Comunicado de la Sala de lo Constitucional Sobre la Sentencia en Materia de Seguridad Pública

Magistrados Sidney Blanco, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Belarmino Jaime, integrantes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

1. Que en el mes de febrero de 2012, treinta ciudadanos salvadoreños presentaron una demanda ante la Sala cuestionando por inconstitucional el nombramiento que el Presidente de la República hizo del General David Munguía Payés como Ministro de Justicia y Seguridad Pública, y del General Francisco Ramón Salinas como Director de la Policía Nacional Civil, alegando que los militares de profesión no podían asumir cargos de dirección en la seguridad pública del país.

2. La Sala admitió la demanda por reunir los requisitos legales e inició el proceso constitucional contra el Presidente de la República por el nombramiento de militares en cargos de dirección de la seguridad pública.

El proceso de inconstitucionalidad se inició, entonces, contra el Presidente de la República y no contra los generales ni contra la Fuerza Armada. En el proceso judicial no se juzgó, por lo tanto, la conducta ni el desempeño de los militares en sus cargos. Tampoco se juzgó ni se decidió nada respecto al uso del ejército en las calles para la protección de la población, tal como falsamente se ha difundido.

3. La Sala, al igual que en otros casos de elección o nombramiento de funcionarios públicos, ha afirmado que tiene competencia para ejercer control constitucional de los actos basados directamente en la Constitución, a fin de que ninguna decisión o actuación de los funcionarios e instituciones del Estado quede exenta de control. Esta es, precisamente, una característica fundamental del Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

4. Mientras se tramitaba el proceso, la Sala enfrentó la resistencia de los otros Órganos del Estado de cumplir varias de sus sentencias, como las referidas a la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República, Corte de Cuentas de la República y la Ley de Acceso a la Información Pública, lo cual provocó varias crisis institucionales y generó un ambiente de incertidumbre e inestabilidad en el país. En tales circunstancias, la Sala estimó que no era pertinente en esos momentos emitir la sentencia relativa a la seguridad pública, ya que ello podría agravar aún más la situación del país, no provocada por la Sala sino por el incumplimiento de las sentencias por parte de la Asamblea Legislativa y del Presidente de la República.

5. Al emitirse la sentencia el 17 de mayo pasado, la Sala tomó en cuenta las reformas constitucionales que se produjeron en el marco de los Acuerdos de Paz en materia de seguridad pública y defensa nacional (Acuerdos de abril de 1991 y de enero de 1992), porque fue en dichas reformas que se establecieron cambios sustanciales en el mandato y conducción de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil, con el fin de “desmilitarizar” la seguridad pública que ejercería la nueva institución policial. A la Fuerza Armada se le considera como una institución profesional, obediente, apolítica y no deliberante, y se le asigna de manera permanente la nueva misión constitucional de la defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio; y solo de manera excepcional, se le asigna la tarea del mantenimiento de la paz interna, la tranquilidad y seguridad pública, en apoyo a la PNC, por disposición del Presidente. La educación y preparación de los oficiales de la Fuerza Armada debía enmarcarse en la nueva doctrina de la defensa nacional. A la PNC se le considera como una institución civil, bajo el mando de autoridades civiles y con independencia de la Fuerza Armada, y se le asigna la misión permanente de garantizar la paz, el orden, la tranquilidad y la seguridad pública. La educación y formación de los mandos y agentes policiales debía enmarcarse en la nueva doctrina de la seguridad pública.

6. En los Acuerdos de Paz (apartado 3, capítulo II), se determinó quiénes debían ser autoridades civiles dentro de las nuevas instituciones de seguridad pública. Entre ellas se consideró expresamente al Ministro y Viceministro de Justicia y Seguridad Pública, al Director y Subdirectores Generales de la PNC, al Inspector General, a los jefes de División y jefes de las delegaciones departamentales de la PNC.

