Los inocentes (Pelicula)

 

 

El estanciero Güiraldes (Lito Cruz) descarga desde el minuto cero sangrantes latigazos sobre la espalda de uno de sus súbditos negros. Era otra Argentina, tiempos prerrevolucionarios. Aún no llegaba la Asamblea del año XIII que sin gran éxito inmediato pondría fin a esta práctica bárbara, que los terratenientes del mundo entero se esmerarían luego en derogar.

Y ya sabemos, Los inocentes es una película de terror, pero el hecho de llevar al cine la esclavitud como tema plantea, en los papeles, un ejercicio valiente. Un Django sin cadenas con brujas y espíritus, y sin Tarantino.

 

La importancia de los intelectuales campesinos en la guerra civil

La alianza entre intelectuales urbanos y campesinos que se forjó en la década de 1980 es un elemento clave para comprender los orígenes la guerra civil salvadoreña, pero no se ha apreciado la contribución de los intelectuales campesinos a la articulación de la ideología y la política de los movimientos sociales y revolucionarios.

 

 

 

Joaquín M. Chávez

elfaro

Alrededor del año 1968, en la Habana, el escritor franco-argentino Julio Cortázar fue testigo de una conversación animada entre el poeta salvadoreño Roque Dalton y el líder cubano Fidel Castro. Ambas personas discutieron casualmente los usos de un arma no identificada durante un largo intercambio entre Castro e intelectuales asociados con la institución cultural cubana Casa de Las Américas. Cortázar recuerda que sintió “una alegría infinita” observando las interacciones entre “el corpachón de Fidel y la figura esmirriada y flexible de Roque” mientras los dos hombres intercambiaban una “metralleta abstracta” (es decir, un arma imaginaria) a medida que avanzaba el diálogo.

Esta peculiar conversación entre Castro y Dalton evoca los intrincados papeles que los intelectuales desempeñaron en la política revolucionaria en el apogeo de la Guerra Fría en América Latina. Innumerables estudiantes universitarios, académicos, periodistas, maestros y escritores de toda la región se unieron a movimientos insurgentes después de la Revolución Cubana. Cuba apoyó a intelectuales radicalizados como Dalton que formaron guerrillas en El Salvador, Guatemala y Nicaragua en los años setenta.

En el momento de su encuentro con Castro, Dalton escribió extensamente sobre las perspectivas de la revolución continental anunciada por Ernesto “Che” Guevara en su “Mensaje a la Tricontinental”, un foro revolucionario transnacional creado en La Habana en 1966. En ese mensaje Guevara abogó por la formación de “dos, tres o muchos Vietnams” para socavar el poder estadounidense en las Américas, Asia y África.

Según Dalton, las insurgencias en América del Sur y en América Central respondieron claramente al llamado de Guevara para la “creación de Vietnams latinoamericanos”. En cambio, consideraba que la mayoría de los partidos comunistas de la región eran obstáculos para la “lucha antiimperialista de los pueblos del continente” debido a las tendencias conservadoras, reformistas y “oportunistas de derecha” que él les atribuía. Siguiendo esta lógica, Dalton renunció a su afiliación con el Partido Comunista de El Salvador alrededor del año 1967 y eventualmente se unió a la resistencia armada contra el régimen autoritario en El Salvador.

El célebre Dalton pasó casi una década en Cuba y otros países socialistas, escribiendo y preparándose para la revolución en El Salvador. Pero su participación en la insurgencia salvadoreña resultó fugaz y trágica. La problemática integración de Dalton en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en diciembre de 1973 y su asesinato el 10 de mayo de 1975, a manos de la facción militarista que dirigía la organización, son testimonio de un claro anti-intelectualismo en la izquierda salvadoreña. Militantes de clase media acusaron a Dalton de ser un “intelectual pequeñoburgués” que amenazaba la seguridad de la organización y lo ejecutaron sumariamente. Al comentar sobre el legado de Dalton, Miguel Huezo Mixco, un poeta que se unió a la insurgencia a mediados de la década de 1970 y pasó la guerra civil en Chalatenango, observó cáusticamente que Dalton fue un caso excepcional entre sus pares, en la medida en que estos predicaban rebelión pero nunca tomaron las armas contra el Estado. “Si bien Dalton no fue el prototipo de un soldado, llegó más lejos que todos los poetas de su generación, que le cantaron a la revolución con la metralleta invisible bien guardada en sus armarios”, escribió Huezo Mixco.

Póstumamente, Dalton se convirtió en un ícono cultural en las Américas. Para muchos, sigue siendo el poeta rebelde por excelencia, una figura profundamente arraigada en los imaginarios de las revoluciones latinoamericanas del siglo veinte. Él fue realmente un individuo extraordinario entre los miembros de su generación literaria, que se unieron a partidos y movimientos de izquierda pero nunca tomaron las armas contra el Estado. Su trayectoria política es paralela a la de otros intelectuales centroamericanos posteriores a la Segunda Guerra Mundial que desafiaron al autoritarismo a través de políticas electorales y movilizaciones sociales y eventualmente formaron movimientos revolucionarios armados.

Aquella Nueva Izquierda

En 1960 Dalton se unió a un movimiento de protesta que depuso al Presidente José María Lemus, quien había ordenado medidas represivas contra la comunidad universitaria con el supuesto objetivo de contener la subversión en El Salvador patrocinada por Cuba. En aquel momento, Lemus lo encarceló ilegalmente junto con otros intelectuales universitarios. En 1964, agentes estatales secuestraron a Dalton por segunda vez. Después de escapar de una cárcel clandestina en Cojutepeque, cerca de San Salvador, huyó a Cuba. Se estableció en La Habana y se convirtió en una figura omnipresente en la vida cultural de la ciudad. Junto con otros escritores latinoamericanos y caribeños, realizó un famoso debate en 1969 sobre el papel que los intelectuales desempeñaron en las revoluciones latinoamericanas.

