Papeles de Panamá: más dudas que respuestas

 Marcelo Colussi

 

 

"Robar un banco es delito; pero más delito aún es fundarlo."

Bertolt Brecht

Dado que empezamos con una cita de Bertolt Brecht, aprovechemos a recordar una famosa obra suya: "Preguntas de un obrero que lee", para hacer lo mismo en el tema que ahora nos convoca: los "Papeles de Panamá". En esa poesía, un lector anónimo se pregunta con toda la "ingenuidad" del caso sobre asuntos de importancia capital. Repitamos la operación: "inocentemente", como neófitos del mundo financiero, preguntémonos qué está pasando con todo esto. ¿Por qué ahora la corrupción pasa a ser el monstruo más terrible que nos ataca? ¿Es cierto eso, o ahí hay "gato encerrado"? ¿Por qué los "Panama’s Papers" son tan tremendamente importantes?

Por lo pronto, veamos quién dice que son tan, pero tan importantes: es la gran corporación mediática global, la encargada de deformar nuestra percepción de la realidad, aquella que hace parte de lo que los estrategas del Pentágono llaman "guerra de cuarta generación" (guerra mediático-psicológica). Esa poderosa industria de la (des)información presenta ahora esta nueva plaga bíblica que es la corrupción.

Es curioso: el capitalismo actual, en su versión neoliberal global, es estructuralmente mafioso, corrupto, parásito. El capital dominante es el financiero (¡qué acertado es el epígrafe de Brecht!). Es decir: el capital parásito, que se mueve desde hace décadas a través de oscuras transacciones bancarias, en muchos casos a través de esa infamia que es la banca llamada off-shore, es quien domina el sistema mundial. Los organismos del Consenso de Washington (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional), representantes de la gran banca capitalista de las grandes potencias, marca el rumbo de la Humanidad. Esos parasitarios capitales han superado con creces al capital productivo (industrial manufacturero, agrario, de la industria de servicios). Los bancos son los dueños de las finanzas globales; por tanto, son los que realmente deciden la marcha de los acontecimientos.

Junto a esos mafiosos megacapitales, dos de los grandes negocios que dinamizan la economía capitalista son la fabricación y venta de armas (primer negocio a escala planetaria), y la narcoactividad. Los flujos de capital que estas ramas económicas inyectan a las finanzas internacionales son monumentales. En otros términos, las industrias de la muerte (armas para matar: la destrucción de países y su posterior reconstrucción, la fabricación de guerras en cualquier rincón del Tercer Mundo, o psicotrópicos para envenenar y cegar vidas), son los principales negocios, junto al petróleo (¿otra industria con un buen potencial de muerte?), negocios que se mueven con lógicas corruptas, oscuras, gangsteriles.

¿Quién controla el flujo de armas? (desde una pistola personal hasta un portaviones con energía nuclear). ¿Por qué los narcotraficantes, los "malos de la película", nunca son estadounidenses? Si Estados Unidos es el principal consumidor mundial de sustancias psicoactivas, ¿por qué nunca aparecen redes mafiosas de narcotráfico en su territorio? Estudios consistentes dicen que la DEA es el principal cartel de narcotráfico del mundo. Y el narcolavado es una de las actividades financieras más "exitosas" en la actualidad.

Todo eso, ¿no es altamente corrupto? Por otro lado, la llamada desregulación laboral (léase: traslado de plantas industriales desde el Norte próspero hacia el Sur pobre), maniobra artera que busca mano de obra más barata y exclusión de controles fiscales y medioambientales: ¿no es un prácticamente infinitamente corrupta?

En síntesis: el capitalismo actual se basa cada vez más en prácticas corruptas, mafiosas, infames. ¿Por qué ahora surge esta cruzada mundial contra la corrupción?

