El pasado 24 de marzo, cuatro policías que patrullaban la lotificación El Zaite, en el municipio de Zaragoza, participaron en el homicidio de una persona con discapacidad. La Fiscalía y la policía dijeron que la víctima era un pandillero que había atacado a balazos a los agentes. Sin embargo, la familia y vecinos han iniciado una lucha legal contra el Estado: la víctima, José Mauricio Salazar, dicen, no era pandillero. Un abogado del Idhuca dice que el sistema de justicia está tratando de proteger a los imputados, a quienes incluso ha otorgado régimen de protección, según lo dijo el juez de la causa.
FACTUM/ *Jorge Beltrán Luna
El juez no toleró ver aquel gesto en el rostro de Miguel Ángel Andrade y lo reprendió. “Si sigue con esa sonrisita lo vamos tener que a sacar”, le dijo. Miguel no había podido evitar sonreír al escuchar el acta policial que leía el fiscal del caso durante la audiencia judicial: en el documento dice que su hijastro, José Mauricio Salazar, un hombre de 38 años, era un pandillero que había disparado a un grupo de policías con una pistola que había sido reportada como robada en septiembre del 2016. Todo, dice Miguel Ángel, es mentira.
José Mauricio Salazar murió abatido a balazos al final de la tarde del pasado el 24 de marzo cuando caminaba, tras finalizar una jornada de trabajo, por la calle principal de la lotificación El Zaite, en Zaragoza. La lotificación es un fortín de la mara Salvatrucha; lo primero que asalta la vista en la entrada es un grafiti de esa pandilla pintado en un muro: ZLS (Zaragozas Locos Salvatruchos).
José Mauricio, a quien aquí llamaban Chepe o Chepito, se había criado en esa lotificación de calles de tierra, con casas construidas sin ninguna planificación urbanística y carente de servicio de alcantarillado. Nació a los seis meses y medio de gestación; a los pocos meses de vida lo afectó una enfermedad que lo condenó de por vida a la discapacidad: era sordo y mudo. Además, tenía una leve dificultad para caminar. A pesar de ello, no estaba registrado como discapacitado en ninguna institución.
Chepe era una persona conocida en El Zaite y en la zona urbana de Zaragoza, no tanto por sus discapacidades físicas, sino porque a pesar de ellas se ganaba la vida trabajando como cualquier persona: era pintor de brocha gorda, soldador, barrendero… Su buena disponibilidad al trabajo había hecho que quienes lo conocían confiaran en él.
A pesar de vivir en una comunidad llena de pandilleros, a Chepe no lo asesinó la pandilla, sino un policía que era parte de un grupo de cuatro agentes de la Sección Táctica Operativa (STO) asignados a la subdelegación policial de Zaragoza. Le disparó un balazo que, aparentemente, le entró por la parte derecha del rostro (a la altura de la boca), le salió por el cuello y lo mató en el instante.
El 27 de abril, un día después del sepelio, un vecino de El Zaite que trabaja en el Juzgado de Paz de Zaragoza, llegó a la casa de Miguel, el padrastro de la víctima, para entregarle un documento. Era una citación judicial dirigida a Marta Alicia Salazar, la madre de Chepe, para que a las 11:00 de la mañana del siguiente día, viernes 28, se hiciera presente al juzgado local, donde se realizaría la audiencia inicial contra tres imputados (eso dice el papel) cuyos nombres reales habían sido sustituidos por claves para denominarlos en el proceso judicial y así protegerles la identidad. La esquela de citación mencionaba a Claro, Antioquia y Febadio a quienes se les atribuía el homicidio simple en perjuicio de José Mauricio Salazar.
Miguel sabía que se trataba de aquellos policías encapuchados que habían participado en el crimen contra su hijastro.
