Dagoberto Gutiérrez
Estamos en la mitad de la centuria del siglo XX, justamente en el territorio pedregoso de los años 50. Recientemente había triunfado, como ya dijimos, el golpe de Estado de 1948 que culminó y cumplió con la derrota del régimen del dictador Maximiliano Hernández Martínez. No conviene olvidar que el gobierno del General Salvador Castaneda Castro fue una continuación, un poco atemperada, de la dictadura martinista, por eso, el gobierno que emergió después de los acontecimientos del año 48, emprendió una serie de reformas que eran entendidas como inaplazables por el gobierno militar de la época.
En realidad había continuidad en la decisión tomada en 1932 al asegurar que el gobierno estuviera en manos de la Fuerza Armada, mientras el poder real se aseguraba en manos de la oligarquía.
Estas dos realidades, el poder real y la administración del gobierno, fueron tensionados cuando el gobierno del Coronel Oscar Osorio, durante los años 50, intentó realizar cambios importantes en la tenencia de la tierra, en la educación, en la salud, en el ejercicio del poder y en la industrialización del país.
Fue durante ese gobierno que se inició la electrificación de la economía con la primera presa sobre el rio Lempa llamada 5 de Noviembre, que se construyeron grupos escolares en todo el país, se fortaleció el seguro social y también el Instituto de Colonización Rural que fue hasta donde llegó el intento de transformar la estructura agraria. Sin embargo, al crecer la industria y el sindicalismo, creció la resistencia de los obreros a la explotación. Y, sin que se realizaran las transformaciones necesarias en la sociedad, el gobierno militar se vio enfrentado a la disyuntiva de confrontar con la oligarquía, dueña real del poder real, para realizar los cambios necesarios o confrontar con el pueblo trabajador que exigía mejores condiciones de vida. Puesto el gobierno en esta situación, resultaba claro que los cambios ejecutados eran insuficientes, pero el gobierno militar carecía de la fuerza social y política necesaria y de la voluntad ideologicé para optar en esa coyuntura por los intereses populares. De esa manera, durante el gobierno del Coronel Osorio, se continúa la represión característica de gobiernos militares anteriores y empiezan a desaparecer líderes sindicales y dirigentes populares.
Fue una encrucijada de caminos porque en una especie de medición de fuerzas, que no terminaría aquí, la oligarquía impuso su voluntad e intereses. Es cierto que la Constitución de 1950 era de avanzada y reconocía derechos de los trabajadores en una forma que ninguna Constitución anterior lo había hecho. Pero, es necesario saber que una Constitución contiene las reglas del juego pero no contiene el juego real que se juega y que convierte a cada ciudadano en un jugador de un juego que establece que la primera regla debe ser la que determina que las reglas constitucionales no deben cumplirse siempre y por eso la Constitución del 50 no fue útil para proteger los derechos de los más débiles que tanto lo necesitaban.
La década de los años 60 se inicia con el golpe de Estado contra el gobierno del coronel José María Lemus, justamente en octubre del año 60, y el establecimiento de una junta cívico militar integrada por personalidades de mucho prestigio político e intelectual que gozaban de la confianza de la ciudadanía.
Eran los años en que la triunfante revolución cubana cimbraba las conciencias populares en todo el continente y una ola de entusiasmo popular recorría a todos los países. Pero también era el momento en que las oligarquías y burguesías reaccionarias afilaban sus cuchillos a plena luz del día para degollar cualquier intento de subvertir el orden establecido en su beneficio.
La Junta de Gobierno que estimuló la confianza y el entusiasmo popular fue depuesta en enero de 1961 por un directorio militar que funciono como un dique armado para impedir cualquier intento de subvertir el orden. Eran años en donde el anti-comunismo habitaba en casi todas las esferas del poder real en el país.
Esta década del 60 es cuando nace el Partido de Conciliación Nacional como partido político de los militares, justamente en el marco de este golpe de Estado de 1961. Pero también es la década en donde se establece la figura de la representación proporcional en la Asamblea Legislativa (durante el gobierno del coronel Julio Adalberto Rivera). Esta política cambió las reglas del juego porque al estar representada la AL por representantes de diversos partidos políticos, se reanimó la actividad política, y una gran cantidad de pueblo se incorporó durante las campañas electorales a la lucha política electoral, confiando en que se respetaría la voluntad expresada en las urnas.
La experiencia del pueblo fue muy amarga porque el gobierno militar siempre apoyó incondicionalmente a los candidatos del partido oficial que eran invariablemente jefes militares. De tal manera que la oposición de diferentes colores ideológicos carecía de posibilidades electorales.
Esta situación se expresó claramente en la importante campaña electoral del año 1967, cuando el PCN, la Democracia Cristiana y el Partido Acción Renovadora (PAR) midieron fuerzas en un escenario de rompimiento de la unidad y cohesión interna de la misma fuerza armada.
