Dagoberto Gutiérrez
Los conflictos sociales son parte esencial de la realidad, en la medida en que el conflicto es una relación de intereses, y justamente, estos intereses, confrontados son los que producen las contradicciones en un país. Estas dividen a las sociedades en ricos y pobres, poderosos y débiles, dueños de la tierra y campesinos, dueños de las fábricas y obreros, en empleadores y empleados.
En el capitalismo, estas contradicciones producen la confrontación, y cada interés va conformando una clase social que confronta inevitablemente con su contrario. En realidad, resulta ser que el control del aparato y la maquinaria estatal determina, en buenas cuentas, una parte importante del desenlace de estas luchas. Sin embargo, este control no es sometido a discusión, ni es puesto en riesgo por ninguno de los métodos que el mismo aparato estatal establece, porque el control resulta tener un sentido extra económico y no se expone en ningún caso a ninguna decisión que sobre el tema adopte la población; mucho menos, su mayoría. Se trata de un control asegurado por la minoría poderosa.
Las elecciones, que suelen expresar la democracia, son un conjunto de mecanismos mediante los cuales, la gente, convertida en pueblo, puede votar, es decir, ejercer el derecho al sufragio, y este consiste en marcar una papeleta, en un lugar determinado, en una fecha establecida, de una manera minuciosamente acordada, y hasta con un lápiz especifico. El voto no significa, en ningún caso, una elección, ni asegura, en lo más mínimo, que ese ejercicio, considerado democrático, asegure para el votante, nada que vaya más allá del simple acto de marcar una papeleta. Resulta que ese votante carece de mandato imperativo sobre el elegido, y puestas así las cosas, este votante no es elector, toda vez que no existe ningún vínculo, ni relación, con el candidato o candidata al que se le ha dado el voto.
Además de la separación entre votar y elegir, y entre elector y elegido, funciona la separación entre el candidato y la persona que ocupa un cargo público de elección popular. La palabra candidato, viene del latín toga cándida, y se remonta a aquellos momentos en que el general romano, Julio César, regresa victorioso a Roma, justamente en los momentos finales de la república romana y en los inicios del imperio. Es aquí donde aparece la palabra “sufragio”, referido a una barra de arcilla que los ciudadanos romanos depositaban al momento de votar, y las personas por las que se votaba, usaban una toga blanca, para ser distinguidos e identificados con la pureza que ya acompañaba al color blanco.
De la toga cándida, la palabra se transforma en “candidato”, y actualmente, una candidatura resulta ser una construcción ideológica, es decir, una fabricación política, según la cual, todo candidato es inteligente, buena persona, diligente, honesto, y hasta amante de los niños, esa candidatura es una especie de coraza ideológica que oculta eficientemente a la persona real, de carne y hueso, que no necesita contar con los atributos que la candidatura presupone.
Cuando los seres humanos votan, lo hacen por esa candidatura, y votan por un candidato, y se de resultas de esa votación, ese es el candidato victorioso, se produce una especie de desdoblamiento, porque quien ejerce el cargo público no es el candidato por el que la persona ha votado sino la persona real, con sus intereses y compromisos reales que nunca se comprometió con los votantes, y que al ejercer ese cargo, lo hace en total y absoluta libertad, sin estar sometido a ningún control ni escrutinio, ni mucho menos fiscalización proveniente de sus electores. Estos carecen de este derecho y no pueden exigir nada a sus representantes que no los representan.
El régimen político así establecido es justamente el que expresa la democracia representativa que, como se ve, no presupone ni representantes ni representados. Es una democracia representativa que debe ser democratizada.
Una elección debe ser mucho más que una votación y no debe ser un simple procedimiento, aunque la democracia es eso, procedimiento. De lo que se trata es que el elector tenga posibilidad, derecho y hasta obligación, de influir en la política económica, educativa, de salud, de género, internacional, que se establezca y ejecute por el aparato del Estado. Aquí estamos hablando de remontar esa relación degollada, sin representantes, por una nueva democracia que deje de ser procedimiento y establezca reglas que aseguren la participación del pueblo en las decisiones fundamentales que lo afecten. Estamos hablando de plebiscitos y referéndums, a través de los cuales, el pueblo debe ser consultado a todo nivel y en políticas nacionales y locales, por el gobierno central y los gobiernos locales. Solo así, podemos contar con una democracia que valga la pena y merezca ser defendida, y desde luego, que nos prepare para afrontar los momentos más agudo de la crisis histórica del país.