Un informante que dice haber trabajado directamente para Juan Samayoa del Cártel de Texis , detalla en un escrito serios delitos en los que estaría involucrado el fiscal Rodolfo Delgado, actual hombre de confianza del Fiscal General Douglas Meléndez, en cohecho y colusión de delitos con los capos del Cártel.
Rodolfo Delgado, ex jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado de la Fiscalía y actual asesor del Fiscal General, Douglas Meléndez, estaría involucrado con el Cártel de Texis, grupo delictivo al cual habría ayudado a ingresar al país cargamentos de cocaína provenientes de Honduras, según un informante que trabajó con dicho cártel.
En una reunión que se llevó a cabo el 11 de noviembre de 2013, en el rancho Salinitas, en el departamento de Sonsonate, habrían participado el alcalde de Metapán, Juan Samayoa; el entonces diputado suplente Wilver Rivera Monge, del PCN; el fiscal Rodolfo Delgado y Wilfredo Guerra, presidente de Gumarsal.
El informante sostiene que en esa reunión se planificó un atentado contra un reconocido empresario y la movilización de un millonario cargamento de armas y drogas proveniente de San Cristóbal, Honduras.
También se discutió la compra de la candidatura de Claudia Ramírez, quien comenzó en el partido ARENA. Con su renuncia dejaría el camino libre a Francisco Merino, diputado del PCN y a quien también vinculan con el Cártel de Texis. La compra de la postulación de Claudia Ramírez habría sido negociada por el alcalde de Metapán, Juan Samayoa, a través de Roberto Pereza.
Un hombre identificado solo como “Saul”, originario de Ciudad Arce, era el encargado de informar sobre los movimientos, rutina y proceso de investigación contra el Cártel de Texis que el empresario seguía de cerca, de acuerdo con el relato del informante. Y agrega que en la reunión se sugirió atentar contra el empresario o familiares de este.
Asimismo, en la reunión se mencionó al periodista Raúl Beltrán, quien tiene un programa en una radio. La misión del periodista radial, quien supuestamente recibe $15 mil mensuales de parte de la alcaldía de Metapán, sería ayudar a desligar al alcalde Juan Samayoa con el Cártel de Texis.
Según el informante, Rodolfo Delgado habría colaborado proporcionando seguridad en la transportación de un cargamento de armas y drogas que ingresó al país desde San Cristóbal, Honduras, hasta la base naval de La Unión, donde el fiscal “tenía un contacto para ejecutar un plan”, el cual consistía en “enviar una lancha con droga como anzuelo mientras el millonario cargamento tenía paso libre”.
Supuestamente todos los involucrados, a excepción de Wilver Rivera Monge y Raúl Beltrán, se repartieron parte de las ganancias que dejó la referida transacción.
Parte de esa droga, sostiene, la dejarían en el país, en un rancho de la Costa del Sol propiedad de Wilver Rivera Monge.
Alcalde de Metapán, Juan Samayoa.
Junto al alcalde Juan Samayoa y Reynaldo Cardoza (diputado del PCN), el fiscal Delgado le habría tendido una trampa a Wilver Rivera Monge, quien era el encargado de lavar parte del dinero del Cártel de Texis y de “El Repollo”. Aparentemente Rivera Monge fue procesado porque se negó a participar en el atentado contra el mencionado empresario.
Rivera Monge tenía un autolote en la prolongación de la alameda Juan Pablo II. El informante señala que algunos vehículos que se vendían y compraban tenían como destino el Cártel de Texis y políticos como Manuel Rodríguez, del PCN.
Rivera Monge, el lavador
Wilver Rivera Monge fungió como diputado suplente de Reynaldo Cardoza del PCN. Fue detenido en 2014 acusado de tener vínculos comerciales con el narcotraficante Jorge Ulloa Sibrián “El Repollo”, condenado en noviembre de 2014 a 77 años de cárcel por los delitos de tráfico ilícito, almacenamiento, tráfico internacional; así como conspiración y proposición para delitos relacionados con la droga.
Wilver Rivera Monge . Foto D1, archivo.
