Por: Raúl Hernández*
La
presente entrevista se realizó a raíz de que el gobierno, ante la
problemática social incontrolable de las pandillas en El Salvador,
pretende implementar un plan de prevención dirigido a aquellos jóvenes
menores de edad en riesgo de ingresar a las pandillas. El anteproyecto
consiste en la implementación del Reclutamiento Obligatorio para estos
jóvenes en riesgo de ingresar a las pandillas. Para lo cual se coordinó y
concertó una entrevista con el Licenciado Alirio Montoya, un
articulista y analista político de izquierda, para saber su opinión
acerca de este plan.
- ¿Qué
opina de la propuesta del gobierno sobre el reclutamiento obligatorio a
los jóvenes en alto riesgo de ingresar a las pandillas? ¿Será esta la
solución al problema de inseguridad en nuestro país?
Primeramente
creo que antes de contestar a tus preguntas es preciso hablar del tema
de las pandillas o maras; es decir, saber cómo, cuándo y por qué surgen
estas agrupaciones, para después ir entendiendo el origen del problema y
lograr determinar con la requerida puntualidad si el plan es bueno o
malo. El origen de las pandillas se remonta a finales de la década de
1970. Lo que quiero decir es que si no entendemos el problema desde sus
orígenes y sus causas, no estaríamos siendo acertados en cuanto a emitir
un juicio, sea este de hecho o en el mejor de los casos de valor.
Es
justamente en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, donde surgen
estas agrupaciones juveniles que en su mayoría provenían de hogares
pobres, marginados y desintegrados. La lógica de conformar y de ingresar
a estos grupos por parte de aquellos jóvenes era para compartir y
tratar de suavizar, casi como entre hermanos, la exclusión de la que
eran víctimas. Lo que pretendían era encontrar un mundo mejor para
ellos. En ciertas ciudades norteamericanas se dio el aparecimiento de
este tipo de fenómenos sociales juveniles, pero es precisamente en la
ciudad de Los Ángeles donde se da con mayor énfasis; y es de hacer notar
que a inicios de la década de 1980 ya existía una considerable
población salvadoreña en esa ciudad. Fue de esa manera que comenzaron a
ingresar a estos grupos llamados pandillas o maras, debido a un doble
estigma; primero, por haber sido excluidos en su país por el hecho de
pertenecer a la clase históricamente desposeída, y segundo, una vez
radicados en los Estados Unidos, son también estigmatizados y marginados
por el hecho de su status de inmigrantes.
Finalizada
la guerra civil en nuestro país, a inicios de la década de 1990,
comienzan las deportaciones masivas de nuestros compatriotas en Estados
Unidos hacia El Salvador; en su mayoría eran jóvenes pandilleros que
habían cometido delitos en ese país del Norte. Fue de esa manera que en
El Salvador para esa fecha las pandillas comienzan a gestarse. Por tanto
ya hay una primera valoración: el fenómeno de las pandillas fue algo
importado, el problema no nació aquí en El Salvador, nació en los
Estados Unidos.
Pero
lo curioso de todo esto es que quienes ingresaban a estas pandillas o
maras eran jóvenes que provenían de hogares muy pobres y desintegrados.
Hay estudios sociológicos que te demuestran que una de las causas que
inciden para que los jóvenes ingresen a las pandillas es porque vienen
de hogares de los estratos más bajos y marginados del país. Es decir
que, la exclusión social, la enorme desigualdad en este país y la
riqueza concentrada en pocas manos, es la raíz de todo este problema.
Por supuesto que el desempleo viene a ser otro factor que incide en un
país donde la tasa de desempleo es del 7.5 por ciento, dejando por un
lado el índice de subempleo el cual es muy alto; por otra parte, según
estudios de la CEPAL, te detallan que en El Salvador la pobreza es del
58 por ciento.
En cuanto a la educación andamos muy mal también. El libro del Doctor Salvador Arias, “El Atlas de la Pobreza en El Salvador”,
es bastante ilustrativo en cuanto al manejo de datos económicos y
sociales de nuestro país. Para el caso, en el departamento de La Unión
el nivel de escolaridad es de 5° grado, pero en la capital es de 6°
grado, es decir, la diferencia no es mucha; por tanto, te encuentras en
un país con un bajo nivel de educación y con un alto índice de pobreza y
desempleo. Esas son motivaciones negativas para que muchos jóvenes
ingresen a las pandillas.
