Integrantes del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) dan
su versión de cómo nacieron la Ley de Reconciliación en 1992 y la Ley
de Amnistía en 1993.
Yolanda Magaña/Fidelicia Flores
DEM
¿A quién le perjudica más la demanda contra la Ley de Amnistía?
Benjamín Cuéllar (BC): No puedo responderle eso. No nos interesa a quién perjudica, no es una cuestión política partidista y electorera. El primer recurso de inconstitucionalidad que presentamos fue en 1993 y ahí la Sala de lo Constitucional de ese entonces tomó una decisión que no tenía nada que ver con su mandato. Estamos viendo a quién beneficia. Nos dicen: ustedes lo han metido en medio de la campaña para que tenga efectos políticos. Me decían ayer: Norman Quijano está con el clavo del finiquito, (Antonio) Saca con el clavo de la Diego de Holguín y ahora ustedes han hecho esto para el clavo de (Salvador) Sánchez Cerén. Que ellos hayan empezado la campaña política violando la Constitución, es problema de ellos. En campaña no se estaba cuando nosotros preguntamos esto. Esa cantidad de víctimas que hay, ha habido y siguen habiendo es por la impunidad, y la impunidad se ha fortalecido con la Ley de Amnistía. ¿A quién beneficia? A las víctimas, sus familias y al país.
¿Cómo nació la Ley de Amnistía en 1993 y cómo nació la Ley de Reconciliación Nacional, en 1992?
Pedro Martínez (PM): La Ley de Reconciliación Nacional está marcada después de los Acuerdos de Paz para tratar de establecer un espacio político que diera posibilidades de que El Salvador hiciera la transición después de la guerra. En la Ley de la Reconciliación Nacional, se establece que no se va amnistiar aquellos delitos que fueren investigados por la Comisión de la Verdad y daba espacio para que la Comisión pidiera las recomendaciones para encontrar la justicia después de la guerra. Cuando el informe de la Comisión sale a la luz, es un susto para todos. Nunca pensaron que realmente iba a tener la capacidad de poder encontrar, investigar.
BC: En la práctica (la Ley de Reconciliación Nacional), es para que la gente del FMLN pueda regresar al país o salir de las montañas o salir de los tatús e insertarse a la vida política, no es para perdonar crímenes de guerra, contra la humanidad. Fue algo que habían firmado en los Acuerdos de Chapultepec: Pero la otra (la Ley General de Amnistía para la Consolidación de la Paz, LGACP, 1993) es absoluta, general, incondicional. Nadie cuestionó la Ley de Reconciliación pero en 1994 se pronunció en un informe del país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, condenando la LGACP. Hay amnistías que sí pueden darse. Esta amnistía, si no es la más aberrante de la historia de la humanidad, es una de las más aberrantes. Tiene sus antecedentes en 1932. Después de la amnistía del 32, repiten el mismo error para proteger a grupos privilegiados, criminales, encubridores, financiadores y se echan esta amnistía amplia, violadora de todo estándares de derechos humanos en materia de amnistía.
¿Qué provocó la amnistía?
BC: Ya tenemos tres guerras: guerra entre maras, guerra contra las maras y guerra de las maras contra la sociedad.
¿Los crímenes de guerra no deben estar amnistiados?
PM: No. Lo que sucede es que allá por 1979 El Salvador ratificó los convenios de Ginebra, El Salvador se obligó a respetar en caso de un conflicto interno armado, a todas las personas, no es invento de nadie, el Estado se obligó en aquella época. En el 1971 se ratificó la Comisión Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En 1993, cuando crean la Ley de Amnistía el 20 de marzo, la segunda, a partir de la forma de la Comisión de la Verdad, es el susto que se llevan. No creyeron que se iba a lograr hacer una investigación, ni le dieron recursos a la Comisión, el tiempo tampoco era realmente suficiente y creyeron que la cosa iba a ser muy light. La cosa fue distinta, se lograron investigar a profundidad muchísimos delitos. Dijeron: esto se nos salió de las manos… Cierran el espacio de la justicia civil.
