Documentos por la Paz de Colombia; transcripción 1ra parte video
Discurso de Iván Márquez, representante por las FARC-EP a la mesa de
diálogo por la paz en Oslo. El ex parlamentario de la Unión Patriótica,
partido político colombiano que sufrió exterminio a manos de las
herramientas estatales, se expresa sobre la situación actual de Colombia
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Discurso de Iván Márquez, representante por las FARC-EP a la mesa de diálogo por la paz en Oslo. El ex parlamentario de la Unión Patriótica, partido político colombiano que sufrió exterminio a manos de las herramientas estatales, se expresa sobre la situación actual de Colombia y los necesarios cambios estructurales para la consecución de la Justicia Social, raíz de una verdadera paz, dado que la injusticia social es la raíz de la guerra. Análisis abundante en datos y cifras, fundamental documento para la consecución de la paz con Justicia Social.
Iván Márquez:
Nuestro sueño es la paz con justicia social y soberanía.
“La paz que hemos querido nosotros, por la cual hemos luchado por mucho tiempo, ha sido siempre buscando que en Colombia se acaben las desigualdades que son tan poderosas.” Manuel Marulanda Vélez
Amigos y amigas de la paz en Colombia, compatriotas,
Hemos venido a esta ciudad de Oslo desde el Macondo de la injusticia, desde el tercer país más desigual del mundo, con un sueño colectivo de paz, como un ramo de olivo en nuestras manos. Venimos a buscar la paz con justicia social para Colombia por medio del diálogo, donde el pueblo tendrá que ser el protagonista principal. La paz no depende de un acuerdo entre voceros de las partes contendientes, quien debe trazar la ruta de la solución política es el pueblo, a él le corresponderá establecer los mecanismos que han de refrendar sus aspiraciones. Tal emprendimiento estratégico no puede concebirse como un proceso contra-reloj. La pretendida 'paz Express' que algunos promocionan, por su volátil subjetividad y por sus afanes, solo conduciría a los precipicios de la frustración. Una paz que no aborde la solución de los problemas económicos, políticos y sociales generadores del conflicto, equivaldría a sembrar de quimeras el suelo de Colombia. Necesitamos edificar la convivencia sobre bases pétreas para que la paz sea estable y duradera.
No somos los guerreristas que han querido pintar algunos medios de comunicación. Venimos a la mesa con propuestas y proyectos para alcanzar la paz definitiva: una paz que implique la profunda desmilitarización de estado y reformas socio-económicas radicales que funden la democracia, la justicia y la libertad verdaderas.
Venimos aquí con el acumulado de una lucha histórica por la paz, a buscar, codo a codo con nuestro pueblo, la victoria de la solución política sobre la guerra civil que destroza a Colombia. Nuestra determinación tiene la fortaleza para enfrentar a los guerreristas que creen que con el estruendo de las bombas y de los cañones pueden doblegar la voluntad de quienes mantenemos en alto las banderas del cambio y la justicia social.
No se puede encadenar este proceso a una política enfocada exclusivamente en la obtención desaforada de ganancias para unos pocos capitalistas a los que no les importa para nada la pobreza que abate al 70% de la población: ellos solo piensan en el incremento de su botín y no en la reducción de la miseria. Más de 30 millones de colombianos viven en la pobreza, 12 millones en la indigencia, el 50% de la población económicamente activa agoniza entre el desempleo y el subempleo; casi 6 millones de campesinos deambulan por las calles víctimas del desplazamiento forzado. De 114 millones de hectáreas que tiene Colombia 38 están asignadas a la exploración petrolera, 11 millones a la minería; de las 750.000 hectáreas de la explotación forestal, se proyecta pasar a 12 millones; la ganadería extensiva ocupa 39,2 millones; el área cultivable es de 21,5 millones de hectáreas pero solamente 4,7 millones de ellas están dedicadas a la agricultura, en decadencia, porque ya el país importa 10 millones de toneladas de alimentos al año.
Más de la mitad del territorio colombiano está en función de los intereses de una economía de enclave.
