Carta para Belarmino Jaime

Dagoberto Gutiérrez.  

Tus 3 años como Presidente de la Sala de lo Constitucional han estado enmarcados en una coyuntura nacional de mucha tensión. Por una lado, la economía del Estado y de la gente se quiebra y, por otro lado, el régimen político basado en el trabajo de los partidos políticos también se resquebraja, y en este escenario de flores de fuego, la defensa de la Constitución resulta ser una fruta casi extraña y llena de provocaciones.

 

Tú sabes muy bien, que para la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional es una novedad que supera, apenas, a una corte plena resolviendo inconstitucionalidades y habeas corpus, y a una sala de amparo resolviendo amparos. Siendo así las cosas, el surgimiento de una sala integrada por Rodolfo González, Sídney Blanco, Florentín Meléndez y tú, puso en claro ante el pueblo y ante el régimen político, que la función de interpretar la Constitución y de defenderla, está muy lejos de ser una mera actividad intelectual, aunque sea muy cierto que siendo ustedes estudiosos del derecho, cuentan también con el compromiso político de defender la Constitución. 

Dada la experiencia de anteriores salas de lo constitucional, amables, sonrientes y refrescantes ante el régimen político, te confieso, Belarmino, que la Sala que tu presides no fue precedida de las esperanzas de la gente ni de una confianza adelantada, fue precisamente ante las sentencias que alteraron el juego y las reglas del juego de los partidos políticos tradicionales que ustedes llevaron oxigeno, luz y esperanzas florecidas, a los corazones del pueblo y al alma de la gente.

Me parece, Belarmino, que no esperabas, ni te imaginabas, que en algún momento de tu vida, estarías en el centro de una encendida lucha política, y mucho menos que te convertirías, por obra y gracia de un buen trabajo de la sala que presides, en enemigo jurado y perseguido de los partidos políticos, dueños del botín de la cosa pública.

Las sentencias de la sala que presides desnudaron la distancia insalvable que existe entre la gente de carne y hueso y las instituciones partidarias que monopolizan la representatividad. Cuando una sentencia afirma que el pueblo está por encima de los partidos políticos, siendo esto correcto, política y jurídicamente, y siendo además esencialmente democrático, y siendo, aun mas, fortalecedor de la representatividad; pese a todo esto, fue la señal para que el monopolio partidario entendiera que había llegado el momento de librarse, como diera lugar,  de cuatro abogados amenazantes, inconvenientes y suficientemente molestos, precisamente por ser estudiosos del derecho, conocedores de la ciencia y de la ley, y dispuestos a hacer su trabajo de acuerdo  a la Constitución, es decir independientes y  soberanamente.

Cuando en 1983 se incorporó el Artículo 85 de la Constitución, los que tomaron esa decisión estaban lejos, muy probablemente, de imaginarse la dimensión que el monopolio partidario que estaban levantando podía alcanzar con el paso de los años. Actualmente, resulta claro que todo el aparato estatal es partidario, y en esa misma medida, es también poco político y abundantemente mercantil, porque las cúpulas partidarias han sido transformadas por el torbellino mercantilizante del fin de la guerra en centros de actividades empresariales que compiten en deslealtad con las actividades de empresarios tradicionales.

Así las cosas, resulta que el control monopólico del aparato estatal, y la distribución de la administración del botín de la cosa publica entre los partidos contendientes, funciona desde hace largos años como un fin en sí mismo que no puede, ni tiene, ni debe ser ensombrecido o interrumpido por ninguna mano, voluntad o sentencia, y mucho menos, Belarmino, proveniente esta sentencia de funcionarios designados por los partidos, una vez electos como magistrados de la CSJ.

Toda sentencia que reivindique la supremacía del pueblo sobre los intereses partidarios, será entendida como una especie de traición que debe ser castigada de manera ejemplar y preferentemente con el desmantelamiento de la misma sala, y en todo caso, con la remoción del presidente de la misma.

Tu sabes muy bien que la aspiración de desmantelar la Sala no es jurídicamente viable y tampoco lo es el propósito de ubicarte en una Sala diferente a la Constitucional, pero ambos sabemos que se trata de una lucha política en procura de las mayores seguridades para el desempeño partidario y sin embargo, resulta notable para satisfacción tuya y de tus compañeros, el creciente respaldo que la Sala de lo Constitucional ha recibido de parte del pueblo y de sus sectores organizados y no organizados, a tal grado que para los partidos no resulta fácil el cumplimiento de sus propósitos, pero pese al respaldo recibido, no conviene olvidar que algunos partidos perdedores en la última actividad electoral, consideran que la Sala de lo Constitucional es la responsable, con sus sentencias, de resultados desfavorables, y requieren cuidarse las espaldas, y hasta ahora tienen la disposición, la necesidad y hasta los votos para debilitar el trabajo de la Sala.

Pase lo que pase, puedes estar seguro que tu desempeño ha correspondido a las aspiraciones de un pueblo que necesita que sus funcionarios trabajen garantizando que las leyes deben estar al servicio de los seres humanos y no los seres humanos al servicio de las leyes.