miércoles, 18 de abril de 2012

¿Seguridad pública, un milagro progresivo?

 Roberto Cañas López/Firmante de los Acuerdosd de Paz
DEM


El dinero para la rehabilitación y la reinserción social de los miembros de las pandillas debe salir de un pacto fiscal, y de los decomisos de recursos financieros ilícitos producto del blanqueo de dinero.

Atribuir a una intervención sobrenatural la solución de la seguridad pública es algo inédito y es más sorprendente aún calificar el entendimiento entre pandillas como un “milagro progresivo” argumentando que es la solución a los problemas que vive el país, pues “ya se intentaron” otras alternativas y no han funcionado. Ciertamente poner en el plano espiritual la solución del problema de la delincuencia no tiene antecedentes en el mundo.

La verdadera realidad es que en la búsqueda de la seguridad ciudadana no hay atajos, soluciones milagrosas, mágicas ni de carácter inmediato. En la solución a la problemática de seguridad no hay prodigios, lo que debe concretarse, no hay que cansarse de insistir, es un Acuerdo Nacional, con una estrategia integral y contar con los recursos humanos, materiales y financieros adecuados para conseguir resultados efectivos y  sostenibles en el tiempo.

Está fuera de la realidad la propuesta de entregar el subsidio de los buseros a los pandilleros. No se trata de eso, a los empresarios de buses se les debe exigir que a cambio del subsidio que reciben, que es dinero de los contribuyentes, renueven la flota de buses, les den mantenimiento a las unidades de transporte que actualmente tienen en circulación, mejoren el entrenamiento de los motoristas y den un trato adecuado a los pasajeros.

El dinero para la rehabilitación y la reinserción social de los miembros de las pandillas debe salir de un pacto fiscal, y de los decomisos de recursos financieros ilícitos producto del blanqueo de dinero. Solo para hacerse una idea, en México los ingresos de las actividades ilícitas van de 36 mil a 38 mil 800 millones de dólares, que representan 3.6 % del PIB, y de éstos, de 10 mil a 14 mil 500 millones de dólaresson blanqueados; obviamente El Salvador no es México, pero aquí se lava mucho dinero también, pero lo que pasa es que nadie sabe cuánto.

No se trata de afirmar que estamos en una “franca guerra declarada a los carteles de la droga y las estructuras del crimen organizado”, pues la única guerra que se justifica es la guerra contra la pobreza, contra la ignorancia, contra el despilfarro y la corrupción.

Más que declarar que estamos en guerra contra los carteles se debería actuar incrementando la persecución del crimen organizado, especialmente el lavado de dinero. La persecución de este delito merece más atención. No existe una cifra de cuánto dinero se lava en El Salvador, solo se pueden apreciar las huellas del lavado en empresas de rápido crecimiento, constructoras y del negocio de bienes raíces. Se debe mejorar la supervisión de transacciones en el medio empresarial. Desarrollar técnicas de detección de transferencias de recursos financieros. Se deben mejorar las unidades policiales de inteligencia financiera y de investigación.

La administración Funes se comprometió en el plan quinquenal: “a ejecutar una estrategia integral de seguridad ciudadana que reduzca los niveles de violencia social y de género, y de inseguridad, y que incida de manera simultánea en la dimensión estructural del problema” y, además, “diseñar mecanismos institucionales que permitan la unidad nacional en torno a este tema”.

La pregunta a la que se debe dar respuesta hoy es: ¿Cuál debe ser el rumbo a seguir por el presidente Funes en lo que le resta de su periodo en el tema de seguridad pública?
El gobierno debe contribuir a la elaboración de una política de Estado en seguridad basada en la Constitución de la República, es indispensable crear un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que tenga como misión construir el Acuerdo Nacional y luego monitorear y evaluar constantemente el estado de la seguridad pública.

Colocar la agenda de prevención en el centro de la política de seguridad, comenzando por la juventud creando espacios públicos de calidad que brinden una amplia oferta laboral, cultural y deportiva a las personas menores de 30 años.

Las soluciones al problema de la delincuencia no bajarán del cielo, lo que debe de existir a la hora de construir una estrategia de seguridad es un trabajo incansable por convertir a El Salvador en un país seguro, donde la vida familiar y comunitaria pueda desarrollarse despojada del miedo, mediante la más amplia movilización y articulación de voluntades, fuerzas y recursos de la nación.

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