Armando Briñis Zambrano
Voces
Apenas había asumido el poder el general Maximiliano Hernández Martínez, cuando en enero de 1932, se produjo una insurrección popular donde indígenas y campesinos del occidente del país, jugaron el papel más importante y destacado.
El PCS es un partido nacido y conformado en el influjo revolucionario del triunfo de la Revolución Bolchevique Rusa de 1917. Para el año 1932 estaba conformado por un núcleo consolidado, pero pequeño de intelectuales y estudiantes universitarios y tuvo un rol limitado en la insurrección, lo cual no demerita de ninguna forma el trabajo de la organización dentro de los sindicatos de trabajadores, estudiantes e intelectuales de izquierda o progresistas, dentro de las fuerzas armadas y los propios campesinos y jornaleros indígenas y mestizos.
No obstante las masas que participaron en la insurrección fueron mayoritariamente indígenas. Este es un elemento muy importante a destacar, valorado por historiadores salvadoreños y no salvadoreños, como la continuidad de la lucha de resistencia indígena iniciada por Anastasio Aquino, cacique de los Nonualcos. En momentos históricos donde confluyeron y se interrelacionaron, procesos internos vinculados a la dictadura oligarca de las grandes familias cafetaleras, la resistencia indígena salvadoreña y de sectores populares e intelectuales y a la vez procesos externos afines, especialmente la Crisis Cíclica del Sistema Capitalista de 1929-33 y sus consecuencias catastróficas para la economía capitalista salvadoreña, deformada y dependiente de los precios internacionales del café.
Para finales de 1930, la paga en las haciendas consistía en dos tortillas y dos cucharadas de frijoles salcochados al inicio y al final de la jornada. Como agravante, las fichas (monedas locales) con que se pagaba en las haciendas, solo podían ser cambiadas por productos en la tienda que pertenecía al mismo dueño que el cafetal, especie de monopolios locales. Se calcula que la alimentación en la época para un jornalero no sobrepasaba el costo de $0.01 aldía, por lo cual los beneficios de los hacendados eran extraordinariamente considerables. De hecho, para 1924, la producción total de café variaba entre 32 y 53 millones de kilogramos. El precio por cada quintal (46 kilogramos), oscilaba entre 42.55 colones; el cálculo de costos de producción para un quintal era de 13 colones, de los cuales dos iban a las manos del trabajador, uno a las arcas del Estado, uno a los vendedores de insumos y nueve a los grandes hacendados .
El valor que el hacendado daba al trabajador era bajísimo, según lo declarado el 5 de febrero de 1932 por el encargado de la delegación estadounidense en San Salvador, W. J. McCaffrey, en una carta dirigida hacia su gobierno explicando la situación salvadoreña, donde expresaba que un animal de labranza tenía más valor que un trabajador porque la demanda era alta y su valor comercial dejaba mejores dividendos.
La zona occidental estaba altamente poblada por indígenas de origen pipil, los cuales fueron sistemáticamente apartados del escaso progreso económico e intentaron obtener ayuda a través de su jerarquía tradicional de las autoridades locales y nacionales. Señalamos que pese a que las leyes no concedían ninguna prebenda o reconocimiento oficial a los caciques, los indígenas respetaban y obedecían su autoridad. Por otro lado, gobernantes de turno habían buscado el acercamiento a estos líderes comunales para obtener el apoyo de sus gobernados en elecciones, por lo que tenían alguna posibilidad de ser escuchados por las autoridades.
Para enfrentar la crisis económica, los indígenas se habían organizado en asociaciones de cooperación, mediante las cuales se brindaba empleo a los miembros de su comunidad que no lo poseían. Los encargados de dirigir dichas asociaciones eran los caciques, quienes representaban a los desempleados ante las autoridades y supervisaban el trabajo realizado.
Feliciano Ama, por ejemplo, era uno de los caciques más activos y estimados por la población indígena; había hecho gestiones de ayuda económica con el presidente Romero a cambio de la colaboración en su candidatura. Por otro lado, la crisis se agudizaba por el conflicto permanente entre las poblaciones indígenas y los habitantes de la zona que no pertenecían a su etnia. Aparentemente las poblaciones de “no indígenas” estaban mejor relacionadas con las urbes gubernamentales, por lo cual, cuando ocurrían revueltas o enfrentamientos, el ejército arrestaba a los líderes indígenas y se les condenaba generalmente a muerte.
Tras diversas acciones de rebelión militar, el presidente Arturo Araujo fue derrocado y sustituido por un supuesto “Directorio Cívico”; anterior a la llegada al poder del General Maximiliano Hernández Martínez en diciembre de 1931, la cual marcó el inicio de lo que se conoce como “dictadura militar”.
La gestión de Hernández Martínez se caracterizó por la severidad de sus leyes y de sus juicios. La pena por robar era la amputación de una mano, por ejemplo. Martínez fortaleció los cuerpos de seguridad y se mostró especialmente violento en materia de revueltas, decretando la muerte para cualquiera que se levantase contra el régimen.
Paralelamente a los conflictos entre indígenas y campesinos por una parte, terratenientes y autoridades por otra; la actividad del PCS, el Socorro Rojo Internacional y sus sindicatos, se extendieron al reparto de panfletos, inscripción de nuevos miembros y realización de concentraciones. Las actividades se vieron alimentadas por la frustración de las ofertas no cumplidas de gobiernos y partidos políticos.
Los líderes comunistas, dirigidos por Agustín Farabundo Martí, construyeron una organización política que, si bien carecía de una estructura bien definida, lograba obtener la simpatía de parte de la población, al llevar al plano político las necesidades más sensibles de los sectores menos protegidos de El Salvador. Tras el golpe de Estado de 1931, el PCS multiplicó su accionar en todos los sentidos.