Dalton ha ganado una reputación prominente como un notable poeta latinoamericano y precursor de la insurgencia salvadoreña. Sin embargo, estaba lejos de estar solo; varias cohortes de estudiantes, líderes campesinos, maestros, poetas y trabajadores prácticamente desconocidos, orquestaron las movilizaciones revolucionarias que precedieron la guerra civil.

La trágica experiencia de Dalton en la insurgencia ilustra temas cruciales como el surgimiento de nuevas cohortes de intelectuales que cuestionaron el liderazgo tradicional que los intelectuales comunistas habían jugado en la política popular. A diferencia de sus predecesores comunistas que habían estado activos en la política electoral y reformista durante varias décadas, estos intelectuales emergentes rechazaron el reformismo y en su lugar crearon organizaciones guerrilleras y movimientos sociales revolucionarios para luchar contra el régimen autoritario que había prevalecido en el país desde 1932. Estos intelectuales encarnaron culturas de resistencia que se inspiraron en memorias de levantamientos campesinos indígenas y movilizaciones cívicas en El Salvador, movimientos revolucionarios y anticoloniales de todo el mundo y una variedad de tradiciones intelectuales, políticas y religiosas. Estudiantes y profesores universitarios, intelectuales Católicos, maestros, líderes campesinos y poetas fueron componentes cruciales de esta Nueva Izquierda emergente.

1983. Guerrilleros caminan por un pueblo del norte de Morazán

1983. Guerrilleros caminan por un pueblo del norte de Morazán

A pesar de su importancia, la historia de la insurgencia y la contrainsurgencia en El Salvador ha recibido poca atención académica. En Poetas y Profetas de la Resistencia examino la evolución de la alianza entre intelectuales urbanos y campesinos durante las dos décadas que precedieron a la guerra civil en El Salvador (1980-1992), usando el término “intelectuales” para designar a individuos —académicamente formados o no— que articularon la ideología y la política de los movimientos sociales y revolucionarios. Y ofrezco una historia de base de la polarización y movilización que llevó a El Salvador a la víspera de la guerra civil. Combinando el análisis social con una estrecha atención a la conciencia política, examina la evolución de las mentalidades políticas y religiosas y las ideas sobre el cambio histórico entre intelectuales urbanos y líderes campesinos. Estudia interacciones políticas y culturales, con un enfoque de clase transversal, entre la ciudad y el campo —particularmente la pedagogía secular y religiosa— que impulsaron las movilizaciones revolucionarias que anticiparon la guerra civil.

Los frecuentes enfrentamientos entre la comunidad universitaria y el régimen oligárquico-militar durante la Guerra Fría que prevaleció en la década de 1960 llevaron a la politización de los estudiantes universitarios y, en menor grado, de los profesores. Grupos literarios y otros movimientos contraculturales que se formaron en San Salvador, San Vicente y otras ciudades provinciales también se radicalizaron cada vez más. Posteriormente, estos grupos desempeñaron papeles importantes en la formación del movimiento insurgente en la década de 1970, cuando la represión crónica y los amplios cambios ideológicos e institucionales dentro de la Iglesia Católica y en la Universidad de El Salvador contribuyeron a la radicalización de los intelectuales Católicos que se unieron a la insurgencia.

Los líderes campesinos, especialmente en Chalatenango, fueron particularmente influyentes en la formación de la insurgencia. Las alianzas entre los activistas urbanos y los líderes campesinos se formaron en gran parte a través de la pedagogía popular, institucional y religiosa, es decir, la capacitación rural cooperativa, los programas de alfabetización y los talleres sobre la doctrina social Católica.

A lo largo de la década, el contenido de esta pedagogía se volvió más radical en respuesta a las limitaciones estructurales de la política, la economía política y la sociedad salvadoreñas, caracterizadas por el autoritarismo, la represión, los fraudes electorales endémicos, el capitalismo agrario obsoleto y la intransigencia oligárquica con respecto a las demandas de los trabajadores urbanos y rurales. A su vez, esta emergente “pedagogía de la revolución” tensionó y desafió esas estructuras y la política.

La reacción represiva del Estado ante las crecientes movilizaciones sociales de la década de 1970 estuvo acompañada por propaganda estatal ampliamente distribuida que describía a prominentes intelectuales como “el enemigo interno”. Esta propaganda legitimó la represión contra sacerdotes, estudiantes, maestros y líderes campesinos y motivó a muchos de ellos a apoyar a la insurgencia, convirtiéndose así en una causa directa de la guerra civil. Informados por las tradiciones Católica, socialcristiana, marxista, leninista y maoísta y por el espíritu insurgente de los años sesenta, los estudiantes universitarios y poetas formaron grupos insurgentes urbanos y se rebelaron contra el régimen autoritario a principios de los años setenta.

Los intelectuales campesinos desempeñaron papeles centrales en la transformación del relativamente pequeño levantamiento urbano en las insurgencias rurales masivas de 1973 a 1980. La escalada del terror estatal contra las comunidades campesinas en Aguilares, Chalatenango, San Vicente, Usulután, Morazán y otras áreas rurales dinamizó aún más este proceso. La polarización y los enfrentamientos violentos entre los campesinos integrados en las estructuras paramilitares del Estado y los afiliados al movimiento revolucionario también aumentaron significativamente a medida que la crisis política nacional se intensificó a fines de los años setenta.

