Extorsionistas capturados luego de la operación Bumeran. Foto: Ministerio de Gobernación
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"Las maras terminan funcionando como apéndice de poderes paralelos que los utilizan con fines políticos. En definitiva: control social"
Reproducimos una investigación introductoria sobre el tema de la relación entre las pandillas y los poderes paralelos, presentada por el Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac). El trabajo vio luz pública hace algunos días pero no tuvo mucha circulación. Su temática, sin embargo, creemos que es fundamental. Encontrar las razones y lógicas detrás de la violencia en el país es vital para dejar atrás ese lastre que nos persigue desde las dictaduras militares. No es sorpresa que detrás de pandillas, la investigación sugiera la participación de miltiares retirados, sus empresas de seguridad, o grupos del crimen organizado formado en esos años. Tal vez este resumen que presentamos dé un poco de claridad a una temática compleja.
Las maras constituyen un problema social con aristas múltiples. Las maras funcionan como familia sustituta de numerosos jóvenes que proceden de hogares disfuncionales. El motivo por el que un joven, o un niño -dado lo prematuro de las edades con que se hace el pasaje de incorporación- ingresa a una mara, denota una sumatoria de causas: hay un trasfondo de pobreza estructural e histórica sobre el que se articula una cultura de violencia dominante, impuesta ya como norma en la historia del país, fortalecida con un conflicto armado que alcanzó ribetes de crueldad indecibles y que sigue sirviendo como pedagogía del terror, a lo que se suman impunidad, debilidad o ausencia de políticas públicas por parte del Estado, diferencias económicas irritantes entre los sectores más favorecidos y la gran masa de pobres y excluidos, ruptura de los tejidos sociales producto de la guerra interna, de la masiva movilidad del campo hacia la ciudad y de la salida desesperada hacia el extranjero como vía de escape a la pobreza crónica con la repatriación forzada de muchas de esas personas en condiciones que agravan la ya precaria situación nacional.
Dichas maras han venido cambiando su perfil en el tiempo, aumentando su agresividad, tornándose mucho más crueles que en los momentos de su aparición en la década de los 80 del siglo pasado. Ello responde a una transformación nada azarosa. Los llamados grupos de poderes paralelos enquistados en diversas estructuras que siguen operando con lógicas contrainsurgentes, aprovechan a estos jóvenes para sus operaciones delictivas.
Contextualizando el problema
Las maras existen en Guatemala desde hace ya más de tres décadas. En ese lapso de tiempo fueron evolucionando grandemente, y las primeras experiencias de los años 80 del siglo pasado, cuando grupos de muchachos defendían a puño limpio sus territorios en las colonias populares, ya no tienen nada que ver con su perfil actual.
¿Son realmente las maras el problema a vencer en nuestra empobrecida sociedad post guerra, o hay ahí ocultas agendas mediático-políticas?
La insistente prédica de los medios masivos de comunicación ya desde hace años nos convenció que la violencia (identificada sin más con delincuencia) nos tiene de rodillas. Pero nadie sabe a ciencia cierta cuántos mareros hay. Llamativo, sin dudas. Las estimaciones van desde 3,000 hasta 200,000. Si de un problema de tal magnitud nacional se trata, ¿cómo sería posible que nadie tenga datos ciertos?
¿Cómo es posible que un número no determinado, siempre impreciso de jóvenes marginalizados, subalimentados, con escasa o nula educación formal, provenientes de barriadas pobres, viviendo siempre en situaciones de aguda carencia, de precariedad extrema, pobremente equipados en términos comparativos con las fuerzas armadas regulares, sin ningún proyecto real de transformación político-social, tengan en vilo a toda una sociedad?
De esa forma la mara pasó a estar profundamente satanizada: la mara devino así, al menos en la relación que se fue estableciendo, una de las causas principales del malestar social actual. La mara -¡y no la pobreza ni la impunidad crónica!- aparece como el “gran problema nacional” a resolver.
Hace ya cerca de dos décadas que se firmó formalmente la paz entre los grupos militarmente enfrentados: el movimiento revolucionario armado y el ejército nacional. Sin embargo el clima de militarización y de guerra continúa. Las maras se inscriben en esa lógica.
Las maras, si bien tienen una lógica de funcionamiento propia, no son precisamente autónomas. Responden a patrones que van más allá de sus integrantes, jóvenes cada vez más jóvenes, con dudosa capacidad gerencial y estratégico-militar como para mantener en vilo a todo un país. ¿Están manejadas por otros actores? ¿Quién se beneficia de estos circuitos delincuenciales tan violentos? ¿Cuántos mareros existen en el país? Si tanto dinero manejan ¿por qué los mareros continúan viviendo en la marginalidad y la pobreza?