BC: No son amnistiables y no prescriben por derecho constitucional consuetudinario. No prescriben crímenes de guerra y delitos contra la humanidad.
¿Pero de qué se está hablando cuando se amnistían delitos políticos?
PM: Es la motivación que causa el hecho, podemos encontrar un homicidio que puede ser por causas políticas, o un homicidio que no tienen que ver ningún contexto político. Estamos hablando del contexto de la guerra en la que el Estado realiza acciones para defenderse y va conexo a delitos comunes, daños colaterales. El problema de la Ley de Amnistía es que empieza a agregar artículos (del Código Penal).
BC: (La Ley de Amnistía de 1993) incluye delitos hasta contra la administración de justicia. Tiene lógica de proteger a los que encubrieron.
¿Cómo fue derogado el artículo 6 de la Ley de Reconciliación Nacional con la aprobación de la LGACP?
PM: Todo inició de la Comisión de la Verdad, graves violaciones de derechos humanos por ambos bandos en un porcentaje distinto. No esperaban un informe tan claro, esto fue consecuencia del informe de la Comisión de la Verdad. Fue una reacción. El 15 de marzo del año de 1993 sale el informe de la Comisión de la Verdad. El 20 de marzo estaban aprobando esta Ley General de Amnistía y era una reacción pura y clara al miedo que daba el informe.
BC: Imagino que Cristiani ya tenía algún adelanto. El 14 de marzo, porque la presentación en Nueva York fue el 15 de marzo, pidió una amnistía incondicional, absoluta. En privado, intentaron negociar que no aparecieran los nombres de los responsables y no pudieron. Ellos habían firmado esto (Acuerdo de Chapultepec, numeral 5), aquí estaban comprometidos que al menos los mencionados ahí pasaran a los tribunales, eso les dio pánico, porque ellos mismos se habían metido el cuchillo en la espalda al firmar esto. Esto se hubiera hecho hace 20 años.
¿Cuáles son los casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos que tendrían que ser juzgados?
PM: Estamos hablando de masacres que más terror causan, cuando oye los relatos de las víctimas son situaciones que uno no puede creer. El Mozote es de lo peor pero hay otras de igual magnitud, procedimientos arbitrarios, muertos, mujeres embarazadas. Son más de 10 mil desaparecidos y gente torturada, andan por los 20 mil.
BC: Con la derogatoria de la ley de amnistía, lo que podríamos lograr que mucha gente quede satisfecha con el hecho de que se investigara y se llegara a la verdad; no necesariamente tienen que irse hasta la condena. Se pueden desarrollar escenarios como el Tribunal de Justicia Restaurativa (organizados en la UCA) en donde la gente es escuchada con respeto, atención, admiración, amor, y, qué mejor que este gobierno hubiera contribuido mas allá de los perdones generales. A iniciativa del gobierno y la Fuerza Armada se hubiera animado a los victimarios en los lugares donde se rompió el tejido social, donde a la gente le toca dormir con el victimario 40 años, hay ejemplos como la masacre de la Cayetana en San Vicente. No estamos hablando de colgar, no alcanzarían los palos.
¿Una declaración inconstitucional de la Ley de Amnistía implicaría penas?
Son las víctimas las que tienen que decir. Yo, con saber quién fue el que desapareció a Patricia Cuéllar, Mauricio Cuéllar y a Julia Orbelina Pérez, la empleada que recién había entrado a trabajar con mi tío Mauricio Cuéllar. Ellos (las familias) estarían satisfechos con saber dónde están. Mucha gente optaría por eso. Habrá gente que quiera que la Fiscalía presente requerimiento, está en su derecho. Creo que sería lo menos. Aquí se les está negando lo más esencial, el derecho a la verdad.
¿Por qué se interpuso nuevamente la demanda si ya había sido cosa juzgada?
