Editorial UCA
A medida que nos acercamos a la elección presidencial, las campañas de los candidatos —iniciadas con la anómala antelación de siempre— van subiendo de tono, dejando ver la falta de propuestas serias y concretas de gobierno, y delineando las intenciones y los principios que subyacen a los partidos y sus representantes. A raíz de la reciente sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre el nombramiento de militares al frente de la seguridad pública del país, los actores políticos y aquellos que tienen espacios en los medios de comunicación han dejado traslucir lo que realmente piensan sobre algunos temas relacionados. Para la mayoría de ellos, la sentencia pone en peligro la tregua entre las pandillas. Así, el epicentro de las reacciones no ha sido la destitución de los funcionarios, sino la continuidad o no de la tregua. Probablemente, el comunicado de la Conferencia Episcopal cuestionando los resultados de la tregua ha influido en esta lectura de la sentencia.
El candidato del FMLN llamó a la tranquilidad a los jefes de las pandillas, porque la tregua “es un programa de Gobierno, y el Gobierno va a continuar con esa política porque [los líderes de las maras] le han llevado beneficio a la población”. Es decir, Sánchez Cerén promete continuar la tregua si la población lo favorece con el voto. Por su lado, Norman Quijano y Arena, con una claridad que no exhibieron antes, se han declarado abiertamente en contra de la tregua, acusan al Gobierno de haber pactado con criminales y prometen mano dura. Quijano anuncia, pues, que en un posible futuro Gobierno de Arena la tregua llegará a su fin.
Diversas encuestas han mostrado la insatisfacción de la población con la tregua, por el halo de misterio en que se ha dado y porque sus resultados no han sido los esperados. Esto debería tomarlo en cuenta Sánchez Cerén, pues el alto al fuego de las pandillas, tal y como se ha implementado, sin transparencia y con ambigüedades y contradicciones, no cuenta con el respaldo popular. El anuncio de seguir apoyándolo confirmaría que la política de seguridad de este y del futuro Gobierno del FMLN descansa fundamentalmente en un esfuerzo que a todas luces es insuficiente para combatir la inseguridad.
Pero una cosa es la insatisfacción con la tregua y otra muy distinta que la población esté de acuerdo con no hallar una salida negociada a uno de los problemas más agudos y complejos de nuestra sociedad. En este sentido, Quijano y su partido pudieron haber hecho una lectura precipitada de lo que la gente quiere. Además, el giro de su campaña muestra que Arena solo ofrece más de lo mismo, más de lo que ya demostró con suficiencia no resolver los problemas de delincuencia del país. Para todos, es claro que los planes de mano dura únicamente empeoran la situación. De hecho, la tasa de homicidios en el país comenzó a incrementarse a partir de 2003, cuando se echó a andar el Plan Mano Dura, y desde entonces no ha vuelto a los niveles previos.
Y mientras todo mundo se pronuncia a favor o en contra de la tregua, en cómodo anonimato están los que llevan los hilos del crimen organizado, especialmente del narcotráfico. Ellos con seguridad se regocijan de que las pandillas sean definidas como el enemigo número uno de El Salvador. Los que más violentan al país, mientras tengan el camino limpio para que la droga y sus negocios transiten con impunidad por el territorio salvadoreño, seguro se alegran de que la atención nacional se concentre en las maras y su tregua, dejándolos a ellos en paz.
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