7. En consecuencia, la Sala llegó a la conclusión de que los generales David Munguía Payés y Francisco Ramón Salinas conservan su condición de militares, aun en situación de baja, y que sus nombramientos como Ministro y Director de la PNC, respectivamente violan el espíritu y texto de las reformas constitucionales y de los Acuerdos de Paz, ya que la educación y formación de los militares, destinada para la defensa nacional, es incompatible con la nueva doctrina de la seguridad pública, destinada a civiles, según la Constitución. Asimismo, se consignó que dichos nombramientos violan la separación de las funciones de defensa nacional y seguridad pública que ordena la Constitución, y desconocen el mandato de la Constitución respecto de que la PNC debe estar bajo el mando de autoridades civiles. (art. 159; art. 168 números 12 y 17; y art. 212 de la Constitución)

8. La Sala, por lo tanto, para emitir la sentencia tomó en consideración el espíritu y texto de los Acuerdos de Paz y de las reformas constitucionales que se aprobaron para cumplir con dichos Acuerdos, que fueron precisamente la fuente de interpretación que ha sido la base de la sentencia.

9. Después de emitida la sentencia se ha difundido información falsa, incompleta y tendenciosa que no responde al espíritu y contenido de la sentencia, con el objeto de confundir a la población y a la Fuerza Armada, institución que está integrada en la actualidad por profesionales capacitados para el cabal cumplimiento de su misión constitucional.

10. Por todo lo anterior, expresamos al pueblo salvadoreño que en ningún apartado de la sentencia se han consignado expresiones o valoraciones antimilitaristas, humillantes o denigrantes para la Fuerza Armada ni para sus miembros, ni se ha emitido pronunciamiento alguno de fondo sobre la participación de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública para complementar las tareas que en esta materia realiza la Policía Nacional Civil.

Belarmino Jaime Florentín Meléndez

Sidney Blanco Rodolfo González

San Salvador, 22 de mayo de 2013.

Suecia: "Esto es una rebelión"

Varios barrios de las afueras de Estocolmo volvieron a registrar disturbios la noche del jueves, por quinto día consecutivo, con una treintena de coches quemados, rotura de ventanas; denuncias y enfrentamientos con la policía sueca.

Ocho personas fueron detenidas tras los incidentes del pasado martes por la noche, según informan las fuerzas represivas. La violencia se sigue extendiendo a más suburbios de la capital y otras regiones del país. En la ciudad sueca de Malmö se produjeron algunos incidentes y hasta tres automóviles fueron incendiados en un barrio periférico. Se trata de la cuarta noche consecutiva con movilizaciones de estas características, lo que supone la mayor oleada de denuncias y actos de resistencia en años en Suecia.

Las manifestaciones comenzaron el domingo en Husby, al oeste de la capital, donde días antes un inmigrante con problemas psíquicos fué asesinado por disparos de la policía en su vivienda, donde se había encerrado con su compañera, y que supuestamente había amenazado con un hacha a los agentes, que aseguraron actuar en defensa propia cuando lo acribillaron a balazos.

La Policía abrió una investigación del incidente, pero la falta de credibilidad social desató la protesta pública y los disturbios se fueron extendiendo y recrudecieron la noche siguiente con la adhesión social de habitantes de otras zonas a lo que se interpreta desde abajo como actos de justa denuncias y resistencias ante la marginación, la represión, el racismo y la indiferencia institucional.

Los medios suecos han recogido estos días testimonios de vecinos de Husby que denuncian cargas policiales contra niños y ancianos e insultos racistas de los agentes como "negros", "ratas" o "monos", lo que ha originado críticas generalizadas y la apertura de otra investigación policial interna.

La asociación "Megafon" , que trabaja con grupos de jóvenes inmigrantes en la zona, ha vinculado las protestas con el racismo y con la sensación de abandono que se vive en este y en otros barrios, con índices de paro juvenil que rondan el 20 por ciento o más.

Estos hechos han abierto el debate sobre la forma de abordar el paro juvenil y la inmigración por parte del país nórdico. Tras décadas de modelo sueco caracterizado como estado del bienestar, Suecia, con las recetas neoliberales, ha reducido el papel del Estado desde la década de 1990, con el mayor crecimiento de la desigualdad en el área de la OCDE de economías desarrolladas.

