Cultura politica de la democracia en El Salvador y en las Américas,2014 (LIBRO)

El  Barómetro  de  las Américas  del  Proyecto  de  Opinión  Pública  de  América  Latina  (LAPOP, por  sus  siglas  en  inglés)  es  un  instrumento  excepcional para  la  evaluación  y  comparación  de  las experiencias  de  los  ciudadanos  con  la  gobernabilidad  democrática  entre  los  individuos  dentro  de  los
países, a lo largo de las regiones sub-nacionales, entre los países y a lo largo del tiempo. Este informe presenta  un  conjunto  de  esas  evaluaciones  basadas  en  la  recolección  de  datos  del último  año:  2014.

Este  año  marca  un  hito  para  el  proyecto:  en  2004,  LAPOP  inició  el proyecto  del  Barómetro  de  las Américas y hoy en día podemos evaluar una década de cambio en la opinión pública en las Américas.

El Barómetro de las Américas de 2014 es la encuesta más amplia y sofisticada de las Américas hasta la fecha.  Esta ronda  incluye  28  países  y  más  de  50.000  entrevistas,  la  mayoría  de  las  cuales  fueron obtenidas  mediante  un  sofisticado  software  informático  que  añade  un  nuevo  avance  a  los  esfuerzos
minuciosos de control de calidad de LAPOP. Este prólogo presenta un resumen de los antecedentes de este estudio y lo sitúa dentro del contexto del mayor esfuerzo de LAPOP.

Cultura politica de la democracia en El Salvador y en las Américas,2014

¿Golpe de Estado?

José M. Tojeira

Algunas oficiales del gobierno, cansados de la crítica sistemática de algunos sectores, y de diversos ataques en las redes sociales, han hablado de golpistas y de una desestabilización tendiente a favorecer un golpe de estado. ¿Se puede dar esa contingencia, por llamarla de alguna manera, en El Salvador? Creo que en la actualidad es imposible. Y por esa misma razón no conviene hablar de ese modo. Es posible que a algunos fanáticos de la derecha les gustara la idea de un golpe, pero son demasiado pocos y demasiado débiles como para poder impulsar la historia salvadoreña actual en esa dirección. Que haya quienes se quiere aprovechar de los fanáticos con fines de desgaste es otra cosa. Pero mencionar el tema del golpe de estado es hacerles propaganda a quienes, aunque irrealizables hoy, puedan tener ese tipo de intenciones.

Personalmente creo que un golpe no es posible por las siguientes razones. En primer lugar los militares tendrían que darlo. Y el ejército, aunque tenga armas, no tiene la capacidad de darlo. Tendría que reprimir a demasiada gente y eso haría inviable un gobierno militar, aun con aliados de otros grupos. Los militares actuales, que además no son golpistas, saben que no tienen posibilidad de éxito. Y no son tontos. Saben de sobra que si algunos militares se libraron de ir presos por masacres y abusos de derechos humanos, un golpe actual con represión de la gente se pagaría más temprano que tarde no con leyes de amnistía sino con cárcel. La empresa privada, otro sector que podría impulsar un  golpe en ciertas condiciones, no está interesada en el tema. Como en todas partes puede haber un empresario aventurero. Pero saben de sobra que no sería una buena inversión. El partido ARENA, por otro lado, aunque tenga algún loco en sus filas, cosa que no es infrecuente en los partidos políticos nuestros, tengan el color que tengan, tampoco tiene ni el prestigio ni la solvencia moral para emprender una aventura de ese tipo. Después de instaurar una corrupción grave en el país, montarse sobre una ventura represiva terminaría definitivamente con el partido. Además los problemas de violencia o desigualdad en los gobiernos pasados son muy parecidos a los actuales. Y los areneros sensatos lo saben de sobra. En todo caso prefieren la política de acoso y desgaste que en el mediano o largo plazo suele tener resultados electorales propicios, especialmente cuando hay temas de difícil solución.

Por otra parte el FMLN, con los problemas de gobernanza que tiene, no se puede ver como un gobierno débil. No se trata aquí de presentarlo como un  gobierno extraordinario. Pero aun con sus fallas, tiene suficiente visión y estabilidad interna, alianzas y apoyo popular como para resistir las inclemencias del acoso mediático y opositor sin tener que recurrir a medidas que tensaran la situación interna del país. Si alguna crítica se le puede hacer, aparte de las normales dependientes de la inveterada burocracia del país y las lentitudes y desorden que la misma impone, es que va más lento de lo que se esperaba a la hora de hacer reformas estructurales. El modo de fijar el salario mínimo, por ejemplo, continúa con los mismos patrones injustos e insultantes hacia los más pobres, heredados de ARENA. Y eso aunque el FMLN, la última vez que se subió dicho salario, haya elevado un poco más los porcentajes de aumento que en otras ocasiones. Elevar de un modo serio y responsable el salario mínimo en el país, haciéndolo mínimamente coherente con la justicia social, ni generaría golpe de estado ni debilitaría al gobierno, por mucho que rabiaran algunos sectores de la empresa privada.