El padre de la víctima notó un detalle en aquel documento: la persona a quien la secretaría del juzgado estaba citando, la madre de la víctima, no podría presentarse a la audiencia porque había muerto hacía 13 años. Miguel no se percató de eso sino hasta que el citador se había marchado. Y por ello fue que decidió presentarse al tribunal, al fin y al cabo, aunque no había engendrado a Chepe, él lo había criado desde que el niño tenía dos años, cuando decidió acompañarse con Marta Alicia. Miguel siempre lo tomó como su hijo.
Ya en la audiencia, Miguel notó que el fiscal era uno de los dos que el miércoles 26 de abril, horas antes de sepultar a Chepito, habían llegado a su casa a tomarle una entrevista en la que les explicó que la víctima no era miembro de pandillas y menos que anduviera armado.
Miguel estaba indignado porque la Fiscalía, el mismo día que mataron a su hijastro, había escrito en su cuenta oficial de Twitter que la persona que había muerto en el cantón El Zaite era un miembro de pandillas que se había enfrentado a balazos con elementos policiales. Pero el hombre aún confiaba en que, luego de la explicación que había dado a los fiscales, en la audiencia rectificaran la información que había difundido en Twitter y que fue retomada por varios medios de comunicación.
No fue así. La Fiscalía no mencionó ni una palabra de lo que Miguel les había explicado. El fiscal se limitó a leer el acta policial.
En términos generales, el acta policial plasmaba una versión torcida de lo que pasó. Según el documento, a las 8:00 de la mañana de aquel lunes 24 de abril, en la subdelegación de Zaragoza habían recibido información de que en la lotificación El Zaite había un grupo de sujetos armados, por lo que a cuatro policías se les ordenó realizar un patrullaje por esa comunidad para verificar. Fueron en un vehículo policial pero no encontraron nada.
A las 3:30 de la tarde de ese mismo día, el mismo grupo de policías se desplazó a pie por las colonias La Fuente y El Zaite. Al llegar a esta última, sostiene el acta policial, observaron a un grupo de cinco sujetos con armas largas y cortas, las cuales manipulaban entre sus manos. Al ver esto, el grupo de cuatro policías se dividió en dos para capturarlos.
Clarencio (mencionado como Claro en la esquela de citación) y Herminio formaron el primer equipo, Antioquia y Febadio, el otro. El requerimiento fiscal dice que Herminio se metió a un terreno para buscar cobertura, mas no indica qué fue lo que hizo Clarencio.
Mientras tanto, el otro equipo (Febadio y Antioquia) buscaron cobertura y se ocultaron a un costado de la calle principal de El Zaite. Cuando los policías estaban a poca distancia del grupo de hombres armados, el primer equipo gritó: “Alto, policía”.
El acta leída en el tribunal dice que los hombres armados, en lugar de atender la orden policial, corrieron y que uno de ellos disparó a los policías, por lo que el equipo de Clarencio y Herminio respondió a la agresión, “por ser un ataque real, directo y para salvaguardar sus vidas”. Hubo un intercambio de disparos. Así está escrito en la narración de los hechos, en la versión de la Policía.
Tras el tiroteo, Herminio se desplazó a verificar los signos vitales de uno de los supuestos agresores, quien yacía en el suelo, muerto. El requerimiento fiscal dice que José Mauricio Salazar, el asesinado, era miembro activo de la Mara Salvatrucha y que cerca de su cadáver fueron encontrados un arma calibre 9mm y casquillos de la misma.
Cuando escuchó todo lo anterior en la audiencia inicial contra los policías, Miguel Ángel Andrade, el padrastro de la víctima, no pudo dejar de esbozar una sonrisa triste. Al final de la diligencia judicial, el juez de paz de Zaragoza, Luis Cortez, decidió resolver conforme la petición que le habían hecho la Fiscalía y los abogados defensores de Herminio y Clarencio, los dos policías imputados: que los agentes continuaran procesados pero fuera de la cárcel. El juez así resolvió.
Otra ejecución extrajudicial
Una semana después de enterrar a su hijo y de escuchar la versión del Estado salvadoreño, Miguel comenzó a buscar protección y ayuda para procurar justicia para su hijastro asesinado.