En nuestra visión, colocar sobre la mesa el asunto del desarrollo agrario integral como primer punto del acuerdo general, remite a asumir el análisis de uno de los aspectos centrales del conflicto: el problema de la tierra es causa histórica de la confrontación de clases en Colombia. En palabras del comandante Alfonso Cano: "Las FARC nacimos resistiendo a la violencia oligárquica que utiliza sistemáticamente el crimen político para liquidar a la oposición democrática y revolucionaria, también como respuesta campesina y popular a la agresión latifundista y terrateniente, que inundó de sangre los campos colombianos, usurpando tierras de campesinos." Aquello que fue causa esencial del alzamiento armado y de una heroica resistencia campesina, a lo largo del tiempo se ha agudizado: la geofagia de los latifundistas acentuó la desequilibrada e injusta estructura de la tenencia de la tierra. El coeficiente Gini en el campo alcanza el 0,89: espantosa desigualdad. Los mismos datos oficiales dan cuenta de que las fincas de más de 500 hectáreas corresponden al 0,4 % de los propietarios que controlan el 61,2 % de la superficie agrícola: se trata de una acumulación por desposesión, cuya más reciente referencia habla de 8 millones de hectáreas arrebatadas a sangre y fuego a través de masacres paramilitares, fosas comunes, desapariciones y desplazamiento forzado, crímenes de lesa humanidad, todos ellos componentes del terrorismo de estado en Colombia.
Para las FARC, ejército del pueblo, el concepto Tierra está indisolublemente ligado al territorio: son un todo indivisible que va más allá del aspecto meramente agrario y que toca intereses estratégicos vitales de toda la nación. Por eso la lucha por el territorio está en el centro de las luchas que se libran hoy en Colombia. Hablar de tierra significa para nosotros hablar de una categoría que además del subsuelo y el sobresuelo entraña relaciones socio-históricas de nuestras comunidades que llevan inmerso el sentimiento de patria, que conciben la tierra como abrigo y el sentido del buen vivir. Al respecto, debiéramos interiorizar la profunda definición del libertador Simón Bolívar sobre lo que es la patria, nuestro suelo, nuestro territorio: "Primero el suelo nativo... él ha formado con sus elementos nuestro ser. Nuestra vida no es otra cosa que la esencia de nuestro propio país. Allí se encuentran los testigos de nuestro nacimiento, los creadores de nuestra existencia y los que nos han dado alma por la educación. Los sepulcros de nuestros padres yacen allí y nos reclaman seguridad y reposo. Todo nos recuerda un deber, todo nos incita sentimientos tiernos y memorias deliciosas; allí fue el teatro de nuestra inocencia, de nuestros primeros amores, de nuestras primeras sensaciones y de cuanto nos ha formado... ¿qué títulos más sagrados al amor y a la consagración?"
Partimos de esta visión para alertar a toda Colombia: la titulación de tierras tal como la ha diseñado el actual gobierno, es una trampa; encarna una suerte de despojo legal a través del cual se busca que el campesino, una vez con el título de propiedad en sus manos, no tenga otra salida que la de vender o arrendar a las transnacionales y conglomerados financieros a los que solo les interesa el saqueo exacerbado de los recursos minero energéticos que están debajo del suelo. Dentro de su estrategia está la utilización del suelo para extender las inmensas plantaciones, no para resolver el grave problema alimentario que padece nuestro pueblo, sino para producir agro-combustible que alimentará automóviles. En el mejor de los casos la gente del campo quedará con una renta miserable, pero alejada del terruño y confinada en los cinturones de miseria de las grandes ciudades. Al cabo de 20 o 30 años de contrato nadie se acordará del verdadero dueño de la tierra.
Lo aseguramos sin vacilación: la bancarización de la tierra derivada de esta titulación acabará tumbándole la tierra al campesino. Nos están empujando a la extranjerización de la tierra y al desastre ambiental dinamizado brutalmente por la explotación minero energética y forestal.
La naturaleza como fuente de información genética, no puede ser convertida en botín de las transnacionales. Nos oponemos a la invasión de las semillas transgénicas y la privatización y destrucción de nuestra biodiversidad, y a la pretensión de hacer de nuestros campesinos pieza del engranaje de los agro-negocios y sus cadenas agroindustriales: están en juego la soberanía y la vida misma. En estos términos, la titulación no es más que la legalidad que pretende lavar rostro ensangrentado del despojo que durante décadas ha venido ejecutando el terrorismo de estado: para una transnacional es más presentable decir 'tengo un título minero' a que se le sindique de haber financiado grupos paramilitares y desterrado a una población para hacer viable su proyecto extractivo. Dentro de esta dinámica, en Colombia el régimen asesina no solo con sus planes de guerra, con sus paramilitares y sicarios, sino también con sus políticas económicas que matan de hambre.
