Cambiar unos privilegios por otros

 Editorial UCA

Los conflictos y encontronazos entre el presidente Funes y la empresa privada no son nuevos. Muchos de estos se han ventilado en los medios de comunicación, aunque en realidad no se ha trastocado el modelo económico que los grandes empresarios defienden a capa y espada, y al que Funes ha achacado muchos de los males que padece el pueblo salvadoreño. El sábado por la madrugada se escribió un nuevo capítulo de estas diferencias cuando se aprobaron reformas a las leyes orgánicas de 19 entidades autónomas del Gobierno por parte del bloque de partidos FMLN, GANA, PES y CN.

Desde hace muchos años, en instituciones autónomas como el ISSS, la ANDA y CEPA, por citar tres de las más importantes, la empresa privada, a través de su principal gremial, la ANEP, ha formado parte de las juntas directivas. Así, la ANEP, codo a codo con representantes del Gobierno, ha sido actor deliberante en las grandes decisiones de las autónomas, que en la actualidad manejan en conjunto un presupuesto superior a los mil 600 millones de dólares. En concreto, las reformas le quitan a la ANEP la potestad de designar a sus representantes en las juntas directivas de las autónomas. 
De esta forma, dejan en manos del Presidente de la República la decisión de nombrar a los miembros de las juntas directivas, seleccionándolos de entre un abanico más amplio de instancias no gubernamentales, incluidas las gremiales empresariales.

El tema es un asunto muy complejo; tiene muchas aristas que merecen análisis sosegado y a profundidad. Comencemos echando un vistazo a dos de ellas. En primer lugar, la aprobación de estas reformas ha desatado reacciones muy airadas por parte de los empresarios y de Arena. De acuerdo al comunicado de la ANEP, el presidente Funes y los partidos que lo respaldan buscan apropiarse de las instancias del Estado, tal como, dice la gremial, lo están haciendo con el aparato de justicia. En el fondo, sostuvieron algunos legisladores areneros en las intensas discusiones de la medianoche del viernes, lo que quieren es disponer del dinero de esas entidades y evitar la contraloría social de la empresa privada, la que, según ellos, ha sido la garante del manejo adecuado y honesto de los fondos en cuestión. En realidad, Arena está recibiendo otra cucharada de su propia medicina. El FMLN, ahora aliado con los partidos que antes respaldaban al partido de derecha, no hace más que repetir vicios y mañas que usaba Arena cuando la correlación de fuerzas le favorecía. Es decir, el patrón de actuación es el mismo, pero los actores han intercambiado papeles.

Por su parte, la empresa privada, acostumbrada a ser tratada como dueña del país, ve cómo este privilegio de decidir sobre grandes temas nacionales le es arrebatado. Los defensores del neoliberalismo ven a la empresa privada como el único actor que genera riqueza y bienestar, y por tanto, saca del subdesarrollo a los países. La imagen de la copa que rebalsa de riqueza, desparramando bienestar sobre la población, ha sido usada por los defensores del modelo. En las últimas dos décadas, la realidad nos ha demostrado que la copa nunca rebalsa y que el apetito de los grandes no tiene fin. Ha fracasado la premisa de que solo con crecimiento económico se puede generar bienestar para la gente. Porque debe ser lo contrario: solo elevando el nivel de vida de la población, se puede generar crecimiento económico. O sea, lo que hay que hacer es invertir en el mejor recurso que tiene el país, su gente, como lo sostiene argumentativamente el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglizt.

La empresa privada dice que es la garante del uso adecuado de los recursos. Sin embargo, ¿dónde estaba la probidad de los empresarios cuando se privatizaron los bancos en 1990? ¿No eran parte de la directiva del Seguro Social cuando se perpetraron los tremendos fraudes que todavía no se terminan de conocer? ¿No fue en los Gobiernos de Arena cuando hubo escandalosa corrupción en el Fondo de Inversión Social, el Banco de Fomento Agropecuario y la Federación de Fútbol? ¿No había representantes de la ANEP en la directiva de la ANDA cuando se defraudó a la economía pública por unos 100 millones de dólares? Y podríamos seguir enumerando casos que demuestran que la presencia de la empresa privada en estas instancias no evita la corrupción ni contribuye a la transparencia o a la rendición de cuentas.

