Por Benjamín Cuéllar
No se trata del grupo de la llamada “época de oro” del rock guanaco, que colocó éxitos como “Qué difícil es” y “Todo parece cambiar”. Tampoco de las andanzas de Eliot Ness y sus agentes, combatiendo la mafia en Chicago allá por la década de 1930. Ni de los delincuentes de “cuello blanco” que han hecho de las suyas en El Salvador, en perjuicio de sus mayorías. Fuera de la banda musical nacional que varias opiniones sitúan como la mejor entre 1960 y 1970, los otros dos casos citados tienen que ver con crimen organizado. Pero es de otra expresión del mismo, lo que ahora interesa comentar. De una cuyos miembros disfrutan en el país de la total impunidad, bendecida por quienes antes se enfrentaron a balazos y bombazos para que ahora –veintitrés años después del fin de la guerra− coexistan política y pacíficamente más allá de los berrinches partidistas, electoreros, parlamentarios y mediáticos.
Hoy, en el marco de otro aniversario más del último acuerdo entre el Gobierno y la guerrilla de entonces, firmado en el castillo de Chapultepec, con el lujo de tener en la fiesta oficial a la figura estelar del secretario general de las Naciones Unidas, hay que recordar otro suceso. Hace tres años, Mauricio Funes derramó “lágrimas” –dicen– al momento de pedir perdón por la responsabilidad estatal en la matanza realizada en El Mozote y sus alrededores. Ese instante del discurso oficial el 16 de enero del 2012, fue inolvidable para las víctimas de las atrocidades cometidas en diciembre de 1981 por la Fuerza Armada de El Salvador. Y lo fue igual o más cuando Funes ya sin hacer como que lloraba, “instruyó” a los militares para que revisaran su historia y dejaran de honrar a violadores de derechos humanos, criminales de guerra y autores de delitos contra la humanidad.
No solo no le hicieron caso. Prontamente le restregaron en su cara el desacato institucional en boca de su ministro de la Defensa Nacional –el general José Atilio Benítez– al que luego nombró embajador en España y quien, por cierto, sigue siéndolo con el actual Gobierno. Bueno, ¿qué se puede esperar si Francisco Laínez, ex canciller y compañero de fórmula presidencial de Antonio Saca en la pasada campaña, representa hoy a la administración del profesor Salvador Sánchez Cerén en la Organización de Estados Americanos?
Pero regresando a Funes, el 16 de enero del 2012 dijo en El Mozote: “Aquí se cometieron un sinnúmero de actos de barbarie y violaciones a los derechos humanos. Se torturó y ejecutó a inocentes; mujeres y niñas sufrieron abusos sexuales, cientos de salvadoreños y salvadoreñas hoy forman parte de una larga lista de desaparecidos, mientras otros y otras debieron emigrar y perderlo todo para salvar sus vidas […] Por las aberrantes violaciones de los derechos humanos y por los abusos perpetrados, en nombre del Estado salvadoreño pido a las familias de las víctimas y a las comunidades vecinas […] a las madres, padres, hijos, hijas, hermanos, hermanas que no saben hasta el día de hoy el paradero de sus seres queridos”.
Luego señaló al teniente coronel Domingo Monterrosa y a otros oficiales como jefes y autores directos de la masacre. Y como comandante general de la Fuerza Armada, decidió “instruir como Comandante General de la Fuerza Armada a la institución, la revisión de su interpretación de la historia[…] Precisamente porque a 20 años de los Acuerdos de Paz estamos ante una institución militar diferente, profesional, democrática, obediente al poder civil, no podemos seguir enarbolando y presentando como héroes de la institución y del país a jefes militares que estuvieron vinculados a graves violaciones a los derechos humanos”.
Tras un par de días, Benítez declaró que se había formado una comisión especial para tal fin. Pero cuando le preguntaron si le quitaría el nombre de Monterrosa a la Tercera Brigada de Infantería, “brincó” en los siguientes términos: “Muchos lo seguimos viendo como un héroe, porque dio incluso su vida por defender al país de una agresión de ese momento”. Como decía Chirajito, Benítez le dijo a Funes: “¿Ya te vas, papito? ¡Salú pues!”.
