Ricardo Sosa
Durante el presente siglo se mantiene la tendencia del siglo anterior sobre los denominados “ciclos de violencia” relacionados a homicidios con períodos de incrementos y luego aparente disminución, y cuando menos se espera como ha sido en el presente mes de septiembre que registraba hasta la semana anterior 8 en promedio diario se generan en siete días los incrementos para subir el promedio a más de doce diarios.
Al estudiar y documentar los homicidios en El Salvador con cifras oficiales de la PNC encuentro que en los últimos tres años entre el 30-39% corresponden a miembros de pandillas o relacionados a venganzas o acciones en las cuales hay posible relación directa. Quiere decir que aproximadamente el 60-65% de las muertes violentas son salvadoreños que no tiene relación con estructuras criminales y se encontraban en un tiempo y espacio que los convirtió en víctimas por un asalto a mano armada, fuego cruzado, no pago de las extorsiones, equivocarse de dirección e ingresar a un territorio controlado por otra pandilla, dormirse o equivocase de ruta de bus, ingresar a otra colonia viviendo en otra, intolerancia, violencia social, entre posibles causas.
Del más reciente repunte de homicidios en el periodo del 21 al 25 de septiembre 2017 puedo manifestar lo siguiente según las estadísticas oficiales de la PNC y cruzando datos con la cifras de la FGR, las cuales son de conocimiento público y publicados en redes sociales, y que de igual como mi opinión se basan en información preliminar en la escena del delito:
Continúan las diferencias en las cifras de homicidios de la PNC y FGR, y que decir del IML que continúa sin Director por 21 meses consecutivos y no se pronuncia teniendo los cuerpos en sus instalaciones.
La versión del gobierno por medio de la PNC es que se debe a una pugna y purga entre la supuesta nueva fracción de una estructura que fraccionó a la pandilla más grande y con carácter transnacional. Si esta versión es así deberían de existir una mayoría de asesinados en calidad de pandilleros o colaboradores pero se puede establecer que en 120 horas se registraron de manera oficial ante la PNC al menos 139 homicidios a nivel nacional a razón de 1.15 asesinados por hora, con el siguiente detalle:
42 miembros de pandillas o relacionados a estos (30 %)
91 ciudadanos salvadoreños o población civil sin relación con pandillas o crimen organizado (65%)
3 miembros de la PNC (2%)
2 miembros FAES (2%)
1 ex miembro de la FAES ( 1% )
CONCLUSIONES:
Con estas cifras oficiales se evidencia que la mayoría de homicidios en El Salvador se generan en la población civil o ciudadanos honrados no relacionados o vinculados a pandillas.
Si el incremento de homicidios se debiera a una purga o guerra entre dos estructuras dentro de una misma pandilla el número de homicidios deberían de ser considerablemente superior a los porcentajes detallados en valores del 70-80% del total de crímenes. Además se deberían de generar enfrentamientos entre ellos y en la escena del delito deberían de encontrarse asesinados de dos estructuras. Por lo que esta hipótesis se debilita en base a las cifras oficiales y se complica el sostenerla.
Dentro de las personas asesinadas se registran varios ciudadanos dentro del grupo denominado de la tercera edad que no están vinculados a pandillas .
Dentro de los 42 pandilleros o relacionados a estas estructuras se debe de considerar que al menos once fueron abatidos por la PNC en los denominados enfrentamientos.
Los homicidios se han comenzado a distribuir en mayor número de municipios entre 15-25 municipios.
Si la nueva fracción de una de las estructuras de pandillas el servicio de inteligencia del estado como equipo deben de tener cuántos programas son. ¿Cuáles son sus clicas? ¿A qué actividades ilícitas le apuestan y cómo operan? ¿Qué territorios están cubriendo?
RECOMENDACIONES:
Que el Señor Presidente ordene el retiro de los vehículos blindados de la Faes que operan en el Plan San Salvador ya que no está generando ningún efecto en la mente criminal, únicamente ante cierto sector de la población.
Mantener y extender el dispositivo actual hasta Lourdes, Colón; San Martín, Apoya y San Marcos de esta manera estaría cubriendo gran parte del Gran Salvador donde se concentra casi el 70% del crimen y delitos, con patrullajes y vehículos, y lograr que la PNC pueda acomodarse a esta nueva modalidad de dispositivo.
Modificar el método de informar los homicidios diarios, sobre todo en el rubro de los municipios donde no se generaron homicidios, ya que lo único que se logra es poner en evidencia la configuración espacial del delito.
Revisar las medidas extraordinarias en los seis penales a fin de garantizar los derechos fundamentales básico, derechos humanos, apegados a la Constitución.
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