Aunque -según las estadísticas oficiales y macroeconómicas- el nivel de vida estaría aún entre los más altos de Europa, los sucesivos gobiernos neoliberales han incrementado la desocupación y la marginación general. Y el paro juvenil inmigrante en particular, la exclusión social como politica de largo plazo, que ha afectado con más fuerza a las barriadas con mayor abandono y pobreza luego de la aplicación sistemáticas de recortes sociales.

En concreto, según enuncia la OCDE, el desempleo entre los nacidos fuera de Suecia está en el 16 por ciento, frente al 6 por ciento para los nacidos en el país. En realidad se habla del 40% de desocupación en sectores de juventud inmigrante.

El diario "Aftonbladet" ha llegado a afirmar que los disturbios representan un "gigantesco fracaso" de una política gubernamental que ha llevado al aumento de los guetos en los barrios.

En estos momentos continúan los actos de protesta, las manifestaciones a favor y en contra de la denuncia social. Los aparatos mediáticos hegemónicos, destacan por su parcialidad e intentos de criminalizar la lucha social, así como negar el análisis de las causas del descontento que motivan el surgimiento y expansión de la protesta.

No son pocas las expresiones comprensivas -e incluso de adhesión- a esta ola de protesta social. "Es una rebelión" afirman desde el grupo "Panteras por la rehabilitación social". Se proclama sin vueltas el apoyo a la juventud en lucha y sus reivindicaciones entre las que destacan la denuncia contra el racismo y la violencia policial. "Panteras" es una organización que trabaja socialmente en barrios de las ciudades de Gotemburgo y Malmö.

En estos días otro órgano de expresión del descontento y la lucha social ha sido el portal "Megáfono" (http://megafonen.com).

Se reproducen y amplian las declaraciones solidarias, tales como:

"Ustedes están en medio de la tormenta. Su mundo se está quemando. Y nos dirigimos a ustedes para decir que sabemos lo que está pasando, y admiramos cómo han manejado los acontecimientos de los últimos días. Hacen unos años también se quemaron coches en Biskopsgården. La policía aprovechó e hizo lo que quiso durante esas noches, y cuando llegó la mañana, los políticos, dijeron lo que querían de nosotros. Ya sabes: los restos ennegrecidos, vidrios rotos en la calle: parece tan fácil condenarlo cuando lo ves desde fuera. Y eso es lo que ahora les exigen a ustedes cuando están tratando de decir algo acerca de la revuelta. Tratan de que no se pueda explicar, sino que simplemente se unan al coro de condena, el coro que dice que es inexcusable quemar un coche, romper una ventana..."

"Ustedes hacen bien -una y otra vez-, cuando en las noticias y programas de debate y a través de internet, insisten en explicar por qué se quema en vez de sólo condenar a los jóvenes. Quienes unicamente condenan un acto sin explicar sus causas, condenan también los sentimientos y experiencias que han dado lugar a la acción..."

"Muchas personas dicen que hay que luchar por ti mismo, pero no es tan fácil, con los cerdos que cuelgan sobre tu hombro cada día. La esperanza de sobrevivir desaparece..."

"Creemos que es correcto señalar que no se trata de disturbios de jóvenes o disturbios apolíticos, pero si sólo una rebelión, es una respuesta colectiva y espontánea al desempleo, las escuelas empobrecidas y el racismo estructural, o sean las causas subyacentes de lo que está sucediendo hoy en día ".

"Hay un vínculo entre todas las personas. Lloramos entre sí cuando morimos. Estamos en solidaridad con los demás. Vivimos juntos en la sociedad. Le apoyamos en todos los sentidos".

"En Hammarkullen se pasea la policía montada por la plaza. En Biskopsgården las cámaras de la represión filman la entrada a los barrios. En Fröolunda llegan cada noche noticias sobre los disturbios -suenan los teléfonos y se suceden los sms, se murmura que quizás la revuelta se extienda también a Göteborg, aquí donde peleamos con los mismos problemas que ustedes en Estocolmo: la militarización de nuestros barrios periféricos, abusos policiales, desmantelamiento social..."

