Giros extraños, ¿guerras perdidas?

Roberto Cajina

La militarización de la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la violencia juvenil en Guatemala y El Salvador no deja dudas, por mucho que los presidentes de ambos países se empeñen en negarlo: militares en situación de retiro han copado los ministerios de Gobernación, y policías y soldados patrullan calles y carreteras e, incluso, como en El Salvador, hasta brindan seguridad perimetral a los centros penitenciarios del país. Esto pone en duda el desarrollo y calidad del proceso de construcción de institucionalidad democrática en el Sector Seguridad Pública de esas dos frágiles e imperfectas democracias centroamericanas. Pero además, ambas están dando extraños giros, poco ortodoxos, en su "guerra" -políticas de mano dura, súper mano dura y puño de hierro- contra las amenazas a la seguridad en esos dos países.

Los nombramientos de un militar pasado a retiro, justo antes de ser designado ministro de Gobernación y Justicia, y de otro uniformado al frente de la Policía Nacional Civil, PNC, fueron catalogados por importantes sectores de la sociedad civil salvadoreña y la comunidad académica como un grave error político del presidente Mauricio Funes y, aunque no fue un acto ilegal, sí violó la letra y el espíritu de los Acuerdos de Paz de 1992. En el caso de la PNC éstos prescriben taxativamente que "estará bajo la dirección de autoridades civiles", y un militar retirado no es en sentido estricto un "civil", a pesar de que ya no luzca sus galones y que se vista de paisano.

El giro más sorprendente de la "guerra" que el Gobierno de El Salvador libra contra una de las amenazas asimétricas a su seguridad nacional ha sido develado recientemente: un insólito pacto entre el Gobierno y los líderes de las maras -Mara Salvatrucha y Barrio 18- recluidos en un centro penitenciario de máxima seguridad. Los términos de ese pacto comprenden: el traslado de una treintena de "mareros" (pandilleros), incluyendo a algunos de sus principales líderes, a prisiones de régimen más laxo en las que podrán recibir visitas de parientes e interactuar con personas que llegan desde el exterior. Además, se asegura que familiares de esos líderes han recibido varios miles de dólares en compensación. A cambio, los cabecillas se han comprometido a frenar la espiral de violencia reduciendo los homicidios y extorsiones.

El ministro de Seguridad y Justicia, el general en retiro David Munguía Payés, salió al paso de esa versión, asegurando: "Quiero ser claro y contundente en esta afirmación. El Gobierno de la República en ningún momento está negociando con ninguna pandilla y mucho menos ofreciendo dinero para que paren los asesinatos en nuestro país". Munguía Payés reconoció el traslado de los pandilleros a prisiones de régimen menos estricto, y lo justificó aduciendo, primero, las "súplicas" del capellán militar por algunos reos; sin embargo, el referido capellán le desmintió asegurando que él abogó por todos los reos de un penal, "y no por casos específicos" como aseguró Munguía Payés. 

Luego el ministro alegó que los mareros fueron trasladados por la supuesta existencia de un plan de fuga masiva detectado por los órganos de Inteligencia, pero esta justificación raya en la ridiculez de una ficción barata. Se dijo que recientemente había ingresado a El Salvador una veintena de lanzacohetes Law con los que se pretendía abrir un "boquete" en el muro de la prisión de máxima seguridad por el que saldrían los privados de libertad. ¿Cómo podría este plan llevarse a cabo si los militares garantizan la seguridad perimetral del mismo? También esgrimió razones de ley: los trasladados ya había cumplido el 10 por ciento de la pena; así como presión de organismos defensores de los derechos humanos; y precario estado de salud de algunos de los mareros.

Pero frente a la "claridad y contundencia" de las declaraciones del general en retiro Munguía Payés, hay un hecho irrefutable: una semana después del traslado de los principales líderes mareros, los homicidios dolosos se redujeron misteriosamente en 56 por ciento. El ministro atribuyó la reducción al despliegue de las fuerzas policiales y militares durante las elecciones del pasado 6 de noviembre, y a la "operatividad policial", pero obviamente que eso no explica de forma convincente el drástico descenso. La única explicación posible, refrendada por un marero, quien aseguró que estaban de "vacaciones", es que el traslado de los líderes pandilleros y el dinero entregado a sus familiares surtieron efecto: los cabecillas de las pandillas ordenaron "calmarse" a sus lugartenientes en el territorio, es decir detener los homicidios y extorsiones.

La información inicial sobre el pacto Gobierno-pandilleros salió del mismo Centro de Inteligencia Policial, y el ministro Munguía Payés no tuvo más que aceptar que "a veces hay gente infidente que trabaja en nuestras instituciones y colabora dando información".

Guatemala también ha sorprendido. Durante su campaña electoral, construida sobre la base de la inseguridad que abruma a lo guatemaltecos, el general en retiro Otto Pérez Molina ofreció restaurar la seguridad perdida aplicando una política de "puño de hierro" cuya punta de lanza sería el Ejército, al que ofreció aumentar su presupuesto, incrementar sus efectivos y dotarle de medios modernos -aéreos y navales- para la lucha contra el narcotráfico, el crimen transnacional organizado. La oferta era halagadora, los votantes le favorecieron, y ya en la Primera Magistratura nombró a un coronel retirado ministro de Gobernación.

Sin embargo, antes de cumplir un mes en el cargo vira radicalmente asegurando que la forma de frenar la narcoviolencia y reducir la alta tasa de homicidios es despenalizando las drogas, lo que inevitablemente convertiría a los narcotraficantes en legítimos y prósperos hombres de negocios que entrarían en el mercado, pagarían sus impuestos y recaudarían sus pingües utilidades. Pero Pérez Molina no las tiene todas consigo. Desde Estados Unidos hasta Colombia los gobiernos ya han expresado su rechazo a esa idea, aunque han aceptado debatirla.

De estos extraños giros lo único que parece quedar claro es que el presidente Funes ha perdido su "guerra" contra las maras, y Pérez Molina se ha rendido ante los narcotraficantes.

Roberto Cajina, consultor civil de Seguridad, Defensa y Gobernabilidad Democrática.
Miembro de la Junta Directiva de RESDAL.