Apuntamos que los procesos electorales de la época estaban sometidos a severas presiones de los sectores del poder, puesto que para inscribirse en el padrón electoral había que declarar ante las autoridades la intención de voto, práctica que coartaba una verdadera participación democrática, sembrando el miedo entre los electores y favoreciendo a los candidatos oficiales. Tras los comicios, las acusaciones de fraude crecieron a tal punto que llevaron a la directiva comunista a valorar la vía del levantamiento como forma de lucha.
Se planeó el levantamiento para mediados de enero de 1932, incluyendo en el plan a militares simpatizantes de la causa comunista, pero antes del alzamiento, la policía arrestó al líder del PCS, Farabundo Martí (designado por la dirección del partido como el conductor militar del rebelión), y a los dirigentes de agrupaciones estudiantiles universitarias, Alfonso Luna y Mario Zapata, decomisándoseles documentos que probaban los planes de insurrección, los cuales fueron usados posteriormente en juicios militares.
Es en esta situación que los indígenas del occidente se alzaron contra el régimen, única salida a sus extremas condiciones de vida, el robo de sus tierras y represión; coincidiendo en fechas con los sucesos antes relatados. Tras los eventos de finales de enero, Farabundo Martí, Luna y Zapata fueron sometidos a un consejo de guerra y condenados a muerte, siendo ejecutados el 1 de febrero de 1932.Martí, Zapata y Luna fueron fusilados frente a los muros del cementerio de. San Salvador. Martí no permitió que le vendaran los ojos y su último grito fue: “Viva el Socorro Rojo Internacional”.
El levantamiento campesino
En las últimas horas del 22 de enero de 1932, miles de campesinos en la zona occidental del país se alzaron en rebelión contra el régimen. Armados principalmente de machetes atacaron las haciendas de los grandes terratenientes y varios cuarteles, obteniendo el control de algunas poblaciones como Juayúa, Nahuizalco, Izalco y Tacuba. Por otro lado, cuarteles como los de Ahuachapán, Santa Tecla y Sonsonate resistieron el ataque y rechazaron el asalto.
Existen versiones en extremo divididas de los hechos y si muy pocos relatos de los sobrevivientes de la rebelión en especial de los indígenas insurgentes, luego de la masacre del ejército y fuerzas auxiliares. Los medios de difusión de la época, igual que hoy en manos de los explotadores, se dieron a la tarea de magnificar el ataque a la sacrosanta propiedad privada y las supuestas acciones vandálicas sobre poblaciones enteras. El análisis de la situación asegura que el motivo fundamental de los eventos fue el levantamiento contra un régimen brutal de explotación, por tanto, cualquier acto de ataque a la propiedad privada, son hechos colaterales y aislados de las causas y objetivos del movimiento campesino en general.
La otra polémica acerca de aquel levantamiento se vincula a la relación entre los campesinos y el PCS. La coincidencia temporal de ambos eventos y la similitud de las causas de cada uno pueden hacer pensar que estaban vinculados e incluso, coordinados. De cualquier manera, el gobierno no hizo distinción entre uno y otro movimiento, por lo cual actuó de la misma forma en ambos casos: represión y ejecuciones masivas.
Siendo evidente que el apresamiento antes de la sublevación, y posterior fusilamiento de Farabundo Martí, dio al traste con los planes de levantamiento de los comunistas y sus seguidores. Al respecto las palabras de Miguel Mármol nos ratifican esta situación “…la insustituibilidad del Negro (Farabundo Martí) fue de seguro una de nuestras mayores debilidades…”
Los cadáveres apilados en la calle fueron un cuadro común en aquellos días; pese a los esfuerzos por aproximarse a una cifra fidedigna de fallecidos en las setenta y dos horas posteriores al levantamiento, no puede asegurarse un número en concreto, aunque varios historiadores coinciden en que fueron alrededor de veinticinco mil personas muertas , la inmensa mayoría indígenas fusilados. Aquellos que sobrevivieron pero fueron capturados, se sometieron a juicio y acabaron inevitablemente condenados a muerte.
Después de la rebelión, fue ahorcado el líder campesino Francisco Sánchez, mientras que su homólogo, Feliciano Ama, fue linchado y colgado luego su cadáver en presencia de los niños de una escuela.
En los alrededores de Izalco, a todos los que se les encontró portando machete, a todos aquellos que tenían fuertes rasgos de raza indígena o que vestían trajes indígenas, se les acusaba de subversivos y eran encontrados culpables. Para facilitar la tarea de los cuerpos de seguridad, se invitó a todos aquellos que no habían participado en la insurrección a que se presentaran a la comandancia para obtener documentos que les legalizaban como inocentes. Cuando llegaron fueron examinados, y los que presentaban las características indígenas, fueron apresados, siendo fusilados en grupos de cincuenta en el muro de la Iglesia de la Asunción. En la plaza frente a la comandancia, varios fueron obligados a cavar una tumba común, a la cual fueron arrojados tras ser ametrallados. Las casas de los encontrados culpables fueron quemadas y sus habitantes sobrevivientes fueron ametrallados.
Con relación a las comunidades indígenas, los acontecimientos trajeron consigo el exterminio de la mayoría de población hablante del náhuatl, lo cual ha influido en la pérdida casi total de dicha lengua en El Salvador. Las poblaciones indígenas abandonaron muchas de sus tradiciones y costumbres por temor a ser capturados. Muchos de los indígenas que no participaron el levantamiento manifestaban no comprender el motivo de la persecución gubernamental. La vestimenta y muchas de las costumbres indígenas se fueron reemplazando para no ser víctimas del conflicto.
Desde 1932 la oligarquía salvadoreña depositó el poder político en el ejército por lo que el país estuvo regido durante más de 47 años por gobiernos militares.
