¿Vamos a la guerra?

Carlos Martínez

En El Salvador se mueven aires turbios: Una escalada de muerte galopante, desplazados, posibles grupos de exterminio dentro de la policía, una clase política que toca batucada con los tambores de la guerra y una sociedad civil que pide sangre… ¿vamos a la guerra?

Si las cosas no se salen de curso –o sea, de este mal curso-, si no hay de pronto un milagro, o resulta que competidores latentes como Belice o Venezuela nos pasan zumbando al lado en un inesperado sprint final, en 2016 seremos conocidos como el país más violento del mundo. “Más”... “del mundo”.

Tenemos una cadencia de asesinatos creciente, que no cede y que no da –por ahora- ninguna señal de debilitarse. Sumamos homicidios a punta de masacres y masacre es una palabra cada día menos sangrienta, más rutinaria. Hoy mismo, mientras escribo esto, tengo en mente la masacre de hoy: cinco muertos. Las últimas dos masacres fueron de ocho cada una y ocurrieron el mes pasado.

La posibilidad de establecer un diálogo con los principales generadores de asesinatos, o sea, las pandillas, terminó en la basura antes de ser explorada y comprendida en su totalidad: ¿un experimento como la tregua pudo haberse institucionalizado hasta construir un modelo sostenible?; ¿cómo se transformaron las pandillas producto de este proceso (su liderazgo; su estructura interna, su conciencia sobre el valor de administrar la violencia; su complejidad política...); ¿había manera de que la sociedad civil abrazara esto, de que lo hiciera suyo?... El Salvador hizo de nuevo lo que mejor le sale ante casi cualquier cosa: polarizarse antes de entender algo, antes de hacerse preguntas, antes de saber bien qué es lo que odia o qué es lo que ama; aplaudir o abuchear antes de que termine la función. Y todas esas preguntas quedarán sin contestar, quizá, para siempre.

El gobierno actual hizo todo lo que pudo (al parecer de forma consciente, y tal como están las cosas eso ya es un mérito) para quemar naves y cancelar todo camino similar: terminó oficializando el hecho de que dialogar con las pandillas es poco menos que traición a la patria y, sin duda, un mero connubio con criminales. Destruyeron todos los canales de diálogo abiertos y lo exhibieron como un acto de valentía y de aplomo.

No me imagino ahora mismo cómo abrir el más mínimo espacio de diálogo sin que hacerlo signifique de facto una rendición del Estado, o al menos, sin que sea apreciado por el público (que al final es el que vota) de esa manera. Si hacés de tu discurso de seguridad pública una competencia de bravuras, el primero que se sale pierde, se rinde; no importa cómo se presente, o cómo se le cambie el nombre. Políticamente –al menos por ahora- el diálogo no parece posible, este gobierno canceló esa puerta, renunció a esa opción.

El problema es que no está claro cuál es entonces el camino elegido, en el entendido de que las recomendaciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública no plantearon ninguna estrategia que ataje esta situación, sin mencionar el hecho que cuestan 2 mil millones de dólares que no tenemos; la Ley anti extorsiones está bien –de hecho muy bien- pero sin otras acciones sigue siendo una medida aislada, reactiva; afortunadamente todavía no tenemos las recomendaciones –seguramente inútiles- del ex alcalde de Nueva York, al que en mala hora de arrebato contrató la ANEP.

Ni el presidente de la República, ni el ministro de Justicia y Seguridad pública, ni el director de la policía han dicho qué piensa hacer el gobierno, pero hace poco, Marcos Rodríguez, Secretario de Transparencia del Estado, escribió en Twitter la única pista oficial sobre la estrategia de este gobierno contra el incremento de violencia: “Las maras están + agresivas. Se sienten cercadas y responden d la única manera q conocen. Lastima pero la ruta es correcta y no aguantarán”… Y no aguantarán, escribió, cuando terminaba marzo, el mes más violento del siglo .

Y me temo que esa sea la apuesta: que las pandillas no aguanten. Para más señas, la página de Facebook “Héroe Azul”, administrada por policías de nivel básico, difundió el video de un policía que pone las cosas en blanco y negro: llama a sus colegas a matar a 10 pandilleros por cada policía o soldado asesinado. Invita también a la población civil a asesinar pandilleros, les incita a emular a las auto defensas de Michoacán, en México, y finalmente, para darle dramatismo a la escena, muestra su arma de oficio ante la cámara.

No llama a arrestar, a detener, a investigar… llama a asesinar. La misma página de Facebook da cuenta del saldo de la guerra que propone el policía: basta recorrerla para alternar entradas que dan cuenta de “un criminal eliminado” (ilustradas con las fotos más explícitas de los cadáveres) y de velorios de policías. El día en que escribo esta columna, esa página dio cuenta de seis pandilleros “eliminados”.