"Ustedes lo saben: El sentimiento de que nadie escucha, no quieren escuchar los relatos sobre la policia rasista, los abusos, la violencia institucionalizada. Quizás debe arder para que alguien decida escuchar nuestras voces. Ahora está ardiendo. Aquí estamos nosotros, juntos..."

"Si entran en los barrios como una fuerza uniformada de combate en territorio enemigo, habitado por gentes a la que llaman "monos" -o peor- y reprimen brutalmente, entonces provocan una guerra..."

No todo es silencio cómplice y las declaraciones solidarias se suceden, transmitiendose persona a persona, entre los colectivos y los canales alternativos de información. La rebelión espontánea es un grito de desafio y advertencia, un frontal Basta Ya!, de resistencia para la existencia, desde el abajo que se mueve también en el norte europeo.

Buenas noticias para el crimen organizado

Editorial UCA
 
A medida que nos acercamos a la elección presidencial, las campañas de los candidatos —iniciadas con la anómala antelación de siempre— van subiendo de tono, dejando ver la falta de propuestas serias y concretas de gobierno, y delineando las intenciones y los principios que subyacen a los partidos y sus representantes. A raíz de la reciente sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre el nombramiento de militares al frente de la seguridad pública del país, los actores políticos y aquellos que tienen espacios en los medios de comunicación han dejado traslucir lo que realmente piensan sobre algunos temas relacionados. Para la mayoría de ellos, la sentencia pone en peligro la tregua entre las pandillas. Así, el epicentro de las reacciones no ha sido la destitución de los funcionarios, sino la continuidad o no de la tregua. Probablemente, el comunicado de la Conferencia Episcopal cuestionando los resultados de la tregua ha influido en esta lectura de la sentencia.

El candidato del FMLN llamó a la tranquilidad a los jefes de las pandillas, porque la tregua “es un programa de Gobierno, y el Gobierno va a continuar con esa política porque [los líderes de las maras] le han llevado beneficio a la población”. Es decir, Sánchez Cerén promete continuar la tregua si la población lo favorece con el voto. Por su lado, Norman Quijano y Arena, con una claridad que no exhibieron antes, se han declarado abiertamente en contra de la tregua, acusan al Gobierno de haber pactado con criminales y prometen mano dura. Quijano anuncia, pues, que en un posible futuro Gobierno de Arena la tregua llegará a su fin.

Diversas encuestas han mostrado la insatisfacción de la población con la tregua, por el halo de misterio en que se ha dado y porque sus resultados no han sido los esperados. Esto debería tomarlo en cuenta Sánchez Cerén, pues el alto al fuego de las pandillas, tal y como se ha implementado, sin transparencia y con ambigüedades y contradicciones, no cuenta con el respaldo popular. El anuncio de seguir apoyándolo confirmaría que la política de seguridad de este y del futuro Gobierno del FMLN descansa fundamentalmente en un esfuerzo que a todas luces es insuficiente para combatir la inseguridad.

Pero una cosa es la insatisfacción con la tregua y otra muy distinta que la población esté de acuerdo con no hallar una salida negociada a uno de los problemas más agudos y complejos de nuestra sociedad. En este sentido, Quijano y su partido pudieron haber hecho una lectura precipitada de lo que la gente quiere. Además, el giro de su campaña muestra que Arena solo ofrece más de lo mismo, más de lo que ya demostró con suficiencia no resolver los problemas de delincuencia del país. Para todos, es claro que los planes de mano dura únicamente empeoran la situación. De hecho, la tasa de homicidios en el país comenzó a incrementarse a partir de 2003, cuando se echó a andar el Plan Mano Dura, y desde entonces no ha vuelto a los niveles previos.

Y mientras todo mundo se pronuncia a favor o en contra de la tregua, en cómodo anonimato están los que llevan los hilos del crimen organizado, especialmente del narcotráfico. Ellos con seguridad se regocijan de que las pandillas sean definidas como el enemigo número uno de El Salvador. Los que más violentan al país, mientras tengan el camino limpio para que la droga y sus negocios transiten con impunidad por el territorio salvadoreño, seguro se alegran de que la atención nacional se concentre en las maras y su tregua, dejándolos a ellos en paz.