Guerra y Paz -- Dagoberto Gutiérrez

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A partir del martes 20 de marzo de 2012, se declaran “en desobediencia y huelga de hambre para exigir del gobierno y las autoridades penitenciarias la ejecución de la visita de verificación nacional e internacional”. Así mismo han reiterado estos fantasmas que deambulan en los pasillos de las más de

¿QUE EN COLOMBIA 'NO HAY PRESOS POLÍTICOS'?: “LA FE EN LA AUTORIDAD ES UNA COSA, HECHOS QUE SE TOCAN CON LA MANO, SON OTRA”∗

Por: Miguel Ángel Beltrán
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En una alocución televisada, el entonces presidente de la República Julio César Turbay Ayala (1978-1982) en respuesta al Informe presentado por Amnistía Internacional, donde se denunciaban graves violaciones a los derechos humanos en Colombia señalaba que “El gobierno rechaza por inexactas las referidas apreciaciones y afirma que en este país no hay ‘presos de conciencia’. Nadie ha sido detenido y juzgado por ser sindicalista, médico, abogado, estudiante, campesino, artesano o por pertenecer a un determinado partido político. Lo que ocurre es que entre los sindicados por la comisión de delitos muy probablemente existen personas que ejercen alguna profesión u oficio, pero obviamente no es en razón de su profesión por los que han sido detenidas, sino por la comisión de delitos” (Turbay Ayala, abril 19 de 1980).

Un cuarto de siglo después, el vicepresidente de la República Angelino Garzón repite casi textualmente la misma frase: "[En Colombia] Existen presos de organizaciones criminales, de organizaciones armadas ilegales y presos que han violentado la ley. El Estado en Colombia no puede aceptar bajo ninguna circunstancia la existencia de presos políticos, eso sería aceptar la legalización de las organizaciones armadas ilegales y eso no lo vamos a hacer porque son contrarias a la democracia, son contrarias al derecho de la población a vivir tranquilamente, en bienestar y en paz" (El Universal, marzo 18 de 2012).

La parodia de Angelino Garzón no deja de evocarnos aquel pasaje de El 18 Brumario de Luis Bonaparte, tan frecuentemente citado: “Hegel dice en alguna parte –escribe Marx- que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal se producen, como si dijéramos, dos veces, pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y otra vez como farsa”. Nada más cierto, pues si ayer la expresión afloraba del cinismo de un genuino representante de la clase política tradicional, hoy la hace suya un ex aguerrido dirigente sindical que aunque en ese entonces lideró protestas callejeras contra el “Estatuto de Seguridad”, hace tiempo que abandonó sus ideales sociales y se inclinó ante los poderes hegemónicos, revistiendo sus desmedidas ansias de figuración con un supuesto nuevo lenguaje político.

Lo que sí comparte esta caricaturesca declaración del vicepresidente Garzón es que hoy, como en los tiempos del presidente Turbay Ayala, no sólo las cárceles están llenas de prisioneros(as) de guerra y presos(as) políticos∗∗ víctimas de montajes judiciales y falsos positivos, sino que el mismo Código Penal reconoce dicho delito, por el que arbitrariamente hemos sido privados de la libertad numerosos académicos, líderes sociales, periodistas y miembros de la oposición que disentimos de las políticas oficiales. De manera tal que el propósito común de estos pronunciamientos no es otro que el de ocultar las realidades de un conflicto social y armado que se ha prolongado por más de medio siglo.

Lo que sucede es que en Colombia –como suele en ocurrir bajo los gobiernos de corte autoritario- se ha proscrito el uso público de determinados conceptos, los cuales han sido anatemizados como “lenguaje subversivo”, pues al mejor estilo de lo que narra el escritor paraguayo Augusto Roa Bastos, en su novela “Yo el Supremo” se pretende crear nuevas realidades a punta de plumazos (y plomazos). Recordemos que no hace muchos años, una circular dirigida a las representaciones diplomáticas en el exterior, firmada por el Alto Comisionado para la paz de ese entonces, Luis Carlos Restrepo, prohibía el uso de términos como “conflicto armado”, “actores armados”, “comunidades de paz”, ya que aceptarlos era a su juicio legitimar “los grupos armados ilegales”.

La situación parece haber cambiado….pero para seguir igual. El presidente Juan Manuel Santos reconoció hace cerca de un año -en medio de la euforia inicial que despertó en ciertos sectores de la opinión pública su promocionado proyecto de unidad nacional- que en Colombia existe un conflicto armado; concepto que fue incorporado al proyecto de Ley de Víctimas de la Violencia, que circulaba en esos días en el Congreso. Hoy el ex comisionado es requerido por la justicia y el concepto de “conflicto armado interno” discurre -como si nada- por los diarios nacionales, ocupando la atención de reconocidos analistas del mismo, que como hábiles timoneles acomodan sus naves teóricas a los oleajes de la coyuntura política.