Podría pensarse que es un arrebato de policías de a pie, que, hartos de ser carne de cañón, hablan desde la rabia y la indignación, pero resulta que el inspector general de la policía, Ricardo Martínez, que en una película gringa se llamaría jefe de asuntos internos; o sea, el responsable de velar porque el cuerpo represivo del Estado no abuse de su poder, sube la apuesta: en una entrevista con La Prensa Gráfica titulada “Aquí estamos en guerra”, se queja de que la prensa califique de “asesinato” la muerte de un pandillero, asegura que en la medida que la ciudadanía mate a tiros a los “malhechores”, estos se la van a pensar dos veces antes de cometer sus fechorías y se queja de que cuando la policía entra en acción se la acusa de violadora de derechos humanos. “Nombre, hay que decir que debemos de continuar en esa actitud de combatir la delincuencia. No estamos generando violencia con eso, estamos combatiéndola”.

Sé que decir esto no me hará muy popular, pero son numerosos los casos en los que parece que la policía, pudiendo arrestar, ejecutó a pandilleros que ya se habían rendido o que fueron sorprendidos: escenas sospechosas en las que hay siempre armas bien puestas justo al lado de cada cadáver, incluso cuando el cadáver quedó tumbado dentro de una hamaca; disparos justo detrás de la cabeza, o testimonios de los pobladores –víctimas de los pandilleros- que aseguran que el tipo estaba de rodillas cuando la policía le voló los sesos. El caso es que ni el director de la policía, ni el subdirector y desde luego ni el inspector general se han planteado públicamente ningún asomo duda sobre el actuar de su tropa.

Desde las redes sociales, la población aplaude y festeja cada vez que un pandillero es asesinado: “¡Ya no hagan más capturas, caramba!, Plomo, plomo”; “Me hubiese gustado ver las fotos de esas lacras boca abajo y con un tiro en la nuca”, comentaron en la página de Héroe Azul unos usuarios, ante la foto de unos hombres acusados de asesinar a un agente policial. “Qué hermoso paisaje”, comentaba otro, ante la fotografía de una finca en la que la policía mató a ocho pandilleros, cuyos cadáveres aparecen esparcidos sobre la tierra.

Policías y pandilleros han echado a andar una cadena de venganzas que quizá todavía pueda ser desactivada. Pero si la apuesta es que las pandillas “no aguantarán”, el gobierno nos conduce a una escalada de violencia previsible y larga, que con el tiempo se especializará, demandará de las partes mayores recursos, mayor reclutamiento, más armamento, mejor entrenamiento… que a su vez producirán mayor clima de beligerancia y más gente suplicando por más muertos.

Hasta ahora, la clave en la que se ha comprendido la violencia desmedida del país ha sido la guerra entre las tres grandes pandillas: la MS-13, el Barrio18 facción Revolucionarios y el Barrio 18 facción Sureños. El gobierno debe intervenir en ese conflicto, pero sobre todo, evitar a toda costa redirigir la guerra de estas organizaciones criminales hacia el Estado. Estas estructuras tienen ya canales de entendimiento abiertos entre ellas y demostraron que son capaces de conseguir acuerdos sostenibles y bien estructurados. Posiblemente el traslado de los máximos líderes al penal de Zacatecoluca dificulte o dilate la fluidez en este tipo de acuerdos, pero si el Estado se plantea a sí mismo en una campaña destinada a probar el aguante de las pandillas es muy probable que consiga organizarlas en su contra.

Peor sería si lo anterior ocurre sin que haya sido planificado, es decir, si ocurre solo porque el gobierno se encuentre de pronto incapaz de detener la inercia violenta que hasta ahora ha tolerado de sus propios agentes de la ley.

No hay que olvidar que las pandillas tienen una enorme base social y que solo el accionar del Estado puede restarlo: si la policía y el ejército humillan a los habitantes de las comunidades, la pandilla se presenta como una especie de atroz Robin Hood, pero Robin Hood al fin y al cabo.

Los diputados de la Asamblea Legislativa han comenzado a contaminarse del ambiente bélico y ya aparecieron propuestas formales para acuartelar a la policía, convocar a la reserva del ejército y suspender las garantías constitucionales, a las que el ministro de justicia y seguridad pública, Benito Lara, ha saludado con buena cara.

Lejos de llamar a la calma, o hacer análisis técnicos, o lanzarse al conocimiento del problema… de enfriarle la cabeza a una nación violenta, nuestros políticos se echan culpas entre sí: ARENA acusa al FMLN de ser aliado de las pandillas y viceversa. En estos días, una familia de 21 personas muy pobres duermieron en el parque de la lujosa Santa Elena, muy cerca de la embajada de los Estados Unidos, buscando refugio de la muerte, con varios niños a cuestas. Dicen que huyen de San Martín, donde la MS-13 los amenazó de muerte por tener familiares en el Barrio 18 y por negarse a colaborar. Desde luego, las autoridades municipales ya los echaron de ahí. Lorena Peña, diputada del FMLN, aseguró que eran unos títeres de ARENA y los vinculó con todo un ardid de la oposición política en la que incluyó los asesinatos de dos policías. Sirve como buena metáfora del país: ante el desamparo total, la mezquindad. Somos un país con reflejos crueles.