Ahora,
la propuesta del gobierno sobre el reclutamiento obligatorio me parece
una aberración, porque es bastante difícil que en 6 meses un
“pandillero” o alguien en riesgo de ingresar a las pandillas se reformen
o se abstengan de pertenecer a esos grupos. Esta medida a mi juicio es
precipitada e inconsulta. Quién te puede asegurar que con la
implementación de una disciplina militar estos jóvenes se van a formar
de la noche a la mañana con otros valores. Tengo entendido que el grupo
mexicano los “Zetas” está conformado por ex militares y ex policías, por
tanto esa tesis de que una disciplina militar vendría a prevenir y
reformar a estos jóvenes creo que es una tesis errática. Además, la
firma del Acuerdo de Paz tenía como eje central la desmilitarización de
la sociedad salvadoreña, en ese sentido sería un retroceso.
Este
gobierno viene ingeniándose planes similares a los implementados por
ARENA. En la administración del ex presidente Francisco Flores se creó
la famosa “Mano Dura” y su Ley Antimaras; la cual fue declarada
inconstitucional, pero vino a agravar más la situación; muchos dicen que
esos planes “alborotaron más el panal”. Luego aparece en la
administración del ex presidente Elías Antonio Saca el plan
“Supermanodura”, que también en su parte represiva se aprobó lo que se
le conoció como la “Segunda Ley Antimaras”. De cada 100 capturados en
esas redadas publicitarias, 5 de ellos llegaban a la etapa de sentencia y
solamente 2 eran condenados pero no por pertenecer a pandillas, sino,
por portación ilegal de armas de fuego. La ley era inaplicable por
muchos jueces porque la misma hacía prevalecer el Derecho Penal de Acto
sobre el Derecho Penal de Autor, lo cual era algo inconcebible. Era un
verdadero adefesio jurídico. Y es importante señalar que el plan
“Supermanodura” se propuso en el marco de una campaña electoral; es
decir que, ARENA mediante una suntuosa campaña publicitaria y sobre el
dolor y sufrimiento de la gente se montó una campaña
mediática-electoral.
En
otras palabras, estos planes solamente venían a combatir los efectos de
la exclusión social, no así las verdaderas causas de este fenómeno
social. Mientras persistan las desigualdades sociales y la riqueza
nacional esté concentrada en pocas manos nunca se solucionará el
problema. Hay casos muy ejemplarizantes como en Cuba, en donde no hay
pandillas por que el analfabetismo es cero, la tasa de mortalidad
infantil es baja, hay prestación en un 100 por ciento de los servicios
básicos. Así también en los países nórdicos como Noruega, Suecia y
Finlandia. El asunto es que en esos países los niveles de pobreza son
mínimos y el nivel educativo es muy alto. Ese plan de reclutamiento
obligatorio no vendría a combatir las causas, por ello y otras cosas es
que considero que sería una medida aberrante por parte de este gobierno.
- ¿Qué gobiernos se caracterizan por implementar este tipo de medidas?
Los
gobiernos que han implementado estos mecanismos “preventivos” son para
mí gobiernos de corte fascistas; para el caso en la Colombia de Álvaro
Uribe, pero más concretamente durante el fujimorismo en el Perú. Pero
eso no vino a solucionar el problema porque en el caso de Perú, durante
estuvo vigente el reclutamiento obligatorio a menores de edad existieron
muchos casos de tortura y tratos degradantes. Por eso en verdad me
extraña que un gobierno que se define de “izquierda” venga con una
propuesta de una política pública de ese tipo. Pero mi enfoque quisiera
centrarlo más en el aspecto jurídico en el marco de la Constitución de
la República, convenios internacionales y leyes de la República como la
LEPINA.
- ¿Cree
que los millones se podrían utilizar en otras áreas como en lo social
por ejemplo, no cree que se estarán desperdiciando esos fondos públicos?
Esta
propuesta de política pública para combatir las pandillas se la escuché
al señor presidente en su discurso de dos años de gestión el primero de
junio, y casi lo dijo al final de su discurso. La verdad es que
desconozco si son millones. Considero que en efecto, eso debería
invertirse en educación. La entrega de útiles escolares y uniformes me
parece una medida muy acertada de este gobierno porque ha aumentado la
demanda educativa; pero eso no es suficiente, se debe mejorar la
educación en su conjunto, mediante una política educativa integral,
empezando por un programa amplio de alfabetización; los pedagogos
cubanos nos podrían asesorar en ese sentido. Ahora bien, me parece que
el gobierno debería diseñar un plan preventivo a corto plazo, pero eso
del reclutamiento obligatorio en lo personal no me parece correcto desde
el punto de vista jurídico, vuelvo a repetírtelo, desde el punto de
vista jurídico. A mediano y largo plazo debería proponerse el gobierno
erradicar la exclusión social y tratar de disminuir significativamente
los índices de pobreza y desempleo.