De acuerdo con la Fiscalía, Rivera Monge a través de algunos miembros de su familia, se dedicaba a lavar bienes de los delitos de Ulloa Sibrián “El Repollo”. Además lo acusó de no justificar el ingreso de 7 millones de dólares a sus cuentas bancarias, tampoco 41 propiedades y una gran cantidad de vehículos a su nombre.
Al hacer un análisis de lo reportado por el Registro Nacional de la Propiedad Raíz e Hipoteca, la FGR logró identificar que a nombre de Wilber Alexander Rivera Monge aparecían matrículas de inmuebles en Santa Ana (5 propiedades), Ahuachapán (2), Sonsonate (1), la Libertad (2), Chalatenango (1), San Salvador y Cuscatlán (24), San Vicente y Cabañas (1) y La Paz (3). Estas suman en total 41 propiedades.
Mientras, en la Dirección General de Aduanas se observó que el diputado suplente reportó en 2004 un total de 59 importaciones por un monto de $421,546.00; en 2005 realizó 2 importaciones por $10,660.00; en 2006 efectuó 18 importaciones por $79,984; en 2007 efectuó 13 importaciones por $72,983.00; de 2008 a 2013 hizo 10 importaciones, haciendo un monto total invertido de $658,981.00.
En cuanto al negocio de compra y venta de autos del legislador pecenista, la Fiscalía dice que desde 1999 hasta 2012 hizo distintas compra y ventas de vehículos a varias personas, entre ellas algunos a favor de la estructura criminal de Jorge Ernesto Ulloa Sibrián.
Según la investigación fiscal, tanta era la confianza entre Jorge Ernesto Ulloa Sibrián y Rivera Monge que en ocasiones Ulloa Sibrián le regalaba vehículos a algunas de sus amantes o a su hija, Lesli Elinor Ulloa Hernández; quien facilitaba y entregaba esos autos era el diputado del PCN, sin hacer ninguna pregunta ni tener registro que recibiera entrega alguna de dinero a cambio como es natural.
En julio pasado, Rivera Monge, quien solo percibía $2,000 como asesor en la Asamblea Legislativa, fue condenado a 15 años de prisión por dicho delito, además se incrementó la condena a Ulloa Sibrián, a quien se le imputó el delito de lavado de dinero.
Durante la investigación, también se le incautaron algunas de las casas que habría adquirido de forma ilegítima, las cuales pasaron al Estado a través de la Ley de Extinción de Dominio.
El 3 de diciembre de 2015 la Cámara Primera de lo Penal falló sobre 22 inmuebles valorados en 1,108,740 dólares y la cantidad de 78,350 dólares en efectivo, por considerar que hubo un incremento patrimonial no justificado.
En su defensa, el exdiputado suplente sostuvo que solo hizo un par de negocios para Ulloa Sibrián y que le había vendido algunos vehículos. Además, el entonces Fiscal General, Luis Martínez, lo señaló por orquestar atentados contra su vida.
La esposa de Rivera Monge, Aremis Leonor Sifontes Meléndez, así como el hijo del exlegislador, también fueron condenados por el juzgado. En total, se impuso penas a 15 personas que formaban la estructura de lavado de dinero de “El Repollo”.
El Cártel de Texis
José Adán Salazar es el único salvadoreño designado por el gobierno estadounidense como capo internacional de la droga. El presidente Barack Obama lo agregó a la lista kingpin el 31 de mayo de 2014.
Adán Salazar es un empresario que pasó de ser cambista de dinero en la frontera entre El Salvador y Guatemala a principios de los años 90, a estar detrás de un gran imperio empresarial con ramificaciones en el mercado de los granos básicos y bienes inmuebles como hoteles y gasolineras.
Este hombre, quien llegó a ser el presidente de la Liga Mayor de Fútbol salvadoreño, es señalado además de tener una sociedad desde hace 16 años con el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, la cual el vicemandatario dice que ya lleva varios años de estar inactiva.
El gobierno estadounidense vincula a Adán Salazar con el Cártel de Texis, una estructura criminal que controla el trasiego de droga del oriente al occidente de El Salvador. Recientemente el fiscal general Douglas Meléndez afirmó que existe una investigación en contra del empresario, la cual fue engavetada durante la gestión de Luis Martínez, pero que será retomada.
