Diario La Pagina
Con este artículo de opinión llega a nuestras páginas editoriales la voz del expresidente de la República Mauricio Funes. Una opinión que tendrá adeptos y adversarios, como siempre sucede en este tipo de situaciones. Lo relevante es que —sin duda— no dejará mayores resquicios para la indiferencia ante sus puntos de vista. DIARIO LA PÁGINA le abre este espacio como ha sucedido con todos nuestros columnistas, sin que por ello suscribamos sus posturas.
Última actualización: 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 13:28 | por Mauricio Funes/Expresidente de El Salvador
Contrario a lo que habría que esperar, estas elecciones del 2015 no son únicamente una especie de referéndum de los pocos meses de gestión del Presidente Sánchez Cerén.
Aunque no niego que el desempeño electoral del FMLN en parte se verá influido por la imagen que la población tiene del Presidente de la República y su gobierno, la consulta electoral del próximo año, constituye más bien una prueba de fuego para la Democracia en el país, en la que estará en juego la capacidad del sistema oligárquico de recuperar el poder que ha venido perdiendo desde el 2009.
Tampoco se trata, como sostienen algunos analistas, de la oportunidad para consolidar un sistema de consulta electoral que podría fortalecer la participación ciudadana y el pluralismo en los órganos de Estado que estarán en disputa.
Ni siquiera, con las virtudes que conllevan los Concejos Municipales Plurales o el empoderamiento ciudadano que en teoría representa el llamado “voto cruzado”, se puede asegurar a ciencia cierta que habrá un avance democrático en estas elecciones.
Para que esto ocurra se tendrían que dar una serie de condiciones objetivas y subjetivas en el electorado y en el sistema de partidos políticos del país, que no están aún presentes.
Por ejemplo, la sentencia de la Sala de lo Constitucional que habilitó el “voto cruzado” tendría que haberse dado meses atrás a fin de garantizar una sistemática y bien estructurada campaña de educación cívica de parte del Tribunal Supremo Electoral.
Como están las cosas, y sin la orientación necesaria, lo más probable es que el “voto cruzado” lleve a un aumento de los votos nulos y provoque desconcierto, y confusión en las juntas receptoras al momento del recuento final.
Lo mismo habría que decir de la novedad que representan los Concejos Plurales.
En sí misma, la distribución proporcional de los cargos en los Concejos Municipales constituye un genuino mecanismo de control de la gestión pública que se aseguraría con la presencia de más de un partido político en las administraciones municipales.
Sin embargo, mientras las dirigencias partidarias continúen teniendo un poder exacerbado dentro de los partidos y éstos no evolucionen en su visión del poder público, nadie ni nada, evitará que esta distribución proporcional de los cargos no se traduzca en una parálisis de la gestión municipal.
A veces tengo la impresión de que quiénes han impulsado la reforma política y administrativa a través de los recursos que conoce y resuelve la Sala de lo Constitucional, no caen en la cuenta de que para que estos cambios produzcan las transformaciones deseadas antes hay que estimular un cambio en la misma dirección en los partidos políticos y un viraje en los intereses que históricamente han representado y defendido.
Por eso señalé antes que las elecciones del 2015 son trascendentales para el país por lo que está en juego: la construcción de una correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa que, o bien permite, la consolidación de los cambios iniciados hace cinco años, o bien concede al sistema oligárquico los instrumentos de dominación necesarios para recuperar su poder y dar marcha atrás con lo construido desde Junio del 2009.
A juzgar por las candidaturas a diputados, sobre las nuevas exhibidas por ARENA, así como por el uso que hará este partido político de las reformas electorales derivadas de las sentencias de la Sala de lo Constitucional, la consulta del 2015 es la oportunidad de la derecha oligárquica para recuperar los instrumentos y aparatos de dominación que no controla, con miras a las elecciones presidenciales de 2019.
Aún cuando no ha comenzado la campaña electoral formalmente hablando, el discurso de lanzamiento de la mayoría de estos rostros nuevos no pasa de recoger los temas con los que se ha conseguido el desprestigio de la clase política salvadoreña y del sistema de partidos políticos.
Las ya trilladas críticas sobre los gastos de la Asamblea Legislativa y del Ejecutivo; las propuestas carentes de contenido sobre cómo alcanzar austeridad en el gasto público, limitándose a ofrecer una reducción de salarios y de viajes de los diputados; el fenómeno de los tránsfugas analizado superficialmente y sólo contrastado con la subordinación al partido político del que se fugan, levantando slogans como eso de que “una onza de lealtad vale más que una tonelada de inteligencia”; entre otros ofrecimientos conocidos, no anticipa que tendremos un cambio de fondo en las prácticas políticas tradicionales, tanto en la Asamblea Legislativa como en las Alcaldía.