- Según
su análisis jurídico ¿Cuáles son los preceptos constitucionales que
violaría ese plan, y cuales convenciones y leyes de la república?
Violaría
indudablemente el artículo 3 de la Constitución de la República,
también el 32 y siguientes, y el 215 de la Constitución. Por supuesto
que ese plan vendría a violar la Convención de Derechos del Niño, el Pacto Facultativo a la Convención en lo relativo a participación de niños en conflictos armados, y finalmente la ley LEPINA, entre otras cosas.
- ¿Podría ejemplificar o explicar por qué la violación a los artículos 3, 32 y 215 de la Constitución de la República?
En
primer lugar quiero hacer una aclaración. Yo no estoy defendiendo en
modo alguno el accionar de estos grupos llamados pandillas o maras;
porque en ciertos medios se me acusó de “defender a los pandilleros”;
“¿Y los Derechos Humanos de las víctimas?, se me preguntó. El asunto es
que las autoridades encargadas de combatir y hacerle frente a estos
grupos son la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la
República. Pero una persona, cualquier persona que cometa un crimen, no
pierde bajo ninguna circunstancia sus Derechos Humanos; se le suspende
sus derechos políticos y su libertad ambulatoria, pero nunca su
dignidad, que es la esencia de los Derechos Humanos. Entonces los
Derechos Humanos velan porque ningún funcionario o autoridad viole los
Derechos Humanos, ya que un particular cuando delinque no viola Derechos
Humanos, sino, lesiona un bien jurídico y por ello se le aplica una
pena.
Ahora
bien, este plan violaría a mi criterio el artículo 3 de la Constitución
de la República, tanto en cuanto no se puede crear una ley especial
para aplicársela a un grupo de personas en particular. La exposición de
motivos del Código Penal establece claramente la evolución punitiva
consistente en evitar tanta ley especial; para ello existe el Código
Penal y también la Ley de Proscripción de Pandillas, esta última al
parecer es inaplicable y nadie explica por qué. Entonces, violaría el
artículo 3 porque los pandilleros o mareros en este país lindan por los
32 mil miembros, y si a eso le sumamos los familiares, estamos,
sociológicamente hablando ante un nuevo estrato o una casta social de
nuestro país; en consecuencia, no se puede dar un trato específico y
desigual a un segmento particular de la sociedad; quien no lo ve así es
porque no quiere asimilar el problema que se nos ha venido encima.
El
artículo 32 y siguientes de la Constitución de la República nos habla
respecto a la familia y la obligación del Estado para con ella. Nos dice
el artículo 32 que “La familia es la base fundamental de la sociedad y
tendrá la protección del Estado…”. Es decir que es justamente en el seno
familiar donde se les brindan valores a los menores de edad, por ello
es que me pregunto si en verdad en 6 meses de adiestramiento militar
estos menores encontrarán el cariño y la comprensión que no encuentran
en su hogar.
Respecto
al artículo 215 de la Constitución de la República, éste establece que
el reclutamiento es obligatorio para todos los salvadoreños comprendidos
entre los dieciocho y los treinta años de edad. Aquí la solución es
reformar este artículo de la Constitución. Pero estaríamos siempre ante
una disyuntiva frente a los convenios internacionales y la ley LEPINA.
- De implementarse la medida, ¿Qué le aconsejaría al presidente Mauricio Funes y al Ministro de Defensa Munguía Payés?
¿De
implementarse la medida? Bueno, al implementarse no tendría nada que
decirles. Lo que en estos precisos momentos puedo atreverme a decirles
es que tomen en cuenta los preceptos constitucionales ya señalados antes
de implementar cualquier política pública, asimismo como los convenios
internacionales en materia de Derechos Humanos. No me cabe duda que a lo
mejor y las intenciones sean buenas en cuanto a prevenir que estos
menores de edad ingresen a las pandillas, lo cual es un gesto a
reconocer, pero habría de preguntarse qué harán estos menores cuando
regresen a sus colonias o barrios. Este plan, a mi parecer serviría para
suavizar temporalmente la situación, pero de lo que se trata es de
erradicar las causas. Y esas causas ya las señalamos: exclusión social,
desempleo, falta de educación, la amplia brecha entre ricos y pobres;
pero sobre todo la riqueza concentrada en pocas manos. Por tanto, soy
del criterio que se haga énfasis en combatir y erradicar las verdaderas
causas de estos fenómenos sociales.
*El periodista es colaborador de Radio YSUES (Universidad de El Salvador)
E-mail: raulmaldonado07@gmail.com