La corrupción es una conducta socialmente deleznable. ¿Quién en su sano juicio podría justificarla, mucho menos aplaudirla? Tal como la caracterizó hace algunos años un sínodo de obispos (Ecuador, 1988, caracterización que sigue siendo absolutamente válida al día de hoy), la corrupción es "un mal que corroe las sociedades y las culturas, se vincula con otras formas de injusticia e inmoralidades, provoca crímenes y asesinatos, violencia, muerte y toda clase de impunidad; genera marginalidad, exclusión y miedo (…) mientras utiliza ilegítimamente el poder en su provecho. Afecta a la administración de justicia, a los procesos electorales, al pago de impuestos, a las relaciones económicas y comerciales nacionales e internacionales, a la comunicación social. (…) Refleja el deterioro de los valores y virtudes morales, especialmente de la honradez y la justicia. Atenta contra la sociedad, el orden moral, la estabilidad democrática y el desarrollo de los pueblos". Sin la más mínima sombra de duda, la corrupción es una práctica abominable, como tantas otras que realizamos a diario los seres humanos. Pero, ¿no será una coartada –una más entre tantas– que intenta alejarnos de las verdaderas causas de las injusticias y la exclusión social? La corrupción es consecuencia, ¡no causa! Nunca debemos perder de vista esto.

Como al lector en la poesía de Brecht, me quedan muchas preguntas sin respuestas en esta affaire de los Papeles de Panamá. ¿No hay agenda oculta aquí? El año pasado, en abril de 2015 –hace exactamente un año– se comenzó a desarrollar una furiosa campaña anticorrupción en Guatemala, promovida por la "ciudadanía democrática" (así, en abstracto). Ello sirvió para quitar del poder al entonces binomio presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Todo indicaría que eso fue un banco de pruebas, un laboratorio para lo que vendría luego: al poco tiempo la lucha contra la corrupción emergió como una gran cruzada del "espíritu democrático". Al poco tiempo, esa lucha frontal contra el cáncer de la corrupción, elevado a la categoría de nuevo pandemonio universal, dio resultado a una lógica imperial proveniente de Washington: gobierno díscolos a los dictados de la potencia del Norte comenzaron a verse atacados bajo las denuncias de hechos corruptos. Así fueron sacados del poder Cristina Fernández, en Argentina, se bloqueó la posibilidad de reelección de Evo Morales en Bolivia, se prepararon las condiciones para un derrocamiento de Dilma Roussef en Brasil. Curiosamente, todas administraciones molestas para la geopolítica estadounidense. Y valga agregar que pese a la "democrática" y "políticamente correcta" lucha contra la corrupción en Guatemala, las cosas no cambiaron en sustancia, porque en el país centroamericano al menos un 11% de su producto interno bruto sigue dado por la narcoactividad y el crimen organizado.

Sugestivamente también, si seguimos en las preguntas al modo del obrero lector de Brecht, se denuncian meses atrás casos de corrupción en la FIFA (¿intento de bloquear el próximo mundial de fútbol en Rusia?) ¿Por qué ahora esta práctica que sigue dominando las finanzas mundiales preocupa tanto? Pero, ¿a quiénes preocupa?

Evidentemente este "espíritu democrático" anticorrupción cala en la moral común. Atacar a otro por "degenerado corrupto" reconforta. ¿Por qué no se ataca con similar virulencia el hambre y la explotación, el racismo o el patriarcado? ¿No son todos estos elementos igualmente lacras que deberían desecharse? Acusar de corrupto a otro satisface a una ramplona y morbosa moralina clasemediera. El poder saber implementarla a su favor (véanse los casos de recientes derrotas electorales en los países con gobiernos de centro-izquierda a partir del bombardeo mediático contra la corrupción).

El combate monumental contra las prácticas corruptas que parece haberse desatado huele raro. Huele mal, diríamos. En definitiva, puede servir como mecanismo de control político-social. ¿Por qué es corrupto el presidente de Venezuela y no así el de Colombia o el de México? (países estos últimos donde, es sabido, la corrupción campea libremente). ¿Gato encerrado? Tanto revuelo en la corporación mediática global suena llamativa. ¿Acaso terminó la corrupción en Guatemala luego del encarcelamiento de presidente y vicepresidenta, o puede verse ahora, a la distancia, que allí hubo un fabuloso montaje mediático?

Ahora aparecen los sugestivos Papeles de Panamá. Uno de los principales acusados, si no el principal, llamativamente es el presidente ruso Vladimir Putin. Se hace cargo de la investigación el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, instancia que tiene su base en Washington (¿curiosa casualidad?) Y en un santiamén la noticia de ese estudio panameño: Mossack Fonseca, sospechoso de opacidad, se difunde por todo el mundo (¿otra curiosa casualidad?)

