Roberto Cañas López/ Firmante de los Acuerdos de Paz
En la medicina y en la vida es mejor y más barato prevenir que
curar. No hay que cansarse de repetir que una de las direcciones del
esfuerzo principal debe estar en la prevención.
Nuevamente este fin de semana recién pasado una masacre se realizó en
Santa Ana. Hoy el asesinato colectivo fue en un caserío del cantón San
Cristóbal, municipio el porvenir en el occidente del país. Para muchos,
que asesinen a una familia ya no es noticia, no impresiona y esto es
grave, verdaderamente preocupante.
Dos preguntas debemos hacernos: la primera ¿Por qué hay tanta
violencia en El Salvador? y la segunda es ¿Por qué lo que el Ministerio
de Justicia y Seguridad Pública hace para prevenir y disminuir los
delitos no es efectivo? Se supone que el Ministerio de Justicia y
Seguridad Pública tiene las respuestas pues cuenta con una Política
Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia.
La respuesta a la primera pregunta está en la política pública
mencionada y es fácil ponerse de acuerdo con ella, pues el documento
señala que entre los factores que han favorecido o facilitado el
crecimiento de la inseguridad, la criminalidad y la violencia se
encuentran: “el desarrollo socioeconómico precario y desigual, la
exclusión de amplios sectores de población, el hecho que El Salvador no
solo ha figurado entre los países más desigualitarios de la región sino
que además se ha ubicado históricamente en el último lugar en el
continente en inversión pública para gasto social con relación al PIB”.
La lista de razones por qué hay tanta delincuencia señaladas en el
documento es larga: migración y pérdida del tejido social y familiar,
los factores culturales machistas y violentos, la corrupción y el
clientelismo político, la debilidad institucional, el enfoque y
tratamiento unidimensional del fenómeno de la delincuencia, la presencia
del crimen organizado y el narcotráfico, el activar de las pandillas y
la disponibilidad y amplia circulación de armas de fuego.
Definitivamente el diagnóstico del problema de la delincuencia que
hace la política pública del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública
es correcto. Es evidente que la eliminación de los factores que explican
por qué hay delincuencia en el país no se puede hacer de la noche a la
mañana, muchas de las causas son estructurales, otras tienen mucho
arraigo y para superarlas se necesita un enorme esfuerzo nacional, mucho
tiempo y recursos, que no aparecen en la política pública, ciertamente
la ausencia de la parte del financiamiento de la política hace difícil
saber de dónde saldrán los recursos para resolver los problemas.
La solución en el ámbito de la prevención del delito comienza por
generar mejores condiciones de vida y mayores oportunidades laborales,
por elevar el nivel educativo de los jóvenes.
En la medicina y en la vida es mejor y más barato prevenir que curar.
No hay que cansarse de repetir que una de las direcciones del esfuerzo
principal debe estar en la prevención. Pues el logro del objetivo de
“convertir a El Salvador en un país permanentemente seguro, en el que se
respete el Estado constitucional de derecho y en el que la vida
individual y familiar se desarrolle despojada del miedo; donde exista un
clima que favorezca la inversión para el desarrollo de las
oportunidades individuales y sociales”. No va a ser posible sin una
estrategia integral con un fuerte componente preventivo.
La
prevención social de la violencia y el delito debe incluir las
estrategias y medidas encaminadas a reducir los factores sociales que
generan violencia y a disminuir el riesgo de que se produzcan delitos
dice la Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia.
Se dice también que la prevención social del delito debe identificar
factores de proteccion que van más allá de la seguridad policial, que
alejen a la sociedad de la violencia y el crimen, se trata de impulsar
la integración, organización y participación comunitaria, de mejorar las
relaciones personales, de salud física y mental, de recuperación de
territorios, de oportunidades de desarrollo legítimo para los ciudadanos
y las comunidades. Muy cierto: la pregunta es por qué este
planteamiento de la prevención social hecho por la política pública está
ausente del discurso y acción de los funcionarios públicos encargados
de la seguridad.
Si la política pública está clara en términos que hay que cambiar el
enfoque con que se impulsan las tareas de seguridad pública por ser
unidimensional. Porque se continúa con las intervenciones policiales y
del ejército de carácter reactivo que a lo único que siguen
contribuyendo es a generar más problemas al saturar el sistema de
justicia penal (Fiscalía, juzgados) y las bartolinas de la PNC y el
sistema penitenciario. Ojalá que los funcionarios del Ministerio de
Justicia y Seguridad Pública integren a su discurso y su práctica los
contenidos de la Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y
Convivencia que ellos mismos han aprobado.