Acudió a la Procuraduría de Derechos Humanos a denunciar el asesinato de su hijo y a manifestar que tiene temor de que puedan hacerle daño a él, al resto de su familia y a dos personas que, según él, son clave para echar por tierra la versión de la Policía sobre el asesinado de Chepe. Miguel basa sus temores en que los policías andan libres y que fácilmente pueden hacer algo para evitar que se conozca la verdad.
Según Miguel, la verdad es que su hijo no era pandillero y que no llevaba ninguna pistola cuando los policías le dispararon, sino una herramienta de trabajo que, misteriosamente, desapareció. En lugar del taladro con el que había estado trabajando todo el día en la casa de “Doña Marta”, junto a su cuerpo apareció una pistola Glock calibre 9 mm y varios casquillos aparentemente disparados por la misma arma.
Los testimonios de Marta y de Lucía son fundamentales, según Miguel. Lucía fue la última persona a la que su hijo le dijo adiós alzando una mano. Ella aseguró a Revista Factum que Chepe llevaba ocupada la mano izquierda, con la que sostenía un taladro que llevaba sobre el hombro.
Lucía tiene 68 años. Aquella tarde iba para una tienda en la misma lotificación El Zaite a hacer algunas compras para preparar la cena. Poco había caminado de su casa cuando sobre la calle principal vio caminar a Chepe rumbo a su vivienda; le faltaban unos 300 metros para llegar a su casa.
La mujer le correspondió el saludo. No había transcurrido acaso medio minuto cuando Lucía escuchó una serie de disparos; corrió a refugiarse a una casa. La anciana dice estar segura de no haber escuchado que alguien gritara “alto, policía”, como dice el requerimiento fiscal.
Después de los primeros balazos hubo un silencio de varios segundos. Luego, tres o cuatro disparos más. Posteriormente, otro silencio. Al poco rato, la gente comenzó a salir, a asomarse por las ventanas o puertas. Chepe estaba tendido en la calle, muerto, y varios policías estaban cerca del cadáver.
De acuerdo con la descripción que Lucía hace en el lugar donde ocurrió el hecho, Chepe sólo había caminado entre 10 y 12 pasos desde el lugar donde le dijo adiós levantando la mano.
Por su parte, Marta asegura que desde que Chepe se marchó de su casa y ella escuchó el tiroteo quizá no habían transcurrido ni diez minutos.
Aquel 24 de abril, Chepe había pasado todo el día en casa de Marta, trabajando en reparar una puerta y hacerle algunas perforaciones para poner pasadores. Chepe se marchó llevando consigo el taladro con el que había hecho los hoyos.
El martes 2 de mayo, Marta y Lucía rindieron su declaración en la oficina de la Fiscalía de Zaragoza. Luego fueron a la Procuraduría de Derechos humanos. Las dos mujeres consideran que tienen un nivel alto de riesgo por convertirse en testigos de cargo contra los policías, sin embargo, aseguran, lo hacen porque están conscientes de que Chepe no era miembro de pandillas sino una persona servicial y trabajadora a pesar de sus discapacidades.
La indignación provocada por las autoridades al tildar a Chepe de pandillero activo de la MS y acusarlo de haber atacado al grupo de policías no es un sentimiento solo entre los habitantes de El Zaite. También existe en personas que residen en la zona urbana de Zaragoza, como propietarios de negocios, de colegios, empleados de la alcaldía y familias a quienes Chepe realizaba cualquier trabajo físico que le encomendaran.
Es gente que dice estar dispuesta a dar la cara por la víctima. Algunas, incluso, permitieron que se les grabara sus testimonios en vídeos a través de los cuales expresaron su repudio por el homicidio, algo que no es muy usual en estos casos.
El sistema protege a los victimarios
Miguel Ángel Andrade también tocó las puertas del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, (Idhuca). A Arnau Baulenas, el abogado que lleva el caso en esa oficina, le llaman la atención tres cosas.