"El escándalo de los llamados 'papeles de Panamá' es un intento de redirigir los grandes flujos financieros de las zonas 'off shores' o paraísos fiscales hacia Estados Unidos", declaró recientemente el experto financiero alemán Ernst Wolff en entrevista concedida al medio germano Sputnik. Según apreciaciones del referido analista, es significativo que ninguna empresa estadounidense aparezca en la lista de corruptos. "Lo que está sucediendo ahora es que Estados Unidos está tratando de 'secar' ciertos paraísos fiscales para presentarse a sí mismo como el nuevo y mayor paraíso fiscal del mundo", afirma Wolff. "En estos 'off shores' hay distribuidos alrededor de 30-40 billones de dólares. Y Estados Unidos, claramente, está interesado en redirigir estos fondos a su país", indica el estudioso.

Por lo pronto no puede desconocerse que los estados de Nevada, Dakota del Sur, Wyoming y Delaware, en territorio estadounidense, funcionan como paraísos fiscales, rigiendo ahí un secreto bancario ilimitado, similar al de Suiza, o al de los enclaves off shore. La jugada podría consistir en intentar desacreditar a los actuales puntos financieros incontrolados (como Panamá, y tantos otros países que viven en buena medida de esas prácticas corruptas) para redirigir esos cuantiosos fondos a la economía de la potencia americana.

Maniobra financiera o maniobra política para control de "indeseables peligrosos", la actual cruzada anticorrupción no parece destinada a terminar realmente con ese tumor canceroso. En realidad, el capitalismo es en esencia un robo legitimado; la corrupción es simplemente un efecto secundario de su estructura. El problema no está en la corrupción sino en el sistema que la produce.

De la represión sexual al desarrollo social

 

Reverendo Martin Díaz

“La violencia racial, de género, sexual y otras formas de discriminación y violencia, no pueden ser eliminados sin cambiar la cultura”

Charlotte Bunch

Nuestra sociedad está llena de fundamentalismo religioso, doble moral y represión sexual. Nacemos y crecemos en un entorno que crea en el individuo, desde temprana edad, un estado psicofísico que contiene a la persona en la expresión y realización de su sexualidad. La represión sexual se asocia a menudo con sentimientos de culpa o vergüenza generados por adoctrinamientos, dogmatismos e ignorancia generalizada sobre los impulsos, sensaciones y sentimientos asociados con la sexualidad.

Lo que constituye o puede constituir la represión sexual tiene un carácter amplio entre sus efectos sociales, personales y de salud mental. Sin embargo, podemos estar de acuerdo que las instituciones fundamentalistas basadas en la fe son las que más fomentan la represión sexual y combaten cualquier esfuerzo por educar y empoderar en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos a las personas más vulnerables.

En este punto es útil e iluminador plantear a grandes rasgos el pensamiento de Michel Foucault sobre este tema, pues se debe entender que lo que entendemos por sexualidad proviene de una construcción social a través del poder y que la actual construcción de sexualidad es un producto del paso de la “estética de la existencia” a la “hermenéutica del deseo”.

Foucault no es el único en plantear sobre la base de estudios antropológicos, sociológicos y filosóficos, que el concepto “cuerpo” es un producto social y cultural; en esta afirmación se sustenta una serie de teorías sobre las prácticas sociales de regulación y dominación de los cuerpos, que han conducido a un desequilibrio notable en nuestra salud mental a nivel colectivo, en la percepción de control sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra sexualidad.

Justamente este es el punto de partida del historiador y filósofo francés que es conocido por sus profundos estudios sobre el “poder” que contienen fuerte crítica a las estructuras sociales. Tres de estas obras son sobre la historia de la sexualidad humana.

La voluntad de saber contribuye a que hoy día los movimientos feministas y LGBTIQ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Queer) se aproximen a los problemas teóricos que ha traído el excesivo control sobre la sexualidad de lo que Foucault llama “la hipócrita sociedad burguesa”. Especialmente ese discurso se consolida como un argumento de uso normativo y dogmático para forjar la construcción de sexualidad que ejercemos o practicamos.

La historia de esta construcción discursiva sobre la sexualidad aclara concienzudamente cómo los discursos transgresores, sinceros y visibles respecto a la sexualidad, todavía presentes a comienzos del siglo XVII, se transformaron en prácticas ocultas, discursos reticentes y enmascarados, intervenidos por el poder totalitario de la burguesía victoriana.

