El Salvador tiene todavía pesadas deudas democráticas. No pretendemos mencionarlas todas, pero sí unas cuantas. Cuando se nombra a un militar retirado como ministro de Justicia y Seguridad conviene recordar especialmente algunas de ellas. Y aunque no es la principal, podemos comenzar precisamente por lo que puede significar este nombramiento. La Fuerza Armada ha tenido en El Salvador demasiado peso en tiempos recientes.
Escrito por José M. Tojeira / Analista político
Todavía hoy se nota su poder cuando ha sido imposible que la Fuerza Armada asuma como crímenes institucionales, en la medida al menos en que fueron encubiertos por las diversas cúpulas militares, una serie de delitos de lesa humanidad. Que centros castrenses sigan llevando el nombre de Domingo Monterrosa, cuando es público que el batallón Atlacatl cometió varias masacres, El Mozote especialmente, mientras estaba bajo su mando, es una muestra del exceso de poder de la institución armada. Y es un claro signo de que no aceptaron algunos aspectos de los Acuerdos de Paz, especialmente los que se desprendían de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que eran obligatorios. En este sentido, que el gobierno de Mauricio Funes y el FMLN sea el primero que desde el fin de la guerra tiene a dos generales en el gabinete de ministros se convierte en una deuda con el necesario predominio del poder civil y democrático sobre cualquier otra fuerza o grupo de interés.
Deuda democrática es también el emprender cambios estructurales en el país con mayor rapidez de lo que se está haciendo. Muchos ciudadanos votamos por la fórmula Funes-FMLN porque esperábamos cambios estructurales en salud, educación, pensiones, seguridad y justicia. Se han dado algunos pasos positivos pero no se pueden considerar ni siquiera como inicios de cambios estructurales. Todo lo más mejoramiento de algunos aspectos de lo existente, que no llegará a ser decente sin cambios estructurales. Un doble sistema de salud, según el estatus económico de la población, es simplemente indecente. Un sistema de pensiones como el actual no responde al derecho humano de una ancianidad digna. Y la inversión en educación imposibilita que el país alcance esa cifra de un 70% de población con bachillerato que es indispensable para que un país salga del subdesarrollo. Que a mayor educación mayor desarrollo nadie lo duda. Y que con la educación y el desarrollo disminuyen las desigualdades y la violencia es un hecho incuestionable.
Aunque la culpa no es totalmente del Gobierno, la reforma fiscal necesaria para emprender cambios estructurales no acaba de llegar. Que no tengamos un IVA diferenciado, que grave especialmente al lujo, es una vergüenza en un país con tan graves diferencias en el ingreso y con una cultura consumista tan alejada de sus propias posibilidades. En este terreno es lamentable la cerrazón de quienes deberían tener mayor responsabilidad social precisamente por tener mayores recursos económicos. Deuda grave el escaso diálogo en torno a este tema que urge si queremos elevar la calidad de la democracia.
La deuda con la seguridad ciudadana es de larga data. Como las instituciones policiales, fiscales y de justicia no han sido capaces de garantizar la pacífica convivencia, difícil de por sí en un país con graves injusticias sociales, la tendencia ha sido a tomarse la justicia por la mano. O a conseguir dinero fácil desde muy diversos tipos de violencia o corrupción. Querer pagar esa deuda tan compleja con miembros de la Fuerza Armada tampoco es una buena señal para la democracia, dada la formación orientada a la destrucción del enemigo que tiene esta institución. Civiles expertos en derecho penal y en sociología, capaces de dedicarse a la prevención y persecución del delito con inteligencia pagarían mucho mejor la deuda de la seguridad con la democracia.
