El presidente Funes ha dicho que la solución al conflicto de la Asamblea Legislativa contra una sentencia de la Sala de lo Constitucional es política, no jurídica. Esa afirmación es tan vaga y poco concreta que no se sabe lo que significa. Porque las soluciones políticas de este país en ocasiones han sido dignas; pero en otras, corruptas. Y dada la ignorancia notoria, e incluso la buena cantidad de mentiras que se han vertido en esta polémica, la mencionada solución política no es por sí misma confiable. Y eso es así aunque la tercie el Presidente, que ha dado también muestras de cierta volatilidad a lo largo de la crisis. En realidad, la Asamblea ha protagonizado un altercado en contra de la Constitución salvadoreña, y la solución no puede ser únicamente política. Tiene que ser ética, constitucional y racional. Acostumbrados como estamos a la necedad, la incompetencia y la ignorancia notoria de nuestros diputados, un puro conciliábulo político da muy pocas garantías.
El informe preliminar presentado recientemente por el diputado Merino es la muestra que nos obliga a hablar no solo de incapacidad intelectual, sino incluso de ignorancia notoria. Además de abundantes irracionalidades, faltas de ortografía, palabras inventadas de corte cantinflesco y otras perlas sintácticas que sería largo enumerar, su informe contiene una conclusión descabellada. Dice que “los Decretos Legislativos Nos. 71 y 72, de fecha 16 de julio de 2009, son o podrían ser inexistentes porque nunca nacieron a la vida jurídica”. Esto raya la farsa y la comedia de mal gusto. El hecho de que algo o alguien no nazca a la vida jurídica no le quita realidad ni existencia. La existencia, deberían saberlo los diputados, es algo mucho más serio que la vida jurídica. Sin duda, esto lo dicen los diputados para asustar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que fueron nombrados con dichos decretos. Pero la frase es tan soberanamente irracional, y crea una duda tan absoluta sobre la seguridad jurídica de El Salvador, que la Asamblea Legislativa como tal debía rechazar este informe de inmediato.
Además, si esta inexistencia y falta de vida jurídica fuera cierta, los miembros de la Asamblea, en cuenta Merino y otros diputados que dieron entonces sus votos, deberían dimitir por ignorancia manifiesta, incapacidad notoria e irresponsabilidad absoluta. Porque emitir legislación sin darse cuenta de que esta no nace a la vida jurídica es una muestra total de incapacidad. Se puede entender que por error de opinión se emita una ley que posteriormente se demuestra que es inconstitucional. Pero emitir una ley que no nace ni es ley, y darse cuenta tres años después de que fueron una pandilla de inútiles, raya el surrealismo más impresionante. Las repúblicas bananeras quedan como democracias modernas al lado de estas elucubraciones que los diputados seguro valoran como filosóficas y jurídicas.
Todos sabemos que la honradez notoria no es el distintivo más eminente de algunos legisladores. Pensamos que quienes no tienen honradez notoria son una franca minoría, pero existen y están en el interior de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, al leer este informe preliminar, no cabe duda de que la mayoría de los diputados carece de otro requisito constitucional para ejercer el cargo: instrucción notoria. Y aquí sí decimos que la mayoría porque quienes votaron los famosos decretos posiblemente inexistentes permanecen todavía hoy como mayoría en la actual legislatura. Algunos de ellos tal vez pasaron por la universidad, pero todo indica que la universidad no pasó por ellos.
En manos del señor Presidente está ahora la mediación con los diputados. Si encuentra una solución seria y competente, bienvenida sea. Si lo que hará es buscar una solución política que añada ridículo al ridículo, será mejor inclinarse por la competente y seria opinión del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, que pedía la mediación y buenos oficios de las Naciones Unidas, cuya Alta Comisionada de Derechos Humanos ya ha protestado por lo que es una amenaza evidente a la seguridad jurídica de El Salvador.
