Benjamín Cuéllar (*)
SAN SALVADOR - En
medio de una larga y cuestionable lentitud presidencial para nombrar al
sustituto de Manuel Melgar en la cartera de Justicia y Seguridad
Pública, se escuchó cualquier cantidad de cosas que van desde lo más
absurdo hasta lo más tramposo y manipulador, de cara a una población que
en su mayoría nunca encontró la paz. Esa paz que le prometieron y no
llega después de hace casi dos décadas, cuando dejaron de combatir
militarmente entre sí la insurgencia y el Gobierno de la época. Por
mucho que haya presumido la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
acerca de su intervención en El Salvador como un "proceso exitoso", al
día de hoy le toca señalar al país como el más violento o uno de los más
violentos del mundo; la inseguridad es, pues, el problema medular de
una realidad que no es la que le ofrecieron a nuestra sociedad.
Entre todo lo hablado en estos días
alrededor del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública –que es, más
bien, un misterio– destaca eso de la "militarización" de la Policía
Nacional Civil (PNC) y de la política estatal en ese ámbito. Y a fin de
cuentas, ¿qué es "militarizar"? Como acá hay quienes acostumbramos
opinar sin saber o sin sentido, resulta saludable que la gente –esté o
no a favor de eso– conozca su verdadero significado. El Diccionario de
la Lengua Española o de la "Real Academia", como es más conocido, nos
ofrece tres posibilidades: "Infundir la disciplina o el espíritu
militar, someter a la disciplina militar y dar carácter u organización
militar a una colectividad".
¿Cuál de estas tres le queda mejor a
lo que está ocurriendo ahora en el país? Hagamos el sano ejercicio de
desarrollar el pensamiento propio y no el "pensamiento único",
considerando que Mauricio Funes confirmó un secreto a voces: el
nombramiento del general de división David Munguía Payés –el "Supermún",
como lo empiezan a llamar y como nos lo quieren vender– para relevar al
guerrillero Melgar. A nuestro humilde saber y entender, la tercera
definición es la que debe aplicarse.
¿Por qué? Pues porque las dos primeras
las desmiente la historia salvadoreña de entre 1970 y 1992. Esa etapa
de lo ocurrido en nuestro país, es prueba fehaciente de que este pueblo
no se deja ni infundir ni ser sometido a esa "disciplina". Aunque
existen antecedentes, en esto resulta aleccionador lo sucedido durante
el tiempo transcurrido entre el 1 de abril de 1970 –cuando un grupito de
hombres que no pasaba de diez, decidió empuñar las armas– hasta el 16
de enero de 1992, cuando otros las entregaron.
A partir de entonces, los llamados
"cuerpos de seguridad" adscritos a la Fuerza Armada de El Salvador
(FAES) –entre los cuales destacaba la Guardia Nacional, más conocida
como "la Benemérita"– se dedicaron con mayor intensidad y ferocidad a
perseguir a la oposición política al régimen; a quienes calificaron
textualmente como "delincuentes terroristas". Así, se llevaron de
encuentro a decenas de miles de personas de la población civil que
asesinaron y desaparecieron, después de haberlas torturado o no, entre
otras tantas barbaridades. Y pese a ello, no lograron parar esa lucha.
Salvo excepciones, hasta el 15 de
octubre de 1979 la tropa no había participado directamente en la
represión oficial. Los altos jefes militares, sí; eran quienes –al mando
de la soldadesca y desde sus cargos gubernamentales– decidieron
aplicarle la "mano dura" en extremo a quienes calificaban de
"comunistas", cuando éstos eran los menos. Pagaron, como dicen, "justos
por pecadores" y nos fuimos a la guerra, que no ganó ni el ejército
oficial ni el guerrillero. En realidad, no ganó nadie; perdimos todos.
Bueno, quizás sí ganaron algunos pocos: los de siempre y sus lacayos de
antes junto a los de ahora.
Pero volvamos a la tercera dimensión
de militarizar que es, como ya se apuntó, "dar carácter u organización
militar a una colectividad". De acuerdo, eso está pasando pero no con el
reciente y muy polémico nombramiento. La militarización de la
corporación policial y de toda la seguridad pública, viene ocurriendo
desde hace un buen rato. No comenzó con el brinco de un Ministerio al
otro que le hicieron dar al general, quien hoy sí tiene y tendrá cada
vez más quien le escriba. No, por favor. Empezó desde que el Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Gobierno de
Alfredo Cristiani, acordaron meterle al personal de la PNC un veinte por
ciento de cada bando; a eso se sumaron las "trampas" de todos sabidas
que se hicieron mutuamente en ese terreno, cuando recién nacía la
institución, sabiendo que "entre bomberos no se patean la manguera".