Analistas muy recurridos por los muchos programas de entrevistas en la televisión, proponen al gobierno tomar el toro por los cuernos, lo que casi siempre significa caminar por la senda de las políticas similares a las probadamente inútiles y peligrosas Mano Dura y Súper Mano Dura de los gobiernos de ARENA. Por ejemplo, el ex ministro de gobernación (entonces jefe de la estructura de seguridad pública) Francisco Bertrand Galindo, propuso cambiar la tipificación del conflicto: de seguridad pública a seguridad nacional, y así poner al ejército a cargo de la situación. Las pandillas pasarían de ser delincuentes a los que arrestar o enemigos a los que eliminar. O dicho de otro modo, para solucionar el problema de la violencia irnos a la guerra.

¿Por qué China no descubrió América?

 Javier Sanz

Todos hemos aprendido durante nuestros años de colegio que Cristóbal Colón descubrió “accidentalmente” América el 12 de octubre de 1492, el “Tierra a la vista” de Rodrigo de Triana, las carabelas Pinta, Niña y Santa María, los posteriores viajes y todo lo que supuso para España aquel histórico momento. También es cierto que Cristóbal Colón no fue el primer europeo en pisar el continente americano; años atrás, en torno al año 1000, los vikingos de Erik el Rojo y su hijo, Leif Eriksson, llegaron desde Groenlandia a las costas de Terranova en Canadá, siendo célebre el relato de la Vinland Saga. El asentamiento de L’Anse aux Meadows es una prueba de ello; sin embargo, la colonización vikinga del “Nuevo Mundo” no prosperó debido a las hambrunas, las inclemencias del tiempo y los ataques de tribus hostiles como los Micmac o Surike (llamados Skraeling por los vikingos), causas que llevaron a los vikingos a retirarse de “Vinland” y abandonar sus planes. Hasta la fecha, tanto Colón y sus hombres como los vikingos que llegaron desde Groenlandia a la costa este de Canadá, son considerados propiamente como descubridores… y no faltan tampoco otras hipótesis y casos que se suman a dicho descubrimiento, siendo las más conocidas la del enigmático mapa del el almirante otomano Piri Reis (todo apunta a que se copió un mapa del propio Colón tras la captura de unos barcos españoles fondeados en Valencia), o el caso que nos ocupa en esta historia: el almirante chino Zheng He y la flota del tesoro china.



Supuesto mapa de Zheng He

En 2006 corrió como la pólvora la noticia de que había aparecido en Pekín la copia de un mapa del propio almirante Zheng He en el que aparecía ya detallado el continente americano. Dicho mapa era supuestamente de 1418, nada menos que 74 años antes de la llegada de Colón. Mucha gente duda de la autenticidad de dicho mapa, entre otras cosas, por el detalle con el que está dibujado, porque la copia mostrada era de 1763… y la razón de peso que nos lleva a pensar que China no descubrió América es la propia historia de Zheng He.

Zheng He nació en 1372, en la aldea de Hedai, en la provincia montañosa de Yunnan, y no siempre fue conocido con ese nombre, su verdadero nombre era Ma He. En esa época, el poder de los mongoles había comenzado a decrecer y a ser reemplazado por los Ming.La familia de Zheng He había luchado junto a los mongoles y pertenecía a una casta foránea, concretamente a los hui (aquellos que se expresan en chino y son musulmanes). Siendo un niño, había sido capturado por los Ming y posteriormente castrado. Ya como un eunuco, fue enviado a Beijing para servir en la corte del príncipe Zhu Di (futuro emperador Yongle), donde juntos, Zheng He y Zhu Di, conspiraron para derrocar a Jianwen, emperador por aquel entonces de China y sobrino del mismísimo Zhu Di. Tras los enfrentamientos, tomaron la capital, Nanjing, y en 1402 el príncipe Zhu Di fue coronado como emperador Yongle. El emperador Yongle es considerado por muchos como el “Pedro el Grande chino“, debido a que los territorios de China crecieron más y más. Como recompensa por sus acciones durante la rebelión contra el emperador Jianwen, Zheng He fue nombrado almirante. Tras alcanzar el poder, una de las prioridades del emperador Yongle fue impulsar el comercio marítimo como importante y provechosa fuente de ingresos (actividad mal vista hasta su llegada).

Zheng He, ya como almirante, se le encomendó la difícil tarea de construir una poderosa flota para navegar y comerciar por los mares de Oriente. Con unos mapas viejos y desfasados, unos pocos barcos y apenas tripulación, se puso manos a la obra. Ordenó construir gigantescos astilleros en la rivera del río Yangtze, a las afueras de Nanjing, que entre 1403 y 1407 fueron capaces de fabricar alrededor de 1600 barcos. Esta flota no fue creada únicamente para fines económicos, también para combatir la piratería, establecer nuevas relaciones diplomáticas, la búsqueda de animales exóticos, plantas medicinales… La flota de Zheng He era una auténtica ciudad flotante compuesta por todo tipo de barcos, entre los que destacaban los llamados “Barcos del Tesoro“. Se desconocen sus verdaderas dimensiones, ya que no se ha conservado ni uno, pero se calcula que eran de 120 metros de largo, 50 metros de ancho y con más de 5 mástiles… toda una fortaleza flotante que poco o nada tenía que ver con otros navíos de la época en Europa.