Encontramos nuevos argumentos, que la Sala había resuelto argumentado que no es inconstitucional porque debe ser cada juez el que decida en cada caso. Le planteamos que esa Ley sigue siendo un obstáculo para que la gente pueda encontrar justicia, que no es cierto que cada juez va a aplicarla, que tenemos cantidad de casos presentados en la Fiscalía que están archivados, que se tienen que ir del país a la Comisión Interamericana porque no encontró justicia aquí.
¿Cómo evalúan el tratamiento del gobierno al tema de la investigación?
BC: Hipócrita, pidiendo perdón general y perdonando a generales que se fueron a esconder a la Guardia Nacional, dieron donde esconderse, entregando seis medallas de reconocimiento, cuando en la masacre fueron ocho víctimas. Y revictimizador porque, desde el 16 de enero de 2010, ofreció un programa nacional de reparación y no veo nada claro.
¿Qué papel ha desempeñado la Fiscalía en este tema?
Este Fiscal (Luis Martínez), después de que entregamos más de 40 demandas en marzo, junto con el recurso de inconstitucionalidad, ha empezado a mover casos, exhumaciones, mandando expedientes a lugares donde ocurrieron los hechos. Esperamos que siga en esto, hay que hacerlo rápido porque todavía se encuentra gente que, sintiendo el calorcito del infierno, se anime a contar que pasó, antes que se vayan. Ahora decía un analista político, el señor (Joaquín) Villalobos, que se escabulló la pregunta de Roque Dalton que cómo se va a averiguar un caso de hace 20 años. Hoy hay más condiciones. Fuera de eso, la actuación de la Fiscalía ha servido de tapadera para la impunidad junto con la Corte de Cuentas.
¿Qué esperan de la Sala de lo Constitucional?
Tenemos la esperanza de que la Sala evalúe seriamente estos argumentos y determine que sí hubo violaciones, que es inconstitucional a través del artículo 144 inciso segundo, porque se violan los tratados internacionales. No siguió el proceso de formación de ley. El informe salió el 15 de marzo de 1993, tuvimos acceso al expediente de la Asamblea, en donde se hace constar las actas de discusión, un 20 de marzo, día sábado. Cuando los partidos votan, no sabían que estaban votando por la dispensa de trámite y no por la ley, se dan cuenta, y empiezan a votar la ley. No hay discusión. De llegarse a declarar inconstitucional, es desde su vigencia, se podría hablar que ni siquiera surtió efecto jurídico como lo ha dicho la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
BC: De la Asamblea, hay que esperar que no vaya a hacer otro ridículo. Si intenta justificar va a hacer el ridículo.
¿Hay experiencias de otros países de una amnistía similar a la de 1993?
BC: Que yo sepa no. Ni la del Perú, con la Fujimori. Hay amnistías que incluyen delitos que no se deben de incluir, van siendo separados por la misma jurisprudencia y la misma doctrina, sobre todo la del sistema interamericano de derechos humanos. La amnistía de este país quedó derogada de hecho y derecho con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
¿El argumento de la reconciliación no pesa para ustedes? Generaría un efecto político.
BC: ¿Cuando El Salvador o la salvadoreña ha sido una sociedad conciliada? Se reconcilia lo que estaba conciliado, y se rompió y se volvió a reconciliar. Si ni entre los equipos de fútbol ni los partidos políticos. La polarizacion, más que política ideológica, es empresarial, ¿qué vamos a reconciliar este país?, hay que establecer las bases para podamos estar unidos, al menos en los temas de seguridad, de desarrollo humano con trabajo digno y de justicia. El Acuerdo de Ginebra presentó cuatro componentes del proceso de pacificación: terminar la guerra, respeto y derechos humanos, democratización del país. ¿Es democrático que no pueda conocer la verdad y que otro cuente que ya se encontró con quien secuestró su papá, le pidió perdón? Y el cuarto componente es reunificación, no habla de reconciliación, de la sociedad salvadoreña. Esos son clichés, son frases gastadas.