Pero hasta ahí no más. Las consecuencias lógicas que de ese reconocimiento derivan son todavía intangibles. Prueba de ello es que ahora el presidente Santos (porque aunque parezca callado, silencioso, mudo, su silencio –como en la novela del aludido escritor paraguayo- es de mando), niega -a través de su Ministro de Justicia- el ingreso de una comisión de verificación de las cárceles, encabezada por la Doctora Piedad Córdoba e integrada por reconocidas personalidades políticas y sociales del continente, para constatar las condiciones en que se encuentran privados de libertad los presos políticos, declarando a reglón seguido la inexistencia en el país de “presos y presas políticos, de guerra y de conciencia”.

Si como afirma el vicepresidente Garzón “a los presos de las FARC se les ha garantizado y se les sigue garantizando el respeto al debido proceso, el respeto a los derechos humanos y se les permite la visita de la familia, la asistencia jurídica y sanitaria", ¿Cuál es el temor de que haga presencia esta comisión humanitaria? ¿No sería esta una excepcional oportunidad para dar cuenta de las grandezas de “la democracia más antigua y estable del continente” y a la vez destrabar el proceso de liberación de los uniformados retenidos por esta organización insurgente, cuya vuelta a sus hogares anhelamos millones de colombianos?

Seguramente la preocupación surge de que esta misión de observación humanitaria se va a encontrar con una realidad muy diferente: Un trato discriminatorio hacia presos y presas político(as) frecuentemente sometidos(as) a aislamientos, humillaciones y trato degradantes; un régimen penitenciario violatorio de los derechos fundamentales de los internos, que se aplica por igual a condenados y sindicados; una permanente obstrucción a la libre comunicación de los internos con sus abogados defensores (cuando los tienen); un continuo maltrato a los familiares que van a visitar a sus seres queridos presos; en síntesis, unas condiciones denigrantes para miles de prisioneros(as) que están allí como resultado del conflicto interno colombiano.

La actitud del gobierno frente a la contundente realidad de la existencia de más de ocho mil presos(as) políticos(a) en el país, nos hace evocar la incredulidad de aquellos sabios de la corte florentina a los que Galileo Galilei trataba de demostrarles sus descubrimientos hechos por medio del telescopio que confirmaban las teorías heliocéntricas de Copérnico. Al pedirle a estos eruditos que verificaran a través de su anteojo la existencia de aquellas estrellas que éstos consideraban inexistentes, uno de ellos alega que el telescopio “al mostrar algo que no existe, no es un instrumento muy exacto” por lo que “sería mucho más provechoso, si usted nos pudiera nombrar las causas [razones] que lo movieron a suponer la existencia de astros que cuelgan libremente en las esfera superiores del inmutable firmamento”. A lo que el científico italiano responde con estupor: “¿Las razones? ¿Cuándo de una mirada a los mismos astros y con mis apuntes queda demostrado el fenómeno? ¡Pero señores, la disputa resultaría absurda!” (Bertolt Brecht. Galileo Galilei)

Post scriptum

Los inexistentes presos políticos del país han manifestado en un reciente comunicado público que a partir del martes 20 de marzo de 2012, se declaran “en desobediencia y huelga de hambre para exigir del gobierno y las autoridades penitenciarias la ejecución de la visita de verificación nacional e internacional”. Así mismo han reiterado estos fantasmas que deambulan en los pasillos de las más de ciento cincuenta cárceles colombianas que: “La paz, la reconciliación no se logra ocultando la realidad. Los gestos de paz y de buena voluntad deben ser bilaterales”.

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∗ Miguel Ángel Beltrán V. Profesor Asociado Universidad Nacional. Perseguido Político

∗∗ La condición de prisionero político de guerra hace referencia a: “aquellas personas que se han alzado en armas con la finalidad de tomarse el poder y derrocar el régimen constitucional y legal vigente, y en razón de ello han sido privadas de su libertad por su contradictor” por su parte prisionero político de conciencia “son aquellas personas que han ejercido el derecho a la oposición política al régimen o al gobierno vigente, de manera individual o colectiva en su calidad de miembro de organizaciones sociales, barriales, populares, sindicales, políticas, estudiantiles, campesinas, defensoras de derechos humanos, indígenas, afro-descendientes, entre otras, y en razón a ello han sido perseguidas y privadas de la libertad por su opositor” (Cfr. Traspasa los Muros. Defenderse desde Adentro. Derechos, Tratamiento y Protección de las personas en Reclusión. Bogotá, octubre de 2010, p.32)

El Salvador: ¿democracia Mexican way?

 

José Steinsleger - La Jornada

 

En un territorio que cabe 93 veces en México (y con una población 17 veces inferior), El Salvador sufrió una guerra civil que dejó 80 mil muertos y más de un millón entre migrantes y refugiados (1975-91).