En 1980, las fuerzas militares llevaron a cabo campañas de tierra arrasada en pueblos y aldeas en el noreste de Chalatenango que resultaron en la destrucción generalizada de las comunidades campesinas. La mayoría de los miembros de estas comunidades huyeron a Honduras, Belice, Nicaragua y otras regiones de El Salvador. Los campesinos que se unieron a las estructuras paramilitares estatales se reasentaron cerca de las principales guarniciones del ejército en Chalatenango. En ese periodo, los intelectuales campesinos y los insurgentes urbanos crearon un ejército guerrillero que libró una guerra revolucionaria de doce años contra los militares y sus aliados campesinos. La dialéctica entre el creciente terror de Estado y la insurgencia urbana y rural en la década de 1970 se convirtió en un prolongado conflicto armado entre el Estado y el FMLN que devastó al país entre enero de 1981 y enero de 1992.

La raíz campesina

Mi libro rastrea los orígenes de ese conflicto en Chalatenango, particularmente las iniciativas educativas anteriores a la creación del movimiento campesino y las interacciones entre los líderes campesinos y los militantes urbanos que formaron la insurgencia. El noreste de Chalatenango es un territorio montañoso cruzado por varios ríos, que limita con Honduras. En la década de 1970, esta área se mantuvo al margen de la economía agroexportadora del país debido a la mala calidad de sus suelos, terreno accidentado y aislamiento relativo de los principales centros urbanos.

Lempa, el río más largo de El Salvador, atraviesa Chalatenango y varios departamentos antes de llegar al Océano Pacífico. Dos presas hidroeléctricas, 5 de Noviembre y El Cerrón Grande, reliquias de proyectos de modernización en los años 1950 y 1970, forman grandes depósitos en el sistema del río Lempa. El río Sumpul atraviesa el noreste de Chalatenango y crea una frontera natural entre El Salvador y Honduras. El río Tamulasco fluye de norte a sur en el embalse de El Cerrón Grande. A principios de la década de 1970, minifundistas y trabajadores rurales de Las Vueltas, San Antonio Los Ranchos, El Portillo del Norte, San José Cancasque, Corral Falso, Potónico, Arcatao y otros pueblos y cantones de esta región crearon uno de los más poderosos movimientos campesinos en la historia reciente de América Latina. Estos pequeños propietarios sembraban cultivos de subsistencia y sufrían precarias condiciones de vida como trabajadores estacionales en cafetales y haciendas de azúcar en otras regiones de El Salvador o migraban a la costa Atlántica de Honduras. A fines de la década, formaron la columna vertebral de la insurgencia en la región central de El Salvador.

Líderes campesinos en Chalatenango, tales como los pequeños terratenientes que fundaron cooperativas rurales, desempeñaron funciones autónomas de liderazgo y pedagogía en comunidades campesinas a principios de la década de 1970 y organizaron un movimiento político que socavó seriamente el régimen oligárquico-militar. En ese momento, se unieron a un centro regional de capacitación cooperativa y se desempeñaron como educadores populares en un programa de alfabetización patrocinado por la Iglesia Católica llamado Escuelas de Radio (Escuelas Radiofónicas). Este programa combinó emisiones de radio diarias de lecciones de educación primaria con la formación de grupos de estudio locales en áreas rurales.

A mediados de la década de 1970, los líderes campesinos en Chalatenango articularon un discurso contrahegemónico que combinaba nociones Católicas de justicia y política de clase. También crearon una potente organización campesina llamada Unión de Trabajadores del Campo (UTC), que jugó un papel importante en las movilizaciones del período. Finalmente, algunos líderes campesinos se unieron a las organizaciones revolucionarias y se convirtieron en líderes insurgentes durante la guerra civil.

De hecho, los intelectuales campesinos fueron los principales catalizadores de las movilizaciones campesinas en Chalatenango, donde establecieron las bases ideológicas y organizativas para el surgimiento de la UTC en sus roles como maestros de las escuelas de radiofónicas, y como líderes cooperativos, predicadores laicos, paramilitares, activistas políticos, y rezadores y rezadoras (expertos en rituales Católicos). Organizaron la expansión masiva del movimiento campesino en las áreas rurales de Chalatenango donde el control estatal era relativamente débil.

Este no fue un caso típico de “desbloqueo de la conciencia campesina” promovido por intelectuales urbanos, ya que los líderes campesinos que fundaron el UTC en Chalatenango ya estaban “politizados” cuando llegaron a la región insurgentes urbanos y sacerdotes diocesanos influenciados por la teología de la liberación a principios de la década de 1970. El proceso constituyó más bien un diálogo entre intelectuales urbanos y campesinos que surgió a través de discusiones políticas y la formulación y ejecución de una estrategia revolucionaria común. La movilización militante de los campesinos se produjo gradualmente, en parte como resultado de su creciente hostilidad hacia la represión oficial. Aunque los insurgentes urbanos desempeñaron un papel en este proceso, la decisión de los campesinos de luchar contra las fuerzas estatales surgió de sus propias comunidades y líderes.

*Joaquín M. Chávez (PhD New York University) es Associate Professor of History en The University of Illinois at Chicago (UIC).

** Esta entrega es una adaptación de extractos del libro Poets & Prophets of the Resistance: Intellectuals & the Origins of El Salvador’s Civil War (New York and Oxford: Oxford University Press, 2017) del historiador Joaquín M. Chávez. Traducción al Español por Beatriz Maida y Héctor Lindo Fuentes.

EL SALVADOR. Crisis histórica: el pueblo y su alternativa

Dagoberto Gutiérrez

El Salvador atraviesa un momento de crisis histórica caracterizada por el hundimiento del modelo político levantado después de la guerra civil, por el empobrecimiento agudo de grandes sectores de la población y el enriquecimiento escandaloso de pequeños grupos sociales y políticos y por el derrumbe de las vigas políticas partidarias llamadas a sostener el régimen.

