José María Tojeira, director de Pastoral Universitaria
La Asamblea Legislativa sigue malgastando dinero público. Ahora necesita pagar campos pagados dada la poca cobertura que se le ofrece a sus opiniones. Y no es para menos. En el comunicado en contra de la orden de busca y captura de los implicados en la masacre en la UCA, publicado la semana pasada, los diputados, en su mayoría, se dan el lujo de decirle a la Corte Suprema de Justicia lo que “debe” hacer, rompiendo la independencia de poderes. Probablemente no saben bien lo que significa el verbo “deber” de tantas veces que incumplen con sus deberes, dándose buenos salarios a sí mismos y olvidando las necesidades de los pobres. Y si además leemos la primera propuesta de pronunciamiento, hecha por el diputado Gallegos, la sospecha de que hay un buen atajo de ignorantes en la Asamblea se vuelve certeza. La falta de sintaxis del diputado es rotunda, así como alguna que otra falta de concordancia entre palabras, como el uso de “este honorable Asamblea” en su texto, ignorando, no sé si por machismo, que la Asamblea pertenece como palabra al género femenino. Para tener 35 empleados pagados con dinero público, podría al menos dar trabajo a algún licenciado en letras que le revisara sus farragosos textos.
Pero volviendo al documento oficial y dejando de lado la inspiración del diputado Gallegos, es necesario comentar algunas cosas. El pronunciamiento insiste en la no extradición “para mantener el orden, el Estado de derecho y la soberanía de la República de El Salvador”. Lo de mantener el orden, para empezar, suena a amenaza. Ya algunos bárbaros dispararon contra la embajada española en este contexto. ¿Querrán decir los honorables diputados que hay peligro de más disparos si se sigue con la extradición?, ¿o solamente que dañan el orden quienes piden la extradición? Cuando un poder de la República habla es importante que no diga vaguedades. Es necesario que se aclare qué quiere decir ese “mantener el orden”, porque en nuestro país la tradición de mantenerlo ha pasado demasiadas veces por el abuso autoritario y el exceso de fuerza.
En segundo lugar, la alusión al Estado de derecho es importante. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le recomendó el 22 de diciembre de 1999 al Estado salvadoreño, con respecto al caso jesuitas, “realizar una investigación completa, imparcial y efectiva, de manera expedita, conforme a estándares internacionales, a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones encontradas, sin perjuicio de la amnistía decretada”. Es probable que los diputados, la Fiscalía e incluso el sistema judicial quieran ignorar esta recomendación de la CIDH, pero eso no los disculpa. Ningún funcionario puede ignorar un tratado internacional que exige poner los mejores esfuerzos para cumplir las recomendaciones de la Comisión. Y la recomendación, aunque se le entrega al Ejecutivo, obliga a todos los poderes del Estado a colaborar. En otras palabras, los honorables diputados son los primeros en golpear el Estado de derecho al oponerse a una recomendación de la CIDH. Muy buenos para vivir a costa de la patria y para repartir trabajos a sus parientes y amigos inútiles, e igual de vivos para mirar a otro lado cuando incumplen un tratado internacional.
Y finalmente, la guinda del pastel de este pronunciamiento es la invocación a la soberanía nacional. Es difícil saber si los diputados, al menos los firmantes del texto, se han dado cuenta de que la soberanía está en el pueblo. Y que el Estado, del que ellos forman parte como poder formal, está al servicio de ese pueblo, presente en todas y cada una de las personas que lo forman. Estar al servicio de las personas y proteger la impunidad, el asesinato y los crímenes de lesa humanidad no parece la mejor fórmula de soberanía. Por eso, cuando los diputados hablan de soberanía nacional, es difícil entenderles. Por otra parte, defender la soberanía nacional es una de las funciones constitucionales de la Fuerza Armada. Según el criterio de los diputados firmantes, ¿tendrá el Presidente que pedirle al Ejército que defienda la soberanía frente al juez Eloy Velázquez? La pregunta puede parecer ridícula, pero el uso de la soberanía nacional por parte de estos diputados es más ridículo todavía y lleva a preguntarse qué entienden por ella. Máxime sabiendo que muchos tratados internacionales, desde los relativos a derechos humanos hasta los TLC, suponen una cesión de la soberanía. Una cosa es la interpretación de un tratado internacional y de la legislación que lo justifica, y otra es acudir a la soberanía nacional y su protección cuando no se está de acuerdo con un procedimiento legal interno. El problema grave es este tipo de diputados que confunden las cosas tan fácilmente. Siempre dispuestos a defender la patria mientras la misma signifique llenarse de dinero y privilegios el bolsillo.
En lo único que tienen plena razón los firmantes es en exigir rapidez en el proceso de exhibición personal de los ya detenidos, que desde hace demasiado tiempo presentaron un recurso de habeas corpus. Pero una vez más los diputados ignorantes se olvidan de su propia responsabilidad y de que tienen en la mano la capacidad de acelerar el lento, y a veces voluntaria y arbitrariamente perezoso, sistema judicial. En efecto, el artículo 17 de la Constitución dice textualmente que “habrá lugar a la indemnización por retardación de justicia. La ley establecerá la responsabilidad directa del funcionario y subsidiariamente la del Estado”. A pesar de que la Carta Magna es de 1983, los diputados la ignoran o han decidido ignorarla, al menos en ese artículo. O en otras palabras más técnicas, la violan sistemáticamente por omisión.
Si no fueran violadores de la Constitución y hubieran redactado la ley de indemnizaciones por retardo judicial, las instancias correspondientes de las diversas salas y juzgados se hubieran apresurado para evitar la indemnización que en principio deben dar a los militares detenidos. Violar la Constitución, aunque sea por omisión, es una manera de violar los derechos de las personas que dicha norma consigna. ¿Se estará atentando de nuevo contra la soberanía nacional al violar los derechos del pueblo soberano? No lo creo, pero si siguiéramos el modo de argumentar de los diputados sobre la soberanía, tendríamos que pedirles a los militares que nos defendieran de los legisladores. Es evidente que el uso grandilocuente e ignorante de las palabras, típico de nuestros diputados, lleva a poder sacar las conclusiones más caprichosas. Esperemos que en la medida que mejore la educación en el país (El Salvador Educado es un proyecto tan ambicioso como necesario), se vaya limpiando la Asamblea Legislativa de la ignorancia y la escoria acumulada.