 
Barcos del Tesoro

La imponente flota del almirante Zheng He realizó hasta siete viajes por los mares y costas de Oriente. Pese a que habían soldados en los navíos, Zheng He no los utilizó con fines expansionistas o colonialistas, más bien como fuerzas disuasorios o como tropas de refuerzo para defender los intereses de los aliados de China. Para hacernos una idea de los beneficios obtenidos de estos viajes, en 1412 se financió la construcción de una torre de 80 metros de alto en Nanjing, la Torre de la Porcelana, destruida en 1856 por los Taiping. China, durante el reinado del emperador Yongle, vivió un esplendor sin precedentes: se edificaron importantes obras arquitectónicas como la citada Torre, la Ciudad Prohibida, se retomaron obras de reparación y construcción de nuevos tramos en la Gran Muralla, prosperó el comercio…
 
Viajes de Zheng He

El primer viaje del almirante fue en 1405, con cerca de 320 barcos y 28.000 hombres. Durante los más de dos años que duró la expedición, visitaron Sumatra y Sri Lanka, se enfrentaron a los piratas cerca de Malaca (Malasia) y llevaron a China a varios embajadores extranjeros. En el segundo viaje, la flota y tripulación fue mucho más pequeña que en el primero (unos 70 barcos), ya que el objetivo era devolver a su hogar a los embajadores extranjeros que habían traído a China. En el tercer viaje, en 1409, el número de barcos y de hombres fue incluso más modesto, apenas 50 barcos, pero aún así visitaron Vietnam, Temasek (actualmente Singapur) y nuevamente Malaca. Estos primeros viajes mejoraron las relaciones comerciales con el sudeste asiático, pero el emperador Yongle fijó a Zheng He una nueva misión: la exploración de Arabia y África, lugares que no eran del todo desconocidos por los chinos.

En el cuarto viaje, Zheng He partió de China el año 1414 con unos 63 navíos y llegó hasta la India y las Maldivas. En este viaje, como curiosidad, Zheng He llegó a China con el rey de Bengala como invitado y éste obsequió al emperador Yongle con un “qilin” (un animal mitológico similar al unicornio que aparecía cuando los gobernantes eran justos, aunque en realidad era simplemente una jirafa). Sea como fuere, muchos felicitaron al emperador por esa símbolo de buen augurio. En el quinto viaje, ya en 1416, Zheng He visitó los puertos habituales del sudeste asiático y esta vez sí que llegó hasta la península Arábiga y Somalia. En el sexto viaje, la flota repitió los destinos habituales y Zheng He fue invitado a la inauguración de la Ciudad Prohibida.

 
Zheng He

Las cosas comenzaron a torcerse en el que sería ya el séptimo y último viaje de la flota imperial china. Los confucionistas, partidarios del aislacionismo, comenzaron de nuevo a ganar terrero e importancia en la corte del emperador Yongle, la construcción de nuevos barcos comenzó a decaer tras la remodelación del Gran Canal en 1411 (dicho canal ofrecía una ruta mucho más rápida y segura que la marítima), comenzaron también los problemas internos: hambrunas, epidemias, déficit, inflación, guerra con los rebeldes vietnamitas del norte del país… y la muerte del principal valedor de Zheng He en 1424, el emperador Yongle. El hijo de Yongle, el emperador Hongxi, pese a que solo reinó durante 9 meses, se mostró partidario de cancelar las expediciones navales. Xuande, el sucesor de Hongxi, ante la crisis que se cernía sobre China, ordenó iniciar los preparativos del que sería el último viaje de Zheng He. En 1430 zarpó desde China una flota similar a la del primer viaje con más de 300 barcos. Esta gran flota se dividió en dos: una marchó por África (llegando hasta Kenia y Mozambique) y la otra, con Zheng He al mando, puso rumbo al Golfo Pérsico. Zheng He falleció antes de llegar a su destino y pese a que tiene una tumba en China, está vacía. Como buen lobo de mar, fue enterrado en el océano. La flota regresó a China sin su almirante pero con nuevos productos, embajadores y hasta varios “qilin” más. La situación se desmoronó con la muerte del Xuande. Su sucesor, Jungtong, de tan solo 7 años de edad, fue capturado por los mongoles en 1449. Los confucionistas, con una fuerte presencia en la corte, una gran influencia en China y mucho más conservadores que anteriores emperadores, prohibieron la construcción de barcos con más de dos mástiles y la navegación marítima mediante el edicto Hai Jin. Para evitar futuros despilfarros, parte de los viajes de Zheng He fueron “borrados” por los funcionarios del nuevo emperador Ming. Los mongoles volvían a ser una seria amenaza en el norte de China y se necesitaban soldados para defender las fronteras, cosa que hizo insostenible el elevado gasto que requería mantener las flotas del tesoro.