La primera es por qué la Fiscalía acusó a los dos policías por homicidio simple, cuando el artículo 129 del Código Penal dice que “se considera homicidio agravado el cometido con alguna de las circunstancias siguientes: 8) Cuando fuere ejecutado por autoridad civil o militar, prevaliéndose de tal calidad”.
Segundo, por qué los policías están libres a pesar de que tienen la capacidad de interferir en las investigaciones e incluso de intimidar a eventuales testigos. Para Baulenas, el mensaje que el sistema está enviando es que hay ciudadanos de primera y de segunda categoría. Y en este caso, lo que se está diciendo es que el Estado está protegiendo a los imputados.
Por último, el abogado español dice que nunca ha visto un proceso judicial en donde se proteja la identidad de un imputado y no se haga lo mismo con a la familia de la víctima o con los testigos.
¿Cuál es el pretexto para otorgar una clave a los imputados?, se pregunta Baulenas.
“En realidad, aquí el sistema (de justicia) está protegiendo a los victimarios y no a las víctimas. ¿Cuál es el mensaje que están enviando a la ciudadanía: que la policía puede seguir actuando de esa manera y que se les va a seguir protegiendo con claves, que se les va a dejar en libertad y que, por tanto, los ciudadanos tienen que estar sometidos. Esto es grave”.
–Arnau Baulenas, abogado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, (Idhuca).
La Fiscalía y el juez de Zaragoza tienen sus propios argumentos de por qué han otorgado régimen de protección a los imputados.
El miércoles 3 de mayo, casi al mediodía, Salvador Martínez, director de prensa de la Fiscalía General de la República (FGR) argumentó que en el requerimiento fiscal se les asignó nombres claves en lugar de sus nombres por el hecho de ser policías y porque familiares de los policías han dicho a la Fiscalía que recibieron amenazas después del homicidio de José Mauricio Salazar.
Cuando a Martínez se le preguntó si era posible relacionar las supuestas amenazas recibidas por familiares de los policías imputados con el asesinato de Salazar, dijo que no sabía si una cosa tenía que ver con la otra, pero insistió en que no se mencionó los nombres de los policías como medida de precaución porque familiares de la víctima habían identificado a los agentes que participaron en el asesinato.
Vecinos de El Zaite que estuvieron cerca de la escena aseguran, no obstante, que los cuatro policías andaban con los rostros cubiertos con gorros.
El martes 2 de mayo, a media mañana, Factum entrevistó al juez de paz de Zaragoza para saber lo que había dictaminado en la audiencia inicial realizada el viernes anterior por el homicidio de Salazar. Explicó que fue la misma Fiscalía, el ente acusador, la que había solicitado la libertad bajo medidas para los imputados; se le preguntó si podría facilitar los nombres de los policías acusados pero el juzgador dio una respuesta tajante: “No. Tienen régimen de protección”.
– “¿Los imputados tienen régimen de protección?”, se le cuestionó.
–“Sí”, respondió.
– “¿Es eso normal?”.
– “Lo que pasa es que en algunas reformas que existen ahí, se permite por lo menos resguardarles a ellos la identidad. Y en ese sentido yo tampoco estoy en la disposición de darle más datos sobre eso. Son agentes policiales y sí hay un respaldo… por lo menos en un par de disposiciones”, dijo el juez.
Al pedirle que especificara a qué disposiciones se refería, Cortez hizo el intento de buscar en algunos libros que tenía a la mano: “No encuentro la otra (aunque no había mencionado ninguna) disposición pero sí hay por lo menos respaldo en cuanto a no revelar en este tipo de casos, los nombres de las personas porque sí están gozando por lo menos… No solamente son las personas imputadas, sino que también a la vez, por tratarse de un intercambio de disparos, también adquieren la calidad de víctimas y en este caso existe la Ley para protección a víctimas y testigos que en esencia lo que hace es tomar algunas medidas para no revelar algunos datos que los pongan en riesgo”. Esa fue la explicación del letrado, aunque en el requerimiento solo se menciona a Clarencio y a Herminio como imputados, nunca como víctimas.
