Música - Inti - Illimani

 

 Inti-Illimani fue fundado en 1967 por un grupo de estudiantes de la Universidad Técnica del Estado, actualmente denominada Universidad de Santiago de Chile (USACH). En 1973 mientras estaban de gira por Europa, el general Augusto Pinochet protagonizó un golpe militar contra el gobierno socialista del presidente Salvador Allende y estableció una dictadura militar. Desde ese momento, impedidos sus miembros de ingresar a su país, el lugar de exilio y residencia permanente del conjunto fue Italia, desde donde apoyaron las campañas de solidaridad internacional por la recuperación de la democracia en Chile. En septiembre de 1988, al derogarse la prohibición de ingreso al país que pesaba sobre sus integrantes, regresaron a Chile, donde residen de manera permanente hasta el día de hoy.

El nacimiento del grupo: 1967

En el seno del movimiento político-musical conocido como la Nueva Canción Chilena, que tomó fuerza y protagonismo en Chile entre la segunda mitad de los sesenta y principios de los setenta y en torno al festivo ambiente de peñas folklóricas en la Universidad Técnica del Estado (UTE),¹ un grupo de estudiantes se une para conformar un sexteto conformado por Óscar Guzmán, Pedro Yáñez, Horacio Durán (quienes previamente se habían presentado en diversas peñas como Tríode la calera EAO² ), Ciro Retamal, Luis Cifuentes y Jorge Coulón (quienes participaban en el marco de la Peña de la UTE). Este grupo comienza a ensayar (tres guitarras, charango, quena y bombo) y de esta forma se da el impulso para proyectar lo que tiempo después sería Inti Illimani.³ A los pocos días se integra Max Berrú, Luis Espinoza y se retira Luis Cifuentes.⁴

Jorge Coulon. Uno de los fundadores de Inti-Illimani.

En agosto de 1967, el guitarrista clásico Eulogio Dávalos al presenciarlos en una actuación, los invita especialmente a su casa. Según algunas versiones, fue él personalmente quien los bautizó como Inti-Illimani; según otras, su hermana Gloria fue quien propuso bautizar al grupo como "hijos del Illimani". De todas formas, fue en su hogar donde el grupo pasó a llamarse "Inti-Illimani", combinación de un vocablo quechua y aimara que significa "Sol del Illimani" (El Illimani es un monte ubicado en los andes bolivianos que se ve imponente desde La Paz, Bolivia).3

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No hay conflicto de poderes

 Dagoberto Gutierrez. 

En la actual coyuntura política, se presenta en escena la confrontación entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como un conflicto de dos poderes del Estado; y aunque esto sea de una evidencia aparente, la realidad es que el conflicto no es entre dos poderes. Todo conflicto es una relación entre intereses, y en el caso de los órganos de gobierno, se trata del ejercicio del poder público, y la Constitución define los términos precisos en que este poder ha de ser ejercido. De esta manera, se establecen 3 criterios.

El primero es un ejercicio independiente pero dentro de las atribuciones y competencias establecidas por la Constitución y la ley. Como se puede ver, no se trata de una independencia de un órgano con respecto al otro, o la ignorancia de un órgano ante el otro, y mucho menos la invisibilidad de los órganos; por el contrario, ocurre que el ejercicio del poder público por parte de un órgano, presupone siempre al otro, pero de lo que se trata es de que cada uno de esos órganos es dueño de competencias y atribuciones diferentes a las de los otros y justamente su ejercicio es lo independiente.
En segundo lugar, se establece que estas atribuciones de los órganos son indelegables. Observemos que la indelegabilidad está referida solamente a las atribuciones, es decir, a lo que le corresponde por ley ejercer a cada órgano, porque cada uno de los tres tiene atribuciones diferentes y la Constitución establece que ninguno de estos órganos puede cumplir las atribuciones de otro, aunque es justamente la relación entre una y otra atribución en pleno ejercicio, lo que produce, por ejemplo, una ley. Veamos que en el proceso de formación de una ley pueden intervenir, en determinadas circunstancias, los 3 órganos del Estado, pero cumpliendo cada uno atribuciones diferentes, y justamente son las atribuciones que le corresponden. Por ejemplo, la sanción es atribución del Ejecutivo, en la persona del Presidente. La constitucionalidad le corresponde a la CSJ y el decreto legislativo es atribución de la Asamblea Legislativa. Se trata aquí de que ningún órgano puede hacer lo que le corresponde a otro.

