Incertidumbre por deportación de ex ministro Vides Casanova

Laura Bernal


Si será encarcelado o cuáles serán las condiciones de su deportación, son detalles que población salvadoreña aún desconoce

Asociaciones de Derechos Humanos en El Salvador desconfían que autoridades nacionales puedan dar continuidad al proceso judicial contra el exministro de Defensa, Carlos Eugenio Vides Casanova, implicado en múltiples delitos de lesa humanidad como masacres, torturas y ejecuciones extrajudiciales durante el conflicto civil salvadoreño.

Vides Casanova será deportado a El Salvador, pese a que abogados del ex militar habían apelado a la decisión tomada por un tribunal de Inmigración de Estados Unidos en 2013.

Si bien la decisión del gobierno estadounidense podría ser calificada como una gran oportunidad para que el Gobierno salvadoreño demuestre sus avances en materia de justicia y reparación a víctimas, la incertidumbre aún predomina y el mayor temor es que este caso, como muchos otros, queden en la impunidad.

Miguel Montenegro, director de la Comisión de Derechos Humanos en El Salvador (CDHES) aclara que es un proceso que obviamente es celebrado por la comunidad salvadoreña, sobre todo, por las víctimas de los graves asesinatos durante el conflicto armado y que están relacionados a la dirigencia de Vides Casanova en la Guardia Nacional.

Sin embargo, Montenegro señala que es lamentable que todavía no haya una causa abierta en El Salvador que garantice la continuidad del proceso, una vez el ex militar regrese a territorio salvadoreño. “A diferencia de la causa por el asesinato de los jesuitas cuyo proceso sí está abierto en la audiencia española”, recalca.

“La pregunta es ¿Vides Casanova vendrá directo a su casa, a una cárcel o bajo arresto domiciliario? Nos parece satisfactorio que sea deportado, pero la pregunta es qué pasará con él aquí, en El Salvador”, enfatiza Montenegro.

Pero los detalles sobre su deportación aún son desconocidos. El diario estadounidense La Opinión, de Los Ángeles, señaló este jueves en su sitio web que según autoridades norteamericanas Vides Casanova no sólo es deportable, sino que también es inadmisible (en EEUU) por su participación en actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales.

“La apelación ha sido denegada (…) Estamos de acuerdo con el juez en que no es elegible para que se cancele su deportación”, reza el fallo judicial de 22 páginas contra el ex general salvadoreño.

El abogado de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, Alejandro Díaz, coincide que la decisión de deportar a Vides Casanova significa realmente un “reto para la impunidad en el país”.

“El país tiene la oportunidad de enjuiciar y responsabilizar a una persona que está señalada por crímenes de lesa humanidad y que la Comisión de la Verdad lo responsabiliza por múltiples asesinatos. Lo importante es que este caso no quede en la impunidad”, apunta el abogado defensor de derechos humanos.

Según el informe de la Comisión de la Verdad, un documento impulsado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y que reúne detalles de los responsables de múltiples asesinatos durante el conflicto armado salvadoreño, Vides Casanova y Guillermo García son los principales involucrados en el asesinato de las monjas Maricknoll, así como en otros casos atroces.

El asesinato de las cuatro religiosas estadounidenses fue ejecutado en 1980, cuando Vides Casanova era jefe de la Guardia Nacional.

Díaz asegura que si el país archiva este caso, como muchos otros relacionados a crímenes de lesa humanidad, sería bajo una base ilegal pues “hay suficientes elementos y pruebas que se pueden tomar en cuenta, y hasta informes de la misma PDDH para comprobar la relación de Vides con los múltiples asesinatos”, asegura.

De acuerdo al director de la CDHES, a falta de una acusación legal contra Vides en El Salvador, debería ser la Fiscalía General (FGR) la que solicite la captura del ex militar una vez regrese al país.

“Si viene a una cárcel o es trasladado a los tribunales depende de si la FGR solicita una causa de acusación por algún punto en específico para ver cuál será su condena. Si EEUU lo ha deportado por graves violaciones a DDHH la Fiscalía debería abrir la causa urgentemente, a ellos les compete”, insiste Montenegro, aún con dudas sobre el papel que la institución aborde.

Sin embargo, Benjamín Cuellar, defensor de derechos Humanos en El Salvador, aclara que antes que la Fiscalía General intervenga, es la sociedad civil la que debe presentar pruebas y exigir justicia en el caso.

“No habrá nunca un gobierno garante del respeto  a los Derechos Humanos si dentro de ellos no se demanda el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, si no hay una sociedad demandante”, recalca.

En 2013, un fallo del juez estadounidense James Grim, tachó que era “improbable” que Vides Casanova, al frente de la Guardia Nacional (GN) durante la gestión de Napoleón Duarte, no estuviese enterado de lo que hacían sus subordinados, en particular con las ejecuciones extrajudiciales.

Los representantes de sectores defensores de DDHH en El Salvador coinciden con el fallo de Grim, e insisten que hay documentos suficientes para comprobar la culpabilidad del ex general y mantenerlo en un centro penitenciario del país por muchos años.

“La justicia tarda pero llega, y que sea una advertencia para el resto de criminales responsables de  atrocidades de este país, no pueden alegar amnesia,  los responsables de las atrocidades ocurridas en este país tienen que pagar”, sostiene Cuellar.

Y Díaz agrega: “Consideramos que puede hacerse justicia y que acá en el país debe abrirse un juicio en contra de él. Esto no es protegido por la ley de amnistía y no prescribe por ser crímenes que trascienden la esfera de crímenes comunes. El país y su sistema judicial estarán nuevamente a prueba”.