¿Un Obispo define la política pública de seguridad?

Roberto Cañas López/ Firmante de los Acuerdos de Paz


La pregunta a la que se le debe buscar respuesta en El Salvador en este momento es si ¿Un Obispo define la política pública de seguridad? En cualquier lugar del mundo parecería extraño, pero en nuestro país no hay que perder la capacidad del asombro.

En el marco de los actos de celebración del primer aniversario del nombramiento del ministro de Justicia y Seguridad General de División David Munguía Payés, Monseñor Fabio Colindres anunció como parte de una “segunda etapa de la tregua entre pandillas” que pedirá a la Asamblea Legislativa la derogatoria de la Ley de Proscripción de Pandillas, con el argumento de que dicha ley está obstaculizando “el proceso de paz” en su segunda fase.

Es curioso, pero cierto, el próximo 11 de diciembre, el Obispo acompañado de Raúl Mijango visitarán la Asamblea Legislativa para solicitar la derogación de dicha ley, que ciertamente en su momento fue promocionada como la  solución a gran parte de los problemas delincuenciales; pero que  la verdadera realidad es que la ley desde el principio tuvo problemas en su aplicación y no ha contribuido a la disminución de los homicidios y las extorsiones.

Tengo muchas dudas acerca de que la propuesta de derogatoria de la Ley que hará el Obispo tenga algún progreso en la Asamblea Legislativa cuando sea presentada, pues a mediados de diciembre los honorables diputados estarán pensando en cómo despedir el año y no en derogar leyes. Pero más allá de que en la Asamblea progrese este año la propuesta del Obispo lo que verdaderamente preocupa es la mediocridad de las propuestas para enfrentar la delincuencia.

Y es que son realmente inverosímiles ideas como las de la “aplicación salvadoreña del concepto Municipio Santuario”,  que según los patrocinadores de la propuesta consiste en “ir declarando sucesiva y progresivamente a los municipios del país como Zonas especiales de Paz”.

La verdadera realidad es que las propuestas de Política Pública en el área de seguridad  presentadas por el Obispo Colindres no son viables constitucionalmente ni desde el punto de vista técnico. Si tan fascinados están en propuestas norteamericanas como las de municipios santuarios deberían conocer la experiencia de la Ciudad de los Ángeles en las que el Alcalde Antonio Villaraigosa creó una Oficina de Reducción de Pandillas y el Desarrollo de la Juventud. Es una estrategia integral  mediante medidas orientadas a la reducción de afiliación entre los jóvenes en alto riesgo de hacerse miembros de pandillas; la reducción de la participación en pandillas entre los jóvenes que ya son miembros; la provisión de pacificación proactiva eficaz y respuestas ante incidentes de violencia cuando ocurren; y mejora de la comunicación y la colaboración dentro y a través de agencias del gobierno, organizaciones basadas en la comunidad y residentes de la comunidad, ha tenido éxitos importantes

La Estrategia del Alcalde Villaraigosa está conformada por seis enfoques interrelacionados: prevención primaria; prevención secundaria; servicios de manejo de casos de intervención para gente joven involucrada en pandillas;  servicios de intervención dirigidos a la interrupción de la violencia; compromiso con la comunidad; y sexto supresión.

La Oficina de Reducción de Pandillas y el Desarrollo de la Juventud considera que su estrategia es una responsabilidad compartida entre los residentes de la comunidad, las familias, las escuelas, los negocios y las agencias gubernamentales de la Ciudad/Condado. Para este fin, la Oficina está comprometida a escuchar las voces de la comunidad, integrando estas voces en su trabajo y uniendo todos sus programas a fin de fortalecer las comunidades.

En El Salvador debemos comenzar por aceptar que la política pública de seguridad es demasiado seria para dejarla en manos de un Obispo. Pues una vez que los jóvenes se integran a las “maras” y se involucran en actividades criminales, el trabajo para sacarlos de la delincuencia se vuelve complejo y requiere de propuestas integrales y grandes recursos económicos. Si se revisa la propuesta eclesial de Monseñor Colindres y su acompañante Mijango no tiene un carácter integral ni hay una sola mención de la palabra prevención y no se indican los recursos que se necesitarían para implementar su propuesta.