Esta crisis tiene su expresión más definitiva en la violenta guerra social que azota al país, pero también se expresa en la peligrosa reducción y bienvenida del control ideológico que empuja al pueblo indefenso a votar, elección tras elección, por candidaturas desconocidas o por candidatos abundantemente conocidos por corruptos, antipopulares y odiosos.

Este es un momento en donde se relacionan contradictoriamente el mayor poder ideológico del mercado, un poder jamás visto, y una especie de despertar, que junto con el hartazgo de una realidad que acuchilla al ser humano, ha producido en el pueblo una especie de esperanza mesiánica. La lógica del fenómeno descansa en el hecho de que los seres humanos aspiramos, de una manera escatológica, a encontrar o a construir una luz que al final del túnel indique la salida de la oscuridad del miedo y la incertidumbre.

En esta reflexión, la esperanza aparece como un fruto colectivo, como lo que concita las angustias de todos y todas, las ofensas más amplias y las aspiraciones de justicia que corren por las calles y por las veredas.

En este escenario de búsqueda es donde aparece la figura de Nayib Bukele. El encuentro entre este personaje y las necesidades de la gente abre la puerta para una reflexión sobre el mesianismo.

En la reflexión teológica cristiana, el mesías es tanto el que es enviado como el que es esperado, pero este papel, que no es necesariamente buscado, parece ser determinado por el trapiche intenso del escenario histórico. Es en este escenario donde se construyen los alambiques que terminan definiendo las condiciones del encuentro de las masas que aspiran y un personaje que asume un papel, que no ha sido necesariamente buscado, ni mucho menos racionalizado. No en todos los casos.

En un escenario de crisis como el actual resulta de gran importancia que el pueblo busque una salida en donde esperan encontrar la defensa de sus intereses.

En esta aspiración podemos encontrar el rechazo al orden político y económico actual. Esto equivale al rechazo de una realidad y la aspiración a otra realidad diferente, con justicia, con trabajo digno, con salud, con educación, con dignidad, con país y con patria. Esta es, precisamente, una visión utópica, tal como la plantea Tomás Moro en su Utopía, en donde ésta no aparece como lo imposible o lo ilusorio, sino como la acción política humana de hacer posible lo que parece imposible, apoyándose en las visiones compartidas por personas de diferentes levaduras.

Por eso es que tanto el pensamiento utópico como la actitud mesiánica requieren de un escenario histórico determinado.

Estamos hablando del encuentro entre las amplias aspiraciones de un pueblo, en un determinado momento y lugar, y el personaje o los personajes que terminan asumiendo como propias suyas, las tareas que el momento histórico exige.

Las luchas históricas nos ofrecen ejemplos innumerables de este hecho, y en el momento político salvadoreño, Nayib Bukele expresa el rechazo al orden político partidario y la confrontación con las dos vigas maestras del neoliberalismo, los partidos ARENA y FMLN, llamando a la derrota de estas dos cabezas, convoca a la gente a luchar contra el orden actual y conscientemente se sitúa en el terreno del desorden. Esto basta actualmente para que se produzca el encuentro entre miles de personas hartas del actual orden y el personaje que habla, que denuncia, y que choca con este orden desde el desorden.

De esta manera, conviene darse cuenta que es la realidad la que encuentra a este personaje, pero es este personaje el que también camina hacia la realidad. Cuando hablamos de realidad nos referimos al escenario en donde el ser humano realiza su praxis, luchando por transformar esta realidad conflictivamente y activamente. No pensamos en algo que está ahí, que es fuera del ser humano, que es percibible; por el contrario, resulta ser el individuo, la fuerza que tiene la capacidad subversiva para transformarla.

A esto estamos llamando realidad y estamos situando al conflicto en la medula de la misma con dos extremos conflictivos: por un lado, la paz, que puede ser como el conflicto más reducido, y por el otro, la guerra, que es el conflicto más encendido, equidistante de uno y otro polo, situamos a la crisis, de cuya solución depende siempre que nos conduzca a una paz que también es conflicto, o a su punto más alto, que es la guerra.

No cabe duda que Nayib Bukele está siendo empujado y movido por el acontecimiento, pero también es cierto que, según su decisión y definición pendientes, él y el pueblo podrían mover el rumbo de las cosas. Para eso necesitará más, mucho más que eso que se llama redes sociales. El pueblo también necesita amplias redes organizativas y con los más diversos colores para asegurar la derrota del orden detestable y repudiado y la construcción de uno nuevo. De eso depende el logro de la paz, que termina siendo una especie de conflicto de otro nivel y de otra dimensión.

El actual momento está preñado de grandes posibilidades y mucho depende de la acción de las masas y del papel de los sujetos.

San Salvador, 01 de diciembre del 2017.

El caso de Clay Andrew Pierce: víctima del exceso punitivo en el combate a las drogas

El caso de Clay Andrew Pierce: víctima del exceso punitivo en el combate a las drogas

 Ricardo Langlois

ENFOQUE JURIDICO

El día 1 de noviembre de 2017, en el Aeropuerto Internacional “Monseñor Óscar Arnulfo Romero”, fue capturado el señor Clay Andrew Pierce, quien, solo se encontraba haciendo escala, regresando a su natal Oregon (Estados Unidos), en vista que tenía que arreglar unos asuntos migratorios en Colombia, su destino final original.