En el requerimiento, la Fiscalía también da por sentado que José Mauricio Salazar era miembro activo de la Mara Salvatrucha, donde era conocido con los alias de ‘Chepe’ o ‘Mudo’. Sin embargo, el viernes anterior, el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, dijo que no podía confirmar si Salazar estaba fichado como miembro activo de alguna pandilla, dijo que era algo que no podría confirmar porque materialmente no tenía esa información. Con varias horas de anticipación, Factum había explicado a la jefa de comunicaciones de la PNC que una de las preguntas que se le haría a Cotto era si Salazar estaba fichado o no como pandillero.
Tanto familiares como testigos han negado que Chepe fuera miembro de la MS. Incluso elementos policiales de la subdelegación de Zaragoza admiten que no estaba fichado como pandillero.
Un cabo de esa subdelegación se contradijo al hablar de Chepe. El policía aseguró que él tenía tres años de estar asignado en Zaragoza y no conocía a Chepe. Después, el cabo aseguró que la víctima era uno de los pandilleros que extorsionaba a los microbuses de transporte público que llegan hasta la lotificación El Zaite; luego, dijo que solo era colaborador y después que solo era un informante.
Sin embargo, de acuerdo con Miguel, el padre de la víctima, por sus discapacidades (sordo y mudo), Chepe nunca fue a la escuela, por tanto no sabía leer ni escribir. ¿Un sordomudo que tampoco sabe leer y escribir puede ser útil a una pandilla como informante? Chepe solo balbuceaba y, de acuerdo a quienes lo conocieron, un extraño no podía entender sus intentos de comunicación. Tampoco podía enviar un mensaje de texto para informar a los pandilleros. Saber operar un teléfono, bien para enviar mensajes escritos o para comunicarse de forma verbal con otros a través de una llamada, es fundamental para la labor de un “poste” o informante, afirma una fuente de inteligencia policial.
El juez Cortez, quien resolvió que los dos policías imputados continúen siendo procesados en libertad, asegura que resolvió de esa manera no solo porque la Fiscalía lo pidiera, sino porque el Ministerio Público ha sustentado su petición en la presunción de que se trata de un caso de legítima defensa y de cumplimiento del deber.
Cortez indicó que había un par de documentos que podrían indicar que ciertamente los policías actuaron en cumplimento de deber y de legítima defensa y que tampoco había testigos que determinaran que no se trató de un intercambio de disparos.
“Por el contrario, en el acta de inspección que hace la Fiscalía juntamente con la policía dejan constancia de algunas evidencias, entre éstas casquillos percutidos de un arma marca Glock, que no es arma de uso o de equipo policial, en las cercanías del cadáver. Están las evidencias de los casquillos percutidos de las armas del equipo policial, que son entonces, por lo menos, documentos que respaldan que ha habido un intercambio de disparos”, explicó.
Tanto el juez como la Fiscalía han dicho que al cadáver de Salazar se le hizo un frotado de manos para determinar si tenía restos de pólvora; de dar positivo, el examen indicaría que sí disparó un arma. El resultado de ese examen no fue agregado a los documentos que la Fiscalía presentó ante el juez de paz que realizó la audiencia inicial.
Tanto el padre de la víctima como personas que conocieron a Chepe dicen estar seguros de que fueron los policías quienes plantaron el arma en la escena del crimen y desaparecieron el taladro que la víctima llevaba en sus manos. Sobre esto, Baulenas, el abogado del Idhuca, afirmó que en muchos casos hay policías que cometen fraude procesal cuando ponen una pistola, casquillos o drogas. “Se inventan cualquier historia para justificar su accionar”, aduce.
“Nuestra percepción es que bajo el paraguas de las medidas extraordinarias se puede justificar todo. Y por tanto cualquier abuso de la PNC muchas veces se intenta cubrir con el hecho de que hay medidas extraordinarias”, añadió Baulenas.
