Editorial UCA
A lo largo de la historia, las principales luchas de los trabajadores han sido por condiciones laborales y salarios dignos, y por un sistema de previsión social que garantice la debida atención médica para el trabajador y su familia, así como una pensión de jubilación que permita un retiro tranquilo. Estos justos reclamos se han ido consiguiendo en mayor o menor medida en muchos países, y de algún modo también en El Salvador, aunque con dificultades y tropiezos. No es de extrañar, por tanto, que estas hayan sido algunas de las demandas de las organizaciones sindicales este 1 de mayo. En varios aspectos, estamos muy lejos de lo que es justo y de responder de manera adecuada a las demandas de los trabajadores. Y la primera deuda con ellos es el salario.
Es de sobra conocido que el salario mínimo actual es insuficiente para cubrir el costo de la canasta básica y que las diferencias entre los diferentes salarios mínimos dejan a los trabajadores del campo en una condición de verdadera explotación y de condena a la pobreza permanente. Establecer un mismo salario mínimo para todos los sectores productivos, que permita una vida digna y sin tantas estrecheces, es una deuda urgente de saldar y constituye un paso fundamental hacia una mayor justicia social en el país. Para el cálculo del salario mínimo justo, debe contemplarse, además del precio de los productos de la canasta básica, otros aspectos importantes y necesarios en la vida, como la salud, la recreación y la adquisición de una vivienda; factores que en la actualidad están fuera del alcance de la mayoría de los trabajadores salvadoreños.
Igualmente importante es el acceso a un sistema de salud de calidad, para lo cual es necesaria una reforma del ISSS que, en primer lugar, dé acceso a todos los trabajadores, incluyendo a los del campo; y en segundo lugar, mejore su funcionamiento para ofrecer un servicio oportuno y de calidad. La demanda de una pensión digna es también prioritaria, pues la crisis generada a raíz del cambio de sistema de pensiones en 1998 pone en entredicho el retiro de todos los que se jubilarán a partir de 2017 y que están afiliados a una AFP. A pesar de los múltiples estudios que sobre la cuestión se han realizado, y de que está comprobado que el nuevo sistema de ahorro previsional es incapaz de ofrecer una pensión digna, nada se ha hecho para reformarlo a fondo. Es urgente que se tomen decisiones al respecto cuanto antes, y que estas no se basen en ideologías y falacias. Hay que ser realistas y francos a la hora de proponer las posibles soluciones que aseguren una mejor pensión.
Hay que decirlo con claridad: las pensiones ofrecidas por el ISSS, el INPEP y el IPSFA han estado por encima de lo que podían soportar de modo sostenible. Ninguno de los tres institutos tuvo en cuenta los estudios financieros que señalaban que tanto la cotización como los años cotizados exigidos para jubilarse eran insuficientes para que operaran sin problemas a largo plazo. Más complicó el hecho de que los pocos cotizantes estuvieran repartidos en distintos sistemas previsionales, en lugar de concentrados en un sistema único. Si durante años se han podido ofrecer buenas pensiones en relación al salario devengado, esto ha sido posible por el sistema de reparto y las transferencias a costa del presupuesto nacional. Si se pretende que los trabajadores gocen de una pensión digna en el futuro, no hay otra opción que incrementar el monto de las cotizaciones del empleado y del patrono, la edad requerida para la jubilación y el número mínimo de años cotizados para pensionarse. Cualquier propuesta que no contemple estas condiciones será populista y demagógica. Sin embargo, tanto la derecha como la izquierda se resisten a emprender estas medidas obviamente impopulares. Volver al sistema de reparto no será una solución en el largo plazo si no se aumentan esas tres variables; sin ellas tampoco será posible que el sistema de ahorro personal ofrezca pensiones dignas, aunque se mejore la tasa de interés de los préstamos que el Gobierno hace para pagar las pensiones del sistema antiguo.
Para colmo de males, a esta problemática se añade que apenas la mitad de la población económicamente activa tiene acceso a la cobertura previsional. Así como están las cosas, el otro 50%, que trabaja en el sector informal y en el campo, no recibirá ninguna pensión en su vejez. Por tanto, no basta con mejorar el sistema actual solo para los que ya tienen acceso; la solución tiene que incluir a toda la población económicamente activa, de modo que todos gocen del derecho a una pensión. Este tipo de exigencias no fueron planteadas por los sindicatos en el día dedicado al trabajador. O la solidaridad se abre paso en las reivindicaciones laborales, o el futuro de los trabajadores seguirá hipotecado.
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