Fue detenido por habérsele encontrado una porción de material vegetal, la cual no se ha determinado el peso, junto con pertenencias personales, como libros, máquinas medicinales y colección de monedas, haciéndole pasar como narcotraficante, ya que la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) ha decidido procesarlo por tráfico internacional de drogas, previsto y sancionado en el Art. 33 Inc 2° de la Ley Reguladora a las Actividades Relativas a las Drogas (abreviado LERARD).

Todo marcaba a ser un caso más de lucha contra el crimen organizado, en la cual se combate el narcotráfico en todos los ámbitos posibles; sin embargo, ese ese escenario está totalmente alejado de la realidad: el señor Clay Andrew Pierce, ciudadano americano, vivió en el Estado de Oregon, Estados Unidos, lugar donde el cannabis (conocido como mariguana) se encuentra legalizado; de igual manera, al lugar donde se dirigía, Colombia, recientemente ha hecho una serie de reformas las cuales habilitan el uso del cannabis con fines médicos.

Clay Andrew Pierce iba en tránsito por El Salvador, un país el cual no ha hecho ningún acercamiento en el rubro de políticas de drogas o tratar siquiera, la posibilidad de tomar el cannabis para asuntos médicos, regulando acordemente.

Mientras la FGR mira en Clay Pierce a un narcotraficante, en realidad se trata de una persona cercana a la tercera edad (57 años), con graves problemas de salud debido a un accidente en motocicleta de hace varios años, en el cual el dolor crónico que ha sufrido se ha ido desvaneciendo por medio del cannabis medicinal; así también, Clay Pierce cuenta con varios años siendo activista en pro del uso medicinal del cannabis, el cual lo llevó a vender todas sus pertenencias y emprender una nueva vida en Toribio, Colombia, al trabajar como asesor para una asociación de indígenas víctimas de la guerra civil en Colombia; su trabajo de asesoría sería ayudar a los nativos en utilizar acordemente los recursos y plantas de cannabis para poder adentrarse de la industria del cannabis medicinal, que está tomando auge actualmente en Colombia.[1]

Por lo tanto, la intención de este artículo es demostrar la situación de la regulación del cannabis en el Estado de Oregon, Colombia y El Salvador, demostrando lo innecesario que es el exceso punitivo por parte de este país hacia la persecución de los delitos contenidos en la LERARD, por lo que es enteramente necesario determinar prioridades de procesamiento penal por parte de la Fiscalía General de la República, como también incentivar el debate para una debida regulación de drogas en El Salvador, con respeto estricto a los derechos humanos y de las nuevas tendencias internacionales respecto a políticas de drogas, de las cuales, El Salvador se encuentra totalmente alejado.

 

Cannabis en el Estado de Oregon, Estados Unidos de América.

Muchas cosas interesantes pueden destacarse del Estado de Oregon, lugar de donde viene Clay Pierce. Para iniciar, el Estado de Oregon fue el primer Estado en toda la unión americana en descriminalizar la posesión y tenencia del cannabis hasta por una onza, que equivale a un total de 28 gramos. El consumo privado de cannabis en Oregon no sería considerado como un delito sino como una infracción administrativa. Todo esto sucediendo en 1973.[2]

En el año 1998, se dio la votación para la medida 67 de 1998 (Oregon Ballot Measure 67 – 1998) en la cual se aprueba el uso del cannabis medicinal en el Estado de Oregon, y se emiten nuevas legislaciones al respecto. A pesar de existir diferentes retos y paradigmas con el uso del cannabis medicinal, para el año 2009, existían más de 20,000 pacientes con carné de identificación que utilizaban cannabis medicinal.[3]

Tras varios años de pelea, se aprobó, mediante votación la medida 91 del año 2014 (Oregon Ballot Measure 91 – 2014), en el cual se aprobó el uso recreacional del cannabis, teniendo un margen de aprobación de 56.11% sobre un 46.88% en contra.[4] Entre una de las prerrogativas que se dieron con la medida, como por ejemplo, fue expedir licencias para dispensarios de cannabis recreativo, se estipuló mediante la sección 6 de la medida 91 que se puede disponer de 8 onzas de mariguana utilizable[5], 16 onzas de mariguana en estado sólido, y 72 onzas de mariguana en estado líquido.[6]

La ley HB 3400 ayuda a regular ciertos preceptos que quedaron vacíos en la Measure 91 de Oregon, como lo es por ejemplo la tramitación de permisos para venta de cannabis recreativo, así como también la posibilidad de tener hasta 16 onzas de concentrados cannabinoides caseros, tal cual lo estipula la sección 6 literal D de la ley HB 3400 del Estado de Oregon.[7]

Para efectos de cannabis medicinal y no con fines recreativos, según la Ley de Cannabis Medicinal de Oregon (Oregon Medical Marihuana Act) en la sección 475.320, habilita a las personas en tener hasta seis plantas de cannabis maduras y tener hasta 24 onzas de cannabis, siendo un total de posibilidad de posesión hasta 672 gramos de cannabis con fines medicinales.[8]

Dado a esta delimitada regulación en el Estado de Oregon, puede observarse que hay una legislación muy avanzada respecto al cannabis, tanto en su uso medicinal como también lo es para fines recreativos, todo bajo preceptos de conservación de salud y libre determinación de las personas.

 

Cannabis en la República de Colombia.

Aunque Colombia no es Uruguay, en el sentido que no ha legalizado por completo el cannabis, ha hecho cambios trascendentales para la regulación del cannabis medicinal en los últimos años.