Sea como fuere, las expediciones de la flota imperial china terminaron de forma tajante y ello favoreció en gran medida la navegación y la exploración europeas. De haber seguido con sus expediciones, lo más probable es que hoy al sur de EEUU se hablase chino y no castellano. Como todos sabemos, unos años más tarde y desde otro lugar del mundo, un tal Cristóbal Colón ponía rumbo a…

Colaboración de Pedro Sanmartín

Exministro Vides Casanova deportado a El Salvador

Carlos Eugenio Vides Casanova, exdirector de la Guardia Nacional y exministro de Defensa, comparte almuerzo con un grupo de salvadoreños deportados en el Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero. Vides Casanova  fue deportado este 8 de abril gracias a la aplicación de nuevas leyes que impiden el resguardo en territorio estadounidense para militares acusados de graves e innumerables violaciones a los derechos humanos.

EUA decide extraditar a España a coronel Montano, acusado por el asesinato de los jesuitas


Daniel Valencia, Ricardo Vaquerano y Gabriel Labrador
El Faro 


Con la deportación de un exministro de la Defensa y con la decisión de extraditar a otro ex alto mando militar de El Salvador para ponerlo a disposición de la justicia de España, el gobierno de Barack Obama sentó un precedente este miércoles 8 de abril en su política de no tolerar en su territorio a personas acusadas de violaciones a los derechos humanos.

Estados Unidos decidió extraditar a España al coronel y ex viceministro de Seguridad Inocente Orlando Montano, para que enfrente un juicio por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas -y sus dos empleadas- ocurrido en noviembre de 1989 en las instalaciones de la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador. La petición de extradición fue hecha por el Departamento de Estado a la Corte Federal Oriental de Carolina del Norte, según un comunicado hecho público el miércoles 8 de abril. La resolución final -un tramité que apunta a ser favorable- sería el último muro que la Audiencia Nacional de España necesitaba saltar para abrir un juicio contra uno de los 19 militares acusados de participar en la planeación y cometimiento de una de las masacres que marcó los últimos años de la guerra civil salvadoreña.

El anuncio de la petición de "arresto y extradición" fue hecho por los fiscales Leslie R. Caldwell, de la División Criminal del Departamento de Justicia, y Thornas G. Walker, del Distrito Oriental de Carolina del Norte.

El comunicado no deja resquicios para las interpretaciones. Estados Unidos acepta entregarle a España a un exmilitar salvadoreño contra quien la justicia estadounidense documentó responsabilidad en unas mil graves violaciones a los derechos humanos, incluidos 65 asesinatos, y de participar en una de las últimas masacres cometidas al final de la guerra civil.

“El Departamento de Justicia sometió un requerimiento para pedir el arresto y extradición de un excoronel salvadoreño para que enfrente cargos en España en relación con el asesinato de cinco sacerdotes jesuitas en El Salvador, sucedido en 1989”, reza el documento del Departamento de Estado, que fue difundido, además, por la Embajada de Estados Unidos en la capital salvadoreña a través de redes sociales.

Paralelamente, este miércoles 8, Estados Unidos hizo efectiva la deportación hacia El Salvador del exministro de Defensa y exdirector de la Guardia Nacional, el general Carlos Eugenio Vides Casanova, acusado de "innumerables actos de violaciones a derechos humanos", en las que destacaron torturas y asesinatos.

La decisión del gobierno de los Estados Unidos es un parteaguas que habla de un desamparo para aquellos militares acusados de violaciones a derechos humanos. Durante muchos años, tanto Montano como Vides Casanova vivieron bajo la sombrilla de las autoridades migratorias estadounidenses (ambos con permisos de residencia) pese a los casos de acusaciones por violaciones a los derechos humanos. En el caso de Inocente Orlando Montano, la decisión también apunta a que el país norteamericano acepta los alegatos de España para que este sea juzgado en base a la pruebas recogidas en su contra. En síntesis, lo que Estados Unidos dice es que si bien no tiene cómo procesar a Montano por violaciones a derechos humanos, hay acusaciones que ameritan ser evaluadas por una corte que sí puede hacer de las denuncias un juicio concreto. “Los argumentos contenidos en el requerimiento presentado son meramente acusaciones y cualquier determinación de culpabilidad o inocencia será hecha por las cortes españolas luego de la extradición de Montano Morales”, dice el Departamento de Estado.

En 1989, en El Salvador, luego del asesinato de los jesuitas, se montó un juicio contra los soldados del Batallón Atlacatl que perpetuaron la masacre, pero la Fiscalía General de la República saboteó el caso para impedir que los fiscales acusadores fueran también tras el Alto Mando de la Fuerza Armada Salvadoreña. 26 años después, en España podría arrancar un juicio que sí logre ese cometido, empezando con quien fuera en aquella época el viceministro de Seguridad Pública.