En este contexto, hablar de golpe de estado no me parece conveniente. Lo que se debe hacer, especialmente por parte de la gente seria y que tiene una idea racional de lo que precisa el futuro salvadoreño, es plantear los graves problemas que permanecen desde hace más de cincuenta años y que tienen que resolverse. E impulsar para ello un pacto de nación, unos nuevos acuerdos socioeconómicos,  o como los queramos llamar, que no sólo diseñe una política nacional y de estado, sino que proponga los recursos y la fuente de los mismos. Un país que invierte poco en la gente no tiene perspectiva. Y aunque el FMLN está invirtiendo más en la gente que lo que invertía ARENA en sus gobiernos, lo que se invierte es del todo insuficiente para las necesidades de un desarrollo equitativo. Sólo un diálogo nacional, una claridad de objetivos en campos como los educativos, de salud, vivienda y trabajo digno, y un pacto fiscal que permita avanzar hacia la justicia social en esos temas puede sacarnos de los problemas que hoy sufrimos. La violencia en El Salvador comienza con la violencia estructural de una economía que no está al servicio de las mayorías, con la violencia de una estratificación social creadora de desigualdades profundas en el campo de los derechos humanos básicos y con una profunda debilidad institucional, que al final acaba beneficiando al más fuerte y dejando a la víctima sin defensa.  Esta problemática no la puede resolver ningún sector del país en solitario. O hay diálogo, plan nacional de desarrollo básico dialogado y apoyado por la mayoría, pacto fiscal que lo posibilite, o seguiremos con los problemas de violencia y dolor por demasiado largo rato. Un golpe de Estado sería cosa de locos y no haría más que agravar la situación.

Razones para solicitar ayuda contra la impunidad

Editorial UCA


En Guatemala ha funcionado, con bastante precisión e incluso eficacia, la Comisión Internacional contra la Impunidad. Acá ha estallado la polémica de si es necesario un apoyo semejante para superar nuestros problemas de violencia y de falta de castigo al delito. Para definirse al respecto, es útil recordar brevemente la estructura y finalidad de este instrumento internacional de ayuda. La Comisión es un órgano independiente de carácter internacional, fruto de un acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala, que fue aprobado, primero, por la Corte de Constitucionalidad y, posteriormente, por la Asamblea Legislativa de dicho país. Su finalidad es investigar cuerpos ilegales de seguridad que violan derechos humanos y asesorar al Ministerio Público en la persecución de los mismos, terminando con su impunidad.

Cada país tiene su problemática, y la de Guatemala, entre otras de extremada violencia, era la existencia de grupos de exterminio dentro de las estructuras estatales de seguridad. Y los salvadoreños conocemos con claridad la brutalidad con la que operaban en el país vecino. Baste para ello recordar el asesinato de tres diputados salvadoreños del Parlacen en tierras chapinas, cometido por un grupo policial guatemalteco, y la posterior ejecución, ya en la cárcel, de los agentes que habían cometido el crimen. Ese tipo de casos hacía necesaria en Guatemala una institución como la Comisión. Pero a esos extremos de impunidad y violencia organizada dentro de las estructuras policiales no hemos llegado. ¿Se puede entonces decir que necesitamos una comisión internacional?

A nuestro juicio, la respuesta es “sí”. No se trata de tener una copia exacta del organismo que opera en Guatemala, pero sí de recibir ayuda internacional de alto nivel en la lucha contra la impunidad, que sigue siendo muy alta en nuestro país. Con frecuencia hemos creído que es suficiente traer a un par de supuestos expertos para que nos hablen de su experiencia en la lucha contra el delito. Y así han pasado por nuestro país diversos grupos y personas, incluido Rudolph Giuliani y su equipo. Pero eso no basta. Necesitamos ayuda y consejo consistentes y constantes sobre la investigación, prevención y análisis del fenómeno de la violencia. Además, no manejamos adecuadamente el problema de la corrupción y se mantienen en la impunidad la mayoría de los delitos contra la vida.

Asimismo, el fenómeno de las maras amerita la conformación de un grupo externo de expertos con amplio conocimiento y manejo de soluciones sobre las organizaciones delincuenciales juveniles. Sabemos poco de ellas y tendemos las más de las veces a enfrentarlas con mano dura, de un modo contraproducente y absurdo. El crimen organizado, cuando tiene fuertes raíces y causalidades en la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la debilidad institucional, difícilmente se vence con fuerza bruta. La capacidad de investigación, el conocimiento a fondo del tipo de estructuras, el análisis de las causas de este fenómeno evidentemente social tienen que llevar no solo al mejor funcionamiento de las instituciones encargadas de velar por la seguridad y la justicia, sino a tomar medidas serias en el campo de la educación, el trabajo decente y los medios que permiten reconstruir y reforzar la cohesión social.

En El Salvador, una comisión internacional contra la impunidad y el delito debería unir policías, sociólogos expertos en temas de violencia y personas con experiencia en intervención social orientada a la cultura de paz y el desarrollo local. No se trata de ceder soberanía ni de que otros vengan a sustituirnos en nuestras obligaciones. Este tipo de comisiones son ayudas externas, como otras que hemos tenido y que no hemos aprovechado adecuadamente. Cuando Mauricio Sandoval era director de la PNC, en tiempo del Gobierno de Francisco Flores, se radicalizó el problema de las maras. Y los policías europeos que en ese momento asesoraban a los nuestros solían decir que lo que ellos recomendaban, Sandoval lo desaprovechaba e incluso dañaba. Hoy seguimos necesitando ayuda, puesto que mantenemos unos índices de violencia muy semejantes. En el país, las cabeceras municipales son relativamente seguras, mientras que en algunos cantones la presión de las maras es insoportable. Este fenómeno, el de la ruralización de las pandillas, no se ha estudiado ni tratado adecuadamente. Como tampoco la relación entre el narcotráfico y las maras.

La corrupción sigue siendo un flagelo, comenzando por la impunidad en la evasión fiscal y siguiendo por los delitos contra la vida. Las cárceles son parte del problema de la violencia, no de la solución. Una decisión inteligente sería discernir y acordar con claridad los puntos en los que se necesita ayuda, y promover luego la conformación de la comisión internacional. Negarse en absoluto a esa posibilidad puede llevarnos a desaprovechar oportunidades y a perder el enriquecimiento que personas con experiencia pueden aportarnos en esta tarea de construir cultura de paz.