Sánchez Ceren como Ministro deEducación

Roberto García. 

 Cuentan que en las tertulias de una pausa o reflexión pedagógica uno de los temas que aflora como punto de agenda, sin que nadie se lo proponga y de manera natural, es la renuncia del Ministro saliente y la llegada del nuevo. Hay una especie de recuento de los hechos que durante la titularidad de Sánchez Cerén se produjeron, estos hechos están cargados de un gran malestar entre los docentes. Entre las cosas que se dicen: “...pasará a la historia como el ministro que nos engañó”, “...hasta peleamos para que quedara”, “...nos hizo creer que era de izquierda y siguió con el plan 2021, al 2021 sólo le cambió nombre...”, “...ni siquiera la atención a nuestra salud pudo mejorar y así quiere ser presidente...”, etc.

Pocos maestros y maestras le dan la razón en lo actuado al ahora ex-ministro. Los argumentos de estos docentes son: “...que él no decidía, que el gobierno no tiene dinero...”, que la herencia que recibió no podía deshacerse de ella tan pronto...”, “que él tenía voluntad pero que no lo dejaron..”, etc. Pero uno ve que en otras áreas del gobierno tienen mejores salarios, mejores prestaciones sociales y hay puestos que son verdadederamente cómodos. Estos compañeros no se dan cuenta de que somos el sector del gobierno peor pagado, con una carga de trabajo enorme y una responsabilidad muy grande. No es que no haya dinero, el asunto es que no somos la prioridad.

Ciertamente que la llegada de Sánchez Cerén a la titularidad del MINED generó en el magisterio muchas expectativas. Muchos creyeron que el magisterio recibiría un trato mejor, pero lo que él hizo fue negar los derechos, maniobrar para adornar su negativa. Lo que se percibe es que Sanchez Cerén como no tenía nada verdaderamente nuevo que ofrecer decidió continuar con el plan 2021, cuya esencia es represiva con los maestros, exigencia más exigencia, sin dar nada a cambio, esperaban que los maestros fueran comprensivos con el gobierno, complacientes con el ministro porque dicen que son de izquierda. Este ministro y su séquito de camaradas del partido en los puestos departamentales, se sumó al argumento que la derecha inventó que la educación anda mal porque los maestros son haraganes, que faltan mucho, que de cualquier cosa hacen negocio, etc. ignoró que los maestros son mal pagados, que son atendidos de una manera altamente ineficiente por el ISBM, que somos un magisterio enfermo y laboramos en la precariedad.

Hay algo más, ignoró que la mala calidad responde a una necesidad política del régimen. Hagamos un poquito de historia: la calidad no le conviene a un régimen politico en el que los sucesivos gobiernos hacen mal las cosas; en donde campea la corrupcion; en donde la represion está a la orden del día, los desaparecidados, los torturados y las cácerles rebalsan de presos, como ocurría en los años 80`s . En estas circunstancias la calidad no conviente porque la calidad implica enseñar a pensar, a ser críticos y a rebelarse frente a esa realidad, que reclalma ser transformada. En los años 60´s decidieron cerrar las escuelas normales, dejaron solo una, la cual luego cerraron para convertirla en cuartel y abrir universidades de “garage” e improvisar maestros y otros profesionales, esto como parte de una respuesta política a un gremio que había alcanzado niveles altos de profesionalismo, que sabía lo que es educar, que estaba haciendo bien las cosas, pero no le convenía al régimen político.

Todo lo que se gestó en las escuelas, el movimiento estudiantil, el surgimiento de la gremial que fue heróica por sus luchas, por el papel que jugó en el proceso de transformación de aquella realidad con la que discrepaba la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas. Vino luego la persecusión contra estudiantes, maestros y padres de familia; la carcel, la tortura, los desaparecimientos, las masacres, etc. La represión obligó a muchos maestros a tomar las armas, a enmontañarse y seguir intentando transformar la realidad por esa vía, otros, muchos murieron, pero hubo otros que emigraron y se les encuentra en diferentes partes del mundo.