Mi experiencia de cinco años de gobierno al frente del Ejecutivo me llevan a concluir que el poder oligárquico, golpeado aunque no de muerte durante mi gestión, ha reaccionado controlando el poder judicial y buscando la mayoría simple en la próxima legislatura.
No tiene otra opción, para asegurar su predominio, que buscar romper la alianza del FMLN con fuerzas políticas que pueden darle gobernabilidad al proceso de cambios y de esa forma, allanar el camino para retomar el control del Ejecutivo en el 2019.
La derecha oligárquica sabe muy bien que el gobierno de Sánchez Cerén y el FMLN necesitan de la aprobación del Presupuesto para el ejercicio fiscal del 2015 y de una serie de préstamos internacionales, para garantizar la continuidad de los Programas Sociales y las inversiones que requiere el aparato productivo del país para comenzar a crecer en forma sostenida.
El quinquenio anterior fue un período de ruptura con el sistema oligárquico basado en el consumo que permiten las remesas familiares.
Por décadas enteras, unos cuantos grupos empresariales crecieron a partir del consumo que permiten los dólares que ingresan al país vía remesas familiares y apostándole al mercado regional, incluyendo México, Colombia y República Dominicana.
El mercado interno nunca les ha interesado y por esta razón, se han opuesto a toda clase de políticas redistributivas del ingreso, pues no las necesitan para fortalecerse como grupos económicos.
Esta ha sido una constante histórica. Su apuesta al Mercado Común Centroamericano en los años 60 implicó una renuncia a las necesarias reformas económicas y sociales que habrían llevado a una ampliación del mercado interno y por ende, a una reducción de la pobreza y la desigualdad social.
Para rentabilizar sus inversiones no necesitaron nunca de mejorar el ingreso de los pobres. Bastaba con invertir en Centro América o más allá de la región, donde encontraron un mercado más amplio y dinámico.
Por eso se opusieron y boicotearon la Transformación Agraria que impulsó el gobierno del expresidente Molina, aún con toda la timidez que ésta representaba en términos de una nueva distribución de los activos agrícolas del país.
Por eso también, cuando la derecha oligárquica retomó el ejecutivo con la Presidencia de Cristiani en l989, inició un proceso de desmantelamiento del Estado y de acaparamiento de los bienes estratégicos de la economía: la Banca, las Telecomunicaciones, la generación y distribución de la Energía Eléctrica, el Sistema Previsional del País, entre otros.
En contraste, en el 2009 tomamos la decisión de romper con este sistema oligárquico y provocar un mayor crecimiento del mercado interno, garantizando el ingreso de los pobres a través de políticas redistributivas y de reducción de la extrema vulnerabilidad que les caracterizaba.
Construimos una Política de Protección Social Universal financiada con préstamos internacionales y una mayor recaudación tributaria. Sin esta Política, los pobres no podrían convertirse en consumidores y menos ascender en la escala social.
Esto fue lo que nos enfrentó con las gremiales empresariales y con los grupos de poder económico en el país.
La apuesta estratégica de la derecha oligárquica es ahora recuperar a cómo de lugar su influencia en el Estado, la misma que comenzaron a perder hace cinco años.
Sólo una correlación favorable, de al menos 43 diputados, les permitirá “poner contra la pared” al gobierno de Sánchez Cerén y obligarle a realizar virajes de fondo en su política económica y social.
Este es el botín que está en juego en las elecciones legislativas y municipales del 2015.
Desde la Asamblea Legislativa y utilizando el poder judicial como lo han hecho hasta ahora, la derecha oligárquica puede gobernar al país. Ya no necesita como en el pasado a los militares. Ahora los instrumentos de dominación son el Congreso y la Sala de lo Constitucional.
Ese es el punto de partida para asaltar de nuevo el Ejecutivo.
La estrategia es clara. El rumbo que desean salta por los poros: es necesario “trabarle las carretas” al gobierno y provocar su desgaste.
El desgaste del FMLN forma parte también de esta estrategia. Y este desgaste pasa por cuestionar el sistema de partidos políticos ante los ojos del ciudadano.
Si este cuestionamiento provoca una modernización de los partidos políticos y una democratización de su vida interna, enhorabuena.
Pero si con este cuestionamiento, se debilitan aquellas fuerzas políticas que tienen como horizonte la profundización de los cambios y la continuidad de las políticas sociales, entonces, corremos el riesgo de perder la batalla por una reducción de la desigualdad social y de la pobreza que comenzamos hace cinco años.