Finalmente, se establece el criterio, que resulta muy esclarecedor, de que los órganos colaborarán entre sí en el ejercicio de las funciones públicas. Este último criterio nos aclara, aún más, la naturaleza real de la figura “independencia de poderes”, y nos permite mirar el tema con los pies en la tierra. Por supuesto que esta colaboración va más allá de una mera dimensión jurídica, y construye un entramado de bastante amplitud y complejidad. Prácticamente nos sitúa en un terreno político, porque al mandatar la colaboración entre los órganos se está estableciendo una relación estrecha, fructífera y permanente.

Establecidas así las cosas, nos damos cuenta que en la actual coyuntura aparece el ejercicio de las funciones de la Sala de lo Constitucional de la CSJ.
Ocurre que la Sala carece de agenda, porque son los ciudadanos con sus peticiones los que desatan su funcionamiento, y son sus respuestas a esas peticiones, las que revelan y muestran la posición de la Sala que reacciona y responde, es decir, resuelve lo que se le solicita, y estas respuestas son, precisamente, su agenda, que en el cumplimiento de sus atribuciones, se trata, en determinados casos, del funcionamiento y gestión de las funciones de los otros órganos, toda vez que ésta es la llamada a interpretar la Constitución y a establecer  la constitucionalidad en el funcionamiento de los otros órganos del Estado. Este es justamente el mandato constitucional.

Hay que comprender que la Sala tiene un trato especial en la Constitución porque sus miembros, además de ser electos por la Asamblea, son designados, y esto determina su papel preeminente.

El conflicto, siendo parte sustancial de la realidad, es un presupuesto de toda norma jurídica, de todo procedimiento; pero en todo caso tiene un sentido diferente, y en la actual coyuntura, ciertamente, tenemos una serie de conflictos pero que no se corresponde con la figura “conflicto de poderes”; aunque sí con el conflicto. Veamos de qué se trata:

Hasta ahora, los partidos políticos que eligen a los magistrados saben que  éstos deben trabajar para ellos, porque ellos, los partidos, los han puesto ahí. Y resulta que en esta ocasión, cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional no se comportan como sirvientes de la AL y son capaces de resolver las peticiones ciudadanas, aun en contra de los intereses de los partidos que los han puesto en esa condición de resolutores. Sin duda que esto es un conflicto inaceptable para los partidos que reclaman obediencia y sumisión.

Por otro lado, la Sala, al establecer la supremacía de la Constitución, está confrontando una Constitución real y material con la Constitución formal que aparece en un documento llamado Constitución de la República. La Sala nos está diciendo que la Constitución formal debe ser la material y la que rija la vida y funcionamiento del Estado.

Esta conducta resulta ser suficientemente subversiva, como lo es, en las actuales circunstancias, todo respaldo a la Constitución, porque resulta que el régimen político se basa en ignorar la constitución, en violar los derechos establecidos, en incumplir sus preceptos. De modo que la Sala plantea un orden político diferente, que constituye en las actuales circunstancias, un verdadero desorden. La materia de trabajo de la Sala es de naturaleza política, y en las actuales circunstancias, su papel es correspondiente al de un actor político, es decir, al del cumplimiento de un papel previamente asignado por la Constitución.

En tanto actor político, calidad diferente a la de sujeto político, la Sala expresa una filosofía, una posición y unos intereses diferentes a los del régimen político partidario que usufructúa el aparato del Estado. Por eso los partidos reclaman de la Sala de lo Constitucional, la obediencia y la sumisión que han obtenido hasta ahora de los funcionarios electos por ellos. Como en esta coyuntura, la Sala no sirve a la Asamblea sino a la Constitución, aquí es donde aparece el  verdadero conflicto.