La decisión estadounidense contra Vides Casanova, que arribó en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, en un vuelo de deportados, al filo del mediodía, se circunscribe a una normativa de hace 11 años que permite la expulsión de un extranjero que haya ordenado, participado o colaborado en casos de torturas y ejecuciones extrajudiciales. Contra este militar, en El Salvador, no hay ninguna orden de captura ni ningún proceso abierto, pese a que sus víctimas siguen clamando por justicia. De hecho, unas 40 personas llegaron hasta las instalaciones del aeropuerto para gritarle "¡asesino!" a Vides Casanova.

En una nota publicada el 31 de marzo, el peródico New York Times reportó que Vides Casanova dijo a las autoridades migratorias que estaba listo para retornar a El Salvador, e incluso ofreció pagarse él mismo el boleto aéreo en un vuelo comercial. Las autoridades migratorias, según recogió el medio, le respondieron que ese escenario era imposible debido a que no podía deportarse a él mismo. El exministro de Defensa arribó al país junto a un nutrido grupo de migrantes salvadoreños deportados y fue recibido bajo el programa "Bienvenido a Casa".

El camino de Montano hacia la justicia

Inocente Orlando Montano es acusado por la Audiencia Nacional de España de participar en el planeamiento del asesinato de los seis sacerdotes jesuitas -españoles todos- y sus dos empleadas, cometido el 16 de noviembre de 1989 por un comando del desaparecido Batallón de Reaccción Inmediata Atlacatl. Montano, junto a otros 18 militares fueron acusado en el año 2008 por los familiares de las víctimas, pero la orden de su captura internacional no fue girada sino hasta agosto de 2011 por el juez español Eloy Velasco de la Audiencia Nacional de España.

Fue hasta esa fecha que España tuvo certezas del paradero de Montano, luego de conocerse la captura del militar en Estados Unidos por fraude migratorio. La petición de captura y  extradición para el resto de los militares acusados fue evadida por la justicia salvadoreña cuando ese mismo mes y año fueron refugiados nueve de los militares solicitados por España en un regimiento militar de San Salvador.

Ese mismo agosto, en Estados Unidos, Montano intentó renovar su estatus migratorio de manera fraudelenta, fue capturado y en noviembre de ese año confesó el crimen de fraude migratorio. Según los querellantes en la causa librada en España, Montano confesó para intentar evitar una eminente extradición, ser procesado por esos cargos en Estados Unidos y buscar la deportación hacia El Salvador. España solicitó formalmente a Estados Unidos la extradición a principios de mayo de 2012. Montano residió en Saugus, Massachusetts, donde trabajó y vivió desde el 2 de julio de 2001. Entre 2003 y 2011, trabajó en una fábrica de dulces en la ciudad de Revere y ganaba un salario de 14 dólares la hora.

En el requerimiento hecho público este día, aunque Estados Unidos no emite juicios sobre la participación de Montano en el asesinato de los jesuitas, sí acepta que hay indicios que apuntan a su posible participación en este caso, y por lo tanto procede la orden de extradición a España, donde se le juzga precisamente como uno de los autores intelectuales de la masacre.

En esa época, "Montano Morales era un coronel de alta en el ejército salvadoreño y fungía como Viceministro de Seguridad. Él tenía responsabilidad de supervisión sobre una estación de radio que, días antes de la masacre, emitió al aire amenazas llamando a asesinar a los sacerdotes jesuitas. Asimismo, un día antes de los asesinatos, Montano Morales supuestamente participó en una serie de reuniones en las que uno de sus compañeros oficiales dio la orden de matar al líder de los jesuitas y de no dejar sobrevivientes. Al dia siguiente, se supone que los militares ejecutaron a los seis sacerdotes y a sus dos colaboradoras”, reza el comunicado.

El próximo jueves 16 de abril, Montano cumpliría una condena de 21 meses en una prisión federal tras ser sentenciado en 2013, en el Distrito de Massachusetts, por fraude migratorio y perjurio. Montano ocultó información sobre su pasado militar en tres formularios distintos en los años 2007, 2008 y 2010. Para este caso desfilaron testigos citados por la Fiscalía estadounidense que relacionaron al coronel retirado con cientos de violaciones a derechos humanos de la población civil salvadoreña basándose en informes de la Comisión de la Verdad (1993), el informe Barriers to Reform, de Estados Unidos (1990), y un informe de congresistas estadounidenses que se creó para investigar la masacre de los jesuitas después de noviembre de 1989.

Terry Lynn Karl, profesora universitaria especialista en el conflicto salvadoreño, elaboró un dictamen a solicitud de la Fiscalía de Estados Unidos y encontró que tropas militares bajo la conducción de Montano habían participado en 65 ejecuciones y cientos de violaciones a derechos humanos entre detenciones arbitrarias y torturas durante la guerra. Para contrarrestar estos señalamientos, la defensa de Montano presentó a otro testigo, el general Mauricio Ernesto Vargas, firmante de los Acuerdos de Paz de 1992 y compañero de armas de Montano, quien intentó desvirtuar los señalamientos de Karl. Su esfuerzo fue vano. El juez Douglas Woodlock estableció que Vargas no era un testigo creíble debido a las violaciones a derechos humanas a las que se le vincula también a él, en los mismos informes estadounidenses. Vargas resultó electo como diputado de San Salvador por el partido Arena en los comicios electorales celebrados el pasado 1 de marzo.

