Hermann Bellinghausen
La Jornada
Nuevo Jerusalén, Chis. División en los pueblos, incluso entre familias. Promesas consumistas y ofensivas. Reparto de cheques. Condicionamiento de programas. Amenazas veladas y no tanto. Incluso, los enviados federales que mueven el Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios Sin Registro (Fanar, sucesor del Procede) se presentan a negociar ofreciendo bebidas alcohólicas (si Traven viviera), como ocurrió a fines de 2013 en Joltulijá, hermosa comunidad con dos lagunas de peligroso potencial turístico.
"Llegan a ofrecer un pomo de trago para los comisariados, que lo rechazaron diciendo '¿qué no ven que lo que estamos tratando es que la gente deje de beber y ustedes nos vienen a ofrecer alcohol?'", relata un hombre mayor de dicha comunidad. "Hay un grupo de mayoría en resistencia, pero unos cuántos a nuestras espaldas solicitaron las titulaciones del gobierno, que lo que busca es despojarnos. Su presión es grande, por el interés de turismo. Llegan con ministerios públicos y para asustarnos nos dicen que van a solicitar el Ejército para que aceptemos lo que ofrece el gobierno". De hecho, llegó un destacamento de la Armada, pero ante el rechazo de los indígenas se retiró. "Allí lo dejaron su campamento".
Los indígenas señalan como los responsables directos de esta escalada a la visitadora agraria Rita Guadalupe Medina Septién y al abogado Juan René Rodríguez, ambos de la Procuraduría Agraria en Ocosingo, acompañados por funcionarios del Registro Agrario Nacional (RAN). No han sido recibidos en Arroyo Granizo, La Arena, San José Guadalupe y Limonar, pero sí en Nuevo Francisco León y Lacanjá Tzeltal, a donde llegaron en octubre. Como huella de su paso, los funcionaros dejan división agudizada, a veces con falsos tintes religiosos, pues suelen aceptar programas las personas de confesión evangélica. Si los que se oponen resultan católicos (y no pocos presbiterianos), las diferencias quedan garantizadas: "Ya hubo pleitos, hasta entre hermanos. Dividen a las autoridades ejidales. Se amenazan entre ellos".
Nuevo Francisco León los recibió desde septiembre: "Llegaron a platicar sobre el Fanar (Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Registro), prometiendo apoyos, créditos, que aunque ya debamos dinero podemos ir a Elektra a comprar refrigerador. 'No hay desventajas, se pueden recibir muchos proyectos del gobierno, nos dijeron".
La sucesión de testimonios tienen la fuerza de la reiteración, la confirmación de por qué las comunidades en la selva Lacandona norte rechazan los procedimientos de titulación y regularización agraria que impulsa el gobierno. Muchas de ellas se encuentran, al menos en parte, dentro de la llamada zona de amortiguamiento de la reserva de Montes Azules. Durante muchos años los gobiernos sucesivos han tratado de limitar sus derechos territoriales, o arrebatárselos. Cabe mencionar que en esta zona también hay numerosas bases de apoyo zapatistas, que de por sí rechazan cualquier intromisión gubernamental, no reciben programas y defienden su territorio.
Pero como dice una mujer de Lacanjá Tzeltal, la presión gubernamental "ha servido para unir a católicos y presbiterianos, muchos priístas han dejado su partido por causa del Fanar. No hay acuerdo pero ya midieron la tierra, que no se ha entregado. Todavía lo podemos detener. A una viejita le permitieron conservar su milpa pero le quitaron el manantial, 'ahora pertenece a la Nación', le dijeron. Los que tenían 100 o 200 hectáreas, les dejaron dos, o veinte, nomás les quitaron los ceros. Ya muchos se están arrepintiendo".
Los enviados gubernamentales advierten que "las escrituras viejas ya no sirven, valen más las que vamos dar". Además, condicionan la escrituración y programas como Procampo a la aceptación del FANAR. "Violan la Ley Agraria, ya que sin realizar convocatoria para la aprobación del programa, implementan las reglas de Fanar. Sus acciones fuera de la ley han causado división".
Nuevo Francisco León y Lacanjá Tzeltal demandaron a la Procuraduría Agraria "respeto a nuestros derechos agrarios que acreditamos mediante el mandamiento del gobierno con resolución presidencial publicada en el Diario Oficial, carpeta básica, certificado de derechos, sentencia del tribunal agrario y constancias de vigencia expedidas por el RAN". En resumen, "que los programas del gobierno no nos condicionen para cambiar nuestro régimen ejidal".
El pasado 10 de octubre, 26 comunidades de la región marcharon en la ciudad de Palenque en rechazo al Fanar. Aunque visitaron todas las dependencias gubernamentales involucradas para informarles de sus reclamos, la movilización fue acallada e ignorada.