 

A diferencia de Cuba y Nicaragua, la lucha en El Salvador fue como la de España en la guerra civil: una guerra ideológica y política integral, en la que todas las clases presentaron batalla en todos los frentes sociales: en el religioso y el militar, en el económico, político y cultural.
Un dato que a discreción olvidan los analistas independientes: la gesta del FMLN fue algo más que un foco guerrillero, clonado de la llamada guerra fría. Porque esta guerra empezó mucho antes de las masacres de 1932, y retomó sus fueros en 1980, año de la constitución del FMLN y de la ultraderechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

Se dice que los Acuerdos de Paz (México, enero 1992) fueron a consecuencia del empate militar entre las fuerzas insurgentes y el ejército gubernamental. Y con afanes políticamente correctos, se omite que el FMLN derrotó a uno de los ejércitos más grandes y armados del continente, estructurado, entrenado, asesorado y financiado por Estados Unidos.

Los acuerdos fueron en realidad otra vuelta de tuerca en los engranajes del despojo y la exclusión neoliberal. Con la venia de Washington, los gobiernos democráticos de Arena importaron las nuevas modalidades de la guerra contrainsurgente que en Colombia funcionaban a toda máquina, y que en México se aplican hoy contra el crimen organizado (?).

A 20 años de los acuerdos (y con un gobierno de izquierda en funciones desde marzo 2009), El Salvador registra más asesinatos que en el periodo de la guerra, en tanto 2 millones y medio de salvadoreños (40 por ciento de la población) residen en el exterior. Por esto, en las pasadas elecciones de medio periodo (legislativas y municipales) el pueblo salvadoreño emitió una suerte de voto castigo al FMLN.

¿Sabían los funcionarios del FMLN que iban a perder? El ex comandante guerrillero y hoy académico Dagoberto Gutiérrez responde en un artículo: “No, al contrario. Como funcionarios estaban absolutamente seguros de que la gente los iba a seguir, como si la gente les perteneciera. Fue el error. Saber lo que está pensando la gente es lo fundamental, clave, eso lo aprendimos en la guerra…”

Añade: Arena no esperaba ganar donde ganó, y el FMLN no esperaba perder donde perdió. Lo que ocurrió es el que el voto ha sido convertido en un instrumento administrativo vacío de poder. [...] La gente decidió utilizar el voto políticamente y no electoralmente, como castigo al FMLN, más que al gobierno. [...] No es la gente la que teme al FMLN, es el partido FMLN el que tiene miedo al pueblo. [...] La cúpula del FMLN no es de izquierda, es de derecha.

Sin embargo, otros analistas se maravillan. Sergio Ramírez escribe: Si uno mira desde Nicaragua a través de las aguas del golfo de Fonseca, la democracia en El Salvador está funcionando como debe ser. El ex sandinista celebra las reglas de la democracia, uno de cuyos supuestos esenciales es la alternabilidad, cumplidas al pie de la letra (Allí no más, al otro lado, La Jornada, 31/3/12).

O sea, la posibilidad de que en 2014, frente a la inoperancia y oportunismo del FMLN, la ultraderecha retorne al poder para depositar flores en el monumento que la alcaldía de Antigua Cuscatlán levantó al fundador del partido, el multiasesino Roberto D’Aubuisson.

Tampoco podía faltar el otro inefable, Joaquín Villalobos, ex comandante del FMLN y asesor del gobierno de México (así como lo fue con el de Álvaro Uribe en Colombia). Eternamente inquieto por las cuentas pendientes con la justicia, el asesino del poeta nacional de El Salvador, Roque Dalton, cierra filas con la teóricos angloyanquis del Estado fallido y, abriendo el paraguas, escribe:

Aunque resulte indiscutiblemente justo (sic) resolver estos agravios [NR: masacre de El Mozote, donde 900 campesinos, entre ellos 460 niños fueron asesinados durante la guerra], la pregunta es si estos países pueden darse el lujo de atender este tema sin volverse más inviables (sic). 

Incapaces de darse seguridad y justicia en el presente (sic), pretender que lidien con el pasado suena a broma (El peligro de una Somalia latinoamericana, El País, 19/2/12).

Ni el maravillado Ramírez ni el asesino Villalobos (quienes en distintos tiempos, medios y cualquiera sea el asunto cumplen con el deber ser de condenar a Hugo Chávez) deberían andar tranquilos.

Con la venia del compañero presidente Mauricio Funes, el nuevo ministro de Justicia y Seguridad Pública, coronel David Mungía Payés, anunció que la FBI y la Fuerza de Tareas Antipandillas de Estados Unidos estarán a cargo del entrenamiento de la policía nacional para combatir a las pandillas. A más de ofrecer a Washington información personal, de los viajeros que transiten vía aérea por El Salvador.