John M. Ackerman
LaJornada
Los comentarios racistas del titular del Instituto Nacional Electoral (INE) y la nueva masacre en Michoacán constituyen dos caras de la misma moneda. Somos malgobernados por autoridades sin el menor respeto para la dignidad humana o el estado de derecho. Como El Llanero Solitario, los representantes del Estado mexicano constantemente se burlan de y ejecutan a sangre fría a los ciudadanos más humildes. Como viles bárbaros, desprecian la cultura milenaria del pueblo mexicano y aplican la justicia por propia mano sin consideración alguna para el debido proceso o los derechos humanos.
La masacre de Tanhuato es la consecuencia natural de la imposición de un gobierno militar de facto en los estados de Jalisco y Michoacán. Los generales Felipe Gurrola, comisionado para la Seguridad en Michoacán, y Gustavo González, coordinador de la Operación Jalisco, son las verdaderas "autoridades" en aquellos estados. Ellos reportan directamente al secretario de la Defensa Nacional y, por medio del mismo, a Enrique Peña Nieto como comandante en jefe de las fuerzas armadas.
A los mandos militares no les interesa investigar delitos o detener criminales, sino sólo eliminar a sus adversarios. El saldo de 42 civiles muertos, sin un solo herido, demuestra que la autoridad disparó a matar o, en su caso, remató posteriormente a los heridos con "tiros de gracia". Aun si fuera cierto que las víctimas agredieron primero a los policías, es imposible creer que haya sido necesario ejecutar a todos y cada uno de los agresores para poder desarmarlos. Ello, concatenado con el hecho de que solamente hubo un muerto del lado de la autoridad, indica que lo que realmente ocurrió no fue un "enfrentamiento" entre dos bandos, sino un brutal asalto armado.
Tal como ya ha ocurrido en Tlatlaya, Ayotzinapa y Apatzingán, nos encontramos frente a un probable crimen de lesa humanidad cometido por fuerzas del Estado mexicano. Cada día se abulta más el expediente en la Corte Penal Internacional en La Haya, originalmente elaborado contra Felipe Calderón, pero que ahora también incluye un amplio capítulo sobre el sexenio de Peña Nieto.
Ahora bien, la tesis de que Lorenzo Córdova haya sido víctima de "espionaje" telefónico por parte del Partido Verde es igual de inverosímil que la versión del "enfrentamiento" en Tanhuato. Córdova debe su puesto a Los Pinos y ha sido perfectamente leal al gobierno desde su llegada a las oficinas de Viaducto Tlalpan. Al régimen no le conviene que se desprestigie de esta manera a una de sus principales fichas en el juego de simulación democrática. En su caso, hubiera sido suficiente una simple llamada telefónica de su amigo Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia, para orientar el voto del joven consejero presidente.
El comportamiento de Córdova a raíz de la divulgación de su vergonzosa conversación con Jacobo Molina ofrece algunas pistas. Su primer reflejo fue pedir auxilio a sus amigos de Televisa. Otorgó una extensa entrevista al locutor principal de la televisora, Joaquín López Doriga, y presentó una denuncia penal ante la PGR, dirigida por Arely Gómez, hermana del vicepresidente de Noticieros Televisa. El próximo día, Córdova observaría pasivamente, mientras el pleno del INE redujo la suspensión de propaganda televisiva para el Partido "Verde" de 12 a tres días y envió a la congeladora la solicitud de retiro de registro para el mismo partido.
Llama la atención que Córdova no se ha atrevido a señalar a nadie en particular como autor de las supuestas "presiones" a que estaría sometido ni ha aceptado pregunta alguna de los medios de comunicación en sus dos apariciones públicas sobre el tema. También hay que tomar en cuenta que, de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, el contenido de la conversación divulgada es estrictamente información pública, tal como lo ha demostrado con gran claridad la doctora Irma Eréndira Sandoval (véase: http://ow.ly/Nm1bb ).
Todo apunta a que los comentarios racistas de Córdova no fueron divulgados por alguien ajeno al INE con el fin de "desprestigiar" a la institución electoral, sino más bien por una persona dentro del mismo instituto, indignada por los constantes abusos e improvisaciones del consejero presidente. Si ello fuera el caso, Córdova no sería víctima de un acto de "espionaje" a su vida "privada", sino sólo exhibido como un funcionario público incapaz por medio de una "filtración" totalmente legítima.
Así como fortalece la rendición de cuentas conocer las propiedades millonarias de la esposa y de los secretarios de Peña Nieto, también fortalece la democracia tener más información sobre cómo los funcionarios llevan a cabo sus labores y perciben a los ciudadanos. Es preocupante observar cómo otrora defensores de la transparencia gubernamental hoy protegen a su "cándido" e "ingenuo" amigo funcionario de la lupa ciudadana.
México solamente cambiará cuando todos seamos capaces de superar nuestras filias y fobias para trabajar juntos por el establecimiento de una verdadera transparencia y un efectivo estado de derecho, donde absolutamente todos los funcionarios públicos estén obligados a respetar, defender y rendir cuentas a la ciudadanía.
Repudio total al asesinato político de Enrique Hernández Salcedo. ¡Justicia ya!
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