Tal fue por ejemplo, cuando la Corte Constitucional de Colombia determinó que no era penalmente relevante la posesión y tenencia con fines de consumo, tal cual estaba estipulado en la Ley 30 de 1986 colombiana. En ese sentido, la Corte Constitucional de Colombia, a través de la sentencia C-221/94, determinó que considerar como delito la posesión y tenencia con ánimo de consumo implicaba serias violaciones a los derechos fundamentales, como la libre determinación de la persona, la cual es expresión inmediata de la libertad. Así también determina que los tratamientos médicos como responsabilidad penal son atentatorios contra la autonomía personal, ya que implica una subrogación a la capacidad de decidir por uno mismo.[9] Toda esta argumentación realizada en el año 1994.

A pesar de haber utilizado dicha argumentación, la Corte Constitucional de Colombia no derogó el Art. 2 Literal J Inc° 2 de la Ley 30 de 1986 colombiana. Por lo que se podía portar hasta 20 gramos de mariguana, 5 gramos de mariguana hachís, 1 gramos de cocaína y 2 gramos de metacuoalona.[10] Es decir, si una persona tiene esa cantidad o menos, no hay relevancia penal para el sistema punitivo.

La jurisprudencia colombiana sigue más allá, por lo que en la radicación 33,409 de la Corte Suprema de Colombia, establece que si existe posesión o tenencia ligeramente superior a lo estipulado puede ser considerado como penalmente irrelevante, siempre y cuando no exista una intención de vulnerar la salud pública o tenga intenciones de traficar drogas. Todo esto dependería de cada caso, según se verifique en los tribunales.[11]

En el transcurso de los años, Colombia ha avanzado aún al momento de regular lo referente al cannabisdesde la óptica medicinal, pero debe destacarse que bajo el Decreto Ejecutivo 613 de 2017, en el cual por medio del Art. 2.8.11.1.3, establece la definición de auto-cultivo, por el cual una persona podrá tener hasta veinte unidades (plantas) de cannabis para uso personal, lo cual no requiere ningún tipo de licencia.[12]

Se destaca el avance de Colombia al regular respecto del cultivo y obtención de licencias relacionadas al cannabis, así también con el procesamiento, importación y exportación, con fines estrictamente médicos y científicos. Por lo que Colombia emite un mega-cuerpo legal en donde reglamenta sobre muchos tópicos, entre ellos, lo referente al cannabis medicinal, quedando comprendido en el Libro 2, parte 8, título 11, de los capítulos 1 al 6 del Decreto 780 de 2016.[13]

 

La Sesión Especial de la ONU relativo a política de drogas (UNGASS 2016)

En el año 2012, a través de la resolución de la ONU 67/193, se había convocado a una sesión especial de Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, la cual estaba programada en el marco de evaluación de la “Declaración Política y Plan de Acción sobre Cooperación Internacional en Favor de una Estrategia Integral y Equilibrada para Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas”.

En ese evento, se determinó cuatro factores importantes dentro de la sesión especial UNGASS 2016, entre estas destacan[14]:

Respeto a los Derechos Humanos: preservación y bienestar de la salud de los consumidores, no estigmatización de los consumidores, descriminalización de la posesión y tenencia de drogas con fines personales y abolición de la pena de muerte con delitos relacionados a las drogas.

Flexibilización de las Convenciones Internacionales contra las Drogas: faculta a los países en rehacer sus políticas de drogas y que exista regulación legal respecto a uso científicos y médicos de las drogas bajo supervisión internacional, todo bajo el parámetro de libre autodeterminación de los Estados.

Reconocimiento que el problema de drogas es asunto de salud pública: por lo que implica que usar otros medios no represivos-penales para la solución de la problemática de las drogas, determinar medidas alternas a la prisión como responsabilidad penal, y facilitar un camino a la legalización para productores de cannabis, coca y amapola.

Seguir el combate contra el crimen organizado: atacar financieramente a las mafias, redoblar esfuerzos en cooperación internacional para el combate de la criminalidad organizada y compartir experiencias entre Estados relacionados a la lucha contra el crimen organizado.

Por lo tanto, el UNGASS 2016 fue una oportunidad para redirigir el esfuerzo internacional de la lucha contra las drogas y hacerla bajo un espectro de total respeto a los derechos humanos y utilización de los recursos del Estado de forma proporcional, en el sentido que no solo se utilice el Ius Puniendi para resolver los problemas causados por las drogas, y que todo se resuelva con las medidas más gravosas: la detención provisional y la pena de prisión.

Cannabis en El Salvador

Expuesta las experiencias legales en el Estado de Oregon (USA), Colombia y lo dispuesto en el UNGASS 2016, debe de mostrarse como se encuentra la regulación del cannabis en El Salvador, en vista que, muchas personas son procesadas actualmente por los delitos de posesión y tenencia y tráfico ilícito de drogas, cuando simplemente pueden ser consumidores, pacientes médicos o activistas, tal cual es el caso de Clay Andrew Pierce.

En El Salvador, no ha existido ni una sola iniciativa para descriminalizar la posesión y tenencia de las drogas, si quiera del cannabis y mucho menos ha existido proposición legislativa alguna, por la cual se pueda regular respecto al cannabis medicinal de forma más detallada, y no de manera ambigua como lo es en la LERARD.

Lo único considerable al respecto es la sentencia de la Sala de lo Constitucional de referencia Inc. 70-2006/71-2006/5-2007/15-2007/18-2007/19-2007, la cual en resumidas cuentas, estipula que el consumo personal de drogas no es penalmente relevante, por lo que no debe existir persecución penal alguna para las personas consumidoras de drogas en El Salvador.[15]

Esta sentencia desarrolla ciertos preceptos importantes, como lo son por ejemplo las facetas internas y externas de la libertad personal, en la cual la primera versa sobre la no-injerencia del exterior, mientras que la segunda es la manifestación de la primera por medio de conductas y comportamientos, por lo que son penalmente irrelevantes, y solo las acciones y omisiones son las que merecen una respuesta punitiva.