Así, casi la mitad o más la mitad de la plantilla policial inicial se
armó con militares de uno u otro bando.
Y siguió lo de la participación
"excepcional" de la Fuerza Armada en tareas que no le competen, a partir
del 16 de julio de 1993; es decir, un año y medio exacto de la firma
del Acuerdo final de paz en el Castillo de Chapultepec, ciudad de
México. Desde entonces a la fecha, en lugar de regresarlos a sus
cuarteles, de Cristiani a Funes todos los mandatarios salvadoreños han
mantenido a los militares realizando los famosos "patrullajes
disuasivos", que no disuaden a nadie, y hoy –además de eso– resguardando
deficientemente la periferia de los centros penales, maltratando en el
registro a quienes ingresan a los mismos y también de guardianes
fronterizos.
Y hasta ya se propuso que
"disciplinen" a jóvenes en riesgo de ser presa de las maras para su
"reclutamiento"; es decir, a las juventudes en condiciones económicas y
sociales más vulnerables. Menudo uso "excepcional" el de la milicia en
unas misiones que no le corresponden. Paradoja de nuestros días: el
Gobierno actual, el primero de "izquierda" en el país, lo que ha hecho
es aumentar ese protagonismo castrense indebido.
Hace unos días, antes de designar al
general Munguía Payés como sucesor del ahora ex ministro Melgar, Funes
dijo literalmente: "Qué me digan quienes han criticado la posibilidad de
que el ministro de la Defensa Nacional sea nombrado ministro de
Justicia y Seguridad, que me diga en qué parte de los Acuerdos de Paz en
su letra o espíritu o en qué parte de nuestro ordenamiento
constitucional se prohíbe que un militar en situación de retiro que por
lo tanto pasa a ser civil puede ocupar un cargo como el de Ministro de
Justicia y Seguridad".
Pues a esa exigencia, la respuesta es
evidente. Señor Funes, más que el nombramiento de su "hombre de toda
confianza" es el uso de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública
lo que violenta –de manera evidente– los artículos 168 (11) y 212
constitucionales; en el caso de los acuerdos de paz, el mantener e
incrementar la actividad militar en este terreno se contrapone al
literal F del romano primero, en el capítulo sobre la FAES del Acuerdo
de Chapultepec. Se trata del empleo permanente de esa institución que va
de los cerca de tres mil soldados con Cristiani, hace casi dieciocho
años, a los casi nueve mil con Usted.
El nombramiento del general, no es tan
importante en la práctica aunque sí muy emblemático como mal símbolo;
su llegada al cargo, pues, no es más que la cereza en el pastel. No
obstante, si nos ponemos a discutir sobre este tema la lleva de perder
pues la PNC –según el mismo Acuerdo de Chapultepec– "estará bajo la
dirección de autoridades civiles (artículo 168, numeral 17 de la
constitución). Estas serán: el Presidente de la República, el Ministro,
el Viceministro, el Director General de la Policía, los Subdirectores
Generales, el Inspector General, los Jefes de División de cada servicio y
los Jefes de las Delegaciones Departamentales". Y su nombramiento es el
de un militar, pues él mismo defendió esa categoría en al caso de la
protección que su administración le dio y le sigue dando a los
responsables de la masacre en la Universidad donde Usted estudió. Si sus
asesores jurídicos no le explican esto...
Más adelante, podemos hablar de los
innegables costos y los dudosos beneficios de esta decisión que data de
hace tantos años. También de los "méritos" de quien por ahí dicen será
su "delfín": el dichoso general. ¿Por qué es él quien debe dirigir,
durante la segunda mitad de su período presidencial, la enorme misión de
superar la mortandad imperante en nuestro doliente El Salvador?
Por último, sería bueno escuchar las
razones del porqué ascendió a Ministro de la Defensa Nacional a quien
orgulloso y uniformado estuvo en la primera fila de la misa de "acción
de gracias", pagada por los acusados de ejecutar a Julia Elba y Celina
Ramos junto a seis jesuitas –de quienes Usted dice ser discípulo– cuando
salieron de su guarida en el ex cuartel de "Benemérita". ¿Acción de
gracias a quién? ¿A Dios o a quienes los protegieron y los siguen
protegiendo con esos "conectes" en su gabinete? Conteste, por favor...
(*) Columnista de ContraPunto
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