De grupos de defensa territorial, más cercanos a “salvaguardar el honor” de su barrio, han ido evolucionando a brazo indispensable del crimen organizado
Si fue posible desarticular movimientos revolucionarios armados apelando a guerras contrainsurgentes que no temieron arrasar poblados enteros, torturar, violar y masacrar para obtener una victoria en el plano militar, ¿es posible que realmente no se puedan desarticular estas maras desde el punto de vista estrictamente policíaco-militar? ¿O acaso conviene que haya maras? Pero, cui bono?, ¿a quién podría convenirle?
Al estudiar las maras se rozan poderes que funcionan en la clandestinidad, que se sabe que existen pero no dan la cara, que siguen moviéndose con la lógica de la contrainsurgencia que dominó al país por décadas durante la guerra interna. Y esos poderes, de un modo siempre difícil de demostrar, se ligan con las maras. En otros términos: las maras terminan siendo brazo operativo de mecanismos semi-clandestinos que se ocultan en los pliegues de la estructura de Estado, que gozan de impunidad, que detentan considerables cuotas de poder, y que por nada del mundo quieren ser sacados a la luz pública. De ahí la peligrosidad de intentar develar esas relaciones.
Un posible mapa conceptual sobre el asunto
Empiezan a surgir para la década de los 80 del siglo pasado, aún con la guerra interna en curso. En un primer momento fueron grupos de jóvenes de sectores urbanos pobres, en muchos casos deportados desde Estados Unidos, que se unían ante su estructural desprotección. Hoy, ya varias décadas después, son mucho más que grupos juveniles: son, según lo que podría parodiarse del discurso mediático que invade todo el espacio: “la representación misma del mal, el nuevo demonio violento”, al menos según las versiones oficiales, incorporadas ya como imaginario colectivo en la ciudadanía de a pie, repetido hasta el hartazgo por los medios masivos de comunicación.
El análisis objetivo de la situación permite comprobar que se ha venido operando una profunda transformación en la composición y el papel social jugado por las maras. De grupos de defensa territorial, más cercanos a “salvaguardar el honor” de su barrio, han ido evolucionando a brazo indispensable del crimen organizado. En estos momentos, existen sobrados argumentos que demuestran que ya no son sólo grupos juveniles delincuenciales que entran en conflicto con la ley penal en función de satisfacer algunas de sus necesidades (drogas, alcohol, recreación, teléfonos celulares de moda, vestuario, etc.).
Por el contrario, terminan funcionando como apéndice de poderes paralelos que los utilizan con fines políticos. En definitiva: control social.
“Alguien que se beneficia especialmente con la presencia de las maras son las agencias de seguridad”
Los mareros, cada vez más, deciden menos sobre sus planes, y en forma creciente se limitan a cumplir órdenes que “llegan de arriba”. El sicariato, cada vez más extendido, está pasando a ser una de sus principales actividades.
¿Por qué las maras son el nuevo demonio? Porque, definitivamente, no lo son. Al respecto, valgan las palabras de un inspector de la Policía Nacional Civil con el que se habló del tema:
“A veces no es la mara la que comete los hechos delictivos, pero se le echa la culpa. Conviene tenerla como lo más temible, porque con eso se tiene atemorizada a la población. Y mucha gente realmente queda aterrorizada con todo lo que se dice y se cuenta de las maras. No todos los delitos que se cometen los hacen las maras. Hay muchos delincuentes que actúan por su cuenta, pero los medios se encargan de echarle siempre la responsabilidad a las maras (…) Hay una gran gama de delincuentes: robacarros, asaltabuses, narcotraficantes, robafurgones, personas individuales que delinquen y roban en un semáforo, y también maras. Hay de todo, no sólo mareros”.
Un ex pandillero con el que trabamos contacto decía al respecto:
“Las pandillas funcionan como un distractor dentro del sistema: mientras pasa cualquier cosa a nivel político, se utiliza la mara como chivo expiatorio, y los titulares de la prensa o de la televisión no deja de remarcarlas como el gran problema”.
