El presidente Mauricio Funes en su discurso del tercer año de Gobierno anunció que presentará un anteproyecto de ley nacional de prevención de la violencia que: “reunirá todas las iniciativas del Estado en esta materia y que fijará los lineamientos de esta política de trascendental importancia para el futuro del país”.
Muy bien como anuncio. Hoy hay que esperar cuando se concretará la presentación de esta ley y es necesario señalar que en su elaboración se debe contar con la mayor participación ciudadana posible.
La prevención social de la violencia y la delincuencia se debe entender como el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorecen la generación de violencia y delincuencia, así como las medidas para combatir las distintas causas y factores que la generan.
Se debe tener en cuenta que la prevención de la violencia debe ser el eje fundamental de las políticas públicas para combatir la inseguridad y la delincuencia y la participación ciudadana el principio rector de las políticas públicas en materia de seguridad.
La ley debe ser parte de una política de Estado en materia de prevención con una perspectiva social y de derechos y no solo una estrategia en el ámbito de persecución de la delincuencia o de incremento de penas como hasta ahora ha sido la estrategia de seguridad impulsada por el General de División David Munguía Payés.
Hay que tener en cuenta que la política de prevención del delito es más de lo que puede hacer el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, prevención supone una estrategia social, educativa, cultural y de participación ciudadana.
La ley que anunció el presidente Funes el 1 de junio debe asumir la responsabilidad de la prevención social de la violencia desde distintos ámbitos como el social, el comunitario y el participativo con el fin de prevenir la comisión del delito, y también debe contener un conjunto de políticas públicas orientadas a reducir factores de riesgo que favorecen la violencia y la delincuencia, así como influir en sus distintas causas y manifestaciones. Debe quedar claro que mientras no se eliminen las condiciones de pobreza, exclusión y desigualdad éstos serán los factores de riesgo más importantes en el contexto social para alentar la violencia y la delincuencia.
En el ámbito de la prevención social de la violencia y la delincuencia la ley debe contemplar el diseño e implementación de programas integrales de desarrollo social, cultural y económico, incluidos los de salud, educación, vivienda, empleo, deporte y desarrollo urbano; la promoción de actividades que eliminen la marginación y la exclusión; el fomento de la solución pacífica de conflictos; y estrategias de educación y sensibilización de la población para promover la cultura de legalidad y tolerancia.
La prevención en el ámbito comunitario debe atender los factores que generan violencia y delincuencia mediante la participación ciudadana. La participación ciudadana debe estar en las acciones de prevención, mediante diagnósticos participativos, mejoramiento de las condiciones de seguridad de su entorno y el desarrollo de prácticas que fomenten una cultura de prevención, autoprotección, denuncia ciudadana y de utilización de los mecanismos alternativos de solución de conflictos como la mediación y la negociación.
Se debe buscar el mejoramiento del acceso de la comunidad a los servicios básicos, fomentar el desarrollo comunitario, la convivencia y la cohesión social entre las comunidades frente a problemas locales. La participación ciudadana debe contemplar mecanismos que garanticen la efectiva intervención ciudadana en el diseño e implementación de planes y programas, su evaluación y sostenibilidad.
Los objetivos de la nueva ley deben ser coadyuvar a la formación de ciudadanos preocupados por la preservación de la armonía y promotores del bien común. Aparejado a la aprobación de la ley se debe contar con las condiciones que la hagan aplicable, pues una ley por muy buena que sea, sin reglamento, sin una institucionalidad nombrada con prontitud y sin recursos no es viable.
Ojalá que con esta ley se supere la estrategia autoritaria de seguridad que tiene como soporte ideológico el resguardo del orden público y donde se busca eliminar la delincuencia a partir del desarrollo de una guerra contra el delito y se transite a una estrategia integral que tenga como eje fundamental la prevención y la participación ciudadana.