En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las víctimas de la masacre en El Mozote pidieron que el Estado salvadoreño retirara de sus dependencias los nombres de los autores de las atrocidades ocurridas acá y que dejara de homenajearlos. ¿Qué respondió Cancillería? Citó la perorata de Funes lanzada hace tres años, sosteniendo que había hecho “ un llamado muy claro no sólo para la Fuerza Armada de El Salvador […] sino a diferentes sectores que son independientes del Poder Ejecutivo salvadoreño para abstenerse de exaltar a personajes vinculados a violaciones a los derechos durante el conflicto armado”.
Ese llamado tan claro le quedó claro a toda la gente, excepto a Benítez y Funes. Este último declaró, en diciembre del 2013, que no había prometido quitar nombres de violadores de derechos humanos a los cuarteles. “Yo lo que solicité – artificioso como acostumbró– es una investigación al Ministerio de Defensa. La investigación ya se concluyó y está en estudio por la secretaría jurídica de la presidencia. Sobre la base de los resultados de esa investigación, decidiremos si como gobierno de la República mantenemos o no los nombres de los destacamentos militares”. Poco memorioso, además Funes quizás no quiso recodar el día de su gimoteo ocupó el verbo “instruir” que –en el argot castrense– es sinónimo de ordenar, mandar, encargar y encomendar.
Funes ya se fue y el fortín migueleño se sigue llamando “Teniente coronel Domingo Monterrosa”. El informe del adefesio creado exclusivamente para “obedecerle” a Funes costó alrededor de veinte mil dólares y está fechado el 7 de marzo del 2013. En su texto se disculpa al ejército de la siguiente manera: “[L]a Comisión entiende la naturaleza compleja, sensible y controversial de algunas acciones armadas que se dieron en el marco de una guerra irregular en la que la estrategia y las tácticas del contrario involucraron a la población civil en tareas de apoyo a sus acciones armadas ocasiones hizo que resultara muy difícil para la Fuerza Armada la efectiva identificación del adversario insurgente”.
Eso, entonces, ¿deberá interpretarse así? Las numerosas mujeres violadas y asesinadas junto a las niñas y los niños que también perecieron profusamente en la masacre de El Mozote a manos de los militares, solo por citar un caso, fueron víctimas de una confusión no imputable a sus victimarios sino a la insurgencia. Igualmente, Julia Elba Ramos y su hija Celina Mariset con otros cinco jesuitas ejecutados acá en la UCA hace veinticinco años, fueron sufrieron el martirio porque la soldadesca creyó que eran parte de la guerrilla “comandada” por Ignacio Ellacuría.
En cuanto a bautizar cuarteles con nombres de responsables de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad –en el informe se les denomina “honrosos oficiales”– esa Comisión dijo que era “conveniente” conservarlos “por el respeto a los procesos debidamente observados y legitimados en su tiempo, y por el justo reconocimiento de transformación que por veinte años ha experimentado la Fuerza Armada, como producto de su profunda modernización y profesionalización”.
Tanto ha “cambiado” la milicia y tan “cumplidora” ha sido de los mal llamados “acuerdos de paz”, que a veintitrés años del fin de la guerra sigue negando abrir sus archivos para que las familias de las víctimas desaparecidas por la fuerza sepan qué pasó con sus seres queridos. Y es que si la paz solo se acuerda y vive para nos pocos, no es una verdadera paz. Y las víctimas directas y sobrevivientes de antes, durante y después del conflicto armado en este país, no se han beneficiado con tales acuerdos.
Pero eso que dice la funesta Comisión que “revisó” la barbarie castrense de aquellos años, la cual sigue produciendo dolor a tanta gente, pretende ser la “historia oficial” de la posguerra. Sus responsables continúan siendo, pues, “los intocables”. Esa “historia oficial” –según Ignacio Martín-Baró– es la que “ignora aspectos cruciales de la realidad, distorsiona otros e incluso falsea o inventa otros [...] Cuando, por cualquier circunstancia, aparecen a la luz pública hechos que contradicen frontalmente la ‘historia oficial’, se tiende alrededor de ellos un ‘cordón sanitario’ […] que los relega a un rápido olvido […] La expresión pública de la realidad […] y, sobre todo, el desenmascaramiento de la historia oficial […] son consideradas actividades ‘subversivas’ y en realidad lo son, ya que subvierten el orden de mentira establecido”. Parafraseando a los roqueros de antaño, qué difícil es y nada parece cambiar a pesar de los autonombrados “gobiernos del cambio y la esperanza”.