Hoy hemos venido a desenmascarar a ese asesino que es el mercado; a denunciar la criminalidad del capital financiero; a sentar al neoliberalismo en el banquillo de los acusados como verdugo de pueblos y fabricación de muerte.
No nos engañemos: la política agraria del régimen es retardataria y engañosa. La verdad pura y limpia -como dice el libertador Bolívar- es el mejor modo de persuadir, la mentira solo conduce a la agudización del conflicto. El fin último de tales políticas estatales, en detrimento de la soberanía y del bienestar común, es dar seguridad jurídica a los inversionistas, liberalizar el mercado de tierras y lanzar el territorio al campo de la especulación financiera y mercados de futuro. Independientemente de que exista o no la insurgencia armada, esta política multiplicará los conflictos y la violencia.
Acumulación por desposesión y nueva espacialidad capitalista: he ahí la fórmula del proyecto político económico de las élites neoliberales, haciendo chorrear sangre a la patria de la cabeza a los pies. Es a esto a los que nos resistimos, las FARC no se oponen a una verdadera restitución y titulación de tierras: por años hemos luchado como pueblo en armas por una reforma agraria eficaz y transparente, y es precisamente por ello que no se puede permitir que se implemente el despojo legal que el gobierno proyecta con su ley de tierras.
Por medio de la violencia del Plan Colombia y del proyecto paramilitar se preparó el territorio para el asalto de las transnacionales. La ley general agraria y desarrollo rural es esencialmente un proyecto de reordenamiento territorial concebido para abrirle campo a la economía extractiva en contra de la economía campesina, en desmedro de la soberanía alimentaria y del mercado interno; al superponer el mapa minero energético sobre el espacio agrícola. Ni siquiera se tiene en cuenta la promoción de una agro-ecología que permita una interacción amigable con la naturaleza.
Por otro lado, la restitución de tierras tiene que aludir a las tierras que les fueron arrebatadas violentamente a los campesinos, indígenas y afrodescendientes, y no a baldíos distantes de sus sitios raizales de existencia, también codiciados hoy por las multinacionales.
Pero resulta que este es un problema que tiene que ver con todo el pueblo colombiano y que de hecho está salpicando de conflictos todo el territorio. Hay una profunda inconformidad del país con el hampa financiera que se está apropiando de la Orinoquía: ahora han aparecido unos tales 'nuevos llaneros' que de llaneros no tienen nada, como los magnates Sarmiento Angulo y Julio Mario Santodomingo hijo, los terratenientes Eder del Valle del Cauca, el señor Efromovic, el exvicepresidente Francisco Santos -gestor del paramilitar Bloque Capital-, los hijos de Uribe Vélez, entre otros filibusteros que ningún derecho tienen sobre esas tierras y que solo quieren clavar sus garras en el petróleo, el oro, el coltán, el litio y explotar grandes proyectos agroindustriales y la biodiversidad de la altillanura.
Abordar el asunto agrario es discutir con el país estos problemas. Que hablen los verdaderos llaneros: esos de piel tostada por el sol de los bancos de Sabana, esos que por siglos han convivido en harmonía con los morichales y el vuelo de las garzas y los alcaravanes, esos de pies descalzos que con su histórica bravura empuñaron las lanzas para darnos la libertad. El pueblo tiene la palabra.
Ahí está la patriótica resistencia de los trabajadores petroleros contra la canadiense Pacific Rubiales en Puerto Gaitán; cuyo escenario de saqueo fue preparado con sangre por los paramilitares de Víctor Carranza. Diariamente el vampiro transnacional se lleva más de 250.000 barriles de petróleo, mientras le succiona la sangre a más de 12.600 trabajadores tercerizados, que como esclavos tienen que trabajar 16 horas diarias por 21 días continuos por una semana de descanso: su situación laboral es más atroz que la impuesta por los enclaves bananeros de los años 1920.
Ahí está la resistencia de los pobladores del Quimbo, donde el gobierno pretende sacar a patadas a la gente que ha vivido allá más de un siglo destruyendo así sus trayectorias culturales de vida y su entorno ambiental. ¿Vamos a dejar acaso que se llene de muerte al río de la patria, que es el río Magdalena, solo para construir una represa que generará energía para la exportación y no para resolver la demanda interna de millones de colombianos que no tienen acceso a la energía eléctrica? Para el gobierno están primero las ganancias de la transnacional EMGESA que la suerte de las familias que quedarán desarraigadas…