Desde la óptica de la teoría del sexo reprimido es importante dejar de interpretar el “poder” como una fuerza centralizada y atribuida por una autoridad individual; hay que entenderlo como una fuerza descentralizada y articulada como red. Es decir, que la sexualid en vez de ser reprimida por el poder es producida por él. El poder no es una cosa que uno puede tener, sino que es fundamentalmente un fenómeno relacional, o sea, algo que se ejerce, se practica, se vive. En la construcción de la sexualidad las fuerzas no son la reproducción y la selección natural sino prácticas sociales, entre las cuales está el propio conocimiento. Prácticas de exclusión, como la encarcelación o la cuarentena, junto con el conocimiento que generan discursos médicos o psiquiátricos, se combinan para forjar diferentes aspectos de lo que constituye nuestra identidad. Ahora, con esta nueva concepción del poder, entendemos que no se ejerce sólo, que para generar represión o prohibición es insuficiente. El poder por sí sólo no es suficiente para entender los niveles de control característicos que se ejercen en el mundo de la posmodernidad.

El miedo y la culpa siguen siendo herramientas de control utilizadas por pseudo religiosos y políticos, al igual que el rifle de asalto. Estas armas pueden controlar bien la conducta, pero esta última es poco efectiva debido a que su acción de control es muy limitada en el tiempo. Mucho más eficaz para el status quo es un esquema en el que la gente “se controla a sí misma”. Eso es precisamente lo que sucede con la sexualidad, una idea o norma que uno adopta como “natural” y que sirve como estándar impuesto por el poder para la conducta de cada individuo en determinada sociedad. Esa relación entre el conocimiento y el poder evidencia que están ligados y que actúan en sinergia. Debido a su funcionamiento es imposible e irracional que uno se coloque fuera de toda relación o ejercicio de poder, (lo que nos lleva al problema de la desmovilización de la población y nos da como resultado el surgimiento de organizaciones criminales como las “pandillas” que llenan ese vacío creado por el mismo sistema).

No existe en absoluto ningún entorno social en el que uno esté totalmente libre de relaciones de poder, pues eso sería una abstracción. La realidad social en que todos vivimos está constituida por esas relaciones, de modo que la única “liberación” que puede haber es pasar de una configuración de relaciones de poder restrictiva a otra relativamente más permisiva y equitativa. En otras palabras, no hay ninguna verdad independiente del discurso que podría liberarnos del poder. La verdad está implícita en el mismo poder que se ejerce.

La hipótesis represiva desarrolla entonces un discurso sobre el sexo con mecanismos de dominación ideológica, implícitos y sutiles para vigilar, disciplinar y en definitiva someter la expresión genuina de la sexualidad como manifestación de sabiduría y de comprensión de la esencia de la energía femenina y masculina.

Respecto al discurso cientificista sobre el “sexo”, como en el caso de las “drogas” pretendió ser un discurso de “verdad”, “serio” y “transparente”; pero terminó siendo una “ciencia” subordinada a un discurso ideológico y una falsa moral. En este punto debemos dilucidar la diferencia entre las sociedades que expresan una verdad sobre la sexualidad extraída del placer, aquellas culturas que se dotaron de un ars erótica, como las sociedades árabes, China, Japón e India, por mencionar algunas, y nuestra cultura occidental, la cual no posee un ars erótica pero sí desarrolló una scientia sexualis, una estructura bien articulada que implementa mecanismos de control sobre la sexualidad y que ha multiplicado vertiginosamente los sermones sobre lo prohibido; pero el filósofo nos dice “hay placer en saber sobre el placer”, por ello crece la necesidad de saber sobre la sexualidad.

Para Foucault esta estructura está determinada por las prácticas sociales y el poder que las atraviesa, a través de formaciones discursivas y no discursivas. En el caso del sexo y del deseo, existen actualmente mecanismos de poder que generan sexualidad como un producto y de esta forma engendran sistemas represivos. No obstante, dentro de la misma estructura el placer y el goce son vías privilegiadas para acceder al poder, conforman un andamiaje en donde hay uno que ejerce el dominio sobre otro.