La baja calidad de la educación en El Salvador, pues, no se explica con el cuento vulgar de la haraganería de los maestros y maestras. La baja calidad tiene causas y razones políticas. Digan por favor señores si al régimen político le interesa en este momento generar pensamiento crítico y transformador. Ustedes están interesados en los cambios cosméticos, manejados por ustedes y que sirvan para seguir generando expectativas, esto es el cambiar algo para que todo siga igual.

Pero estamos hablando del ex-ministro en forma expresa. Cuando Sánchez Cerén llegó al ministerio la derecha creó todo un clima adverso a lo que podía hacer en materia educativa el profesor, generando miedo, incertidumbre; diciendo más mentiras que verdades. De repente vimos que la campaña calló, ¿qué pasará se dijeron muchos? ¿Es que la derecha ya fue tranquilazada por el ministro? ¿Qué hizo? Pronto se comenzó a hablar del plan: escuela de tiempo pleno: “Vamos a la escuela” y pudimos ver a varios derechistas hablar y explicar con mucho entusiasmo el nuevo plan, y a quien se atribuía la autoría intelectual ya no está en el ministerio, se fue muy molesto. El mismo ministro ya no es más titular de educación, prefirió correr con la cadidatura de su partido.

Después de todo esto, uno se pregunta ¿Qué tan convencido estaba el ministro en lo que estaba haciendo? O ¿Cuánta identidad le queda con el gremio de maestros después de tanto ir y venir en otras cosas? El principal distanciamiento es en el nivel de ingresos, no es lo mismo tener salario de maestro, que de diputado, de vicepresidente y quiera Dios que de presidente.

Ante la crisis de gobernabilidad a raíz de la desobediencia legislativa a las sentencias de la Sala de lo Constitucional

 Como institución volcada al conocimiento de la realidad y al cambio social, a la UCA le preocupa la crisis de gobernabilidad suscitada por la pretensión de diversos poderes del Estado de convertirse en intérpretes de la Constitución, más allá de la instancia a la que la Carta Magna faculta para ser la autoridad última de apelación en temas constitucionales. Por ello, y para contribuir a la convivencia pacífica, al respeto a las leyes y al desarrollo de la democracia y la justicia, hacemos públicas las siguientes declaraciones:

1. La Sala de lo Constitucional es el único y máximo tribunal competente para realizar el control de constitucionalidad en El Salvador, sobre disposiciones normativas y actos de cualquier institución o funcionario público, en su forma y contenido. De tal manera que los efectos de sus sentencias son generales y obligatorios, de conformidad con el artículo 183 de nuestra Constitución. Además, la Sala es un tribunal de única instancia y, por tanto, sus resoluciones no admiten recurso alguno.
2. Las sentencias definitivas de los procesos de inconstitucionalidad 19-2012 y 23-2012, que resolvieron de forma general y obligatoria las demandas de ciudadanos contra la Asamblea Legislativa, ordenan al pleno legislativo corregir los actos cuestionados; en este caso, las elecciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia efectuadas en 2006 y en 2012.
3. Los procesos de inconstitucionalidad 19-2012 y 23-2012 han concluido y, por tanto, sus sentencias han adquirido la calidad de cosa juzgada. De conformidad con el artículo 17 de la Constitución, ninguna instancia o autoridad puede avocarse a ellas para examinarlas.
4. No existe un conflicto entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa, como esta última sostiene; pues la controversia relacionada con la elección de magistrados fue entre los demandantes y la Asamblea, y ello quedó resuelto por las sentencias de la Sala de lo Constitucional.
5. La protesta constitucional hecha por los diputados cuando asumen sus funciones, en la que prometen cumplir y hacer cumplir la Constitución, les inhibe cuestionar y desconocer el sentido de la Constitución interpretado por la Sala cuando examina actos de los poderes públicos, como el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
6. En materia de integración regional, el artículo 89 de la Constitución señala con precisión los márgenes y límites del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), dentro de cuyo marco se encuentra la Corte Centroamericana de Justicia. Hasta el momento, el SICA no contempla la transferencia de competencias soberanas, como la de revisar las resoluciones dictadas por los tribunales garantes de la supremacía constitucional de los Estados miembros. La posibilidad de esta competencia tampoco se señala en el Protocolo de Tegucigalpa ni en el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia. En este sentido, carece de sustento la decisión de la Asamblea Legislativa de llevar ante la Corte Centroamericana de Justicia las resoluciones de la Sala de lo Constitucional para juzgar su contenido. En la misma línea, lo dictaminado por la Corte es nulo.
7. En cuanto a forma, es cuestionable la constitucionalidad del decreto legislativo transitorio que reforma la Ley Orgánica Judicial (en concreto, el artículo 27, en sus numerales 5 y 50), el cual fue sancionado por el Presidente de la República en menos de 24 horas. Primero, por tratarse de una reforma transitoria hecha sobre ley permanente sin que exista causa justificada, violando con ello el principio de legalidad consignado en el artículo 86 de la Constitución. Segundo, por haberse realizado con dispensa de trámite e irreflexivamente. Y tercero, por pretender generar efectos jurídicos sin haber sido publicado aún en el Diario Oficial.
8. En cuanto a contenido, es también cuestionable la constitucionalidad del decreto, ya que sus efectos modifican la composición y el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia y del Órgano Judicial, al posibilitar la instalación de la Corte Plena y, por tanto, la toma de decisiones de esa instancia sin la participación de su presidente constitucionalmente designado ni de los magistrados de la Sala de lo Constitucional que son los llamados a sustituirle, en el orden de su designación.

 
Por todo lo anterior, la UCA

1. Congruente con los valores humanos y cristianos que guían su labor docente, investigadora y de proyección social, y respetuosa del ordenamiento jurídico vigente, hace un llamado a que se cumplan las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Pide, además, que cesen las acciones que están generando disfunciones en la institucionalidad, como recurrir a la Corte Centroamericana de Justicia para dilatar el cumplimiento de las sentencias definitivas de los procesos de inconstitucionalidad 19-2012 y 23-2012.
2. Recuerda que toda muestra de irrespeto a las leyes y normas, especialmente si proviene de personas que se hallan al frente de los órganos del Estado, tienen un efecto pernicioso en la convivencia ciudadana. Dado el contexto de inseguridad, violencia e inestabilidad política y social que vive nuestro país, las autoridades deben mantener una estricta obediencia a las leyes y abandonar cualquier tipo de secuela de las tradiciones autoritarias que tanto peso han tenido y siguen teniendo en El Salvador. En este sentido, la UCA advierte del grave peligro de dañar todavía más la frágil cohesión social si no se encuentra una solución, pronta, pacífica y ajustada al marco constitucional, para resolver el conflicto provocado por el desacato y posteriores acciones de la Asamblea Legislativa.
3. Invita a la ciudadanía a reclamar el cumplimiento de las sentencias, a requerir que se garantice la institucionalidad democrática, a exigir que se respete incondicionalmente la Constitución de El Salvador y a demandar el diálogo y la solución racional como salida a los problemas institucionales.
4. Pide que se tome en cuenta que la convivencia fraterna y el desarrollo equitativo implican necesariamente el respeto a las leyes y el buen funcionamiento de la democracia. Frente a las graves necesidades de El Salvador en todos los ámbitos, el respeto a la ciudadanía y la creciente valoración de la persona humana son elementos decisivos para la creación de cohesión y capital social. Los partidos políticos, más allá de sus legítimos intereses partidarios, deben hacer un esfuerzo superior por buscar el bien común y generar confianza en las instituciones. Resolver adecuadamente la crisis actual puede ser un triunfo de todos y un paso más para convivir en paz y avanzar en la tarea de ubicar adecuadamente la ética en los procedimientos políticos.

 San Salvador, 7 de julio de 2012.