En segundo lugar, veamos la otra arista, la del lado del presidente Funes y del FMLN. Aunque parece importante y justo extender la representación de la sociedad civil en los organismos directivos de las instituciones autónomas del país más allá de la gran empresa privada, la aprobación apresurada de estas reformas y su contenido dejan lugar a muchas dudas. Como se dijo antes, el proceso se llevó a cabo de madrugada, al mejor estilo de muchas de las manipulaciones legales que se han dado antes. Además, las 19 reformas se hicieron con dispensa de trámite, un mecanismo legal extraordinario y en teoría reservado solo para temas de gran urgencia para el país. ¿Era tan urgente la necesidad del Presidente como para saltarse, de madrugada, los trámites regulares? También levanta suspicacias sobre la honestidad de la decisión el hecho de que los autores de las reformas sean los mismos partidos que han actuado como bloque en el conflicto por las sentencias de la Sala de lo Constitucional.

A nuestro juicio, lo más peligroso de estas reformas es dejar solo en manos del Presidente de la República la decisión de nombrar a los integrantes de las juntas directivas de las entidades autónomas. Esta tendencia excesivamente presidencialista no es nueva, pero es muy peligroso que estos nombramientos, con cuyos titulares se pretende de alguna manera fiscalizar la labor del Ejecutivo, sean potestad exclusiva del Presidente. Ya hemos probado lo nocivo de ello cuando Funes vetó a 30 personas propuestas por diversas instancias de la sociedad para integrar el Instituto de Acceso a la Información Pública. Privilegiar la opinión de una sola persona sobre la de muchas es equivalente o peor que dejar en manos de la ANEP la designación de los representantes de toda la sociedad civil. La medida propuesta por Funes y aprobada por el FMLN y sus aliados coyunturales abre las puertas para un ejercicio autoritario y excluyente de la Presidencia.

La política y la ética

^{Tomado de: elsalvadornoticias.net}

Ambas figuras aparecen todos los días en la vida de las personas y, es más, solo tienen sentido y significación en relación con la vida de las personas. Esto es así porque el ser humano es el único animal en condiciones de hacer política y de vivir éticamente.

Para los seres humanos la política empieza de manera inadvertida e involuntariamente, porque el Estado reconoce a la persona como tal, desde el instante de la concepción, y la política resulta ser, precisamente, esa relación con el Estado. Y antes de que se nazca, el Estado marca a la persona, y una vez producido el nacimiento, es el mismo Estado el que da fe pública de que esa persona ha nacido y existe. Para eso se ha creado lo que se llama partida de nacimiento, sin la cual ninguna persona puede ser tal persona en una sociedad como en la que vivimos. Entonces resulta que es el Estado el que da fe de que una determinada persona realmente es eso, una persona. Al Estado le interesa esto pero no precisamente por algún sentido de humanidad, sino porque esa persona puede comprometerse, puede firmar contratos, puede ser propietaria, puede poner en circulación mercancías y puede ejercer derechos y asumir obligaciones. Todo este universo de fenómenos está relacionando a esta persona con el poder político que, finalmente, cuando esta persona muere, hace constar que ha muerto mediante una partida de defunción.

El universo político es aquel que determina, en el seno de la sociedad, la construcción de una humanidad establecida por el poder que controla esa sociedad, y así ocurre que desde muy tierna edad, los niños y niñas entran en contacto con realidades políticas como el poder, la obediencia, la familia, la escuela, la iglesia, la educación, y de esta manera, su visión del mundo resulta construida de acuerdo a los criterios políticos dominantes en la sociedad.
Este universo político se construye, además, en un escenario de lucha de clases que, resultando inevitable, es, a la vez, un resultado del origen de clase de cada persona, de su situación de clase posterior, y finalmente, de su posición de clase.

En realidad, las personas no tienen plena conciencia de este tránsito clasista, pero resulta que la manera de entender el mundo en que se vive y de interpretar lo que ocurre en la sociedad es una expresión de su origen de clase, que es la clase social de los padres, determinando la manera en que la persona entiende la sociedad. Y así, si mis padres son campesinos y mi familia es campesina, obrera, comerciante, profesional o burguesa, la persona tendrá una visión adecuada a este origen de clase.