De acuerdo con Foucault, “Occidente conoció desde la edad clásica una profundísima transformación de esos mecanismos de poder”. Dicha transformación, entre otras cosas, ha logrado desplazar el derecho de muerte a las exigencias de un poder que administra la vida. De allí que la sexualidad, como acceso a las fuerzas de la naturaleza en el interior, como acceso a la vida del cuerpo y a la vida de la especie, se transformó en un aparato represor de disciplinas y generador de regulaciones. Nosotros, dice Foucault, estamos en una sociedad de sexualidad. En nuestra cultura global, con una etnósfera cada vez más deteriorada, los mecanismos de poder se dirigen al sexo, al cuerpo, a la vida, a lo que la hace proliferar, al porvenir de la especie, a la vitalidad del cuerpo social, en fin, en la actualidad “el poder habla de sexualidad”.

En El Salvador el feminismo y el activismo LGBTI a pesar de sus desgastes y conflictos internos cada vez poseen más plataformas comunes fundadas en la perspectiva política de la sexualidad como forma de resistencia y de desobediencia civil ante el régimen heteronormativo y patriarcal fomentado en principio por el catolicismo romano, institución que junto a otras fundamentalistas han logrado permear en el Estado y romper la laicidad del mismo en detrimento de los derechos de la ciudadanía.

En gran parte de latinoamérica las reivindicaciones de ambos frentes no han contado con los mismos triunfos ni con los mismos retos. Mientras que en las últimas dos décadas a nivel internacional los derechos de las comunidades LGBTI han ido siendo reconocidos a través de legislaciones locales y nacionales que tratan de dejar atrás el oscurantismo anacrónico; legislaciones como la aprobación del matrimonio igualitario y el reconocimiento de la identidad de género son un avance hacia la equidad. Sin embargo, existen otras reivindicaciones fundamentales que aún no han sido resueltas como la despenalización del aborto y la implementación de la educación sexual y los derechos reproductivos para toda la población.

En definitiva no existe impedimento racional o espiritual para que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, la familia es una institución cultural creada y modificada por las condiciones sociales en busca de ser una institución y un concepto plural y equitativo. Principio respaldado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y amparado por el sistema jurídico internacional para tutelar la libre determinación de la sexualidad y el derecho a conformar una familia, quedando establecida, como factor de discriminación, la connotación peyorativa a la diversidad sexual.

Muchos países han desarrollado una actitud de apertura hacia la sexualidad, pero en otros como el nuestro, se han mantenido y aumentado la actitud de mantener controlada las manifestaciones de las personas en torno a su sexualidad.

La estrategia de articular las reivindicaciones de las agrupaciones y movimientos LGBTI como violación del derecho a la igualdad y a las libertades individuales, ha contribuido a la ocupación del espacio público por parte de este conjunto de demandas (al igual que lo van ganando los derechos de las personas que usan drogas [PQUD]). Sin embargo la falta de énfasis del argumento de la igualdad estructural respecto al derecho al aborto –en pos de otros argumentos fundados en el derecho a la salud, la integridad física, la privacidad, la autonomía y la vida–, ha incidido en su postergación.

La igualdad que se defiende en cada frente es muy distinta. La igualdad en el matrimonio extiende un derecho y trae dignidad a poblaciones tradicionalmente excluidas por el poder dominante. Tal extensión de reconocimiento de derechos a las parejas del mismo sexo no supone acabar con la institución del “matrimonio”, ni crear algo nuevo, sino, por el contrario, implica legitimar la figura de esta institución conservadora arraigada por un concepto de “familia” establecido después de la segunda guerra mundial y que cada día pierde más adeptos; es decir, el reconocimiento de este derecho a todos los ciudadanos ha funcionado y funciona como un catalizador que asegura su existencia. Cabe mencionar que las reformas legales que reconocen el derecho a ser parte de la institución matrimonial, no han incluido la modificación de las injustas condiciones económicas y sociales estructurales del matrimonio. En nuestro país despejar a la institución del matrimonio de su homofobia y heteronormatividad contribuiría a “legitimar socialmente” a la población LGBTI y crearía la posibilidad del surgimiento de una nueva plataforma desde la cual exigir otros derechos, como es el caso del derecho a la identidad de género.

