Un ex militar salvadoreño, que es el testigo estrella del caso en España, afirma que comunicó al ex integrante de la cúpula militar que la orden del Estado Mayor de matar a los religiosos, había sido cumplida.
Por Fernando de Dios
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SAN SALVADOR –
La mañana del 16 de noviembre de 1989, el general René Emilio Ponce
recibió la confirmación de que se había cumplido su orden: asesinar a
los padres jesuitas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
(UCA).
El hombre que le comunicó esa noticia al entonces jefe de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) era uno de los 10 oficiales de la Escuela Militar, situada a pocos metros de la UCA.
Por aquellos días era el jefe de estudios de esa Escuela Militar. Hoy es el testigo principal del proceso que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional de España contra 14 ex altos mandos de la FAES por el asesinato de seis religiosos jesuitas, una empleada doméstica y la hija de ésta.
En una entrevista concedida al diario español El Mundo, este ex militar salvadoreño detalla que sobre las 21 horas de la noche anterior a la matanza, su jefe, el coronel Benavides, había llegado a la Escuela Militar con la orden del Estado Mayor de comunicar por radio al batallón Atlacatl que debían entrar en la UCA y asesinar al rector, Ignacio Ellacuría, y los otros cinco jesuitas.
"Eran sobre las 21.00 de la noche del día 15 de noviembre de 1989 cuando el coronel Benavides, director de la Escuela Militar, nos reunió a todos los oficiales y nos dijo que venía del Estado Mayor y que había recibido la orden de eliminar al padre Ellacuría y a los otros sacerdotes, y que teníamos que ejecutarla", cuenta el ex militar.
Y añade que después, "El coronel Benavides me dijo que contactara con los hombres del batallón Atlacatl por radio, que les hiciera volver para llevar a cabo las órdenes del Estado Mayor".
Según su versión, él se negó a cumplir esa orden, que igualmente fue trasladada al batallón Atlacatl, cuyos hombres perpetraron la matanza.
A la mañana siguiente, según cuenta el testigo, el coronel Benavides le ordenó que fuera a confirmar al Alto Mando que su orden se había cumplido y que los padres jesuitas estaban muertos.
"Vaya hasta el Estado Mayor e informe de que he cumplido la orden que se me dio ayer. Los sacerdotes ya están eliminados", le dijo Benavides.
El destinatario de esa comunicación fue el general René Emilio Ponce.
El Center of Justice and Acoutability (CJA) y el Foro para la Defensa de Derechos Humanos de España interpusieron en 2008 una querella en la Audiencia Nacional de España contra 14 integrantes de la cúpula militar salvadoreña de 1989.
La abogada del CJA, Almudena Bernabéu, declaró este miércoles a la Agencia EFE que el caso está “muy avanzado” y “cerca de obtener justicia”.
El director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), Benjamín Cuéllar, declaró a un medio local que, desde el 8 de noviembre, el caso se encuentra en una nueva fase en la que el juez español ya lo ha pasado a sumario, “lo que significa que puede actuar sin ninguna atadura, donde ya ha calificado los crímenes de los jesuitas como de lesa humanidad y terrorismo”.
Cuéllar añadió que el juez también ha aumentado la cifra de acusados, que son alrededor de 20 personas, y que el siguiente paso podría ser liberar órdenes internacionales de arresto contra ellos.
El hombre que le comunicó esa noticia al entonces jefe de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) era uno de los 10 oficiales de la Escuela Militar, situada a pocos metros de la UCA.
Por aquellos días era el jefe de estudios de esa Escuela Militar. Hoy es el testigo principal del proceso que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional de España contra 14 ex altos mandos de la FAES por el asesinato de seis religiosos jesuitas, una empleada doméstica y la hija de ésta.
En una entrevista concedida al diario español El Mundo, este ex militar salvadoreño detalla que sobre las 21 horas de la noche anterior a la matanza, su jefe, el coronel Benavides, había llegado a la Escuela Militar con la orden del Estado Mayor de comunicar por radio al batallón Atlacatl que debían entrar en la UCA y asesinar al rector, Ignacio Ellacuría, y los otros cinco jesuitas.
"Eran sobre las 21.00 de la noche del día 15 de noviembre de 1989 cuando el coronel Benavides, director de la Escuela Militar, nos reunió a todos los oficiales y nos dijo que venía del Estado Mayor y que había recibido la orden de eliminar al padre Ellacuría y a los otros sacerdotes, y que teníamos que ejecutarla", cuenta el ex militar.
Y añade que después, "El coronel Benavides me dijo que contactara con los hombres del batallón Atlacatl por radio, que les hiciera volver para llevar a cabo las órdenes del Estado Mayor".
Según su versión, él se negó a cumplir esa orden, que igualmente fue trasladada al batallón Atlacatl, cuyos hombres perpetraron la matanza.
A la mañana siguiente, según cuenta el testigo, el coronel Benavides le ordenó que fuera a confirmar al Alto Mando que su orden se había cumplido y que los padres jesuitas estaban muertos.
"Vaya hasta el Estado Mayor e informe de que he cumplido la orden que se me dio ayer. Los sacerdotes ya están eliminados", le dijo Benavides.
El destinatario de esa comunicación fue el general René Emilio Ponce.
El Center of Justice and Acoutability (CJA) y el Foro para la Defensa de Derechos Humanos de España interpusieron en 2008 una querella en la Audiencia Nacional de España contra 14 integrantes de la cúpula militar salvadoreña de 1989.
La abogada del CJA, Almudena Bernabéu, declaró este miércoles a la Agencia EFE que el caso está “muy avanzado” y “cerca de obtener justicia”.
El director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), Benjamín Cuéllar, declaró a un medio local que, desde el 8 de noviembre, el caso se encuentra en una nueva fase en la que el juez español ya lo ha pasado a sumario, “lo que significa que puede actuar sin ninguna atadura, donde ya ha calificado los crímenes de los jesuitas como de lesa humanidad y terrorismo”.
Cuéllar añadió que el juez también ha aumentado la cifra de acusados, que son alrededor de 20 personas, y que el siguiente paso podría ser liberar órdenes internacionales de arresto contra ellos.