Todo lo anterior plantea las siguientes reflexiones:
• Las maras no son una alternativa/afrenta/contrapropuesta a los poderes constituidos, al Estado, a las fuerzas conservadoras de las sociedades. No son subversivas, no subvierten nada, no proponen ningún cambio de nada. En definitiva, son funcionales para el mantenimiento sistémico como un todo, por lo que esos grandes poderes económicos, si bien no se benefician en modo directo, terminan aprovechando la misión final que cumplen las maras, que no es otro que el mantenimiento del statu quo.
• Las maras no son delincuencia común. Es decir: aunque delinquen igual que cualquier delincuente violando las normativas legales existentes, todo indica que responderían a patrones calculadamente trazados que van más allá de las maras mismas.
• Si bien son un flagelo -porque, sin dudas, lo son-, no afectan la funcionalidad general del sistema económico-social. En todo caso, son un flagelo para los sectores más pobres de la sociedad, donde se mueven como su espacio natural: barriadas pobres de las grandes urbes. Es decir: golpean en los sectores que potencialmente más podrían alguna vez levantar protestas contra la estructura general de la sociedad. Sin presentarse así, por supuesto, cumplen un papel político. El mensaje, por tanto, sería una advertencia, un llamado a “estarse quieto”.
• No sólo desarrollan actividades delictivas sino que, básicamente, se constituyen como mecanismos de terror que sirven para mantener desorganizadas, silenciadas y en perpetuo estado de zozobra a las grandes mayorías populares urbanas. En ese sentido, funcionan como un virtual “ejército de ocupación”. Un abogado entrevistado, que defiende mareros, afirmaba: “La mara sirve a los poderes en tanto sistema, porque no cuestionan nada de fondo sino que ayudan a mantenerlo. Por ejemplo: ayudan a desmotivar organización sindical. O a veces se infiltran en las manifestaciones para provocar, todo lo cual beneficia, en definitiva, al mantenimiento del sistema en su conjunto”.
Y una investigadora del tema afirmó: “En muchas colonias populares ya no se ve gente por la calle, porque es más seguro estar encerrado en la casa. Ya no hay convivencia social: hay puro temor. (…) Todo indicaría que esto está bien pensado, que no es tan causal. La mara nunca es solidaria con la población del barrio. Al contrario: la perjudica en todo, cobrando extorsión, y hasta obstaculizándola en su locomoción”.
• Disponen de organización y logística (armamento) que resulta un tanto llamativa para jovencitos de corta edad; las estructuras jerárquicas con que se mueven tienen una estudiada lógica de corte militar-empresarial. Al respecto relató uno de los entrevistados, un ex pandillero:
En este momento ya casi no están lideradas por jóvenes. No son jóvenes los que dan las órdenes. En otros tiempos se hacían reuniones con chavos de todas las colonias donde se tomaban decisiones, y eran todos menores de 30 años. Hoy ya no es así. Ya no se hacen esas reuniones, que eran como asambleas, y hay viejos liderando. Ahora las órdenes son anónimas. Hay números de teléfono y correos electrónicos que dan las órdenes a jefes de clica, pero no se sabe bien de quién son. Te llega un correo, por ejemplo, con una orden, una foto y un pago adelantado de Q. 10,000, y ya está. Así se maneja hoy. (…) A veces el mismo guardia de la prisión llega con el marero y le da un teléfono, todo bajo de agua, diciéndole que en 5 minutos lo van a llamar. Tal vez el mismo guardia ni sabe quién va a llamar, ni para qué. Eso denota que ahí hay una estructura muy bien organizada: no va a llegar un guardia del aire y te va a dar un teléfono al que luego te llaman, y una voz que no conocés te da una indicación y te dice que hay Q. 15,000 para eso. Ahí hay algo grueso, por supuesto
Las leyes son absolutamente eludidas como cosa común, el sistema de justicia se ve rebasado y los órganos de seguridad no aportan la más mínima sensación de tranquilidad y orden social. Para muestra, véase lo que sucede con el gremio de abogados. Decían algunos jóvenes entrevistados:
También hay vínculos con abogados bien conectados que ayudan a la mara, que les facilita las cosas. En realidad, no es una ayuda sino que son servicios, porque todo eso se paga. Y se paga muy bien. Hay licenciados que hacen mucho pisto con eso. (…) Cuando uno está metido, por supuesto que tiene buenos contactos que lo van a defender, que lo van a sacar de clavos. Pero eso cuesta. Digamos no menos de 20,000. No hablamos con el juez, sino con abogados que nos arreglan las cosas.
La corrupción e impunidad dominan el panorama. La mara no es sino una expresión -sangrienta y exagerada- de eso.