La lucha se hace más difícil cuando defendemos los derechos reproductivos, especialmente en el caso del aborto, pues el reconocimiento de este derecho apunta a desmoronar, destruir y eliminar una desigualdad estructural más profunda, y presenta un evidente potencial transformador de la sociedad. Dichos derechos entregan a las mujeres el poder sobre sus cuerpos y, con él, sobre sus destinos (cabe mencionar que en sociedades como sueca se están discutiendo el reconocimiento del derecho al aborto masculino, esto quiere decir que el hombre antes de las 18 semanas podría decidir renunciar a los derechos y obligaciones de la paternidad). El derecho al aborto, la salud sexual y derechos reproductivos, por supuesto, no sólo no es una prioridad de los “varones” (sean de derechas o de izquierdas), sino que revelan su potencial para revertir privilegios forjados a pulso; por tanto, es una agenda prohibida para quienes se encuentran a gusto con el status quo.

El reconocimiento y la efectiva equidad de género, supone una alteración fundamental no sólo de los arreglos de género sino de los arreglos políticos, sociales y económicos hegemónicos. La lucha política, los movimientos y los políticos pueden esgrimirse para dilucidar por qué derechos de minorías sexuales sí, y el derecho a finalizar un embarazo no deseado o inviable no. Las evidentes diferencias al interior del movimiento feminista, marcadas por las agendas que se promueven por parte de grupos de mujeres que tienen prioridades de lucha diversas (como es el caso de las campesinas, las indígenas, las amas de casa, las profesionales, las trabajadoras del Estado, las militantes políticas, las ecologistas, las sindicalistas, las lesbianas, las travestis y un largo etc. de identidades y reivindicaciones necesarias para las mujeres) han hecho que sea muy difícil alinearse en torno a una lista prioritaria de demandas, este mismo fenómeno afecta y retrasa las conquistas de los derechos por los que luchan los movimientos LGBTI.

En El Salvador, gran parte de la población se encuentra desmovilizada; y son las organizaciones feministas, LGBTI, ecologistas y algunas iglesias progresistas las que hoy por hoy se encuentran luchando por un desarrollo sustentable de nuestra desangrada y enferma sociedad. Aquí no se trata de matar, sino de lograr justicia para mujeres y hombres de cualquier orientación sexual e ideológica que son vulneradas y atropelladas, vaya a saber una por qué (por ser jóvenes, de bajos recursos), por los pre-juicios y el fundamentalismo producto de la ignorancia. Es tiempo que el camino del desarrollo sea establecido y fundamentado en los derechos humanos, la razón, la ciencia y la justicia social.

Este es un llamado indignado pero esperanzador, pues podemos dejar de ser indiferentes y pasivos frente a estas gravísimas injusticias, frente a la guerra social, la violencia y la vulnerabilidad. Podemos indignarnos, expresarnos, informarnos, escuchar, observar atentamente y luego tomar decisiones inteligentes y audaces para discernir lo justo de lo injusto. Podemos actuar frente a tanto egoísmo y maltrato, instaurando modos más sanos de vincularnos como partes diversas de una misma sociedad.

Es tiempo de ejercer nuestro empoderamiento, es tiempo de unirnos en diversidad en un movimiento amplio y apartidario, es tiempo de someter el poder del odio por el poder del amor al que nos llama Jesús de Nazareth. Todas y todos quienes se sientan identificados con la lucha por la libertad, la justicia y la convivencia en paz, unámonos a este llamado por la vida y la libertad.

“La igualdad es el alma de la libertad; de hecho, no hay libertad sin ella.”

Frances Wright

Cómo lee El Faro los Panama Papers

La revelación de los conocidos como Panama Papers, 2.6 terabytes de documentos internos del bufete panameño Mossack Fonseca, ha sacudido a la opinión pública en los cinco continentes. El detallado retrato de cómo líderes políticos, altos empresarios, artistas o deportistas comparten abogados y técnicas de evasión o lavado de dinero con traficantes de drogas, de armas o incluso de niñas forzadas a la prostitución permite un acercamiento sin precedentes a las cloacas del mundo corporativo transnacional.

La investigación global, en la que hemos participado más de 100 medios de comunicación coordinados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), trasciende a los casos y denuncia en el fondo un sistema financiero opaco, tramposo, cínico, que utiliza ingeniería corporativa y financiera para, amparado en el secreto bancario y profesional, encubrir delitos como el lavado de activos o la evasión de impuestos, pero también maquillar la —legalísima— doble moral de quienes, desde la política, los medios de comunicación u otros espacios públicos defienden la transparencia, la justicia social y el nacionalismo más emocionado, pero a la hora de hacer cuentas recurren a —legalísimos también— paraísos fiscales para ocultar sus negocios y eludir impuestos en su país.