La Fiscalía de Estados Unidos había pedido 51 meses de prisión para Montano, alegando que esas violaciones a derechos humanos agravaban el perfil del acusado. Sin embargo, el juez Douglas Woodlock aclaró el día de la sentencia que el juicio era por violaciones migratorias y que el pasado militar de Montano solo había servido para determinar, después que Montano admitió culpa de esas infracciones, cuánto tiempo debía permanecer en cárcel, pero que ese no era un proceso completo sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por el coronel retirado. Tras el anuncio de su extradición, Montano hoy sí está a las puertas de un juicio en España por un caso: la masacre de seis sacerdotes jesuitas y sus dos empleadas domésticas.

Culmina una lucha de 16 años

En diciembre de 1980, nueve años antes de la matanza por la que Montano está siendo procesado en España, un grupo de guardias nacionales irrumpió en una clínica en el interior del país, donde encontraron a un estudiante de medicina al que balearon en una pierna, lo secuestraron y lo llevaron al cuartel general de la Guardia Nacional. Con el paso de los años, esa víctima se convirtió en pieza clave para que el general Carlos Eugenio Vides Casanova fuera obligado a retornar a El Salvador bajo el estigma de haber sido encontrado responsable de la comisión de torturas y ejecuciones extrajudiciales durante la guerra civil salvadoreña.

Este miércoles, aquella persona, el médico Juan Romagoza, se encontraba en el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero, para recibir a Vides Casanova, quien llegó cerca del mediodía en un avión fletado por el gobierno estadounidense para el traslado de deportados. Según Romagoza, Vides Casanova estuvo presente en algunas de las sesiones de torturas de que fue víctima durante las más de tres semanas que estuvo retenido en el cuartel general de la Guardia Nacional, en San Salvador, entre diciembre de 1980 y enero de 1981.

Vides Casanova fue director de la Guardia Nacional de 1979 a marzo de 1983. Fue nombrado ministro de la Defensa en abril de 1983, en sustitución del general José Guillermo García. Duró en ese cargo hasta mayo de 1989. Tres meses más tarde, el 21 de agosto, llegó a Estados Unidos con visa de migrante, donde eventualmente obtuvo la residencia.

En 1999, el Centro para la Justicia y la Responsabilidad (CJA), una oenegé estadounidense promotora de la justicia, inició un litigio civil contra Vides Casanova por violaciones a derechos humanos. A la causa de Romagoza contra el exministro de Defensa salvadoreño se unieron las de otras personas sobrevivientes de torturas.

Cuando llegó el momento de rendir testimonio ante la justicia estadounidense, primero en 2002 y luego en el juicio por deportación que culminó con la expulsión de este miércoles, Romagoza aseguró que en algunas de esas sesiones de interrogatorios y de castigos físicos y sicológicos estuvo presente Vides Casanova. Las otras dos víctimas que dieron su testimonio fueron Carlos Mauricio, un catedrático de la Universidad de El Salvador, y Neris González, trabajadora laica para la Iglesia Católica. En 2002, los tres demandantes obtuvieron una primera victoria cuando un jurado de West Palm Beach, Florida, encontró a Vides Casanova, y a su antecesor, José Guillermo García, culpables de torturas. Fueron condenados a pagar una compensación por 54.6 millones de dólares.

Cuando Vides Casanova, de 78 años de edad, llegó al aeropuerto este miércoles, allí estaban esperándolo, entre otros, Romagoza y Nely González. Nunca se encontraron, porque el general abandonó las instalaciones por una zona que tiene vedado el acceso al público. Lo esperaba una camioneta todoterreno Suburban, en la que se marchó alrededor de las 3:30 de la tarde.

Vides Casanova, a quien los expedientes judiciales en Estados Unidos perfilan como "el hombre más poderoso de la Fuerza Armada, que era la institución más poderosa en El Salvador durante la guerra civil", perdió la demanda de 2002 y el hecho de que se reconociera allí su responsabilidad en los crímenes de torturas, abrió la puerta al proceso posterior para expulsarlo del país.

En 2004, Estados Unidos emitió una ley que prohíbe la permanencia en el país de personas responsables de violaciones a derechos humanos.

Aunque en el período en que Vides Casanova dirigió la Guardia Nacional puede identificarse numerosos atropellos a derechos humanos que conmocionaron a El Salvador, al final su retorno obligatorio al país centroamericano solo fue posible por unos pocos de esos casos. El secuestro, la violación y el asesinato de cuatro religiosas estadounidenses perpetrado en 1980 por guardias nacionales, prácticamente terminó en nada en las cortes de Estados Unidos.

El Centro para la Justicia y la Responsabilidad, sin embargo, continuó con su esfuerzo por buscar justicia en los casos de Vides Casanova y José Guillermo García, y logró que se abriera un juicio por deportación ante una corte de inmigración.