Cuando fue cuestionado sobre el estatus de la investigación de dicho narcotraficante en una entrevista con el periódico La Prensa Gráfica, el entonces Fiscal General, Luis Martínez, evadió el tema, diciendo que ese caso no era más que un caso de difamación y como mucho de evasión de impuestos.
No obstante, un informe interno de uno de los jefes de la Unidad Especial de Investigación con relación al lavado de dinero y narcotráfico de la Fiscalía, el cual iba dirigido al Ex Fiscal Martínez, advertía sobre la prueba indiciaria que las auditorías y las investigaciones efectuadas a Chepe Diablo, a sus socios más cercanos y a sus empresas. Este informe indicaba que los investigados, habiendo tenido amplia oportunidad, nunca pudieron justificar el origen de las cifras millonarias no declaradas encontradas en sus cuentas bancarias.
Informes de inteligencia de la Policía Nacional Civil (PNC) apuntan a que Salazar fundó dicho cártel junto a Juan Umaña Samayoa, actual alcalde de Metapán y Roberto Herrera, apodado “El burro”, quien cumple una condena en prisión por delitos de crimen organizado. Estos personajes se habrían aliado para dicho propósito con diputados, policías, alcaldes y pandilleros de la zona noroccidental de El Salvador, de acuerdo con una investigación del periódico digital El Faro.
Herrera es el principal personero del Cártel de Texis que ha enfrentado la justicia. Este empresario ganadero fue detenido en 2013, en una serie de capturas desplegada por la Policía Nacional Civil (PNC).
El 8 de abril del 2014, la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía ordenó el allanamiento de 17 inmuebles propiedad de Adán Salazar, Juan Umaña Samayoa y Wilfredo Guerra, presidente de Gumarsal, entre estas varios hoteles, empresas, sociedades y viviendas, tras haberlos vinculados a una investigación por evasión de impuestos, y lavado de dinero y activos.
Entre los locales allanados figuró el Hotel Capital, hoteles Tolteca y San José; tres despachos contables, la empresa GUMARSAL, gasolinera Bolívar e inmuebles ubicados en residencial Cumbres de Esmeralda y Joya de la Montaña.
Esta investigación logró determinar que la empresa Agroindustrias Gumarsal evadió 1 millón 135 mil 809 dólares en impuestos. Por lo que Umaña Guerra y Umaña Samayoa fueron declarados culpables por dicha evasión, pero, para evitar la cárcel, se acogieron al beneficio de pagar la mencionada cantidad.
Pasados más de 16 años de generados los informes de inteligencia que vinculan a Chepe Diablo y Umaña Samayoa con el Cártel de Texis, ninguno de ellos ha sido procesado por narcotráfico. Expertos en la materia y reportes de prensa señalan que esto se puede deber al nivel de infiltración que Chepe Diablo ha logrado en el estamento de justicia salvadoreño.
De acuerdo con una publicación del rotativo estadounidense El Nuevo Herald de Miami, el dinero de Adán Salazar ayudó a infiltrar instituciones estratégicas de la justicia y del control financiero de El Salvador para extender y proteger su emporio criminal de “blanqueo” de capitales con millonarias inversiones en rubros energéticos, turísticos y agropecuarios.
Una investigación de dicho diario sostiene que Chepe Diablo estableció estrechos contactos con autoridades de alto rango del gobierno del presidente Mauricio Funes, quien gobernó desde 2009 hasta 2014, en las instancias ejecutivas estatales de las contralorías financieras, bancarias y hacendarias, con lo que evitó ser perseguido y encarcelado e intentó blindar su entarimado empresarial mafioso. Las maniobras habrían ocurrido a espaldas de Funes.
Dicho trabajo periodístico agrega que el Cártel de Texis se constituyó en proveedor de servicios de los cárteles mexicanos de Sinaloa, del Golfo y Los Zetas, lo cual ayudó a Salazar a construir una tarima con una fachada de compañías agropecuarias, turísticas y de venta de combustibles para blanquear dinero en instancias financieras salvadoreñas, y con respaldo de políticos salvadoreños ubicados en sitios claves del poder nacional o regional.