La mara como “fuerza política de choque”
Los poderes “paralelos” u “ocultos” que se fueron enquistando en la estructura estatal, no han desaparecido, ni parece que fueran a hacerlo en el corto plazo. Se mueven con una lógica castrense aprendida en los oscuros años de la guerra antisubversiva y dominan a la perfección los ámbitos y métodos de la inteligencia militar. Su espacio natural es la secretividad, la táctica del espionaje, la guerra psicológica y de baja intensidad (guerra asimétrica, como le llaman los estrategas, guerra desde las sombras, guerra clandestina).
Todo eso puesto al servicio de proyectos económicos de manejo de negocios reñidos con la ley, lo cual los fue constituyendo en una suerte de “mafia”, de grupo encubierto que nunca pasó a la clandestinidad formalmente dicha, pero que se maneja con esos criterios. Está claro que si hay una lógica militar en juego, ello no significa que se trata de militares en activo, de un proyecto institucional del ejército. En todo caso, los actores implicados han guardado o guardan vínculos diversos con la institución armada, pero no la representan oficialmente.
En ese ámbito es que aparecen lazos con las maras. Las pandillas juveniles, violentas, transgresoras, con una simple aspiración de pura sobrevivencia mientras se pueda, y centradas en un hedonismo bastante simplista (superar los 21 años es ya “ser viejo” en su subcultura) pueden servir perfectamente como brazo operativo para un proyecto con bastante carga de secreto, contrainsurgente, de algún modo: paralelo. Paralelo, entiéndase bien esto, al Estado formal y a los grandes poderes económicos tradicionales. Valga esta reflexión surgida de una entrevista, dicho por una persona que investiga el tema: “Alguien que se beneficia especialmente con la presencia de las maras son las agencias de seguridad. No se dan unas sin las otras. Es decir que se necesita un clima de violencia para que el negocio de las policías privadas funcione”.
Esto fue lo dicho por un investigador y director de un proyecto de reinserción social de mareros: “Por supuesto que hay vínculos con poderes ocultos. Alguna vez, cuando habíamos logrado sacar una buena cantidad de muchachos de las maras, se acercó a mí alguien bien vestido, no como pandillero, y me dijo: “tenga cuidado; Licenciado, me está sacando mis muchachos”.
En una lectura global del fenómeno, si bien es cierto que las maras constituyen un problema de seguridad ciudadana, puede constatarse que no existe una preocupación en tanto proyecto de nación de las clases dirigentes de abordar ese pretendido asunto de “ingobernabilidad” que producirían estos grupos juveniles. Se les persigue penalmente, pero al mismo tiempo el sistema en su conjunto se aprovecha el fenómeno: 1) como mano de obra siempre disponible para ciertos trabajos ligados a la arista más “mafiosa” de la práctica política (sicariato, por ejemplo; generación de zozobra social, desarticulación de organización sindical), y 2) como “demonio” con el que mantener aterrorizada a la población a través de un bombardeo mediático constante, evitando así la organización y posible movilización en pro de mejoras de sus condiciones de vida de las grandes mayorías.
Y tampoco conllevan la carga de resistencia al sistema económico imperante como lo pueden ser los actuales movimientos sociales que reivindican derechos puntuales, por ejemplo: luchas de los pueblos originarios, movilización contra las industrias exctractivas (minería a cielo abierto, hidroeléctricas, monoproducción de agrocarburantes), organizaciones populares de base que propugnan reforma agraria. Todas esas expresiones no son toleradas por el sistema dominante, de ahí su represión. Las maras, por el contrario, si bien son perseguidas judicialmente en tanto delincuentes, no dejan de ser aprovechadas por una lógica de mantenimiento sistémico, haciéndolas funcionar como mecanismo de continuidad del todo a través de sutiles (y muy perversas) agendas de manipulación social.
En realidad, la situación no es tan absolutamente caótica como se dice. Se puede caminar por la calle, pero el mensaje es que si caminás, fijo te asaltan. Por tanto: mejor quedarse quietecito en la casa”, sentenciaba un líder comunitario de “zonas rojas” con quien se tuvo contacto analizando el fenómeno. Ello puede llevar a concluir que la actual explosión de violencia delincuencial que se vive en la región -que hace identificar sin más y en modo casi mecánico “violencia” con “delincuencia”- podría obedecer a planes estratégicos. En tal sentido, las maras, en tanto nuevo “demonio” mediático, estarían en definitiva al servicio de estrategias contrainsurgentes de control político y mantenimiento del orden social.