En octubre de 2009, en la demanda que pretendía la deportación, el Departamento de Seguridad Interna (DHS), que ya se había convertido en parte acusadora, dijo que Vides Casanova fue responsable por ayudar o por participar en actos de tortura en El Salvador mientras estuvo en su posición de jefe militar. Por eso lo etiquetó como deportable bajo lo que establece el Acta de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos.

Un año más tarde, en octubre de 2010, el DHS presentó un nuevo cargo alegando que durante el mismo período el demandado ayudó o participó en la comisión de ejecuciones extrajudiciales.

En la audiencia del proceso de deportación el DHS presentó los testimonios de Robert White (embajador de Estados Unidos en El Salvador entre febrero de 1980 y febrero de 1981), de Pedro Daniel Alvarado (un salvadoreño sobreviviente de torturas), el médico Romagoza, y el de Terry Karl, profesora de ciencias políticas de la Universdad de Stanford. El juez de inmigración calificó a Terry Karl como una testigo experta en la guerra civil salvadoreña, en la situación política durante y luego de la guerra civil, y en la estructura, organización y funcionamiento de la Fuerza Armada salvadoreña, incluyendo las líneas de mando.

El DHS también presentó como pruebas de cargo el informe de la Comisión de la Verdad y cables del Departamento de Estado entre 1979 y 1989.

Vides Casanova intentó durante todo el proceso convencer al juez de inmigración que en todo caso, lo que la Fuerza Armada salvadoreña hizo durante la guerra civil fue propiciado por las enseñanzas y guías de los asesores militares estadounidenses.

El general se defendió por su propia cuenta en un inicio y presentó los testimonios del exsubjefe de misión en El Salvador David Passage (1984-1986) y del exembajador Edwin Corr (1985-1988). Asimismo, mostró como pruebas de descargo de responsabilidad cartas y galardones recibidos de oficiales del gobierno estadounidense. Procuró persuadir al juez, además, de que él no tenía "control efectivo" sobre las acciones de sus subordinados.

Durante el proceso, Vides Casanova intentó desacreditar el testimonio de Romagoza, alegando que no era creíble pues entre el juicio civil de 2002 y el juicio por deportación había cambiado su versión de que el general había estado presente durante algunas de las sesiones de tortura. En un inicio, Romagoza dijo que no había logrado ver el rostro del director de la Guardia Nacional, pero posteriormente aseguró que sí.

El juez de inmigración, no obstante, concluyó todo lo contrario: que toda la evidencia apuntaba a que Vides Casanova siempre tuvo control pleno sobre sus subordinados, que nunca enfrentó una insubordinación y que actuó con negligencia una vez se enteró de torturas o de ejecuciones sumarias bajo responsabilidad de miembros de la Guardia Nacional, o que simplemente impidió investigaciones o las entorpeció. Además, dijo que los testimonios de Romagoza y Alvarado eran creíbles y concluyó que el demandado ayudó o participó en la tortura de ambos hombres. Luego, a modo de conclusión, determinó que el demandado ayudó o participó "en general" en actos de tortura entre 1979 y 1989.

Aunque la resolución en Estados Unidos es precisa, Vides Casanova llegó a El Salvador y pudo marcharse hacia donde quiso porque en este país no enfrenta demanda alguna.

El juez determinó también que Vides Casanova ayudó o participó en seis "bien conocidos y documentados" casos de ejecuciones extrajudiciales. Dijo que el demandado falló en investigar los asesinatos después de ocurridos, en cooperar con las investigaciones, que él impidió capturar a los acusados de ser los perpetradores de los asesinatos.

En 2012, el juez de inmigración emitió su sentencia: el militar retirado salvadoreño debe ser expulsado del país. Entonces, el demandado apeló ante la Corte de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia.

El pasado 11 de marzo de 2015, la Corte dio su veredicto: ratificó la orden de deportación del general. "De acuerdo con el juez, había clara y convencente evidencia de que, aparte de esos hechos particulares, el demandado participó "en general" en ejecuciones extrajudiciales entre 1979 y 1989", reseñó la Corte, en su fallo.

Después de ratificar cada uno de los argumentos del juez para ordenar la deportación, resolvió: "Por su participación en actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales, estamos de acuerdo con el juez de inmigración de que el demandado es inelegible para la cancelación de la causa de deportación. Por lo tanto, desestimamos la apelación".

En el expediente de Vides Casanova en Estados Unidos quedan registradas las advertencias que el mismo gobierno estadounidense le hizo al militar en la primera mitad de la década de los 80. En 1983 llegaron a El Salvador primero el secretario de Estado del gobierno de Ronald Reagan, George Schultz, y luego el vicepresidente George Bush padre. Schultz se reunió con Vides Casanova cuando este dirigía la Guardia Nacional y Bush padre con el ministro García. El mensaje que trajeron fue la exigencia de frenar los abusos a los derechos humanos so pena de arriesgarse a la suspensión de la ayuda militar.

Vides Casanova dejó el Ministerio de Defensa cuando el 1 de junio de 1989 asumió la presidencia Alfredo Cristiani.