Diciembre es tiempo de reflexión, para revisar los resultados obtenidos en la lucha contra la delincuencia y también es momento de establecimiento de objetivos para el año próximo. Hoy se deben sistematizar las buenas y malas prácticas en el impulso de la política pública de seguridad, determinar cuáles son las lecciones aprendidas y fundamentalmente visualizar lo que se quiere alcanzar en el futuro inmediato. Ojalá se encuentre el camino correcto a una política integral de seguridad pública que pasa por la participación de toda la sociedad.

Nuevo Fiscal

 Editorial UCA

Norma Guevara, jefa de fracción del FMLN, celebrando el nombramiento del Fiscal General de la República, dijo que es el cargo con mayor responsabilidad en el país después del oficio de Presidente de la República. Siendo así, imaginemos qué pasaría si por mal funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral se atrasara un par de meses la elección del Presidente de la República. Sería un caos y, por supuesto, se establecerían responsabilidades. En el caso del Fiscal, se da el atraso, pero nadie se hace responsable. Y no solo no hay responsables, sino que luego de la elección, los diputados aplaudieron su propia ineficiencia de dos meses. El final feliz justifica la ineficiencia y la irresponsabilidad.

Podrán decir algunos que el juicio es demasiado negativo. Sin embargo, lo que estamos viendo es que solo con críticas, y críticas duras, se mueven adecuadamente quienes llevan el carro de la Asamblea. Cuando quisieron desarticular la Sala de lo Constitucional, hubo que decirles de todo a los diputados. Y cuando a las voces de protesta internas se unieron voces importantes del exterior, hubo cambio de actitud. Por un muy paradójico sentido del honor, han mantenido vigente una especie de comisión amenazadora sobre la Sala, pero dejaron a los cuatro magistrados en sus puestos. Con la parálisis en la elección de Fiscal, ha habido que decirles también de todo. Y una vez más ha sido necesario que desde fuera se les presione. Podrá desgañitarse el presidente de la Asamblea contra la doctora Knaul, relatora de las Naciones Unidas para la independencia judicial. Pero no cabe duda de que la opinión de esta experta sobre el impasse que había en la elección del Fiscal fue un necesario llamado de atención a ese modo absurdamente lento e irresponsable de los diputados.

Las cosas no deberían ser así. El Salvador no necesita que para hacer las cosas bien tengan que venir de fuera voces o personas a respaldar a quienes critican la ineficiencia parlamentaria. Un adecuado diálogo con la sociedad civil sería mucho más conveniente que esta pérdida de energía, recursos y tiempo que con tanta frecuencia se da en la Asamblea cuando los intereses políticos se ponen por encima del bien común. Aparte de que se queda en ridículo cuando, después de tantas acusaciones de compra de votos, de desastre democrático y otras linduras dichas unos contra otros, se producen estas unanimidades gloriosamente celebradas. Hacer bien las cosas no cuesta tanto.

Lo que queda ahora es respaldar al nuevo Fiscal. Entra con debilidad. Le quedan tres años para conocer a fondo la institución y actuar. Y entra en una institución poco dotada de medios. Sería trágico que continuara la tendencia de no proveer de recursos a la Fiscalía, para después echarle la culpa al funcionario, oponerse a su reelección y darle de nuevo al siguiente el breve plazo de tres años para mejorar una situación de difícil arreglo. Si Luis Antonio Martínez quiere hacer algo novedoso, no estaría mal que iniciara, con el apoyo de la sociedad civil, una evaluación de la institución que ahora tiene a su cargo. No solo para corregir lo negativo, sino sobre todo para hacer una propuesta de Fiscalía moderna, bien dotada, eficaz y que se coordine adecuadamente con sus cuerpos auxiliares.

Hasta ahora, los diputados se han preocupado de poner en el puesto a personas que no fueran incómodas a los poderes políticos. No se han preocupado de evaluar a la institución ni de tomar en cuenta la opinión de la sociedad salvadoreña, que sufre las consecuencias de la criminalidad y las insuficiencias institucionales en la persecución del crimen. En diálogo con expertos en temas penales y jurídicos, el nuevo Fiscal tiene la oportunidad de presentar un nuevo proyecto de Fiscalía General que corrija errores y ofrezca mayores posibilidades de éxito en la lucha contra la delincuencia.