El escándalo ya ha tenido sus primeros efectos. El Primer Ministro de Islandia y el presidente de la ONG Chile Transparente han renunciado a sus cargos tras saberse que ocultaron su relación con empresas offshore. El premier británico se ha visto forzado a publicar su declaración de impuestos. Mientras la mayoría de clientes de Mossack Fonseca expuestos por las publicaciones han guardado silencio a la espera de que pase el temporal, un puñado han amenazado con demandar a los medios involucrados. En Francia, México, Argentina, Venezuela, Perú, Ecuador, la misma Panamá o El Salvador, las autoridades han allanado oficinas y anunciado investigaciones para detectar posibles delitos relacionados con el caso.

Las publicaciones basadas en los Panama Papers han logrado, parece, impulsar de una vez por todas un debate de fondo sobre el uso de las offshore y las herramientas de control de que disponen los Estados.

En El Salvador solo El Faro fue invitado por el ICIJ, en junio de 2015, a participar en la investigación global, y tiene acceso de momento a los documentos filtrados de Mossack Fonseca. Estos documentos incluyen principalmente actas de registro, poderes notariales, perfiles de algunos accionistas y directivos de sociedades, y correos electrónicos de los ejecutivos del bufete entre sí, con otras firmas legales y con sus clientes. En total, se trata de más de 11.5 millones de registros.

Entre esa enorme cantidad de información dispersa y compartimentada, El Faro se ha esforzado por encontrar secuencias de documentos y conversaciones que permitan revelar casos relevantes para nuestros lectores y explicar la forma en que operan bufetes como el de Mossack Fonseca. Tanto nosotros como el ICIJ coincidimos desde un inicio en que la investigación de los Panama Papers no era una cacería de brujas y en que nuestro fin debía ser construir casos y revelar lógicas. De hecho, en el documento de confidencialidad y buenas prácticas que El Faro firmó para unirse a la investigación se acordaba no publicar en bruto listados de clientes, empresas o accionistas. Sería irresponsable lanzar nombres a la mesa sin un contexto básico, sin un retrato de su conducta a la luz del cruce de documentos.

El acuerdo inicial nos prohíbe también dar acceso a terceros a la base de datos de los Panama Papers, ya se trate de privados o de otros medios de comunicación. El Faro tampoco dará a las autoridades acceso a los documentos, por principio de secreto profesional y por acuerdo con ICIJ y el resto de medios implicados en la investigación. No es nuestra, además, la propiedad de la información, sino del periódico aleman Süddeutsche Zeitung. Consultados al respecto por la Fiscalía General de la República, representantes de este periódico se reunieron el lunes 11 con el Fiscal General, Douglas Meléndez, y se lo hicieron saber. Él ha aceptado encaminar las gestiones legales que considere necesarias a los abogados del ICIJ o a otras instancias.

Qué publicar y qué no

A ojos de El Faro, ser titular o directivo de una empresa en Panamá o en cualquier otro paraíso fiscal no implica en sí mismo el encubrimiento de una actividad ilegal, una conducta antiética ni es reprochable en sí mismo. Como casi siempre en el periodismo, son los datos de contexto los que dan sentido a un hecho. El clima de linchamiento que se ha generado tras el estallido informativo de los Panama Papers retrata por desgracia a un país que juzga a personas y no conductas, que busca condenas antes que explicaciones. Y que además lo hace casi siempre con sesgo partidario.

Un buen número de lectores nos han hecho llegar preguntas sobre nuestro criterio al seleccionar los datos, nombres y documentos que deben publicarse o no. La respuesta es que El Faro publicará, sin distinción de color político o afinidad editorial, reportajes o notas sobre los casos o personas de los que encuentre información suficiente para sospechar de prácticas ilegales, o cuando entienda que esa prácticas podrían ser, pese a ceñirse a la ley, antiéticas o desleales.

Ni siquiera ser cliente de Mossack Fonseca supone automáticamente una conducta deshonesta, pero no hay que olvidar que se trata de una empresa especializada en la utilización de subterfugios —algunos tan burdos como la inscripción de sus empleados como directivos de cientos de empresas fachada— para ocultar la identidad de sus clientes y el rastro de sus capitales. En el bufete panameño las empresas legítimas convivían con compañías de narcos mexicanos en iguales condiciones de opacidad. Por eso nuestra cobertura se extiende también a aquellos hechos que, aun dentro de la ley, ayudan a comprender el funcionamiento del permisivo sistema legal y financiero de las compañías offshore.

