La Fuerza Armada y su deuda con las víctimas del conflicto armado

Juan Carlos Sánchez

Tempranito. Eran las cinco con treinta minutos de la mañana del 28 de octubre de 2013, hace exactamente un año, cuando subieron a una camioneta rumbo a San Salvador. Unos días antes, habían decido que ese día iniciarían una nueva batalla por la justicia y el establecimiento de la verdad acerca de las graves violaciones a los derechos humanos que sufrieron, junto a sus familiares, en varias comunidades rurales de Suchitoto y Tecoluca, durante los primeros años del conflicto armado salvadoreño. Una dura batalla que siguen enfrentando con el característico heroísmo de quienes se saben dueños y dueñas de una verdad que obsecadamente se sigue ocultando.

Con el ánimo encendido, se presentaron ese día a las ocho de la mañana ante la Oficina de Información y Respuesta (OIR) del Ministerio de la Defensa Nacional, para exigir datos y documentos sobre los operativos militares desarrollados por la Fuerza Armada entre 1981 y 1983 y que provocaron encarcelamiento, muerte, desaparición forzada y la tortura de varias decenas de personas, entre ellas sus familiares, sin que se hayan iniciado investigaciones ni impartido justicia a los responsables.

Aplicando la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), la petición hecha a la Fuerza Armada fue muy concreta: detalle de los operativos militares desarrollados en Tengango y Guadalupe, Suchitoto, Cuscatlán, en febrero de 1983 y en Cantón San Francisco Angulo, Tecoluca, San Vicente, el 25 de julio de 1981, incluyendo documentos de planificación, mapas de los lugares en los que se desarrollaron las acciones militares, partes de guerra e informes elaborados por los jefes de los destacamentos castrenses involucrados, informe de las bajas del ejército, la insurgencia y la población civil, así como “toda la información que esté en poder de ese Ministerio que permita conocer e interpretar el alcance y resultados de las campañas militares que se desarrollaron en ese periodo.”

Entre el grupo de peticionarios y peticionarias iba Don Andrés Antonio Romero Santamaría, Don Andrecito como le dicen sus paisanos y paisanas, un campesino que cuando sucedieron las acciones militares sobre las que hoy demanda información, rondaba los treinta y cinco años y que en febrero de 1983 perdió a la mitad de sus hijos y a su compañera de vida. “Después de eso, uno ya no vive igual… desde entonces ando buscando una explicación de lo que pasó; a Dios gracias, con los años, pude encontrar a mis hijos…”, ha sostenido en varias oportunidades y con mucho dolor, Don Andrecito.

Reiterada negativa oficial

Las peticiones informativas que conforme a derecho formularon las y los familiares hace un año, no han sido resueltas por la Fuerza Armada. Lejos de ello, el 23 de noviembre de 2013, la respuesta oficial de la OIR del ejército fue: “No se provee información solicitada por inexistencia”.

De acuerdo con los plazos establecidos en la LAIP, las y los demandantes, junto con los organismos de derechos humanos que les acompañan, presentaron un recurso de apelación de esta negativa el 29 de noviembre, el cual fue admitido por el Instituto de Acceso a la Información (IAIP) el 3 de diciembre y fija una audiencia publica para el 10 de enero de 2014. En esta audiencia, el Oficial de Información sostuvo que la Fuerza Armada de El Salvador no tiene en su poder archivos que contenga datos, estadísticas, reportes, registros, bitácoras, partes de guerra, documentos de ninguna naturaleza o clase, en ningún tipo de formato,  relacionado con las actividades militares desarrolladas por la Fuerzas Armadas, antes de 1998; indicó que en ese fase del conflicto armado, el ejército funcionaba con una planificación estratégica general que emanaba de las altas autoridades castrenses y que las decisiones tácticas eran responsabilidad de los oficiales en el terreno, quienes desarrollaban las operaciones militares según las necesidades que cada escenario bélico les planteaba.

Sin duda, una respuesta a todas luces falaz, irresponsable y, sobre todo, irrespetuosa con las familias como la de Don Andrés, que vivieron y soportaron en carne propia, el drama humano de la muerte y la separación violenta de sus seres queridos. Muchos eran los intereses políticos – y geopolíticos – en juego, a tal punto que el gasto del ejército llegó a costearse en 1 millón de dólares al día; es difícil creer que una guerra como la que vivió El Salvador, fuera improvisada o que sus decisiones tácticas quedaran al criterio personal y arbitrario de una generación de oficiales jóvenes, quienes eran los que asumían la conducción de las tropas en los territorios.

Al revisar la prensa de la época, no es difícil encontrar reportes del Comité de Prensa de la Fuerza Armada (COPREFA) que daba cuenta de los grandes y exitosos operativos militares desarrollados a lo largo y ancho del territorio nacional, indicando lugares, tropas y daños causados a su enemigo. ¿Qué pasó con esa información? ¿Dónde quedaron esos archivos? En opinión del Oficial de Información de la Fuerza Armada, nunca existieron o han desaparecido irremediablemente.

Sin embargo, la postura oficial de la Fuerza Armada no convenció a nadie. El IAIP fijó para el 23 de enero una diligencia especial en la que se proponía supervisar la búsqueda de información practicada por la OIR del ejército. Al presentarse a las instalaciones militares para practicar esta diligencia, le fue negado el acceso a los archivos, alegando que sólo se procedería con una orden expresa del Presidente de la República – en ese momento, Mauricio Funes – o del Ministro de la Defensa Nacional, General David Munguía Payés.

Esta postura negligente del ejército salvadoreño dio lugar a que el IAIP emitiera una resolución favorable a las pretensiones de las y los familiares. En esta resolución se ordena “… al General de División y servidor público, David Victoriano Munguía Payés que, dentro del plazo de dos meses, (…) ejecute diligencias encaminadas a recuperar o reconstruir la información solicitada…”. Esta importante sentencia, además, reconoce el derecho a la verdad que tienen las personas que han sufrido violaciones a los derechos humanos y fundamenta la relación de este derecho con el de acceso a la información pública; así mismo, establece la posibilidad de iniciar procesos de reconstrucción de los hechos, a fin de satisfacer plenamente las pretensiones informativas de personas demandantes de información.

Salvador Sánchez Cerén en su calidad de comandante general del ejército salvadoreño tiene la valiosa – y quizás irrepetible – oportunidad de comenzar a desmontar el silencio oficial impuesto sobre los crímenes de guerra cometidos contra la población civil durante el conflicto armado. Incuestionablemente, tiene la facultad legal para hacerlo. Solo esperamos que también tenga la voluntad política que permita avanzar en el sendero de la verdadera reconciliación del país, que exige verdad, reparación y justicia, y que se desmonte de una vez para siempre el trasnochado discurso del perdón y olvido que han defendido sistemáticamente grupos y personas vinculadas a sectores poderosos y hegemónicos, algunos de ellos estrechamente ligados con las atrocidades cometidas.