Así también desarrolla preceptos de la lesividad y vulneración al bien jurídico protegido, en este caso, la salud pública. No puede existir lesión alguna al bien jurídico si es la salud privada la que es lesionada, por lo que no puede organizarse el poder punitivo del Estado salvadoreño en castigar a las personas consumidoras de drogas.

Cabe destacar que la revista Enfoque Jurídico ya se ha pronunciado previamente sobre esta sentencia, en la cual incluye una crítica, al decir que este criterio jurisprudencial es una sentencia aditiva, ya que desarrolla todos los preceptos para declarar inconstitucional el Art. 34 LERARD y no lo hace, y crea un nuevo elemento subjetivo del tipo, el cual es el “ánimo de tráfico” y otras problemáticas más en las cuales hay violación a la presunción de inocencia y al principio de legalidad.[16]

De igual forma, se ha criticado la política actual de drogas en El Salvador, la cual es etiquetada como autoritaria, ya que la LERARD no hace distinción alguna de las conductas auto-referentes (consumo, auto-cultivo, uso médico) con las conductas penalmente relevantes.

Por esa misma razón, al existir esa mezcolanza de conceptos, la sola desobediencia a la norma estipulada en la LERARD, y su uso desmedido en contra de los justiciables, permite que las personas sean tratadas de narcotraficantes cuando no han cometido algún delito, por lo que la intención legislativa en la LERARD es una política de “tolerancia cero a las drogas” e implica graves violaciones de derechos fundamentales y humanos, por tanto se trata de una orientación expansionista, simbólica y punitivista del derecho penal.[17]

 

Observaciones finales.

Clay Andrew Pierce al estar en El Salvador ha sufrido diferentes tipo de vejámenes, en los cuales por ejemplo no tuvo al principio acceso a abogados y por su misma situación grave de salud, tuvo que utilizar altas dosis de sulfato de morfina para sus dolores crónicos, en vez de poder usar su cannabis medicinal, lo que implica una grave violación al acceso a la salud.

Así también, por la misma situación que solo se encontraba en tránsito y por el tipo de delito que le es imputado, se le decretó la medida más gravosa, que es la detención provisional, a pesar que existe un criterio jurisprudencial de la Sala de lo Constitucional en el cual no puede decretarse la detención provisional de forma automática porque implica una seria violación al deber de motivar las resoluciones judiciales.[18]

Al estar en tránsito, debe de tomarse en cuenta el gran riesgo que existe, para pacientes médicos, activistas o consumidores recreativos de cannabis. No importa si el país de origen o destino tengan regulación actualizada sobre drogas, o hayan legalizado el cannabis, simplemente pasar por un país determinado, como El Salvador, implicará persecución penal desproporcionada, peor en un caso donde una persona sea forzada a pasar por El Salvador, donde encontrará exceso punitivo por portar drogas con fines medicinales.

Un factor no valorado al respecto, es sobre el derecho a la libertad de conciencia, la cual conforma uno de los tres pilares de la racionalidad humana. El derecho a la libertad de conciencia es aquella “decisión moral acerca de acciones concretas, basadas en un código moral que una persona ha decidido adherirse”, por lo que podría servir como objeción frente aquellas normas jurídicas que impongan una obligación contraria a la ética o conciencia de un individuo.[19] Esto conlleva por ejemplo a obligar a una persona, por medio del poder punitivo, a tomar ciertas medicinas, o restringir la libertad de decisión para comportarse de una manera, tal como ha sucedido con Clay Pierce, ya que se ha limitado el acceso a la medicina de su preferencia y se le ha procesado como traficante cuando es en realidad un activista cannabico.

El Salvador no solo se encuentra muy atrasado con su acercamiento de regulación de drogas cuando se compara con el Estado de Oregon y Colombia, sino que también su accionar no es acorde a lo estipulado en el UNGASS 2016. Cabe destacar que en el sexagésimo período inter-sesional de la Comisión de Narcóticos y Drogas de Naciones Unidas, la representante de la misión diplomática salvadoreña en Austria, enfatizó que El Salvador ha llevado un estricto cumplimiento al principio de responsabilidad común y compartida, por lo que no se puede tratar la problemática de drogas de forma aislada sino de forma integral, haciendo énfasis en la prevención y rehabilitación y poder incorporar buenas prácticas. Esto deviene en contradictorio por la manera que El Salvador persigue activistas y pacientes médicos de cannabis, quienes están en grave estado de salud y son personas con discapacidad, tal como es el caso del señor Clay Andrew Pierce.

Muchos otros lugares han podido avanzar en el campo de la descriminalización de las drogas, sobre todo el cannabis, y hoy en pleno siglo XXI, en el año 2017, El Salvador no puede hacer ese paso por el extremo conservadurismo y punitarismo legal que existe, el cual ni las instituciones garantes de los derechos fundamentales y humanos puedan hacer algo al respecto.

De la misma forma, El Salvador excede todo parámetro de proporcionalidad en el uso del Ius Puniendi a través de la Fiscalía General de la República, en vista de tratar a consumidores y activistas como narcotraficantes, sin siquiera valoración de la existencia de la antijuridicidad material en el delito de tráfico ilícito.

Esto implica serias violaciones a derechos humanos, en el cual puede poner a El Salvador no solo en un mapa desalentador, sino también, demuestra su falta de criterio contra el combate al narcotráfico internacional, ya que decide ocupar sus escasos recursos en contra de personas que no han hecho nada más que ocuparse de su salud, sin intención alguna de interferir, menoscabar o destruir el bien jurídico de la salud pública.