En cualquier escenario, como siempre sucede en el periodismo que aspira al máximo rigor, será el alcance de la información disponible la que determine los términos precisos con los que calificaremos los hechos y conductas descritas en cada artículo.

Así, en el caso de las empresas vinculadas al empresario José Miguel Menéndez, Mecafé, sin afirmar que haya una ilegalidad, nos parece destacable que un empresario y exfuncionario perteneciente al círculo íntimo de un expresidente, y  favorecido por contratos millonarios durante su gobierno,escondiera tras prestanombres sus empresas en Panamá . O en el de la Telecorporación Salvadoreña, consideramos de interés público que a una compañía que ya era sospechosa de haber usado  prestanombres para acaparar frecuencias televisivas en El Salvador no le bastaran ocho empresas en Panamá para desarrollar sus actividades y recurriera a los registros opacos de Islas Vírgenes para hacer sus compras de derechos televisivos y revendérselos a sí misma.

Por último, que directivos del Alba Petróleos de El Salvador, empresa creada con dinero público, hayan creado hasta ocho compañías en Panamá y les hayan hecho préstamos por más de 290 millones de dólares no solo plantea un caso de, como mínimo, elusión de impuestos, sino que desafía los principios promulgados por Alba Petroleos y da una nueva dimensión a este poderoso entramado de empresas ligadas al partido en el poder. Este reportaje no forma parte de la investigación de los Panama Papers, sino de una alianza con el proyecto Connectas que El Faro puso en marcha a finales de 2015 para investigar el entramado financiero del Grupo Alba, pero su publicación en esta coyuntura amplía definitivamente hacia la izquierda el debate sobre el uso de offshores por parte de empresarios salvadoreños.

Deber de transparencia

Creemos que los principales personajes políticos y empresariales del país han de estar abiertos al escrutinio y responder por sus actos. En el contexto de una práctica que, como se ha demostrado en esta investigación global, lo legal y lo ilegal comparten bufete y procedimientos, las principales figuras públicas del país tienen un compromiso con la transparencia.

Eso incluye, desde luego, a los que hacemos este periódico.

Se ha intentado desacreditar a El Faro y su cobertura del tema por el hecho de que uno de nuestros accionistas, Jorge Simán, es parte de la directiva de una empresa familiar en Panamá. Se nos acusa de ocultar información, de hipocresía y de conflicto de intereses.

Hay que decir por un lado que Nakano Inc, la empresa en cuestión, figura desde hace años en los registros públicos de Panamá, disponibles online, y no es parte del caso de los Panama Papers ni tiene relación con Mossack Fonseca. No forma parte, por tanto, de la lista de compañías y clientes, la mayoría escondidos tras corporaciones opacas, que se estaban investigando. Aún así, es obvio que en este contexto la simple presencia de Simán en la directiva de una empresa asentada en Panamá abre preguntas legítimas sobre qué considera o no noticioso este periódico.

Por ello, El Faro pidió a su fundador y accionista información sobre la compañía para conocer su naturaleza y actividades, y verificar si estas pueden afectar la credibilidad del periódico o exigen —en el caso de que sobreviva la duda— un abordaje periodístico como parte del debate sobre el impacto de las offshore en El Salvador. Él ha accedido a entregarnos documentación que pruebe que Nakano Inc. no es una empresa offshore y que nunca fue utilizada para evadir ni eludir impuestos, ni para operar comercialmente en secreto.

En cualquier caso, como en ocasiones anteriores en las que las circunstancias personales de un periodista o accionista de El Faro han ocupado los titulares o el debate público, para este periódico no hay conflicto editorial alguno. En 18 años de existencia ninguno de nuestros accionistas ha tratado, nunca, de poner El Faro al servicio de sus intereses personales, ni nuestra mesa editorial lo permitiría. Seguiremos informando sobre el tema de los Panama Papers pensando en el interés general y basados únicamente en nuestro criterio periodístico.

Serán desde luego los lectores, como ha sido siempre, quienes juzguen al final nuestro desempeño. Estamos seguros de que lo harán con la misma acuciosidad y honestidad con la que El Faro trata de servirles periodismo.