Posteriormente, las personas pueden cambiar su visión original, en la medida en que su situación de clase las aleje de las condiciones iniciales; por ejemplo, cuando una persona tiene oportunidad de estudiar, o mejora su situación económica, o se enriquece por cualquier vía. Aquí hay una situación de clase a la que corresponde una visión, un entendimiento y una comprensión de la realidad. Finalmente, las personas se definen ante su mundo, y esto quiere decir que deciden el sentido y significado de su vida, definiendo a sus amigos, a sus enemigos, a sus aliados, y esto es lo que constituye una posición de clase.
Como podemos ver, la lucha de clases resulta ser siempre una realidad dinámica que está siempre funcionando aunque las personas no tengan conciencia de ello, excepto los sectores dominantes que siempre actuaran con conciencia de ese enfrentamiento clasista.

La lucha entre las personas, que es una lucha entre las clases, produce lo que llamamos ética que es la reflexión de la persona lo que se considera bueno o malo, justo o injusto, debido o indebido, conveniente o inconveniente, y qué duda cabe que las respuestas a estas preguntas pasan, sin falta, por el trapiche de los aparatos ideológicos de los sectores dominantes; por eso, la ética dominante siempre establecerá, por ejemplo, que en la sociedad es normal y hasta natural que haya un sector rico y un sector pobre, que unos sean más inteligentes que otros, y que los más inteligentes sean los dueños de la riqueza. También se establecerá que el empresario no explota al trabajador sino que le da trabajo y un salario que le paga el trabajo. En fina, este universo ético es construido al calor de la lucha de clases y de la lucha política. Así, cuando el gran empresario negocia un contrato individual o colectivo, resulta que lo hace porque es una buena persona y no por la lucha del sindicato. En la sociedad encontramos, pues, la más íntima e intensa relación entre la lucha política, la lucha por el poder y la lucha por una ética que asegure el poder.

En un determinado momento de la historia del mundo griego, ocurría que todo aquello que era bueno, que era conveniente y justo, es decir lo que era ético era al mismo tiempo lo debido. Esto quería decir que esa ética era al mismo tiempo obligatoria. Como podemos ver, esa sociedad así diseñada, no resultaba favorable para los intereses dominantes, y por eso se pasó a otro momento, en donde lo debido correspondía a la ley y todo aquello que era justo, bueno o conveniente, es decir, el universo ético, quedaba librada a la decisión de cada persona. En ningún  caso, lo bueno resulta lo obligatorio, y mucho menos lo justo. Por eso es que ninguna ley tiene compromiso con la justicia, solamente con la legalidad.

En toda lucha política funciona también una lucha por los valores éticos integrados en la política y no puede entenderse jamás ninguna lucha de clases que no cuente con una visión determinante sobre lo injusto o lo injusto, lo bueno o lo malo, lo debido o lo indebido, es decir, con una visión ética.
Ciertamente,  no siempre nos encontraremos con reglas morales que establecen normas de conducta y que complementan la visión de la ética como reflexión sistemática. Pero, en la lucha de clases, actúan en el terreno social, políticas diferentes, intereses diferentes, éticas diferentes y morales diferentes. Esto resulta de crucial importancia para los luchadores sociales porque cualquier luchador que se considere anticapitalista, anti oligárquico o de izquierdas, pero que haga las cosas que hace la derecha o haga las cosas como las hace la derecha, y entienda el mundo y la realidad de la misma manera que la derecha o el capital, tendrá la misma ética que dice combatir. Lo mismo ocurre con todo luchador que piense que la lucha política no requiere ética, o que la ética no requiere política, porque estará ignorando que la lucha política expresa una conducta que relaciona una persona con otra persona, y que siempre requerirá de una ética. Por supuesto que el occidente y el capitalismo consideran que cuando hay conflicto entre el capital y la ética, debe prevalecer el capital, y es propio de una posición de izquierda y revolucionaria verdadera, otorgar primacía a la ética sin sacrificarla ante el altar de la riqueza ni del poder.