Por ello la sociedad civil debe de tener un rol más predominante para la consecución de política de drogas en El Salvador y pueda estar en la vanguardia internacional, sin menoscabar a personas inocentes, dejando en claro que lo que menos le interesa al Estado salvadoreño es respetar el programa de derecho penal mínimo, reconocido en la Constitución y en la jurisprudencia constitucional,[20]el cual conforma un Estado Democrático y Liberal de Derecho moderno.

Lejos de ello, El Salvador sigue siendo propulsor de un salvajismo punitivo, procesando al primero que ve, mutando de un Estado de Derecho a un Estado de Inquisición punitiva. Por lo que cabe preguntarse:

¿Cuántos más Clay Andrew Pierce hay procesados y en detención en El Salvador?

Referencias:

[1] Tal es el ejemplo, que en Colombia inicia el auge empresarial por el cannabis medicinal, tal cual, para este año, ya existen empresas constituidas en Colombia que se dedicarán a ese rubro. Ver: http://www.elcolombiano.com/colombia/salud/cannabis-medicinal-en-colombia-empresas-fabricantes-LX7440937

[2] www.leafbuyer.com, The History of Cannabis in Oregon, visitado el día 19 de noviembre de 2017. Enlace: https://www.leafbuyer.com/blog/history-cannabis-in-oregon/

[3] Estado de Oregon, Programa de Mariguana Medicinal del Estado de Oregon, visitado el día 19 de noviembre de 2017. Enlace: https://web.archive.org/web/20090122075751/http://oregon.gov:80/DHS/ph/ommp/data.shtml

[4] KPTV, Measure 91: Oregon Voters pass legalization of recreational marijuana. Visitado el día 19 de noviembre de 2017, minuto 0:00 – 0:30. Enlace: http://www.kptv.com/story/27273055/measure-91-oregon-voters-decide-on-legalization-of-marijuana?autostart=true

[5] La ley HB 3400 del Estado de Oregon define “mariguana utilizable” en la sección 1 N°29: mariguana utilizable son hojas y flores secas de mariguana. Esto no incluye raíces, semillas, tallos o residuos del procesamiento de cannabis.

[6] Estado de Oregon en los Estados Unidos de América, Measure 91, visitado el día 19 de noviembre de 2017, Página 6, enlace: http://www.oregon.gov/olcc/marijuana/Documents/Measure91.pdf

[7] House Bill 3400 del Estado de Oregon, Página 21, visitado el día 19 de noviembre de 2017, enlace: https://olis.leg.state.or.us/liz/2015R1/Downloads/MeasureDocument/HB3400/Enrolled

[8] Oregon Medical Marhuana Act, visitado el día 19 de noviembre de 2017, Página 8, enlace: https://medicalmarijuana.procon.org/sourcefiles/ORS.pdf

[9] Corte Constitucional de Colombia, sentencia del día 5-V-1994, número de referencia C-221/94, enlace: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/1994/C-221-94.htm

[10] República de Colombia, Ley 30 de 1986, visitado el día 19 de noviembre de 2017, página 2, enlace: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6460.pdf?view=1

[11] Corte Suprema de Colombia, radicación 33,409, de fecha 3-IX-2014, Pp. 32-43, visitado el 19 de noviembre de 2017, enlace: www.cortesuprema.gov.co/corte/wp…/pe/b2sep2014/SP11726-2014(33409).doc

[12] Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, República de Colombia, Decreto 613 de 2017, Página 3, visitado el día 19 de noviembre de 2017, enlace: http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20613%20DEL%2010%20DE%20ABRIL%20DE%202017.pdf

[13] Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, República de Colombia, Decreto 780 de 2016, Pp.554-517, visitado el día 19 de noviembre de 2017, enlace: http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20780%20DEL%2006%20DE%20MAYO%20DE%202016.pdf

[14] Presidencia de Colombia, El Nuevo Enfoque a la Lucha contra Las Drogas en 4 Puntos, visitado el día 19 de noviembre de 2017, enlace: http://especiales.presidencia.gov.co/Documents/20160418-ungass/ungass-2016.html

[15] Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional de El Salvador, sentencia del día 16-XI-2012, referencia Inc. 70-2006/71-2006/5-2007/15-2007/18-2007/19-2007.

[16] LANDAVERDE, MORIS. “LA DECLARATORIA DE CONSTITUCIONALIDAD DE LOS DELITOS DE POSESIÓN Y TENENCIA”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 12 de marzo de 2015. http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/2117

[17] LANDAVERDE, MORIS. “TOLERANCIA CERO A LAS DROGAS”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 08 de marzo de 2016. http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/4716

[18] Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional, sentencia del día 14-IX-2011, con número de referencia Inc. 37-2007/45-2007/47-2007/50-2007/52-2007/74-2007.

[19] Antonio-Luis Martínez-Pujalte y Tomás de Domingo. (Año 2010). Los Derechos Fundamentales en el Sistema Constitucional: Teoría General e Implicaciones Prácticas. Lima, Perú: Palestra Editores. Pp. 224-229. Cabe destacarse que el derecho a la libertad de conciencia no es ilimitado, y debe de contar desde una perspectiva ideológica o religiosa, por lo que debe de tomarse en cuenta la dimensión social de esa ideología o religión y pueda relacionarse a un grupo identificable, y no en un código moral personal. (Ídem. P. 229). Por lo que la libertad de conciencia aplica para activistas de cannabis por ser un grupo identificable, incluso a nivel internacional.

[20] Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional de El Salvador, sentencia del día 16-XI-2012, referencia Inc. 70-2006/71-2006/5-2007/15-2007/18-2007/19-2007.