, un claro ejemplo de ello.
Los análisis
de este tipo de sucesos suelen estar plagados de lugares comunes poco
sólidos con un mínimo de profundización. Que si se trata de los
instrumentos parlamentarios que hace más fuerte a la democracia, que si
al fin y al cabo se ha aplicado la Constitución que se dieron los
paraguayos, que si todos los actos se han realizado en el marco
constitucional... Muchas de estas razones, desde luego, son esgrimidas
para defender el mantenimiento del Estado de Derecho y el normal
funcionamiento de las instituciones.
Y es que el normal
funcionamiento de las instituciones se suele dar, fundamentalmente, en
las dictaduras. Si por "normal" se entiende simplemente "dentro del
marco legal", no duden ustedes de la existencia de una institucionalidad
bien fortalecida en el Pinochet de Chile, o en la Italia de Mussolini.
De hecho, en las democracias las cosas suelen ser más cambiantes, y las
Constituciones, si son realmente normativas y democráticas, van
avanzando a medida que los pueblos así lo deciden. Sin traumas ni
tapujos. La voluntad democrática es la única que puede sostener a la
Constitución democrática: el resto, como nos demuestra el caso
paraguayo, no es democracia. Es otra cosa.
¿De dónde proviene la
Constitución de 1991, más vigente que nunca en Paraguay? De una alianza
entre los partidos políticos destinada a transitar desde la dictadura
hacia una sociedad algo más libre y con un maquillaje democrático. Los
noventa ya no parecían años de dictaduras en América Latina, y la caída
de los bloques avecinaban nuevos vientos. Los regímenes militares no
atraían capitales internacionales, y los movimientos de derechos humanos
habían complicado la aplicación de férreas disciplinas, vitales para la
supervivencia de los sistemas autoritarios.
Todos los participantes en
la brutal Operación Cóndor fueron cayendo uno a uno: las juntas
militares en Brasil, Bolivia y Argentina, el pinochetismo, la dinastía
de los Somoza... Al estilo del "puntofijismo" venezolano, que marcó la
pauta de lo que se conocería por "transición democrática"
(competitividad electoral, finalmente) con la salida de Pérez Jiménez,
América Latina fue indudablemente avanzando hacia un marco de mayores
libertades, pero bajo la vigilancia de la coalición de partidos
políticos que no prometían grandes avances democráticos. Sólo Perú, a un
costo altísimo, dio marcha atrás con Fujimori.
En Paraguay, los
que derrotaron la dictadura de Stroessner fueron los mismos colorados
que lo apoyaron desde el parlamento y legitimaron el régimen. Fue,
finalmente, la traición a uno de los suyos cuando perdió los apoyos en
el partido del que formaba parte.
El objetivo: una transición
controlada, con algunos tintes de pluralidad, hacia un sistema de
gobierno donde la incorporación de los opositores, los liberales,
relegitimaran el poder en la época de las democracias. Pero la
partidocracia no es una democracia auténtica. Es una democracia limitada
basada en el acuerdo de los partidos políticos que forman parte del
sistema con los factores de poder (ejército, iglesia, grandes
capitales...) y la exclusión de cualquier alternativa democrática que
vaya más allá de ellos. De trata de un régimen más abierto y plural que
las dictaduras, pero a su vez autoreproductivo e incapaz de regenerarse
por él mismo, que usa mecanismos conocidos (leyes electorales, sistemas
clientelares, dominio de medios de comunicación...) para garantizar la
estabilidad y la institucionalidad. Lógicamente, dentro del marco
constitucional. La Constitución partidocrática es muy diferente a la
democrática: no surge de un poder constituyente popular, sino que es el
certificado de bautismo de un espejismo de democracia y libertad.
En
el caso paraguayo, la ceremonia tuvo lugar el 20 de junio de 1992,
cuando se aprobó la Constitución partidocrática. No es casualidad que el
82% de los miembros de la convención constituyente que sancionó la
Constitución vigente estuviera formado por miembros de los dos partidos
del sistema, el colorado y el liberal. Entre 1947 y 1963, los colorados
fueron los únicos que podían legalmente presentar candidatos a las
elecciones paraguayas, y la dictadura de Stroessner se basó en el
control del partido durante más de tres décadas. Los liberales,
tradicionales opositores a los colorados, se adaptaron rápidamente a las
nuevas condiciones partidocráticas tras el fin de la dictadura que
ellos mismos ayudaron a derrocar, y por lo que algunos de ellos fueron
perseguidos y torturados. Pero las mieles del poder producen extraños
compañeros de viajes.
Frágil cesto se podía conseguir con esos
mimbres. La Constitución de 1992, por lo tanto, fue un texto negociado
para el mantenimiento de la estabilidad partidista, con el visto bueno
del ejército, y que impedía, como se ha demostrado, cualquier sorpresa
dentro del marco constitucional. Cuando el outsider Fernando Lugo
ganó las elecciones en 2008 con una coalición que incluía al Partido
Liberal, la suerte estaba echada. Aunque tuviera amplio apoyo popular y
de varios pequeños partidos al margen del sistema, sin una regeneración
democrática la fórmula Lugo-Franco estaba condenada a acabar mal. La
historia demuestra la dificultad de derribar murallas desde la
fortaleza.
Luis Federico Franco Gómez, médico de profesión, se afilió al
Partido Liberal Radical Auténtico a los catorce años. Contó con el
carnet de afiliado nº 250. Era una criatura de la partidocracia.
Posiblemente Fernando Lugo entendió que contando con un vicepresidente
del sistema las cosas iban a ser más fáciles, y que el contexto
internacional impediría cualquier alteración de la voluntad ciudadana.
Nada más lejos de la realidad. En su momento, Lugo no vio la necesidad
de sustituir las normas del juego de la partidocracia por unas realmente
democráticas, lo que suponía necesariamente convocar a un proceso
constituyente popular. Ahora, que debe someterse a las reglas de los de
siempre, ya sabe de lo que ha sido víctima, y su vicepresidente es en
estos momentos, constitucionalmente, el Presidente de la República.
En
Paraguay, como en Honduras hace unos años, hemos sido testigos de que
cuando se siente el aliento del lobo en la nuca, es muy probable que
muerda.
Rubén Martínez Dalmau es Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universitat de València
