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ASÍ LO DIJO
“Me preocupa que esto salga a luz en momentos en que está por concluir el caso... le están haciendo el juego a la defensa”.
Roberto D'Aubuisson | Hermano de víctima
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ASÍ LO DIJO
“No quieren que Guatemala sepa la verdad... Hay parlamentarios que vieron las maletas (con los $5 millones)”.
Gisele Rivera | ex fiscal de la CICIG
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Tras
las revelaciones sobre el caso Parlacén, que apuntan a que el móvil del
asesinato de los tres diputados salvadoreños y su piloto fue el robo de
$5 millones (Q40 millones) que iban escondidos en el vehículo, el
fiscal Edwin Marroquín indicó que no se descarta que, en caso de
verificarse este extremo, “se abra un nuevo proceso” contra los
personajes señalados en pesquisas realizadas por investigadores de la
Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Marroquín
es el fiscal que representa al Ministerio Público en el juicio que está
actualmente en desarrollo contra el diputado Manuel de Jesús Castillo,
alias Manolito, y otros ocho sindicados por la muerte de los
parlamentarios Eduardo D’Aubuisson, William Pichinte y Ramón González,
del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), así como el piloto
Gerardo Ramírez.
La hipótesis que sostiene el MP en el
juicio, como móvil del cuádruple asesinato, es que se trató de una
venganza urdida por el legislador salvadoreño Roberto Silva, Manolito y los miembros de la denominada Banda de Jalpatagua.
Esta
teoría es refutada por las pesquisas de la fiscal costarricense Gisele
Rivera, quien junto a otros investigadores de la CICIG llegó a la
conclusión de que el motivo del crimen fue el robo del dinero, que
supuestamente estaba oculto en un compartimiento secreto de la camioneta
Toyota Land Cruiser propiedad de la esposa de Pichinte, en la cual viajaban los congresistas al Parlacén.
Marroquín señaló que analizarán la pesquisa revelada por el diario salvadoreño El Mundo.
En
la investigación se señala como supuestos responsables al jefe de la
División de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC),
Víctor Soto, así como al asesor del Ministerio de Gobernación Víctor
Rivera, quienes, según una nueva publicación de El Mundo, divulgada ayer en la edición on line,
encabezaban dos de los grupos que operaban en la cartera del Interior y
que participaron en la interceptación y asesinato de los congresistas
(vea: Estructuras en Gobernación).
En la publicación de El Mundo se cita que dichos grupos actuaban bajo el amparo del Ministerio de Gobernación, encabezado por Carlos Vielmann.
Rivera,
quien renunció a la CICIG tras denunciar que el comisionado Carlos
Castresana retrasó el caso, tiene orden de captura luego de que la
fiscal Eunice Mendizábal, de la Fiscalía Especial de la CICIG, solicitó
al comisionado Francisco Dall’Anese que se le retirara la inmunidad a la
costarricense.
El proceso contra Rivera, por patrocinio
infiel, doble representación y encubrimiento propio, está a cargo del
Juzgado Segundo de Instancia Penal (vea: Linares defenderá a ex fiscal).
Castresana
ofreció una conferencia en Madrid, España, y según la agencia EFE
indicó que Guatemala necesita una “reforma enorme” del sistema de
justicia y se quejó de la falta de “apoyo político”.
Dudan de móvil económico
El
ex director de la Policía Nacional Civil de El Salvador Rodrigo Ávila y
el diputado salvadoreño Roberto D’Aubuisson rechazaron las revelaciones
de los investigadores de la CICIG dadas a conocer por El Mundo.
“Esta
no es una nueva hipótesis, todo lo que se ha dicho son cosas que se
manejaron desde un principio, pero luego se desvirtuaron”, indicó Ávila.
Agregó:
“Lo que sí dije, por testimonio de diputados y de personas que iban en
la caravana, es que compraron un poco de dinero en la frontera; en
ningún momento se había manejado que llevaban una suma grande de
dinero”.
“Yo siento que en este momento la defensa está
tratando de utilizar cualquier argucia y trata de utilizar un sistema de
guerra mediática. Como compatriota de los diputados y su motorista
quiero que se llegue al fondo del asunto y que se haga justicia”,
resaltó.
D’Aubuisson también puso en duda las revelaciones
al indicar que el MP “tiene pruebas testimoniales, pruebas documentales
y pruebas científicas, mientras que la ex fiscal de la CICIG sólo tiene
pruebas testimoniales; ahora sólo es de pensar cuál tiene más
sustento”, expuso.
“Me preocupa que esto salga a luz en
momentos que está por concluir el caso; al parecer le están haciendo el
juego a la defensa”, enfatizó D’Aubuisson.
Rivera
sostiene las conclusiones de su pesquisa, y ante los señalamientos de
Ávila y D’Aubuisson indicó: “Ellos no quieren que Guatemala sepa la
verdad. Imagínese que hay parlamentarios que vieron las maletas (con los
$5 millones), gente que intervino en el hecho y que vieron el dinero y a
donde se lo llevaron”.
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