La implantación de pruebas no es una práctica nueva al interior de la PNC. Varios oficiales han sido procesados judicialmente por implantar fusiles, drogas o falsificar informes contra algunos imputados. Uno de los casos más recientes es el de Daniel Alemán, un joven residente en la colonia Altavista a quien dos policías capturaron y luego remitieron a la Fiscalía con un informe que decía que le habían encontrado un paquete de droga.
Meses después se logró comprobar que los dos policías cometieron fraude procesal, pues no es cierto que a Alemán lo arrestaran en el lugar que plasmaron en su informe y menos que le encontraran droga. Fuentes policiales han indicado abiertamente, a condición de no divulgar sus identidades, que esa es una práctica bastante generalizada entre los miembros de la corporación policial. “Y quién no tiene drogas o armas cortas en sus closets. Ya usted sabe en qué se ocupan. Son para salir de cualquier apuro”, indicó un oficial. Lo mismo dijo un cabo destacado en la delegación policial de Soyapango.
Una larga lista de abusos y ejecuciones
El 5 de mayo anterior, el director de la PNC aseguró a Factum que, a raíz de las informaciones difundidas sobre el caso, la corporación está revisando el procedimiento, independientemente de si Chepe estuviera fichado o no como pandillero.
Ese mismo día, Jaime Martínez, director de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) el ente responsable de la formación de la fuerza policial salvadoreña, alentaba a un grupo de más de 100 policías de la Sección Táctica Operativa (STO) la misma a la que pertenecen los policías que mataron a Chepe, a que no les temblara la mano ni que anduvieran pensando en derechos humanos o en críticas de la prensa a la hora de enfrentarse con los delincuentes.
El asesinato de Chepe se suma a una larga lista de casos en los que elementos policiales salvadoreños han sido señalados, y por ello algunos están siendo procesados judicialmente, de cometer asesinatos no solo contra miembros de pandillas (lo que algunas veces argumenta como enfrentamientos), sino contra personas que no tienen relación con esos grupos.
Uno de los casos más emblemáticos es el asesinato de Dennis Alexander Martínez Hernández, de 20, cometido a finales de marzo de 2015 en la finca San Blas, municipio de San José Villanueva, aledaño de Zaragoza. Por ese crimen, nueve elementos del Grupo de Reacción Policial están próximos a enfrentar la vista pública (juicio) en el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla.
Recientemente, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) concluyó que el 30 de junio de 2015, elementos policiales ejecutaron a Saidra del Tránsito Hernández de Mejía y Óscar Mejía Cisneros, crimen que fue cometido en el cantón San Felipe, municipio de San Pedro Masahuat, departamento de La Paz. Las víctimas eran hermana y cuñado de un agente policial.
En su momento, la Policía hizo ver que se trató de un enfrentamiento con miembros de pandillas y, como supuestamente sucedió con Chepe, colocaron una pistola cerca del cadáver de la mujer. A mediados de marzo anterior, la PDDH falló contra la Policía Nacional Civil. La investigación determinó que la pistola fue colocada.
De acuerdo con el abogado Arnau Baulenas, en los primeros cuatro meses del 2017 al Idhuca han ingresado 12 casos en los que las víctimas o sus familiares han denunciado actuaciones irregulares por parte de la PNC, lo cual supera en mucho a los casos ingresados el año anterior.
“Las medidas extraordinarias lo que han hecho es aumentar los abusos y violaciones de derechos humanos”, concluye Baulenas.
La anterior no solo es una percepción de Baulenas. A principios de marzo de este año, un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló que agentes policiales han cometido ejecuciones extrajudiciales y en esto destaca el caso de la finca San Blas, donde un trabajador (Dennis Alexander Martínez Hernández) fue asesinado junto a siete pandilleros más.
Y la lista de casos es larga. No obstante los señalamientos de la PDDH y del Departamento de Estado de Estados Unidos, el director de la PNC niega que existan tales casos. Más bien los coloca en una supuesta campaña de desprestigio hacia la fuerza policial.
