Idhuca Derechos Humanos
El editorial
Por Benjamín Cuéllar, director del IDHUCA
Sobre lo que ocurre en el día a día salvadoreño, abundan los hechos
para comentar en este espacio. Pero no siempre dan ganas de hacerlo,
pues la calidad de los mismos y la recurrente insensatez de sus
protagonistas, así como las razones que esgrimen en su fallida
pretensión de justificarlos, desmotivan. Al menos eso es lo que pasa
cuando, por ejemplo, se observa una votación legislativa mediante la
cual nombran para manejar la Corte de Cuentas de la República –tras dos
meses de permanecer acéfala– a un par de personas cuya elección anterior
fue declarada inconstitucional. Y este nuevo “show” parlamentario se
realiza con los mismos vicios de la pasada elección, tras otra
“payasada” previa: Gregorio Sánchez Trejo y Javier Tránsito Bernal
“renuncian” horas antes a los cargos que ya no ocupaban en la
institución, por la inconstitucionalidad citada. ¡Más de lo mismo!
Tampoco dan ganas de seguir cuestionando el mentado Consejo consultivo
asesor para la defensa nacional, creado últimamente por el FMLN. Se
podrá estar de acuerdo o no con las bondades de su existencia, que según
dicen tiene que ver con la orientación de su fórmula presidencial en
esta materia; también podrá discutirse la forma cómo se dio a conocer
públicamente: con “bombo y platillos”. Pero lo que sí no se puede ni
debe consentir es que su coordinador sea, entre lo que se sabe a la
fecha, un coronel retirado que estuvo el 15 de noviembre de 1989 –cuando
era teniente– en una reunión de oficiales donde escuchó la orden de
ejecutar al rector de la UCA sin dejar testigos.
Este nuevo
“asesor” castrense del FMLN, René Roberto López Morales, ni se opuso ni
alertó a las víctimas para evitar sus muertes; tampoco colaboró nunca
con la búsqueda de verdad y justicia, que tanta falta le hacen al país. Y
ahora resulta que, además, fue quien le abrió las puertas de la ex
Guardia Nacional al grupo de militares que así lograron evadir su
captura. Estos acusados en la Audiencia Nacional de España y perseguidos
por la Policía Internacional –mejor conocida como INTERPOL–
consiguieron esconderse en la Brigada Especial de Seguridad Militar
cuando el coronel López Morales era su comandante y, además, comandante
departamental de San Salvador.
No era, como dice la gente,
“ningún sencillo”. Pero su “solidaria” y “corporativa” protección
iniciada el 7 de agosto del 2011, no fue espontánea; según declaraciones
suyas, él aceptó que obedeció “instrucciones del mando superior” pero
no dio nombres. Además, este oficial se niega a abundar en el tema si no
tiene para ello el “permiso” de Roberto Lorenzana, diputado del partido
en el Gobierno y secretario de comunicaciones del mismo. Sin embargo,
no hay que echarle solo a López Morales la culpa de no haber extraditado
y juzgado en España a sus colegas. También tuvo participación
importante una infame mayoría en la Corte Suprema de Justicia, que se
inventó los más increíbles “argumentos” para evitar que eso ocurriera.
Pero eso que ya es costumbre, a veces también le quita las ganas a uno
de comentarlo.
Sin embargo, hay algo que no desmotiva la
reflexión sino que además invita a la denuncia. Se trata de la necia
posición de la dirigencia del FMLN ante esa información revelada, hasta
ahora, sobre ese par de eventos cruciales en la historia reciente del
país y el rol de su nuevo “asesor” en defensa nacional. Comenzó Nidia
Díaz, quien no negó la presencia del mismo en la reunión realizada horas
antes de la matanza en la UCA; lo que pobremente sostuvo es que el
coronel López Morales no ha sido acusado en la Audiencia Nacional de
España. Antes y ahora, hay que decirlo, nadie lo ha señalado como autor
intelectual o material de ese crimen contra la humanidad. Ni la Comisión
de la Verdad ni desde la UCA. Lo que se desprende del informe de la
primera y se argumenta desde la segunda es que, como se sostuvo antes,
pudo dar aviso y no lo hizo; también pudo revelar hechos y nombres de
los partícipes a esa Comisión, a los tribunales nacionales y para la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero decidió encubrirlos.
El caso es que ahora el coronel “asesor” niega haber estado en esa
reunión y, por tanto, rechaza lo dicho sobre su persona en el informe de
la Comisión de la Verdad. Por cierto, el 20 de marzo de este año se
presentó una nueva edición de ese importante documento a iniciativa de
–según Nidia Díaz– su actual candidato a la Presidencia de la República:
Salvador Sánchez Cerén. En el acto, Díaz citó las siguientes palabras
que este político en campaña escribió en el prólogo del mismo: “La
publicación del informe ‘De la locura a la esperanza’, en el marco del
veinte aniversario de su presentación pública, es un acto de coherencia
con esta visión del cambio que reconoce la memoria histórica, la
dignidad de las víctimas y sus derechos humanos”.
He allí la
palabra clave en boca de su candidato: coherencia. ¿Es coherente con la
dignidad de las víctimas y el respeto de sus derechos, sostener que el
nombramiento del coronel López Morales como asesor de su fórmula
presidencial es un signo de reconciliación nacional? Porque eso es lo
que hoy dicen Roberto Lorenzana y Nidia Díaz, junto a su colega Manuel
Melgar. La primera declaró hace poco que lo “importante es lograr
superar la impunidad”; lo hizo en el marco de la condena del dictador y
genocida guatemalteco Efraín Ríos Montt.
Pero hace un poco más
de tiempo, casi dos años atrás, su partido se pronunció también sobre
el tema a propósito de la masacre en la UCA; lo hizo un día después de
que su ahora “asesor” escondiera al grupo de acusados de haberla
ordenado y realizado. ¿Qué dijo, el FMLN, el 8 de agosto del 2011? Que
estaba “programáticamente comprometido con la verdad, el respeto de los
derechos humanos, la aplicación de la justicia que incluye el
resarcimiento moral de las víctimas, como elementos que conduzcan al
logro del gran objetivo de la reconciliación nacional, establecido en
los acuerdos de paz”.
Pero de ese día a la fecha, lo que
sostiene Lorenzana es lo siguiente: “Confiamos en el coronel y esto debe
ser leído como un acto de reconciliación de dos partes que antes
estuvieron en conflicto”. Y su compañero Melgar dice que este paso dado
en el marco de la campaña electoral, “hay que verlo como un acto de
madurez y reconciliación”. ¿Son coherentes estas declaraciones con el
pronunciamiento oficial del partido en agosto del 2011 o con las de
Nidia Díaz en el marco del caso guatemalteco? ¿Con qué mensaje debe
quedarse la gente, sobre todo las víctimas de las atrocidades aún
impunes?
La práctica coherente de una politiquería barata
entre los partidos, pues, a veces quita las ganas de comentarla. Pero la
incoherencia en nombre de altos objetivos como el de una
“reconciliación nacional” que solo alcanza para algunos “guerreros”, los
cuales ahora disfrutan de su “descanso”, produce muchas y muy fuertes
ganas de denunciarla para impedir que siga la fiesta de otros
“malacates”.
